- Desmienten zapatistas agresión a priístas; recibimos un ataque continuo, aseguran
- En Morelia el problema es agrario: autoridades oficiales
- Sin castigo, responsables de tortura contra globalifóbicos en Guadalajara
- La cancillería, “sorprendida” por las acusaciones de Human Rights Watch
- Guerrero, al borde de la crisis social por excesos en los operativos policiaco-militares
- Critican ONG doble moral de Washington
- Persisten movilizaciones magisteriales en Oaxaca
- Reclaman por cateo ilegal en Chiapas
- Informe CCIODH Gloria Muñoz Ramírez
- Sexto informe de la CCIODH Miguel Concha
- El Loro Negro: un espectáculo de teatro en defensa de Pemex Jaime Avilés
- Genes climáticos y comerciantes de hambre Silvia Ribeiro*
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Desmienten zapatistas agresión a priístas; recibimos un ataque continuo, aseguran
Hermann Bellinghausen
La junta de buen gobierno (JBG) Corazón céntrico del arcoiris de la esperanza desmintió que bases zapatistas agredieran a priístas en el ejido Morelia (municipio oficial de Altamirano) este jueves. Antes bien, ellos fueron acometidos a lo largo del día en diferentes partes del poblado y sus alrededores, y lo que fue manejado oficialmente como un “enfrentamiento” fue en realidad un ataque en varios episodios.
El problema se inició al mediodía, cuando los priístas cortaron las improvisadas líneas que llevan luz a viviendas de bases zapatistas (en resistencia, por lo cual no pagan la electricidad desde 1994), mientras uno de los rebeldes era detenido y encerrado en una casa durante 12 horas. Otro más fue encarcelado por la policía, golpeado y maltratado; posteriormente lo condujeron a una asamblea del PRI y lo obligaron a firmar un documento cuyo contenido desconocía.
Más tarde fueron cortados los bajantes de luz de otras familias zapatistas. Y en el área de la clínica autónoma fueron agredidos varios zapatistas con piedras, palos, machetes y armas de fuego. En un domicilio, los priístas rompieron puertas y ventanas, dejando “11 heridos, 11 lesionados (sic) y seis graves”, de nombres Victorio, Jhony, Reynoso, Mijael y Abraham; de otro más no se proporcionó nombre.
“Después fuimos golpeados de resorteras, palos y piedras grandes en las puertas del caracol IV, y amenazados con pistolas”. Esto, a las 18 horas.
El mismo jueves, dos jóvenes de la vecina comunidad zapatista 12 de Diciembre fueron agredidos y golpeados en el camino. Y a las 21:40, a 500 metros del caracol, los priístas realizaron disparos de rifle. Según la JBG, “siguen las amenazas”.
La junta sostiene que ha dialogado con el grupo agresor, pero los priístas se muestran intransigentes. Demandan que los zapatistas “paguen” por el terreno que ocupa el caracol una cantidad “100 veces más de lo que vale”, y califican a la JBG de que “no tiene capacidad para resolver sus problemas”.
Ante la escalada de violencia, la JBG sostiene: “No somos enemigos para estar peleando”. Responsabilizan al grupo oficialista de la “provocación” y le solicitan que “se mida para actuar en contra de nuestra lucha” que, dicen, no es contra sus hermanos, sino que busca “la liberación de los malos gobiernos”.
En Morelia el problema es agrario: autoridades oficiales
Elio Henríquez Corresponsal
Ejido Morelia, Chiapas, 23 de mayo. En medio de un ambiente tenso, cientos de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, armados con palos y machetes, resguardaban este viernes las instalaciones del caracol Torbellino de nuestras palabras, ante el temor de que sea tomado por militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Luego de los incidentes del jueves, que según ambos grupos dejó más de 30 lesionados, las autoridades estatales y municipales de Altamirano se reunieron con representantes priístas para tratar de encontrar una solución al conflicto.
Fuentes del gobierno estatal señalaron que el fondo del problema entre priístas y zapatistas de Morelia es agrario, ya que los primeros, que son mayoría, exigen la devolución de las seis hectáreas donde está el caracol, sede de la JBG Corazón céntrico del arcoiris de la esperanza; el predio La Codicia, de 300 hectáreas, y uno más cuyas dimensiones no se precisaron.
Las autoridades priístas, por su parte, informaron que siete integrantes de su grupo fueron atendidos en la clínica de campo del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en la cabecera de Altamirano, municipio al que pertenece el ejido Morelia. Los lesionados, entre ellos una mujer embarazada, fueron dados de alta la noche del mismo jueves.
En un intento por encontrar una solución al conflicto, la tarde de este viernes se reunieron el subsecretario de Gobierno, Santiago Lorenzo; el fiscal para asuntos indígenas, Mariano López Pérez, y la alcaldesa de Altamirano, Heidy Pino Escobar, con las autoridades priístas de Morelia.
