1- Ante la represión en Chiapas, 30 delegaciones europeas confirman: “no están solos”
Inicia en Atenas encuentro zapatista
2- Omite el tribunal testimonios de familias de asesinados en Atenco
Pese a la Corte, los Benhumea buscarán que se haga justicia
3- Carlos Montemayor anuncia que se instala la comisión; buscará diálogo “de inmediato”
El gobierno federal acepta mediación del grupo propuesto por el EPR
4- Represalia oficial ante su activismo, sostiene su abogado
Apela la Procuraduría de Justicia de Oaxaca la liberación de Flavio Sosa
5- Los de Abajo
6- Miguel Concha
Reconocimiento al representante de la ACNUDH en México
7- Silvia Ribeiro*
El hambre de los agronegocios
8- Bolivia: democracia contra oligarquía
Ante la represión en Chiapas, 30 delegaciones europeas confirman: “no están solos”
Inicia en Atenas encuentro zapatista
■ La campaña en el viejo continente insiste en la liberación de todos los presos políticos
Hermann Bellinghausen
En Atenas, Grecia, inició este viernes el Encuentro Europeo en Defensa y en Lucha con los Pueblos Zapatistas y La Otra Campaña de México. Asisten una treintena de delegaciones (colectivos, redes, plataformas, grupos y organizaciones) de Alemania, Dinamarca, Estado Español (incluidas Cataluña, Aragón y País Vasco), Francia, Grecia, Italia, Noruega y Suiza. De Estados Unidos llegó el Movimiento por la Justicia en el Barrio de East Harlem, Nueva York.
También se cuenta con el respaldo de grupos de Suecia, Reino Unido, Austria, Turquía, y de todos los grupos adheridos a la Campaña Europea de Solidaridad con las Zapatistas y Contra la Guerra en Chiapas, que arrancó en abril respondiendo a las palabras del subcomandante Marcos en diciembre pasado: “Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras”.
Participan de manera especial representaciones del Congreso Nacional Indígena de México y la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos. De Francia llegaron los grupos musicales Turtle Ramblers y Kochise, para un concierto junto con Pink Tank Project, de Grecia.
Desde “la Otra Europa, contraria al poder del dinero y la guerra”, los participantes afirman, “con la misma fuerza, convicción e intensidad con que lo hicimos en aquel no tan lejano 1994 y cuando la traición de febrero de 1995 por parte del gobierno mexicano, como hemos hecho y seguiremos haciendo siempre que sea necesario”, que “los zapatistas no están solos”.
Y éstos, “en innumerables ocasiones a lo largo de estos años, tampoco nos dejan solos en este mundo donde no hay rincón libre de la guerra neoliberal”.
Ante “la nueva embestida que sufren los pueblos indígenas zapatistas por parte del gobierno mexicano”, la campaña europea plantea activar lo que resta de 2008 protestas, denuncias y actos de presión sobre la realidad de México y Chiapas.
Dicha campaña internacional insiste en el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la libertad de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Además, se pronuncia “contra los conflictos que sufren gentes y pueblos de México, principalmente indígenas”, generados por los gobiernos federal y estatales “con policías, militares y paramilitares”, así como “el cómplice silencio de los medios de comunicación nacionales e internacionales, en connivencia con los intereses del neoliberalismo”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=politica&article=013n1pol
Omite el tribunal testimonios de familias de asesinados en Atenco
Pese a la Corte, los Benhumea buscarán que se haga justicia
■ Afirman que recurrirán a instancias internacionales y a movilizaciones
Blanche Petrich
La familia de Ollin Alexis Benhumea, el estudiante de 20 años que murió como consecuencia del ataque policiaco contra el pueblo de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, esperaron desde febrero de 2007 a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los contactara para que rindieran su testimonio sobre los hechos que provocaron esa pérdida. Catorce meses después, saben que la espera fue inútil.
La comisión investigadora de la SCJN entrevistó a 10 altos funcionarios de los gobiernos del estado de México y federal que intervinieron en Atenco; a 227 agentes y mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia de Seguridad Estatal (ASE), policías municipales y ministeriales (de los casi 2 mil elementos que participaron) y a agentes de Migración. También hablaron con 45 de las más de 200 personas detenidas en los operativos de mayo de 2006.
