1- Jesús López, insulinodependiente, sufre secuelas de la tortura a que fue sujeto en su captura
Exigen a director de penal atención médica urgente para “preso político” de Chiapas
2- La figura de “testigo social” pertenece al ámbito administrativo: Carlos Montemayor
Los mediadores propuestos por el EPR rechazan ser “convidados de piedra”
3- Las organizaciones temen que el gobierno haya influido en la transferencia del diplomático
ONG exigen que se transparente la remoción de Amerigo Incalcaterra
4- Allanan soldados y policías viviendas de indígenas
5- Podrían destituir a Herrán Salvatti
6- El rector de la UACM entregó al escritor el doctorado honoris causa perdida
La nación ha visto volatilizarse las utopías, expresó Monsiváis
7- Adolfo Gilly
Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex
8- Luis Javier Garrido
El 27
9- Peter Rosset
La hora de La Vía Campesina
Jesús López, insulinodependiente, sufre secuelas de la tortura a que fue sujeto en su captura
Exigen a director de penal atención médica urgente para “preso político” de Chiapas
■ La Voz del Amate responsabiliza a Estrada Reyna de lo que suceda al adherente de la otra campaña
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Ampliar la imagen Manifestación de tzotziles en apoyo a "presos políticos" de El Amate, en Chiapas, durante la huelga de hambre que realizaron el mes pasado para exigir su liberación Manifestación de tzotziles en apoyo a “presos políticos” de El Amate, en Chiapas, durante la huelga de hambre que realizaron el mes pasado para exigir su liberación Foto: Notimex
San Cristóbal de las Casas, Chis., 8 de mayo. La organización de presos políticos La Voz del Amate demandó hoy atención urgente para su compañero Jesús López López, insulinodependiente del tipo uno, “a quien no se le ha dado el eficiente ni indicado servicio médico”. En carta a Fernando Estrada Reyna, director del Cereso 14, en Cintalapa de Figueroa, los internos adherentes a la otra campaña y del “grupo zapatista” piden, “humanitariamente, su inmediata intervención”.
Argumentan que “a consecuencia de la tortura que recibió en los momentos de su detención”, López López, dirigente social de la región costa del estado, “sufre dolores y presión baja, y según análisis recientes, existe un paso de sangre del riñón a la orina”. Tampoco ha recibido tratamiento en su pie izquierdo, donde los agentes policiacos “le propiciaron cinco quemaduras”.
Originario de Valdivia (Mapastepec), fue detenido el 5 de abril de 2007 –ya en el gobierno de Juan Sabines– con violencia y sin orden de aprehensión, cuando regresaba de su trabajo. Torturado y “arraigado” varias semanas en Tuxtla Gutiérrez, se le acusa de secuestro. Participaba en la lucha contra el robo del presupuesto público en su municipio y el saqueo de los bancos de arena y grava de la región. Antes de ser capturado, su granja fue atacada por personas no identificadas, quienes mataron sus vacas y puercos. Participante activo del Frente Cívico Tonalteco, con quienes estaba solicitando la creación de una preparatoria, aún no tiene sentencia.
Ante las “arbitrariedades por omisión” en su contra, los presos organizados exigen para él “la atención de un internista”, pues “no se respetan” las indicaciones del coordinador médico. En el penal se le niega atención por trabas burocráticas y “evidente mala fe”.
López López ayunó durante la huelga de hambre en tres penales de Chiapas, concluida en abril, y a pesar de que su encierro responde a un caso de carácter político, no fue liberado.
Al solicitar “en repetidas ocasiones que lo llevaran al area médica”, un pasante, de nombre Cayetano, dijo a los reclusos que eso “es cuando él quiera, no cuando uno lo pida”.
La Voz de Amate demanda al director del Cereso 14 que “si no hay voluntad de asistir a nuestro compañero, deje pasar al penal su tratamiento o mande una enfermera que le aplique la insulina, le cheque la sangre y le tome la presión”.