La alcaldesa priísta dijo que las autoridades estatales analizarán diversas propuestas –una es la compra de tierras en otra zona para evitar la confrontación con los zapatistas– y durante una reunión programada para el 28 de este mes se dará una respuesta a los priístas. Agregó que no se ha enviado a la policía a Morelia porque la idea es solucionar el diferendo mediante el diálogo.
En tanto, varias casas permanecían cerradas este viernes y en otras niños y mujeres asomaban la cabeza por la ventana cuando pasaba algún vehículo. En el caracol que se ubica en las afueras, cientos de hombres estaban a la expectativa resguardando las instalaciones.
Durante la mañana y la tarde se observó la llegada de más indígenas rebeldes con maletas y bolsas.
Sin castigo, responsables de tortura contra globalifóbicos en Guadalajara
Emir Olivares Alonso
A cuatro años de la represión, las torturas y los encarcelamientos “injustificados” de manifestantes en Guadalajara, los gobiernos federal y estatal, el Poder Legislativo y los ombudsman nacional y local “no han sido capaces de realizar investigaciones serias y objetivas para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables” de estos actos en contra de activistas, aseguraron la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinadora 28 de Mayo.
Las organizaciones advirtieron que si el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “creen que el caso se olvidará, se han equivocado”.
Informaron que hace unos días solicitaron de manera oficial al mandatario estatal la reapertura del caso y un informe detallado de las investigaciones, a fin de obtener justicia. El 28 de mayo de 2004, durante la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, celebrada en Guadalajara, cientos de personas que se manifestaban fueron agredidas y detenidas por las corporaciones policiacas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que los cuerpos de seguridad incurrieron en actos de tortura en contra de los manifestantes, delito considerado de lesa humanidad, mismos que continúan “impunes”.
Indicaron que se experimentó “una nueva estrategia para acallar las voces que se manifiestan en contra de intereses de los dueños del poder económico y político: infiltración, provocación y desacreditación ante la opinión pública y el escarmiento con represión, tortura y cárcel contra la sociedad civil se ha repetido en otros lugares, aunque con elementos más graves: asesinato y agresiones sexuales, como en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Atenco y Oaxaca”.
Subrayaron que “tampoco hay que olvidar” que quienes han cometido esos agravios y delitos continúan ocupando cargos públicos, como sucedió con el ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
La cancillería, “sorprendida” por las acusaciones de Human Rights Watch
Ángeles Cruz Martínez
La canciller Patricia Espinosa Cantellano expresó a Human Rights Watch (HRW) su sorpresa por las aseveraciones del organismo internacional sobre supuestas presiones contra el hasta ayer representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, las cuales, presuntamente, habrían motivado su salida del país.
En una carta enviada a Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, el pasado 14 de mayo y dada a conocer apenas este viernes, la funcionaria hizo un largo recuento de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano en favor de los derechos humanos y reiteró la disposición de la administración federal al diálogo, en un marco de respeto mutuo a las políticas públicas, institucionales y desarrollos legislativos en la materia.
Respecto de Incalcaterra dijo que el gobierno de México le expresa su reconocimiento por la labor que ha realizado y reitera su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación con la oficina de la Alta Comisionada.
La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que desde el comienzo de la actual administración diversas organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos, incluida HRW, han emitido recomendaciones al gobierno de México, las cuales “han sido invaluables para las autoridades de mi país”.
Reiteró la decisión oficial de mantener una apertura al escrutinio y la cooperación con el sistema internacional de tutela de los derechos humanos, con el fin de continuar avanzando en la protección de esas garantías fundamentales. De ahí, dijo, que se ha invitado a diferentes organismos mundiales a visitar el país y se ha mantenido un diálogo abierto y constructivo con misiones y organizaciones civiles que también han estado en territorio nacional.
Enseguida, la canciller recordó algunas de esas visitas y resaltó que en todos los casos los integrantes de éstas han expresado de forma absolutamente libre, de manera pública y privada, sus comentarios, observaciones y recomendaciones al gobierno de Felipe Calderón. “Suponer lo contrario, como podría inferirse de su comunicación, no corresponde con la consolidación de la democracia en México”, subrayó.
Respecto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mencionó que su instalación en México se originó por una invitación del gobierno federal en 2002. Mediante acuerdo suscrito en 2008 se fortaleció la presencia de la oficina, al ampliarse sus facultades y obligaciones, así como las prioridades para la cooperación.
La misiva dio respuesta a la que HRW envió a Calderón el 7 de mayo, en la cual cuestionó la supuesta presión del gobierno federal para la salida de Amerigo Incalcaterra.