Pero no hablaron con los familiares de las dos bajas mortales de la acción policiaca, Francisco Javier Cortés, adolescente de 14 años, vecino de Atenco y Alexis Benhumea, estudiante de economía y matemáticas de la UNAM.
“Nadie se acercó a nosotros. Ahora que se anuncia que la Corte está próxima a emitir su resolución, no sabemos en qué términos viene el informe de la comisión investigadora. Jamás se solicitó nuestra versión. Tememos que al final, los ministros simplemente le den una cobertura legal a la impunidad”, señala en entrevista Miguel Ángel Benhumea Hernández.
El hermano mayor de Alexis siguió paso a paso la evolución de la intervención de la SCJN en el caso Atenco, desde que el 6 de febrero de 2007 este órgano jurisdiccional decidió tomar cartas en el asunto. “Al principio apoyamos esa decisión, porque nunca creímos en la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, juez y partícipe de la agresión.”
Alexis Benhumea acudió a San Salvador Atenco, con su padre y su hermano, como parte de los activistas de la otra campaña que habían decidido hacer presencia en Atenco en solidaridad con sus pobladores. Los tres Benhumea –todos ligados a la UNAM– tomaban su lugar en las vallas que pretendían cerrarle el paso a las pesadas columnas de la Policía Federal Preventiva (bajo el mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora) y de la Agencia de Seguridad Estatal (que comandaba Wilfrido Robledo). Minutos después de que empezaran a avanzar la PFP, lanzando gases lacrimógenos, uno de los proyectiles, recubiertos de aluminio, pegó en la cabeza de Alexis. En una entrevista anterior, su padre recordaba: “Disparaban a matar. A Alexis lo levantamos y pudo dar unos pasos. Pedía sus lentes. Lo cargamos y corrimos para alejarnos del avance de miles de granaderos. Nos refugiamos en una casa”.
El resto de ese día, la PFP y la judicial mexiquense sometieron violentamente a los atenquenses, catearon casas, golpearon civiles y arrestaron a centenares de personas, con exceso de violencia. En las horas siguientes la condición de Alexis se fue deteriorando. Tenía masa encefálica expuesta. Empezó a convulsionar. El médico que estaba entre ellos decidió salir a buscar una ambulancia. Era el doctor Guillermo Selvas. En el camino fue arrestado. Fue hasta el día siguiente cuando pudieron trasladar al herido al hospital del IMSS de la calzada Ignacio Zaragoza. Ya estaba en coma. Nunca se recuperó. Murió el 7 de junio.
La familia Benhumea interpuso una demanda penal ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. “Pero la procuraduría mexiquense atrajo el expediente y optamos por no acudir a los interrogatorios. ¿Para qué?,” pregunta Miguel Benhumea. “Nos estaban hostigando. Además, los responsables eran sus jefes”.
Un año después, el entonces procurador estatal, Abel Villicaña –el mismo que calificó como leves los delitos de violación contra 47 mujeres por parte de los policías de la ASE y que pidió una sentencia “más severa” que los 67 años de cárcel impuestos contra los líderes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra– declaró que no se había determinado el origen de la lesión de Alexis, que pudo ser una cápsula de gas “o un tubo o una piedra”. La investigación no avanzó.
En opinión de Miguel Benhumea hay suficientes elementos para determinar la responsabilidad de los entonces comandantes del operativo, el ex secretario de Seguridad Pública Medina Mora y Wilfrido Robledo. “El reporte médico del hospital regional Zaragoza y el peritaje de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan que la fractura múltiple de cráneo fue provocada por un proyectil de gas. Además, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, reportó que las investigaciones realizadas por grupos no gubernamentales arrojaban datos suficientes para consignar a funcionarios de alto nivel por abuso de fuerza.
“Por eso recurrimos a la Corte, que tiene la facultad de intervenir en asuntos de extrema gravedad”, señala.
“Simplemente la lectura de la resolución 38/2006 de la CNDH y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos darán una idea clara a los ministros de que la policía mexiquense echó a la basura todo el Código Penal del estado de México y parte del federal”.