En señal de protesta, el afectado “ya dejó el tratamiento y no pasará al área médica hasta tener una resolución de su parte”, expresan al funcionario, y lo responzabilizan “de lo que pueda suceder” a López López.
Además de éste, permanecen en prisión Alberto Patishtán Gómez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y María Delia Pérez Arizmendi.
Por su parte, Tiburcio Gómez Pérez, de La Voz de los Llanos, denunció que el director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales, amenaza con trasladarlo a otro penal, pues está “muy fichado como cabeza principal del grupo de presos políticos”. El pasado 3 de mayo le advirtió que “no puede” ser vocero del grupo, y que “cualquier cosa” que necesiten deberán solicitarla de manera “individual”.
Refiere que al interrogatorio del funcionario contestó: “haga lo que quiera; si está dolido por las demandas que se hicieron, es todo verdad, no hay mentira; los integrantes de La Voz de los Llanos siempre vamos a defender nuestros derechos como seres humanos”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=politica&article=023n1pol
La figura de “testigo social” pertenece al ámbito administrativo: Carlos Montemayor
Los mediadores propuestos por el EPR rechazan ser “convidados de piedra”
■ Si mi presencia obstaculiza la liberación de los guerrilleros, me retiro, afirma Rosario Ibarra
Fabiola Martínez
Los mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno federal advirtieron que no están dispuestos a participar en un proceso de este tipo en calidad de “testigos sociales”, como pretende la Secretaría de Gobernación.
El escritor Carlos Montemayor, designado vocero de los personajes que han aceptado fungir como mediadores, manifestó que la figura de “testigos sociales” pertenece al ámbito del derecho administrativo y suele formar parte del proceso de licitación pública en algunas secretarías de Estado.
“En ese sentido no hay parangón; no hay forma de comparar una actividad administrativa con la posible actividad de una comisión o un grupo de intermediación. No hay coincidencia en esos conceptos”, señaló.
Hace dos días, el EPR emitió un comunicado para rechazar las condiciones impuestas por el gobierno federal como única vía para dialogar. El grupo armado dijo que la oferta oficial es alevosa, tramposa e inaceptable, y destacó su rechazo a la posición en que se pretende colocar a los posibles mediadores.
Hasta anoche, el gobierno no había emitido respuesta al mensaje eperrista. No obstante, fuentes consultadas aseguraron que ya ha habido acercamientos (hasta ahora informales) con los mediadores, sin que revelara el sentido de las conversaciones.
Los integrantes del gabinete de seguridad ocuparon prácticamente toda la agenda de ayer para coordinar acciones con el propósito de ubicar a los autores de la ejecución de Édgar Millán, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, se dijo que ya estaría lista la nueva respuesta gubernamental al EPR, que deberá ser autorizada en cada uno de los puntos por el presidente Felipe Calderón.
Los mediadores serían, a propuesta del EPR: Carlos Montemayor; Gilberto López y Rivas, antropólogo; Miguel Ángel Granados Chapa, periodista y abogado; la senadora Rosario Ibarra; Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández, del Frente Nacional Contra la Represión, y el obispo emérito Samuel Ruiz.
Este grupo se reunió ayer en las oficinas del Sercicio y Asesoría para la Paz (Serapaz) y sostendrá encuentros periódicos para analizar la respuesta gubernamental porque, admitieron, la existencia de una comisión de intermediación sólo será posible si la acepta de ese modo el gobierno federal, de ahí que las opiniones emitidas hasta ahora son a título personal.
Si Gobernación rechaza la participación directa de estos personajes, en calidad de intermediarios, “obviamente la comisión se deshace y punto. No hay nada misterioso en esto”, indicó Montemayor.
“Podemos hablar en estos términos: o se deja pasar esa oportunidad (de diálogo con el EPR con la participación de mediadores) o se aprovecha; aquí no es una cuestión de ceder o no ceder, sino de aprovechar una oportunidad de acercamiento, de negociación política o dejarlo pasar”, agregó el escritor.