Guerrero, al borde de la crisis social por excesos en los operativos policiaco-militares
Laura Poy Solano
Integrantes de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) denunciaron que en la entidad se han agudizado el hostigamiento y la criminalización contra organizaciones sociales, campesinas, indígenas y magisteriales, lo cual favorece un clima de “temor y represión ante un Estado que se niega a reconocer los derechos de sus ciudadanos”.
Nicolás Chávez Adame, dirigente de la organización y de la Coordinadora Estatal por la Reivindicación de los Principios de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación (CERP–CETEG), agregó que en el estado crece el “repudio popular” a la presencia de contingentes cada vez más numerosos de policías y elementos de las Fuerzas Armadas, con los cuales se ha instrumentado “la política del garrote, que sólo ha favorecido el encono y no la solución de los conflictos”.
En entrevista, destacó que tras la creación de la APPG, en 2007, muchas organizaciones sociales han denunciado “abusos y arbitrariedades” de autoridades estatales y federales, que han puesto a Guerrero “al borde de la crisis social, porque en las comunidades hay hartazgo por tanto abuso, violencia y explotación”.
Al respecto, miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas de Mepha (OPIM), integrada a la APPG, denunciaron la detención de cinco de sus compañeros, acusados de homicidio, cuyo proceso penal, afirmaron, “se encuentra viciado de origen”.
Aseguraron que tras el asesinato, en febrero pasado, de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la OPIM y hermano de Inés Hernández Ortega, quien en 2002 denunció por violación a elementos del Ejército Mexicano, las condiciones de “hostigamiento y amenazas se incrementaron, luego de que la organización reiteró su demanda de justicia por la muerte de nuestro compañero, cuyo homicidio aún no ha sido esclarecido y del cual no hay detenidos”.
Sin embargo, señalaron que tras un nuevo asesinato de gente “cercana a Isidro Remigio Cantú, hombre de poder en la comunidad El Camalote, se detuvo a cinco dirigentes de la OPIM tras testimonios de personas que aseguraron haber presenciado los hechos, pero declararon tres meses después de que se localizó el cadáver, ya que en un primer momento el Ministerio Público no pudo señalar a presuntos responsables porque no localizó a ningún testigo”.
A todos en la comunidad, afirmaron, “nos consta que nuestros compañeros Orlando Manzanares Lorenzo, Manuel Cruz, Natalicio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández estaban en sus domicilios, y no hay mayores pruebas que los involucren más que dichos testimonios”.
A quien esté en la sierra lo acusan de guerrillero
Para la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla, la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas “no ha traído paz, sino todo lo contrario. Ahora, a cualquiera que agarren en la sierra o haciendo proyectos para organizar a la comunidad lo acusan de guerrillero”.
Denunciaron que, a pesar de reiterar a las autoridades estatales que “esa no es nuestra forma de lucha, no nos quieren oír. Mujeres y hombres de la comunidad ya no quieren bajar a Ayutla por temor a ser detenidos y golpeados. Creemos que si nos castigan por algo que no somos, a lo mejor cambiamos de opinión, porque más vale aplicar cualquier forma de lucha por la libertad de nuestros pueblos que seguir aguantando tanto abuso”.
Por su parte, Chávez Adame destacó que los integrantes de la CERP-CETEG que mantienen un plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Educación estatal por el pago de salarios, suspendidos hace nueve meses, así como por la apertura de 10 nuevas plazas para igual número de egresados de la normal rural de Ayotzinapan, “no vamos a desistir de nuestra protesta, porque sabemos que tenemos la razón y no podemos permitir la imposición de autoridades educativas corruptas”.
Critican ONG doble moral de Washington
Emir Olivares Alonso y Afp
Los grandes abusos cometidos por las fuerzas militares y policiacas mexicanas han sido soslayados por el gobierno de Estados Unidos, por lo que las condiciones que el Senado de ese país puso para la entrega de fondos mediante la Iniciativa Mérida no son más que un discurso de doble moral relativo a las garantías fundamentales, señalaron defensores de derechos humanos.
Pese a ello, afirmaron que no es con la entrega de tecnologías y armamento con lo que se podrá combatir al crimen organizado, sino con la inversión en un programa integral de prevención y consumo de drogas.
Lo anterior se dijo luego de que el Senado estadunidense aprobó condicionadamente entregar 350 millones de dólares en especie este año al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico. Las limitantes se presentaron debido a la “larga historia de corrupción” de militares y policías.
Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, resaltó que cualquier país y la comunidad internacional están obligados a asumir una responsabilidad en cuanto al monitoreo de los derechos humanos, por lo que el acuerdo entre los ejecutivos federales para emprender la Iniciativa Mérida no puede estar por encima de estas garantías.