Con el paso de los meses el hermano de Alexis empezó a dudar de los alcances de la Corte. “Después de la ponencia de Góngora, en la que dijo que sí hubo violaciones graves, la Corte autolimitó el alcance de su investigación al decidir que su fallo no fuera vinculatorio”. El otro factor de duda es el origen de los dos magistrados investigadores. Jorge Pardo Rebolledo fue nombrado por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Alejandro González Bernabé por el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Concluye el hermano de Alexis: “Independientemente de lo que diga la Corte, nosotros vamos a seguir luchando porque se haga justicia. Nos queda la movilización social y las instancias internacionales”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=politica&article=012n1pol
Carlos Montemayor anuncia que se instala la comisión; buscará diálogo “de inmediato”
El gobierno federal acepta mediación del grupo propuesto por el EPR
■ El subsecretario Abraham González se encargará del contacto con las “personalidades”
Fabiola Martínez
Ampliar la imagen Carlos Montemayor, Rosario Ibarra y Gilberto López y Rivas, durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en las instalaciones de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz Carlos Montemayor, Rosario Ibarra y Gilberto López y Rivas, durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en las instalaciones de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz Foto: María Luisa Severiano
El gobierno federal aceptó la mediación del grupo propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), con el objetivo de “establecer principios de entendimiento y un proceso de diálogo” que lleve a la “solución de las diferencias (con el grupo armado) por la vía de las instituciones”.
Aunque el 29 de abril el gobierno condicionó el diálogo con los eperristas a un encuentro directo, en el que los personajes propuestos fungieran como “testigos sociales”, esta vez la Secretaría de Gobernación (SG) se refirió a ellos como “personalidades, mexicanas y mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos que gozan de reconocimiento en distintos sectores de la sociedad”.
De inmediato las “personalidades” mencionadas hicieron un pronunciamiento público para constituirse, en principio, en “comisión de mediación”, bajo el entendido de que “ambas partes” ya manifestaron su disposición al diálogo.
Los siete integrantes de la comisión destacaron la necesidad de privilegiar la intermediación, con el fin de dar cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y combatir las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad.
Anunciaron que buscarán de inmediato una reunión con funcionarios de Gobernación para escuchar y presentar planteamientos que sirvan para solucionar “los graves problemas que originan la necesidad del diálogo”, especialmente para contribuir a la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, cuya desaparición –el año pasado– representa una de las banderas de lucha del grupo guerrillero.
Fuentes de la SG señalaron que el subsecretario de Gobierno, Abraham González, será el encargado de establecer contacto directo con los integrantes de la comisión, con la perspectiva de reunirse en breve. Por su parte, ésta establecerá comunicación con el EPR a través de los medios de información, vía que calificaron de “transparente y eficaz. Ustedes son el teléfono rojo con todas las partes involucradas”, agregó.
“Las cosas empiezan por un punto y van, como en la geometría clásica, en un plano lineal, en el que punto por punto se va construyendo una línea, y línea por línea se construye una superficie y una figura geométrica”, expresó el escritor Carlos Montemayor, vocero de la comisión, integrada además por Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge y la senadora Rosario Ibarra de Piedra, los tres últimos integrantes del Frente Nacional Contra la Represión.
Respecto de la participación de la legisladora, también presidenta del Comité Eureka, Montemayor dijo que no ha tenido conocimiento de que alguna comunicación oficial haya cuestionado la participación de los mediadores, incluida la senadora Rosario Ibarra.
Como se ha informado, el gobierno condicionó el diálogo a que el grupo guerrillero suspendiera definitivamente sus acciones “radicales de sabotaje y de violencia”, y advirtió que continuarán las investigaciones contra los responsables de los atentados contra instalaciones de Petróleos Mexicanos ocurridas el año pasado.
En ese contexto, los mediadores analizaron los comunicados del EPR (emitido el 28 de abril) y del gobierno federal (dado a conocer ayer), y concluyeron que es positiva la disposición al diálogo. Destacaron también “el valor del compromiso” de los eperristas, de no ejecutar acciones armadas mientras dure la labor de la comisión de intermediación.
Tras la lectura de su pronunciamiento, Montemayor dijo que hay optimismo y que a partir de ahora ya pueden actuar de manera ordenada como comisión, no a título individual, para lograr, paso a paso, progresos y resultados positivos.
El escritor insistió en que sería prematuro hablar acerca de eventuales planteamientos o acuerdos posteriores, e insistió en la valía de la tregua prometida por el EPR, porque es muestra concreta para entender el valor de la negociación política.