En tanto, la senadora Rosario Ibarra reiteró que su participación es para avanzar hacia la liberación con vida de los eperristas (Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), pero si su presencia –como ha deslizado Gobernación– es impedimento para ello, “me retiro”.
Ibarra, también presidenta del Comité Eureka, coincidió en que la figura de “testigos sociales” no aplica en este tipo de procesos sino en licitaciones públicas.
“Si dicen que van a salir vivos (los eperristas) pero que yo me quite de en medio, me quito; de otra manera no me quito. Es muy mi derecho estar participando en una comisión como ésta, a la que fui invitada por una de las partes”, dijo.
A su vez, el abogado Juan de Dios Hernández, también del Frente Nacional Contra la Represión, manifestó que “sería inaceptable un diálogo directo (del EPR) con el gobierno, nada más con la figura de testigo social. No aceptaremos participar como convidados de piedra o para avalar alguna situación que el gobierno hiciera contra el EPR”.
Comentó que, en su reciente mensaje, el gobierno federal fue “mucho más allá” de lo que pidió el EPR acerca de los desaparecidos, por lo que la autoridad no puede utilizar esa petición para proponer la rendición incondicional de un movimiento guerrillero.
Recordó que en la historia reciente, desde Rubén Jaramillo hasta el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hay casos en que después de aceptar el diálogo con el gobierno, éste traiciona, asesina o libra órdenes de aprehensión, de ahí que no tendría sentido la existencia de la comisión en calidad de “convidados de piedra”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=politica&article=009n1pol
Las organizaciones temen que el gobierno haya influido en la transferencia del diplomático
ONG exigen que se transparente la remoción de Amerigo Incalcaterra
Carolina Gómez Mena
Ampliar la imagen Amerigo Incalcaterra, en una aparición el pasado 7 de mayo Amerigo Incalcaterra, en una aparición el pasado 7 de mayo Foto: Luis Humberto González
Ante las dudas que existen en torno a la remoción del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, diversas organizaciones de derechos humanos se pronunciaron porque el gobierno aclare la situación y explique detalladamente “qué fue lo que pasó y si realmente presionó para que se transfiriera al diplomático”.
Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), comentó que Incalcaterra hizo “mucho ruido” en algunos sectores por haber abordado temas de política pública y destacados en la agenda nacional, pero sostuvo que esa situación a un gobierno democrático no le debe incomodar, sino todo lo contrario, pues justamente el respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental para alcanzar la democracia.
Santiago Aguirre, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, sostuvo que si realmente hubo interferencia del gobierno federal en la remoción de Incalcaterra, sería “lamentable y sin precedente; inclusive esto no se ha visto ni siquiera en países que vienen de crisis de gobernabilidad”, y agregó que esa anomalía sería un indicio de que en realidad al gobierno “no le interesa la defensa de los derechos humanos, al no resistir la vigilancia” en ese rubro.
Marta Villarreal, vocera del Foro Migrantes, precisó que de comprobarse la intervención, indicaría que hay “falta de voluntad política” para abordar el tema de la defensa y promoción de las garantías individuales y agregó que podría ser “visto como una manifestación más de la política restrictiva que ha impulsado este gobierno con la sociedad civil y los promotores de derechos humanos, así como muestra de una doble moral y discurso”.
Asimismo, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos indicó que se confirmaría “la falta del compromiso del gobierno de México con los derechos humanos, al pretender tener una representación del Alto Comisionado sin posibilidad de pronunciarse y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en México”.
La red manifestó que durante la presente administración la situación de los derechos humanos en México “ha continuado deteriorándose, como lo demuestran, entre otras cosas, las constantes detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones que ha cometido el Ejército Mexicano en su lucha contra el narcotráfico, así como la criminalización de la protesta social”.
Expuso también que durante los ocho años anteriores una constante ha sido la “permanente obstaculización del trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular desde antes de la instalación de la organización internacional señaló que era inconstitucional y, una vez instalada, se ha negado sistemáticamente a cooperar con dicha oficina, además de descalificar el diagnóstico”.