“Es importante que cualquier ayuda cumpla un parámetro de respeto a las garantías básicas, y no se use en mantener e incrementar el número de violaciones a los derechos humanos”, expresó.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró que el gobierno estadunidense mantiene un “doble discurso” en derechos humanos, puesto que no ha censurado los abusos cometidos durante años en México.
Señaló que no es con la entrega de equipo para la seguridad a las fuerzas del orden mexicanas como se resolverá el narcotráfico, sino con un programa integral de prevención y atención al consumo de drogas.
Por otro lado, en reunión con reporteros extranjeros, representantes de ONG como Inside y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos consideraron que este país vive un grave retroceso en la materia que fortalece el autoritarismo y hace intocable la figura presidencial. Agregaron que la justicia militar permite que los abusos cometidos por militares queden impunes debido su parcialidad.
Artículo 19 y Cencos señalaron que la guerra contra el narco ha causado también deterioro en la libertad de expresión, con un saldo desde 2000 de 24 periodistas muertos, 8 desaparecidos y 64 agresiones a reporteros.
Persisten movilizaciones magisteriales en Oaxaca
Ernesto Martínez y Notimex (Corresponsal)
Maestros de la región Cañada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron en la capital de Oaxaca el quinto día de movilizaciones, que incluyó las tomas de las oficinas de Tránsito del estado, al sur de la ciudad, y de la caseta de cobro de San Pablo Huitzo de la carretera federal a México.
Cerca de las 11 horas, los maestros bloquearon el bulevar Eduardo Vasconcelos, frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas estatal, lo que generó caos vial en la zona norte de la ciudad.
Los sindicalizados de la zona Cañada permanecerán en el plantón hasta el sábado, cuando serán relevados por integrantes de la sección 22 del SNTE de la región Costa, quienes encabezarán las movilizaciones a partir del domingo y hasta el martes; en el plantón participaron ya maestros de las sierras Norte y Sur.
El gremio programó para la noche de este viernes una asamblea en la que se valorarán las propuestas planteadas el jueves en la mesa de diálogo, en la Secretaría de Gobernación. Durante la plenaria, la comisión negociadora ampliada dará a conocer a los delegados la oferta de los gobiernos estatal y federal.
En este contexto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, Sergio Bello Guerra, dijo que esta semana el sector turístico de la ciudad ha dejado de percibir alrededor de un millón de pesos por cada uno de los cinco días que ha durado el plantón de la sección 22 del SNTE.
Marcha y mitin en Morelia
En Morelia, Michoacán, cientos de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon y realizaron un mitin frente al palacio de gobierno para pronunciarse por la abrogación de la ley del ISSSTE y exigir el cumplimiento de su pliego petitorio, que incluye mejoras salariales y a sus condiciones de trabajo.
Los integrantes del llamado movimiento democrático magisterial se reunieron fuera de la delegación del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores de la Educación (ISSSTE), que tienen ocupada desde el lunes pasado. Luego marcharon por Periférico y se dirigieron al centro histórico. Frente al palacio de gobierno realizaron su mitin.
La avenida Madero estuvo bloqueada durante varias horas, hasta que terminó el mitin, después de las 15 horas. Los profesores confirmaron que mantendrán su campamento en la Plaza Juárez, a un lado de la catedral de Morelia.
En Michoacán, los profesores mantienen un paro de actividades en la educación básica, que sólo ha logrado aglutinar a cerca de 20 por ciento del magisterio.
Reclaman por cateo ilegal en Chiapas
Le rogamos publicar esta carta dirigida al secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, y al ministro de Justicia de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano.
El pasado lunes 19 de mayo un grupo de soldados y policías federales y municipales sin ninguna orden judicial llevaron a cabo cateos ilegales de domicilios en la comunidad de San Jerónimo Tulija, en Chiapas, y causaron terror y alarma en los pobladores de esta comunidad indígena.
El argumento con el que se pretende justificar este acto arbitrario es que se trató de “una acción que realiza el comandante de la zona de Tenoxique, general Audómaro, con el propósito de buscar armas y delitos contra la salud”, y que a usted señor Rodríguez Lozano sólo le pidieron el apoyo y mandó fiscales del Ministerio Público.
La Constitución federal exige como requisitos para un cateo que el mismo sea autorizado por un juez, lo cual debe ser por escrito, especificando el lugar a catear y los objetos que se buscan o personas, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado.
Además de que no cumplieron con estos requisitos, los militares no están autorizados por la Constitución para realizar este tipo de acciones, pues la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público (artículo 21).
Esta acción militar carece de sustento constitucional y legal y el eufemismo “incursión” utilizado por usted nunca podrá justificar ni ocultar su inconstitucionalidad e ilegalidad. Todos los servidores públicos, sin excepción alguna, están obligados a respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Por ello deben suspender estos actos de terror en contra de las comunidades.