“Estamos en los primeros momentos formales de una comisión que empezará a trabajar a partir de hoy. Parte de ese acercamiento (con Gobernación) será el contenido de los comunicados, cuyos puntos serán motivo de negociación y análisis.”
La SG tenía lista su respuesta desde el jueves, pero decidió hacerla pública la mañana de ayer. En ésta refrendó su disposición al diálogo y “a la vía de las instituciones” para resolver las diferencias, y condenó “toda forma de violencia”.
De igual forma, lamentó la negativa “del llamado PDPR-EPR a entablar una negociación en los términos planteados”.
En tanto, el obispo Samuel Ruiz –quien se retiró pronto de la sesión de la comisión, realizada nuevamente en las oficinas de la organización civil Servicios y Asesorías para la Paz– manifestó que el diálogo es la única salida política a los conflictos que existen entre el gobierno federal y los movimientos sociales, de ahí que los encuentros entre ambos representan una “oportunidad histórica”
Durante un foro convocado por la Universidad Autónoma de Querétaro, el obispo dijo que el actual sistema de gobierno “es represivo con los diversos grupos que presentan demandan justas, si no no existirían movimientos como el EPR”.
Comentó que se pretende justificar la represión con “palabras engañosas”, al decir que se ejerce el estado de derecho.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=politica&article=008n1pol
Represalia oficial ante su activismo, sostiene su abogado
Apela la Procuraduría de Justicia de Oaxaca la liberación de Flavio Sosa
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 9 de mayo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se inconformó con el auto de libertad otorgada por dos jueces locales al consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio, y apeló para demandar su reaprehensión.
El abogado defensor del activista, Gilberto López Jiménez, dijo que la dependencia presentó la apelación 15 días después de la liberación de Sosa, ocurrida el 19 de abril pasado, y requirió la revisión del procedimiento del juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos en los expedientes penales 70/2006 y 71/2006, por los delitos de secuestro, lesiones, robo con violencia por equiparación y daños.
Pintas amenazantes
Expuso que esperará la resolución que del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de una de la salas penales, a este recurso de apelación, pero dijo tener reservas porque serán magistrados oaxaqueños quienes resuelvan la apelación.
Destacó que la apelación de la PGJE quizá pueda ser la respuesta a la posición asumida por Sosa Villavicencio para seguir participando en el movimiento magisterial y popular.
López Jiménez dijo que el pasado día 6 solicitaron a Amnistía Internacional que llame a los gobiernos federal y estatal a garantizar la integridad física de su defendido, así como la de su familia.
Esto, debido a que en días recientes han aparecido pintas en municipios conurbados a la capital de Oaxaca donde acusan a Flavio Sosa de “asesino de la educación”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/10/index.php?section=politica&article=014n2pol
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
■ Europa solidaria
Con la participación de Juan Chávez Alonso, luchador purépecha de Nurío, Michoacán, que acude en representación del Congreso Nacional Indígena (CNI), este fin de semana se celebra en Atenas, Grecia, el Encuentro Europeo en Defensa y en Lucha con los Pueblos Zapatistas y La Otra Campaña de México. Hombre sencillo y generoso, Juan es referente indiscutible de la lucha por los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de México desde hace más de cuatro décadas.
No es la primera vez que se reúnen en Europa los colectivos y organizaciones de solidaridad con la lucha zapatista, pero quizás es la primera ocasión que se convocan con objetivos concretos ligados a la represión actual que encabezan los gobiernos federal, estatal y municipales contra los pueblos zapatistas de Chiapas. Son ya más de 14 años desde el alzamiento del primero de enero de 1994. Muchas cosas han pasado, la solidaridad nacional e internacional se ha modificado y adaptado a las nuevas etapas de la lucha. Muchos que llegaron entusiasmados durante los primeros años ya no están, pero también es verdad que muchos más permanecen. En la Atenas solidaria se encuentran colectivos e individuos que pronto cumplirán 15 años de conocerse y de trabajar juntos, con tormentas libradas mano a mano con el EZLN y las comunidades autónomas de Chiapas. Asisten también jóvenes que son parte de una nueva generación y que eran apenas unos niños o adolescentes cuando se escuchó por vez primera el “ya basta” zapatista.