Sobre el papel que ha jugado la CNDH Aguirre sostuvo que se debe “exigir una postura clara”, pues el miércoles Human Rights Watch señaló que la petición inicial de la salida del diplomático habría venido de ese organismo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=politica&article=018n1pol
Allanan soldados y policías viviendas de indígenas
Sergio Ocampo Arista, corresponsal
Chilpancingo, Gro., 8 de mayo. El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Na’savi (mixtecos), Raúl Lucas Lucía, denunció que elementos del Ejército Mexicano, de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), así como de corporaciones locales, incursionaron en la comunidad La Cortina, municipio de Ayutla de los Libres, y catearon casas.
Entrevistado vía telefónica, el dirigente del pueblo mixteco detalló que el pasado lunes los guachos (soldados) y los policías llegaron en 12 camiones, encañonaron a los lugareños y se quedaron cuatro horas.
“Se metieron a cuatro casas llevando cinco perros que supuestamente empezaron a buscar drogas. Mientras este grupo inspeccionaba los domicilios, otro, encabezado por un militar, lista en mano, empezó a preguntar por habitantes de La Cortina.”
Lucas Lucía señaló que los soldados y los policías tomaron fotografías a la gente. “Hubo mucho miedo entre los pobladores porque algunos soldados intentaron sembrarles droga para intimidarlos y culparlos de narcotraficantes”.
Mencionó que en la comunidad vecina de La Hacienda, municipio de Ayutla de los Libres, permanece la Base de Operaciones Mixtas, cuyos miembros “a diario revisan a la gente y le pasan lista”.
Guerrero es la única entidad del país que tiene su propia región militar (la novena), con sede en el puerto de Acapulco.
Esta región tiene bajo su mando las zonas militares 35 y 27, así como la base aérea de Pie de la Cuesta y un centro de adiestramiento básico.
La 35 Zona Militar tiene su cuartel general en Chilpancingo, y de ella dependen los batallones de infantería 41 y 50, ubicados en la capital del estado, así como el 40, con sede en Ciudad Altamirano; el 27, en Iguala; el tercer batallón de Fuerzas Especiales y el batallón 93 de infantería, ubicado en Tlapa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=estados&article=038n3est
Podrían destituir a Herrán Salvatti
Ángeles Mariscal, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis. El secretario de Economía, Mariano Herrán Salvatti, podría ser separado del cargo y su expediente remitido al Ministerio de Justicia para iniciar el proceso penal en su contra por los delitos de abuso de autoridad y los que deriven, en caso de que que se encuentren pruebas de que como fiscal de Justicia del estado, durante el gobierno de Pablo Salazar, cometió irregularidades en la integración de expedientes penales contra personas que habrían sido encarceladas injustamente. Así lo advirtió hoy Sergio Lobato García, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=estados&article=039n7est
El rector de la UACM entregó al escritor el doctorado honoris causa perdida
La nación ha visto volatilizarse las utopías, expresó Monsiváis
■ “La primera gran victoria se alcanza sobre el pesimismo”, advirtió el homenajeado
■ El “culto a la historia” es uno de los grandes distractores de la crítica y la autocrítica, dijo
Arturo Jiménez
Ampliar la imagen Manuel Pérez Rocha, rector de la UACM, y el escritor Carlos Monsiváis, anoche Manuel Pérez Rocha, rector de la UACM, y el escritor Carlos Monsiváis, anoche Foto: Francisco Olvera
Las Mañanitas a ritmo de mambo, fotos proyectadas de cuando participó en el Blanquita en la obra Don Juan Petróleo, hace más de tres décadas; aplausos constantes, asedio para los autógrafos, fotos con él, abanicos con su carita y un auditorio lleno de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) culminaron el coloquio en homenaje al escritor Carlos Monsiváis por sus 70 años recién cumplidos.