Abogados litigantes Bárbara Zamora, Santos García, Samuel Porras, Manuel Fuentes, Víctor Manuel Ruiz, Abelardo Cuéllar, José Luis León Salamanca, Roberto de la Rosa, Gerardo González, Edith Cinto, Leonardo Gómez, Ana Lilia Rendón López, Humberto Oseguera, Pedro Aragón y Luis Carlos Flores
Informe CCIODH
Gloria Muñoz Ramírez
Han pasado tres presidentes de México desde que la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) realizó su primer recorrido por este país, y si algo queda claro es que los crímenes y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón siguen impunes. Los responsables de asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzadas andan sueltos, mientras se castiga severamente a luchadores sociales con sentencias hasta de 67 años de prisión, como es el caso de los tres presos políticos de Atenco: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, a quienes intentará visitar la comisión esta semana en la cárcel de alta seguridad del Altiplano (se les ha negado cinco veces).
Integrantes de la CCIODH están en México para presentar su sexto informe, correspondiente a la visita de observación que realizaron en febrero pasado. Junto al detallado documento de 482 páginas, difunden también un documental de una hora que contiene parte de las 612 entrevistas que realizaron a 275 personas de Chiapas, Oaxaca y Atenco. Se trata de un video que no deja lugar a la respiración. Los testimonios de la represión son desgarradores y reveladores de la extrema violencia institucional que se vive en México.
Cuando la comisión visite Chiapas para entregar el informe, se encontrará con nuevos y preocupantes ataques contra los pueblos zapatistas, quienes tan sólo en una semana fueron agredidos en las comunidades de San Jerónimo Tulijá, en la región norte del estado; en Zinacantán, en Los Altos, y en la zona de Morelia (donde permanecen hospitalizados seis bases de apoyo). Se encontrará también con las falsas promesas del gobernador Juan Sabines, quien se había comprometido a liberar a los dos zapatistas que fueron trasladados de una prisión en Tabasco a otra en Yajalón, Chiapas. Están enfermos, han permanecido injustamente tras las rejas durante 12 años y hoy son rehenes del gobernador.
Los observadores de derechos humanos estarán también en Oaxaca, donde permanecen tras las rejas cuatro presos políticos, en un ambiente en el que, como hace dos años, el magisterio ha vuelto a tomar las calles de la entidad, pues su lucha sigue vigente. Asimismo, podrán comprobar que continúan en el penal de Molino de Flores 16 personas, y tres en la cárcel del Altiplano, todos por los sucesos de Atenco.
Y, en medio de todo esto, la construcción de la autonomía en los pueblos zapatistas, el empecinamiento de los campesinos de Atenco, la solidaridad de la otra campaña, el activismo de la lucha popular de Oaxaca, donde, por supuesto, no se ha dicho la última palabra.
Sexto informe de la CCIODH
Miguel Concha
Con respeto y delicadeza, y con el fin de recoger observaciones y críticas, si las hubiere, la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó el pasado jueves en la ciudad de México, primeramente a las víctimas y sus familiares, y luego a las organizaciones civiles y a la prensa, el sexto informe de su visita a México.
Acompañó su entrega con la copia de un material audiovisual que de manera impactante contrasta los testimonios individuales y colectivos de éstas con las versiones irresponsables, mentirosas y cínicas de las autoridades, o de quienes han sido parte de ellas.
Tiene programado hacer lo mismo el 25 de mayo en San Cristóbal de las Casas y el primero de junio en Oaxaca, antes de que sus integrantes regresen a sus países de origen el 8 de junio, para empezar a realizar su entrega a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, al Parlamento Europeo, al presidente del Parlamento de Catalunya, a los congresos de los diputados de España, Alemania, Francia e Italia, así como a la sociedad civil del viejo continente.
El 7 de junio tiene prevista una rueda de prensa y un acto público en esta ciudad, con el fin de dar a conocer públicamente las impresiones sobre esta visita, y confrontar sus conclusiones y recomendaciones con las víctimas y sus organizaciones.
La sexta visita a México, se realizó entre el 30 de enero y el 20 de febrero, y tuvo como objetivo principal verificar el cumplimiento de las recomendaciones de sus anteriores visitas a Chiapas (seis veces), Oaxaca y San Salvador Atenco. En ella participaron 52 personas de nueve países (Francia, Estado Español, Italia, Suecia, Austria, Portugal, Alemania, Suiza y Estados Unidos), entre abogados especializados en derechos humanos, académicos, así como representantes de organizaciones civiles y de cooperación internacional, y se llevaron a cabo 291 entrevistas a 611 personas.
El informe, que consta de 484 páginas y un cuadernillo de 32 fotos, y fue editado gracias al apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo de la Generalitat de Catalunya (4 mil ejemplares), consta de tres partes, cada una reservada a las regiones que desde hace 10 años viene visitando la CCIODH: Chiapas, Oaxaca y Atenco.