Con la confirmación de 27 delegaciones pertenecientes a diversos colectivos, redes, plataformas, grupos y organizaciones de 10 países, además de las participaciones individuales y de las agrupaciones que han enviado sus propuestas por correo, el encuentro se plantea como objetivos proponer acciones de apoyo a la autonomía zapatista en el corto y mediano plazo, y movilizaciones de apoyo a la otra campaña en México. Seguramente después del encuentro se podrá contar con una radiografía de la comunidad zapatista europea: quiénes son, dónde están, qué hacen y qué quieren hacer, cuáles son sus problemas y cómo los enfrentan. Se planeará la mejor manera de organizar, desde abajo, una caravana de solidaridad europea a Chiapas, para el próximo verano.
Muchos son los retos y definiciones que enfrenta la lucha zapatista, a punto de cumplir sus bodas de plata (25 años de organización). Parte importante de esta lucha, gente buena y luchadora, se encuentra hoy en Atenas. Enhorabuena.
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Miguel Concha
Reconocimiento al representante de la ACNUDH en México
Al anunciar su presencia en el acto en el que el pasado miércoles se presentó el Diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, una abigarrada concurrencia de más de 100 representantes de organizaciones civiles, aunque también de académicos, altos funcionarios de los tres poderes de la ciudad, y alguno que otro observador avergonzado del gobierno federal, tributó durante más de dos minutos una fuerte ovación al representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El prolongado y nutrido aplauso es, sin duda, un merecido reconocimiento social a la labor desempeñada por el señor Amerigo Incalcaterra, desde que asumió sus funciones al frente de la oficina de la ACNUDH en nuestro país (OACNUDH), pero es también un claro y explícito repudio a las presiones que, según trascendidos en la prensa nacional e internacional, no aclarados suficientemente hasta ahora por las autoridades correspondientes, interpuso el gobierno de México para provocar su remoción y relevo. Se habla incluso de que durante la última visita de la alta comisionada Louise Arbour a México, en febrero pasado, se pactó la salida del señor Incalcaterra, a cambio de la firma de la nueva etapa del acuerdo de cooperación técnica entre la oficina de la ONU y la actual administración federal.
De ser esto cierto, el compromiso de México en la protección de los derechos humanos se verá aún más deteriorado, no sólo en el interior, sino también fuera del país, como ya también hay de ello claros indicios, y sobre todo la medida sería contradictoria con los propósitos de cualquier acuerdo internacional de cooperación en derechos humanos, que implica que los funcionarios de las organizaciones multilaterales monitoreen de forma independiente la situación del país al que son enviados.
En efecto, Amerigo Incalcaterra llegó a México en octubre de 2005. Al participar junto con los representantes de los principales partidos políticos en una mesa redonda el 8 de diciembre de ese año, señaló que la OACNUDH en México seguiría las estrategias propuestas por la alta comisionada, Louise Arbour: mantener, sí, un diálogo dinámico con las autoridades, “con el fin de analizar los obstáculos que impiden el cumplimiento de los derechos humanos y tratar de superarlos”, pero además “ejercer una función de liderazgo, señalando los problemas, formulando las posibles respuestas y movilizando a los gobiernos, a la sociedad civil y a todos los demás actores involucrados, para obtener su apoyo”. Y añadió, después de citar al secretario general, a propósito de la asistencia técnica que la ONU brinda a los estados: “La experiencia nos ha demostrado que la eficacia de la asistencia técnica es mayor cuando existe en el país una presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que da seguimiento a la evolución de los derechos humanos en el país, y cuando la asistencia técnica forma parte de una estrategia de largo plazo aceptada por el gobierno”.
Y en una conferencia dictada en el Teatro de la República, en Querétaro, el 11 de mayo de 2006, expresó que en el plan de acción de la ACNUDH, que fue aprobado por los estados parte de la ONU en septiembre de 2005, se hace hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a la observancia de los compromisos asumidos por los estados, haciendo frente a “una serie de carencias que afectan al cumplimiento sobre el terreno, como las relativas a los conocimientos, la capacidad, el grado de compromisos y la seguridad”.