Y para cerrar con broche de oro, lo que muchos estuvieron esperando durante todos estos días: el autor de Días de guardar, quien ayer mismo recibió de manos del rector Manuel Pérez Rocha el doctorado honoris causa perdida obsequió, precisamente, la ponencia Las causas perdidas, reflexión filosófica, ética, estética, histórica, política y de gran actualidad en torno a por qué muchos nos inconformamos pese a las adversidades.
Y dijo: “tema fascinante y esencial a la sociedad y a la nación, que con las excepciones de la reforma liberal de don Benito Juárez y el periodo del general Lázaro Cárdenas, ha visto volatilizarse o calcinarse las utopías”.
Monsiváis aclaró que estas derrotas profusas en la historia mexicana “no son el sinónimo de las causas perdidas, sino el resultado histórico y cotidiano de la desigualdad de fuerzas, del dominio que por largos periodos también es hegemonía de la clase gobernante, de la compra periódica de los que hacen las veces de líderes o de ideólogos de la resistencia”.
Reclamos válidos
Para el homenajeado, las causas perdidas comparten numerosos rasgos de los movimientos derrotados pero vienen de más lejos, “de la elección ética con resonancias estéticas, de reivindicaciones y reclamaciones destinadas al fracaso inmediato, pero válidas en sí mismas y capaces de infundir ese momento de dignidad pese a todo”.
Dijo que las derrotas no se eligen y nadie, por ejemplo, participa en un movimiento “con la ilusión perfecta de decir ahora viene el instante en que nos hacen un fraude electoral y resplandecemos en el interior de nuestra convicción destruida”.
Lo que explica la especie causas perdidas, continuó, es la certeza del valor inmanente de las exigencias de justicia y de las batallas para alcanzarla. “La primera gran victoria se alcanza sobre el pesimismo que da noticia de la enormidad de los obstáculos y del final lamentable de quienes han intentado desafiar a los vencedores de siempre.”
Agregó que la primera gran victoria también ocurre cuando se hace a un lado el criterio de éxito rápido y perdurable. “Cuando no se enarbola la ansiedad del encumbramiento, y pienso en los militantes de base al tanto de que la victoria nunca los incluiría, de que muy probablemente se les dejaría como al principio. Pienso en los soldados maderistas, zapatistas, villistas que examinan su única medalla en la noche, en los campesinos que defendían sus tierras, en los sindicalistas y agraristas que atravesaron por los espacios de los encarcelamientos, las torturas, las desapariciones, y en muchos casos de los asesinatos, y los sobrevivientes persistieron porque la noción de cumplir con el deber era la recompensa suficiente. Causa perdida es aquella de la que nunca se esperan las ventajas”.
Pero Monsiváis tuvo que aclarar de nuevo que no enumeraba ni intentaba describir una “procesión de mártires voluntarios”, de los que existen en el panorama descrito pero que nunca son la mayoría.
Más bien, agregó, se refería a los convencidos de que las injusticias cometidas contra ellos, sus ancestros y de seguro sus descendientes “deben concluir”, porque así lo exige “la síntesis de los derechos humanos que es la sensación dual de libertad y dignidad”.
Sin embargo, Monsiváis criticó a los posibles críticos que consideraran estas consideraciones como “palabras y meras palabras”. Eso, dijo, podría comentarse desde el cinismo o el “autismo moral contemporáneo”. Y mencionó por ejemplo al empresario Lorenzo Servitje, quien “se permite decir que la desigualdad es consustancial al género humano, y en donde se insulta a las masas que marchan porque, alega, su estupidez y su abyección nutren el cuento de los demagogos que aseguran que a los pobres se les explota”.
Después de esas reflexiones deductivas, Monsiváis mencionó gran cantidad de casos concretos, como el del líder anarquista Herón Proal, quien organizó en el puerto de Veracruz huelgas de inquilinos y de prostitutas.