Como siempre lo ha hecho en todos sus informes, y esto la distingue de los informes de otras organizaciones públicas y privadas, la CCIODH no únicamente considera los casos individuales de violación a los derechos humanos, sino también los colectivos, y teniendo en cuenta, como ahora se hace, de manera integral e interdependiente los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, los enmarca cada vez con mayor claridad y precisión analítica en el contexto histórico en que se producen y en los conflictos sociales que originan.
De allí la profundidad de sus conclusiones y lo pertinente de sus recomendaciones particulares al final de cada una de las partes de su informe, que van dirigidas no únicamente a cambios estructurales de naturaleza cultural y jurídica, sino también de índole social y económica, lo cual contrasta, en el mejor de los casos, con la visión administrativa y legalista estrecha y anacrónica de nuestras autoridades.
Teniendo en cuenta todo el conjunto de testimonios recogidos durante su sexta y anteriores visitas, muchos de los cuales son reportados con fidelidad en el informe, así como su interpretación con la metodología interdisciplinar señalada, al final la CCIODH ratifica las conclusiones y recomendaciones generales que dio a conocer el 20 de febrero de este año. De entre ellas destaco por su importancia la siguiente: “Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales, estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser entendido como una auténtica política de Estado; así lo afirmamos a partir de la coincidencia y verosimilitud de la gran cantidad de testimonios recibidos.
“Frente a los espacios de movilización social, de construcción de modelos alternativos de vida y de satisfacción de las necesidades más esenciales, las autoridades tratan de asegurar el contexto social más propicio para la implementación de un modelo de desarrollo de carácter neoliberal, basado en el despojo, la privatización y la mercantilización de recursos básicos, como la tierra, el agua o la biodiversidad.
“Con tal objetivo, por un lado se instrumentan políticas encaminadas al debilitamiento del tejido social, por medio de la división de las comunidades indígenas y campesinas, y el hostigamiento a las organizaciones sociales más reivindicativas.
“Por otro lado y de modo complementario se llevan a cabo de manera generalizada detenciones arbitrarias a miembros de los movimientos sociales, y en ocasiones a sus familiares, por el mero hecho de serlo.”
A ello se debe la continuidad en el empleo de la tortura o malos tratos, la imputación de cargos falsos, la invención de leyes ambiguas de excepción, la criminalización de la protesta social, el abuso de la prisión preventiva, etcétera. Por ello, entre otras cosas, la CCIODH pide con urgencia “desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social, cultural y política”.
El Loro Negro: un espectáculo de teatro en defensa de Pemex
Jaime Avilés
Al explicar ante la Comisión de Energía del Senado por qué se oponen a la privatización de Pemex, Claudia Sheinbaum y Luis Javier Garrido alabaron uno de los valores más importantes de la industria petrolera nacional: su neutralidad ante los conflictos mundiales que tienen como eje la disputa por el control de los hidrocarburos, un tema que Alfredo Jalife-Rahme había tocado ya en el suplemento “México entre el acoso y la resistencia”, que La Jornada publicó el pasado 18 de marzo.
Si el precio internacional del crudo llegó esta semana a 133 dólares por barril es porque Estados Unidos derrocha una fortuna cada día para proteger a Arabia Saudita y alimentar a sus vapuleadas tropas en Irak. Esto determina, en opinión del doctor Jalife, que el verdadero costo del petróleo en Medio Oriente ande “cerca de 200 dólares” por barril, cifra que incluye los gastos militares de Washington en la zona.
En cambio, la extracción del barril de petróleo en el Golfo de México se mantiene en 4 dólares porque en nuestras aguas y costas reina la paz. Por absurdo que parezca, eso será lo primero que perderemos si el Senado aprueba las iniciativas petroleras de Calderón. En palabras del doctor Garrido, si se autoriza la instalación de refinerías estadunidenses en nuestro suelo, éstas se convertirán de inmediato en “objetivos militares” para los enemigos de la Casa Blanca, y por lo tanto en un peligro permanente para la seguridad del país.
De acuerdo con esa lógica, Washington podría simular un ataque de Al Qaeda contra alguna de las nuevas refinerías gringas aquí, para justificar el ingreso de sus tropas a México: algo que el propio Calderón trató de facilitar ya, a principios de 2007, cuando los diputados panistas intentaron derogar la Ley Federal de Neutralidad que veta el ingreso de ejércitos extranjeros a nuestro territorio.
En abono de lo anterior, la doctora Sheinbaum añadió que “además, las refinerías extranjeras no ofrecerían nuevos empleos”, pues “llegarían con sus ingenieros y sus trabajadores”, y, por ende, con sus propios cuerpos de vigilancia y su propio tabulador de salarios, como el que se usa ya en las plataformas privadas de la sonda de Campeche, donde los obreros y técnicos extranjeros ganan 10 veces más que los mexicanos por hacer la misma faena.