Es precisamente esto lo que ha llevado a cabo con inteligencia, firmeza y tacto diplomático Amerigo Incalcaterra en México, durante los dos años y medio que ha estado al frente de la OACNUDH. Allí están si no el propio Diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, único en el mundo, y la propuesta de reforma constitucional elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos especialistas en derechos humanos, presentada en el Senado en octubre del año pasado, objetada sobre todo por el PAN en la Comisión de Enlace para la Reforma del Estado. Allí también sus señalamientos, fundados en los instrumentos de la ONU, sobre la desigualdad social, la discriminación y la impunidad, como tres de las principales causas que generan violaciones a los derechos humanos en México; así como sus advertencias sobre la participación del Ejército en labores de seguridad pública, sus críticas ponderadas a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión, y sus condenas a los actos violentos sucedidos en Oaxaca, y a los asesinatos y agresiones a periodistas y comunicadores, entre otras graves situaciones.
Pero es esto injustamente lo que el gobierno incongruentemente le reprocha, dando con ello otra mala señal de su falta de voluntad política por cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es por ello indispensable demandar a la señora Louise Arbour un representante y una oficina que den continuidad a los trabajos realizados por Incalcaterra, y que lleve a cabo, a pesar de quien sea, un trabajo crítico de los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en el país.
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Silvia Ribeiro*
El hambre de los agronegocios
Por todo el mundo siguen aumentando los precios de los alimentos y en los países más vulnerables resultan en situaciones intolerables como hambrunas, a menudo combinadas con sequías o inundaciones, efectos perversos del cambio climático. Ante la gravedad de la crisis, caen máscaras y se vacían discursos, como la receta de los agrocombustibles y los supuestos beneficios del libre comercio y la agricultura de exportación.
Robert Zoellick, ahora como presidente del Banco Mundial, anuncia que los precios seguirán altos por varios años, y que es necesario fortalecer la “ayuda alimentaria” para gestionar la crisis. Zoellick, que pasó a este cargo luego de ser jefe de negociaciones de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, sabe de lo que habla: desde su puesto anterior hizo todo lo que pudo para romper la soberanía alimentaria de los países, en función de favorecer los intereses de las grandes trasnacionales de los agronegocios. Incluso ahora, la receta de la “ayuda alimentaria”, es otra vez un apoyo encubierto a las mismas transnacionales, que tradicionalmente son quienes venden al Programa Mundial de Alimentos los granos que “caritativamente” les entregan a los hambrientos, con la condición de que ellos mismos no produzcan los alimentos que necesitan.
Los grandes ganadores de la crisis alimentaria son también actores centrales y grandes ganadores en la promoción de los agrocombustibles: las trasnacionales que acaparan el comercio nacional e internacional de cereales, las empresas semilleras, los fabricantes de agrotóxicos.
En estos dos últimos rubros son en muchos casos las mismas empresas: a nivel global, Monsanto es la principal empresa de semillas comerciales y la quinta en agrotóxicos. Bayer es la primera en agrotóxicos y la séptima en semillas, Syngenta la segunda en agrotóxicos y la tercera en semillas, Dupont la segunda en semillas y la sexta en agrotóxicos. Junto a BASF y Dow (tercera y cuarta en agrotóxicos), estas seis empresas controlan el total de las semillas transgénicas en el mundo, que casualmente es también la solución que proponen a todos los nuevos problemas (que ellas mismas han sido parte fundamental en provocar).
Junto a los que dominan más del 80 por ciento del comercio mundial de cereales: Cargill, ADM, ConAgra, Bunge, Dreyfus; todas han tenido ganancias absolutamente impúdicas, gracias a la escasez de alimentos, la promoción y subsidios a los agrocombustibles y el alza de los precios del petróleo (los agrotóxicos son petroquímicos). Un excelente informe de Grain (El negocio de matar de hambre, www.grain.org), da cuenta de estas ganancias: para el 2007, Cargill aumentó sus ganancias 36 por ciento; ADM, 67 por ciento; ConAgra, 30 por ciento; Bunge, 49 por ciento; Dreyfus, 77 por ciento, en el último trimestre de 2007. Monsanto obtuvo 44 por ciento más que en 2006 y Dupont-Pioneer 19 por ciento.
A esta situación se suma el hecho de que los grandes fondos de inversión especulativa –frente a la crisis financiera e inmobiliaria– trasladaron millonarias sumas de dinero a controlar los productos agrícolas en el mercado internacional o commodities. Actualmente, se estima que estos fondos controlan 60 por ciento del trigo y altos porcentajes de otros granos básicos. La mayor parte de la cosecha de soya de los próximos años, ya está comprada como “futuro”. Estos alimentos se han convertido en un objeto más de especulación bursátil, cuyo precio se modifica (y aumenta) en función de los jaloneos especulativos, no de los mercados locales o las necesidades de la gente.
