1- Luis Hernández Navarro
México: el suicidio alimentario
2- Condena la postura gubernamental de imponer condiciones para emprender el diálogo
El EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional
3- Calderón: delincuencia y despropósitos
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Luis Hernández Navarro
México: el suicidio alimentario
Los gigantes minoristas Wall Mart y Costco racionaron la venta de arroz en Estados Unidos. En 593 tiendas Sam’s Club se limitó la adquisición del grano a nueve bolsas de cuatro kilos por persona al día. Aunque ese país consume sólo la mitad del cereal que cosecha, es el cuarto exportador de arroz en el mundo. Otras naciones productoras, como Vietnam, India y Brasil, prohibieron temporalmente su venta al exterior.
México compra a Estados Unidos la mayor cantidad de arroz que consume. No siempre fue así. En 1994, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la producción nacional del cereal fue de 373.6 mil toneladas y se importaron 431.8 mil. En 2006 la cosecha fue de 290 mil toneladas, pero la adquisición del exterior se ubicó en 769.1 mil.
¿Qué sucedería en nuestro país si Estados Unidos decidiera comportarse como Wall Mart y Costco y racionara sus ventas de arroz? ¿Qué pasaría si Washington suspendiera sus exportaciones como lo han hecho Vietnam, India y Brasil para dedicar el cereal a la engorda de puercos?
No se trata de preguntas retóricas. Se trata de situaciones factibles. Aunque el Papa haya descontinuado el limbo, el alza en los precios de la comida ha llevado al sistema agroalimentario en su conjunto al lugar adonde van las almas de quienes, antes del uso de la razón, mueren sin el bautismo. En la producción y comercio mundial de granos las cosas ya no son como hace dos años.
El sistema agroalimentario atraviesa una crisis profunda, y los países que no producen sus alimentos sufren la peor parte. El Banco Mundial ha diagnosticado que los precios de los comestibles seguirán al alza en los próximos siete años, y si llegan a descender se quedarán en el nivel que tenían en 2004.
La situación para México es de suma gravedad. Empeñado en seguir una política de ventajas comparativas, ha desmantelado buena parte de su base productiva rural. En lugar de cultivar su comida decidió traerla de otras naciones, argumentando que era más barato hacerlo así. El resultado está a la vista: el país importó durante 2007 productos agropecuarios por un valor de casi 13 mil millones de dólares. Debe pagar por ellos precios muy elevados y adquirir mercancías usualmente de mala calidad, si es que puede conseguirlos en los mercados mundiales...
El saldo ha sido demoledor. El incremento sostenido en el precio de 127 alimentos e insumos agropecuarios que importa el país provocó que el año pasado aumentara en 5 mil millones de dólares el costo de la factura por la compra de estos alimentos. La cifra supera el total de los recursos excedentes por exportaciones de petróleo captados en 2007. Tan sólo en el primer trimestre de 2008 el valor de las importaciones de comestibles es de 3 mil 527 millones de dólares. (La Jornada, 4/5/2008). Vendemos petróleo (que es un bien no renovable) para comprar al exterior lo que podemos producir dentro de nuestro territorio.
Ciertamente, además de cerveza, México también exporta algunos productos agropecuarios. Es el caso de diversas hortalizas, legumbres y frutas. Sin embargo, según el Banco de México, éstas han presentado una tendencia al alza, pero es reciente y mucho menos acentuada.
El alza en el precio de los alimentos ha llevado la inflación a su nivel más alto desde 2005. En abril de este año, de acuerdo con cifras oficiales, alcanzó 4.55 por ciento. El índice de la canasta básica se incrementó 5.25 por ciento. Desde enero de 2006 los comestibles que la integran han aumentado su costo más de 60 por ciento.
Lo más grave de la situación es que, a pesar de la gravedad de la crisis, el gobierno federal está empecinado en conducir al país a una situación de mayor dependencia alimentaria. En lugar de aprovechar la situación para estimular la producción interna de granos y fomentar la pequeña producción campesina, ha tomado medidas para seguir importando comida cara. En vez de sustituir importaciones, las estimula.
No obstante ser un instrumento esencial para combatir la especulación y el desabasto, nuestro país no cuenta con reservas estratégicas de alimentos. El gobierno se comprometió a establecerlas cuando se firmó el pacto de estabilización del precio de la tortilla el año pasado. Pero no lo ha hecho. Eduardo Sojo justificó el incumplimiento por la ausencia de presupuesto.
A pesar de que la producción de agrocombustibles es uno de los factores centrales en el encarecimiento de la comida, la administración federal, en voz de Georgina Kessel, secretaria de Energía, se ha embarcado de lleno en la aventura de fabricarlos. Mientras en todo el mundo se oyen voces que alertan en contra de su promoción, aquí nuestros funcionarios estimulan su elaboración. Según el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, en 2012 México tendrá más de 300 mil hectáreas destinadas al cultivo de productos de los que se extraen etanol y biodiesel, como la caña de azúcar, el sorgo dulce, el cacahuate o la palma africana. O sea, habrá 300 mil hectáreas para alimentar coches y 300 mil hectáreas menos para dar de comer a las personas.