A lo largo de los cuatro primeros debates en el Senado (13, 15, 20 y 22 de mayo) los expertos demostraron que las reformas calderónicas son contrarias a la Constitución, no sólo porque pretenden que los grandes consorcios foráneos lleven a cabo funciones que hoy tienen estrictamente prohibidas –explorar, extraer, vender, exportar, almacenar y refinar crudo–, sino porque, al autorizarlas, el Congreso auspiciaría la existencia de una industria petrolera pública y otra privada, lo que violaría el precepto que le reserva al Estado absoluta exclusividad en esa materia.
Sergio García Ramírez subrayó que el Senado cometería una aberración capaz de destruir todo el sistema jurídico vigente si admitiera –como desea Calderón– que las leyes secundarias modifiquen las disposiciones de la Carta Magna a la que están subordinadas. Eso, para decirlo pronto, sería como si en un ejército los soldados dieran órdenes a los generales.
Ante los balbuceos de los “defensores” de su proyecto, que recomiendan “perfeccionarlo” para evitar que la Suprema Corte lo rechace esta semana, Calderón volvió a sacar el espantapájaros de que nos queda petróleo “para nueve años” –aunque su secretaria de Energía insista en que hay “para 60”– y, dando nuevos manotazos en el atril de la impotencia, vociferó que gracias a la privatización de Pemex, México ahorraría “100 mil millones de dólares”. ¡Cómo no!
¿Quién puede creerle media palabra ya al hombrecito de Los Pinos que prometió aumentar el empleo, reducir la inflación, bajar la deuda externa y sofocar la violencia del narcotráfico, si el país naufraga en medio de la carestía galopante, el endeudamiento ilimitado, la desocupación de millones de personas desesperadas y la lucha sangrienta de los cárteles? Todo se paga en esta vida y Calderón está saldando con inmenso descrédito su irresponsabilidad y su ineficiencia, de acuerdo con la –tardíamente desmentida– encuesta de Ulises Beltrán, según la cual en los pasados tres meses su “aceptación” cayó de 34 a 6 por ciento.
Pero las penurias del espurio no terminan ahí. Para Raúl Carrancá y Rivas, Calderón podría verse “sujeto a juicio político” por presentar un paquete de reformas contrarias a la Constitución y, de acuerdo con la docta opinión del ex ministro de la Corte Juventino Castro y Castro, antes de poner sus iniciativas petroleras a votación del Congreso, está obligado a someterlas a consulta popular, tal como lo manda el artículo 26 de nuestra ley suprema.
Sin embargo, aunque derrotado por apabullante paliza tras los cuatro primeros rounds del debate, Calderón y sus petrosenadores –Manlio Fabio Beltrones, Francisco Pemexgate Labastida Ochoa y Santiago Creel– toman providencias para que, después de eso que la ultraderecha golpista considera un simple trámite, la mayoría del PRIAN apruebe la contrarreforma petrolera en plenos Juegos Olímpicos.
Este es el mayor peligro que hoy amenaza a México y para conjurarlo no hay otro recurso que la movilización en pos de un objetivo político central: lograr que el “gobierno” de facto respete el 26 constitucional y convoque a una consulta popular sobre la contrarreforma. Esta es, hoy por hoy, la demanda más importante del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador y respaldan millones de mexicanos en todo el país.
Para contribuir a tan noble propósito, Desfiladero entrega a sus lectores, a partir de hoy, una obra de teatro cómica, susceptible de ser representada en espacios públicos, a fin de fortalecer la campaña informativa que, a pesar de la televisión y los levantacejas electrónicos, ha generado ya un amplio consenso contra la privatización de Pemex. Ustedes pueden disfrutar del espectáculo ahora mismo, buscando en Internet la siguiente dirección electrónica es: www.eloronegro.blogspot.com, donde además hallarán sugerencias acerca de cómo llevar a cabo la puesta en escena. A continuación, un fragmento mínimo:
Entran X y Y, dos revolucionarios de 1910 y platican lo siguiente: X: Mi general, con la novedad que nuestros hombres tomaron Jerez. Y: ¿Allá por el estado de Zacatecas? X: Sí, general. Pero luego tomaron Tequila. Y: ¿Allá por el estado de Jalisco? X: Sí, general. Pero luego tomaron Tehuacán. Y: ¿Por el estado de Puebla? X: No, general. Por el estado de cruda. Y: ¿Y cómo están las cosas en Cagüila? X: Más o menos. Anoche las tropas de Villa evacuaron Piedras Negras. Y: Ah, cabrón, ¿pos qué cenaron?