También mencionó la resistencia de Othón Salazar y sus seguidores, que no se arredraban ante los golpes. A Demetrio Vallejo y a Valentín Campa, persistiendo en la huelga ferrocarrilera por la independencia sindical. Al movimiento de mujeres sufragistas. A Rubén Jaramillo, asesinado con su mujer y sus tres hijos. A los movimientos lésbico-gays. A Nancy Cárdenas haciendo cambiar de opinión a locatarios de un mercado que querían lincharla y terminaron pasándose de su lado. A José Revueltas, quien pese a estar encarcelado una y otra vez resistió las ofertas de enviados del gobierno para que saliera cómodamente del país.
Y así, entre citas del poeta griego Cavafis y del poeta inglés Auden, Monsiváis siguió diseccionando el relativo concepto de causa perdida, esa fuerza, dijo, que trasciende la amargura de los vencidos y la rigidez de los vencedores.
Lo que sí, Monsiváis, insistió en que uno de los obstáculos mayores de las causas perdidas era el “culto a la historia”, al que consideró un distractor de la crítica y la autocrítica.
Otro de los obstáculos mencionados por Monsiváis es el determinismo, que suele considerar inútiles cualquier protesta y movilización y lleva a situaciones más adversas, como el abstencionismo y el “ausentismo moral”, lo cual, dijo, es de plano una “incitación al desánimo y la dejadez”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=cultura&article=a04n1cul
Adolfo Gilly
Definiciones y preguntas en la defensa de Pemex
La operación en curso de privatización de Pemex va mucho más allá de los negocios del capital y de la corrupción de los funcionarios, como en cambio era el caso en la prolongada destrucción de la red de ferrocarriles nacionales y en las sucesivas concesiones y rescates de las carreteras de cuota.
Esta de hoy es una decisión de alcance histórico, tanto como lo fueron el reparto agrario y la expropiación petrolera en los años 30, pero exactamente en el sentido opuesto. Se trata ahora de completar, por un lado, una recomposición ya iniciada del Estado y de los sectores de clase dominantes y, por el otro, una restructuración de las relaciones de ese Estado con la nación y su pueblo, y con Estados Unidos y sus planes geoestratégicos en estos años iniciales del siglo.
Se trata, al mismo tiempo, de llevar a término el mando indiscutido del capital financiero mexicano –insisto, mexicano– sobre el Estado nacional, y de integrar a éste como socio menor subordinado en la zona contigua de dominación y seguridad –América del Norte– de esa potencia a través de tres tratados: el TLCAN, el ASPAN y la Iniciativa Mérida, los tres estatutos clave de la subordinación económica, militar y política.
Se trata de desarmar y terminar de desmantelar las defensas estructurales que protegían la soberanía y la independencia de esta nación. Así y nada menos.
Esta posición de mando del capital financiero mexicano fue afirmándose a partir de los años ochenta del siglo XX a través de los sucesivos gobiernos y cambios constitucionales –artículos 3º, 27, 130– y de la privatización creciente de los bienes de la nación, no sólo en tanto empresas públicas y servicios financieros sino también en cuanto dominio del territorio, del patrimonio cultural y de los recursos naturales.
Es una gigantesca operación de despojo la que está en marcha desde entonces. La entrega de Pemex es la culminación de ese proceso.
* * *
El desmantelamiento que se intenta ahora completar no es, en efecto, sólo el de la propiedad estatal, sino también el de una forma de Estado mexicano –entendiendo aquí “Estado” como proceso de relación entre gobernantes y gobernados– que desde la derrota y la destrucción del Ejército Federal por la División del Norte en Zacatecas el 23 de junio de 1914 –es decir, ya desde antes de la Constitución de 1917–, se había ido conformando en la historia, en la legislación y en los antagonismos y las luchas hasta cubrir todo el siglo XX mexicano. Se trata de revertir el proceso histórico hasta una nueva y atroz Bella Época en este siglo.
De ese tamaño es la derrota que nos quieren imponer y lo que está en juego en la propuesta desintegradora de Felipe Calderón.