Aunque sea un magnífico negocio para unos pocos, la política de la dependencia alimentaria de Felipe Calderón amenaza a los mexicanos con mayor escasez, desnutrición y carestía. Nos hace mucho más dependientes del exterior (sobre todo de Estados Unidos) de lo que ya somos, lo que ya es mucho decir.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/13/index.php?section=opinion&article=019a1pol
Condena la postura gubernamental de imponer condiciones para emprender el diálogo
El EPR reivindica la lucha armada y rechaza una rendición incondicional
■ Critica que se dé a los miembros del grupo mediador el simple papel de “testigos presenciales”
Alonso Urrutia
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) condenó la postura gubernamental de imponer condiciones para un acercamiento y advirtió que no habrá “diálogo ni negociación que signifique la rendición incondicional, y mucho menos que implique dejar la lucha armada para incorporarse a la vida institucional”.
En un comunicado censuró que se pretenda convertir a quienes convocó como mediadores entre las partes en “mudos testigos presenciales”.
El EPR reivindica su papel de grupo guerrillero, pues “las armas y las acciones de autodefensa son y siguen siendo una medida política legítima ante el derroche de la violencia que viene del Estado contra el pueblo y sus organizaciones”.
En este contexto, llamó a organizar e impulsar “la lucha por todos los medios y formas contra la privatización de Pemex”.
En un extenso documento dirigido a defensores inependientes de los derechos humanos y a organizaciones sociales, políticas y revolucionarias, se descalifica el papel del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al cual se identifica como alguien que se “quiere presentar con ínfulas de político y estadista, investidura que no alcanza a cubrir por ser un empresario arribista que ha acaudalado fortuna por medio del tráfico de influencias”.
Negación de la realidad
El EPR afirma que “sólo un esquizofrénico –mal recurrente de los panistas– puede negar la realidad que vive el país, donde prevalece la pobreza; hay un marco jurídico oligárquico; hay presos políticos y desapariciones forzadas, al mismo tiempo que prevalece una la represión selectiva y masiva”.
El EPR señala que las amenazas y chantajes para “arrodillarnos o que capitulemos por las ‘buenas’ no detendrán la voluntad de combatir del pueblo”. Subraya que hasta ahora el gobierno sólo ha ofrecido una tentativa de diálogo que va condicionado “con prepotencia y formateado con alevosía y ventaja, que enjuicia a priori”.
Más adelante advierte que la pretensiones de esas amenazas –sustentadas en la “superioridad del Estado”– están condenadas al fracaso, porque sólo buscan la “paz de los sepulcros y las mazmorras de sus cárceles de exterminio”.
En una parte medular de su comunicado el EPR destaca la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez a manos de los gobiernos federal y de Oaxaca.
Para los eperristas, la responsabilidad del Ejecutivo federal en estas desapariciones se da “por omisión o comisión”, razón por la cual insisten en su denuncia de la redición de la guerra sucia por los gobiernos de “Ulises (Ruiz) y (Felipe) Calderón”.
El EPR critica las descalificaciones que ha sufrido a manos del gobierno y sus “voncingleros” por los reclamos de presentar con vida de las desaparecidos, por lo que concluye que en realidad la violencia proviene del Estado.
Asimismo, cuestiona la “negación de facto” de la existencia de desaparecidos, porque en los hechos esto presupone la cancelación de una salida política al problema de las desapariciones forzadas.
Más adelante insiste en su demanda de liberación de los dos desaparecidos en una lógica de defensa de los derechos humanos, pero sostiene que “se equivocan, señores del gobierno y vocingleros del sistema, en sus juicios y sesudos análisis: no estamos pidiendo negociación alguna producto de debilidad o acorralamiento político, o porque sentimos pasos en la azotea ante el gran despliegue policiaco-militar”.
Rechazo a amenazas
La petición de crear una comisión intermediadora, explica, obedecía a crear mínimos espacios legales “acotados por un Estado que todo criminaliza”. Se trataba de buscar con la participación de esas personalidades la presentación con vida de los desaparecidos.
Sin embargo, añade, a esta iniciativa el gobierno respondió con amenazas, descalificaciones y estigmas, “por lo que en los hechos a la violencia institucionalizada contra los luchadores sociales se anexa más violencia estatal para tratar de imponer una salida policiaco-militar”.
Posteriormente pone en duda la democracia que reivindica el gobierno federal, al señalar que no es concebible si se refiere “¿al asesinato de más de 600 perredistas en Guerrero? ¿A las masacres de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco y Agua Fría? ¿A las brutales represiones en Sicartsa o San Salvador Atenco? ¿Al estado de sitio en Oaxaca, que cobijó crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Ulises Ruiz? ¿A la militarización del país que anula de facto garantías individuales?”