Pese a esta paliza global a toda la gente común, peor para los más desposeídos, las trasnacionales no se dan por satisfechas y van por más. Ahora preparan el próximo asalto, monopolizando a través de patentes, los caracteres genéticos que consideran útiles para hacer plantas resistentes a la sequía, salinidad y otros factores de estrés climático.
Los gobiernos a su servicio, como México, pretenden apagar el fuego con gasolina: en lugar de soberanía alimentaria y control campesino de las semillas e insumos, proponen transgénicos con aún más modificaciones y más riesgos, maíz transgénico para aumentar la contaminación y la dependencia, y que hasta los campesinos más pobres, con apoyos públicos, siembren agrocombustibles en lugar de comida.
*Investigadora del Grupo ETC
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Bolivia: democracia contra oligarquía
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha aceptado el desafío de la oposición de ese país y anunció que someterá su mandato a un referendo revocatorio que, al menos en principio, se presentaba como un instrumento más de la oligarquía para coartar el proyecto del mandatario. Con ello, Morales ha decidido poner en manos de su pueblo el destino de una nación históricamente dominada por una minoría, que al día de hoy continúa acumulando grandes cuotas de poder político y económico, pero que ha visto amenazados y reducidos sus privilegios con la llegada al poder de un presidente indígena, cuya bandera ha sido, precisamente, la transformación social del país andino.
Ciertamente, la propuesta de consulta popular para decidir la remoción o permanencia del mandatario boliviano no es nueva, ni provino de la oposición: el propio Morales la había presentado en enero como una posible salida para destrabar la aguda crisis política que enfrenta esa nación andina, apuntalada por el debate en torno a las autonomías departamentales, una demanda añeja que, al ser explotada y reivindicada por los grupos oligarcas opositores, principalmente en el departamento de Santa Cruz de la Sierra –el más rico del país–, ha degenerado en un proyecto secesionista que pretende trasladar facultades irrenunciables del gobierno central a las administraciones locales y echar a andar, con ello, un proceso de desintegración nacional. Al parecer, la derecha boliviana quiere aprovechar la coyuntura política actual y decidió, por vía de sus legisladores, aceptar la iniciativa de referendo revocatorio, acaso con la expectativa de reditar los resultados obtenidos el pasado domingo, durante la consulta –antidemocrática, ilegal de origen y desconocida por la comunidad internacional– sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz.
Frente a esto, el presidente Evo Morales ha optado por someter a decisión popular la continuidad de su mandato. Esto cobra relevancia sobre todo en un contexto internacional en el que las clases políticas de otros países han demostrado incapacidad, sordera y falta de voluntad para atender las demandas ciudadanas, dar voz a los opositores y, en general, para trabajar en aras de los intereses y el bienestar públicos. La postura de Morales denota, en cambio, una clara e inequívoca actitud democrática y una disposición a hacer escuchar todas las voces del conjunto de la sociedad boliviana, lo cual, por otro lado, no es otra cosa más que un acto de congruencia: debe recordarse que la llegada de Morales al poder significó la reivindicación de una población indígena –mayoritaria en esa nación– durante siglos explotada, despojada y excluida de los procesos políticos.
Por lo demás, la apuesta presidencial no está exenta de riesgos: enfrentado a la oligarquía opositora, que controla el Senado, el poder económico e incluso presume el respaldo y las simpatías de “gobiernos afines” en el panorama internacional, Evo Morales no cuenta con aparato de contención alguno, más que el respaldo y la confianza que el pueblo le otorgó en 2005, y el sustento de un proyecto progresista y comprometido con las transformaciones sociales que el país sudamericano necesita con urgencia.
Con este telón de fondo, a los bolivianos les corresponde permanecer alerta, asistir a hacer valer su derecho al sufragio, y denunciar y evitar cualquier intento de subvertir la democracia. A final de cuentas, habrán de decidir entre dos rumbos de país: uno basado en el poder del dinero y en las prácticas ilegales y antidemocráticas, y otro fundamentado en la máxima de que, en democracia, el pueblo es el que manda.