Genes climáticos y comerciantes de hambre
Silvia Ribeiro*
Ante la crisis alimentaria creciente y los desastres provocados por el cambio climático, las grandes corporaciones de los transgénicos y los agronegocios vuelven a la carga con nuevos bríos, como si no estuvieran entre sus principales causantes. Su propuesta más reciente es enfrentar el cambio climático y el hambre con cultivos “resistentes al clima”.
Hace una década, las mismas empresas prometían que la agricultura industrial de exportación, reforzada por el uso de semillas transgénicas, iba a acabar con el hambre en el mundo. Sucedió exactamente lo contrario: aumentó. Luego se montaron en la ola de los agrocombustibles, recibieron millones de dólares en subsidios públicos y cosecharon ganancias récord en cualquiera de los escenarios: por la escasez y especulación con los alimentos, vendieron más caro, por los subsidios a los agrocombustibles y la demanda artificial creada por los porcentajes obligatorios en Estados Unidos y Europa, ganaron más y vendieron más caro, por el aumento de los precios del petróleo, también vendieron más caro –no sólo por las semillas y los granos, sino también porque las mismas empresas son las mayores empresas de venta de agrotóxicos, todos derivados de petróleo. Ahora vuelven a ganar, vendiendo granos al Programa Mundial de Alimentos, para que lleguen a los que sufren la hambruna que ellos colaboraron activamente para provocar.
Estos comerciantes del hambre de otros, se presentan ahora como salvadores del clima, y aparentando preocupación porque los agrocombustibles compiten con la producción de alimentos, proponen una segunda generación de éstos, basada en cultivos y árboles transgénicos, más peligrosos que cualquiera de los transgénicos anteriores y con un potencial de contaminación más riesgoso y mucho más vasto. Como cereza en el pastel, aducen que es imprescindible aplicar la tecnología Terminator (que crea semillas suicidas en segunda generación) para controlar la contaminación que crean. Lo único seguro es que así obligarían a todos los agricultores a comprarles semillas nuevas en cada estación.
Como estrategia complementaria, los gigantes genéticos, Monsanto, Syngenta, DuPont-Pioneer, Basf, Dow, Bayer, que controlan la totalidad del mercado mundial de semillas transgénicas y la mayoría del mercado mundial de semillas comerciales de cualquier tipo, afirman ahora que habrá que usar semillas que resistan los debacles del cambio climático, que según ellos solamente se podrá hacer con modificaciones genéticas.
Un nuevo informe del Grupo ETC (“La apropiación de la agenda climática”, www.etcgroup.org) , muestra que estas transnacionales no están realmente preocupadas del cambio climático y sus consecuencias, sino en como lucran con el desastre. Existen 532 solicitudes de patentes monopólicas aprobadas o en trámite (En Estados Unidos, Europa, Argentina, México, Brasil, China, Sudáfrica, entre otros) relacionadas a caracteres genéticos de plantas que podrían resistir presiones ambientales relacionadas con el clima, como sequía, calor, frío, inundaciones, suelos salinos y otras. En algunos casos, la cobertura de las patentes solicitadas es tan vasta, que cualquier cultivo que tenga la misma secuencia genética quedaría bajo el control de la empresa. El barón de las patentes de “genes climáticos” es Monsanto, que en asociación con BASF y con algunas empresas biotecnológicas más pequeñas, controlan las dos terceras partes del germoplasma “resistente al clima”.
Un aspecto trágico, es que las formas de agricultura altamente tecnificadas, como la llamada “agricultura de precisión”, en realidad ha empeorado los problemas que decían solucionar. Por ejemplo, el riego controlado para “ahorrar” agua, que sólo llega a la superficie de las raíces de las plantas, ha provocado mayor salinización del suelo, destruyendo o disminuyendo drásticamente las posibilidades de sembrar cualquier cultivo. Los cultivos “resistentes al clima”, prometen aplicar la misma lógica, por lo que además de los nuevos problemas que provocarán por ser transgénicos, afectarían muy negativamente los suelos y la posibilidad de ir hacia soluciones reales.
La crisis climática y alimentaria es crudamente real, pero la respuesta no vendrá con más de lo mismo que la creó. Son los campesinos y agricultores familiares quienes tienen la experiencia, el conocimiento y la diversidad de semillas que se necesitan para afrontar los cambios del clima y la crisis alimentaria. Mientras que la industria semillera afirma que desde la década de los sesenta ha creado 70,000 nuevas variedades vegetales (la mayoría flores), se estima que los campesinos del mundo crean por lo menos un millón de nuevas variedades cada año, adaptadas a miles de condiciones diferentes en todo el mundo. Y lo que menos se necesita en esta situación, son nuevos monopolios para impedir que lo sigan haciendo.
* Investigadora del Grupo ETC