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/13/index.php?section=politica&article=011n1pol
Calderón: delincuencia y despropósitos
En una inopinada reiteración de sus exhortaciones para el combate a la delincuencia, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, exigió ayer a la sociedad en general, a los medios informativos, y a los poderes Judicial y Legislativo, respaldo a sus estrategias de seguridad. Entre otras cosas, “exigió” a los ciudadanos que “no sean cómplices de la ilegalidad” y que denuncien los delitos; dijo que el Judicial “tiene” que emprender una transformación para “cerrarle el paso a la impunidad”, sugiriendo que es responsabilidad exclusiva de ese poder el hecho de que delincuentes como el presunto asesino material del jefe policiaco Edgar Millán se encuentren fuera de la cárcel a pesar de su trayectoria criminal.
Por añadidura, el gobernante “exigió” a los medios informativos que “manifiesten y divulguen las acciones” gubernamentales que “están deteniendo la estructura de los criminales, que es una estrategia que busca sembrar terror, es una estrategia compartida por los propios medios de comunicación” (sic), y a renglón seguido lanzó una acusación absurda e inaceptable: “quienes insinúan que el gobierno se haga para atrás en esta estrategia son, precisamente, quienes buscan que nosotros abandonemos a periodistas, a ciudadanos, a empresarios, a agricultores, a jóvenes, a la suerte y a las garras de la delincuencia”.
Lo que podría ser una fundada expresión de nerviosismo ante los dudosos resultados de las acciones policiaco-militares en curso –dudosos según las propias cifras oficiales, que apuntan a un deterioro sostenido de la seguridad pública y a un incremento de la violencia delictiva en lo que va de la administración calderonista– adquirió, en el discurso presidencial, el tono de órdenes –contrarias a la elemental lógica republicana– a los otros poderes de la Unión, de imperativos a los pocos medios que ostentan posturas críticas para que se hagan eco, sin chistar, del optimismo del discurso oficial, y de reparto de acusaciones por el avance de la delincuencia organizada, fenómeno que se explica, en buena medida, por las falencias e ineptitudes –improvisación, triunfalismo, desconocimiento– con las que el propio Ejecutivo federal emprendió su cruzada contra la criminalidad y la inseguridad.
El exhorto a la población a que denuncie el delito pasa por alto que la infiltración y la descomposición de las corporaciones policiales generan una inevitable desconfianza entre los ciudadanos, quienes en muchos casos se preguntarán, y con razón, qué cabe esperar de instituciones que no pueden garantizar ni la seguridad de sus propios mandos.
Las demandas al Legislativo para que endurezca las penas carcelarias y al Judicial para que deje de excarcelar a criminales atentan contra el principio de separación de poderes e ignoran que muchas de las excarcelaciones y las absoluciones se originan en acusaciones mal construidas desde instancias del Ejecutivo, y que de todos modos nueve de cada 10 delitos cometidos en el país no se traducen ni siquiera en una orden de aprehensión cumplida.
Por lo que hace a las “exigencias” a los medios y a los informadores de que acepten y difundan de manera acrítica las versiones oficiales sobre el combate a la delincuencia, resulta inevitable recordar que el gobierno federal carece de cualquier atribución legal para formularlas, y que la declaración misma es, además de un amago a la libertad de expresión, un despropósito de tintes autoritarios y hegemónicos.
Por añadidura, la insinuación de que la crítica a las políticas de seguridad en curso denota complicidad con el crimen organizado constituye un barrunto de chantaje, inaceptable e impresentable en un entorno democrático; una presión orientada a inducir la autocensura y, a fin de cuentas, la manifestación de una creencia inadecuada y peligrosa para el ejercicio del poder: los problemas se resuelven si se deja de mencionarlos, y para que las estrategias gubernamentales tengan éxito basta con que los medios las celebren y se abstengan de expresar señalamientos críticos en torno a ellas.
La acusación de que las discordancias ante la política de seguridad en vigor buscan que el poder público “abandone a periodistas” es particularmente agraviante cuando viene de un gobierno que en materia de garantías a los informadores está catalogado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) “entre los peores del mundo”, junto con los de Colombia, Irak, Sierra Leona, Somalia, Afganistán, Nepal, Rusia, Bangladesh, Pakistán, Filipinas e India, naciones en las que “buena parte de la violencia es perpetrada por los mismos estados, sin voluntad política para combatir la violencia de la sociedad”.
En suma, las palabras pronunciadas ayer por Calderón Hinojosa ante el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, fueron improcedentes, preocupantes e incluso ominosas, y rectificarlas sería lo mejor que podría hacer en favor de su propia investidura.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/13/index.php?section=opinion&article=002a1edi