La ocasión parece inmejorable. El Estado mexicano, nominalmente unido bajo la Presidencia de la República y el pacto federal, está hoy fragmentado en mandos múltiples: el mando de los gobernadores que, mientras cada uno actúa como amo y señor en su feudo, se reúnen como poder nacional en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); el de la Iglesia, potente y prepotente como nunca desde el siglo XIX y la Reforma, ante la cual bajan la cabeza todos los partidos y sus dirigentes (todos, dije, todos); el de los grandes señores de las finanzas y sus conexiones con el opaco y turbulento mundo financiero internacional; el de una Presidencia que busca refugio y amparo en las fuerzas armadas; el del narcotráfico con sus redes y contactos no visibles pero reales con todas las esferas de poder antes mencionadas y con varios poderes externos.
Si en este listado no concedo poder propio al dual monopolio televisivo es porque se trata de una dependencia del capital financiero en cuyos intereses y designios está integrada. Si tampoco lo concedo al Poder Legislativo y al Poder Judicial es porque cuanto de importante se decide en esas sedes ya estuvo decidido de antemano en otras sedes y otros poderes.
* * *
El mando financiero no tiene interés en recomponer ese Estado roto en fragmentos, con su modo protector y clientelar de relación con la población y sus políticas desarrollistas y de subvención al gasto social, a las empresas locales y a la planta industrial nacional. Quiere una nueva relación entre el gobierno y un pueblo, no de ciudadanos, sino de individuos atomizados en su vida social y focalizados en su conexión mediática.
Quiere una nueva relación estatal, sin patrimonio nacional común y cuya red conectiva, material y espiritual, sea ante todo ese mercado de las cosas que el capital financiero domina y controla, y donde el educador del pueblo son los medios mucho más que los maestros de un sistema escolar abandonado.
Para ese objetivo hay que terminar de quitar la pieza material central en la que se sustenta y con la que se financia el persistente modo de gobernar inscrito en la Constitución de 1917. Esa pieza, desde el 18 de marzo de 1938, se llama Pemex. Hoy, setenta años después, hay que acabar con ella y mandarla al desván de los recuerdos patrióticos, junto con el convento de Churubusco o la carroza de Juárez. Y, de paso, hacer un suculento negocio con el petróleo.
Hay que desmantelar y ceder, entonces, esa prenda del orgullo nacional que es Pemex, a la cual el modo como había sido conquistada y defendida en otros tiempos había convertido en símbolo material de la independencia frente a la potencia del Norte y también en prenda de la autonomía relativa de los políticos gobernantes.
Entregar Pemex es también quitar piso propio a las fuerzas armadas mexicanas y acelerar su conversión, deseada por el Pentágono y las finanzas, en una Guardia Nacional destinada a tareas de represión interior ya ejercidas desde el PRI; y por otro lado, dedicada, al igual que en Colombia, a la regulación armada del narcotráfico, negocio que Estados Unidos no muestra interés en erradicar sino en mantener bajo control. Ese ejército quedaría así subordinado al Pentágono.
La iniciativa de Felipe Calderón pretende completar el vaciamiento del artículo 27 constitucional, pilar central de la forma de Estado posterior a la revolución. Salinas de Gortari destruyó su parte agraria. Se trata ahora de echar abajo lo que queda, la expropiación petrolera que recuperó el subsuelo y unificó a la nación.
Ésta es la magnitud de lo que está en juego. No es nuestro interés defender la actual forma de Estado, corrupta, opresora y fragmentada. Pero su suerte y sus indispensables cambios tienen que ser decisión del pueblo mexicano, no de los poderes financieros nacionales y extranjeros.
En cuanto a la demostración presupuestaria, financiera, administrativa y tecnológica de la plena viabilidad de Pemex como patrimonio nacional, ha sido y está siendo hecha en estos días, con abundancia de datos y argumentos, por los numerosos expertos mexicanos en cuestiones petroleras. A ellos nos remitimos.
* * *
La defensa de Pemex y del patrimonio es una de las grandes causas de esta nación. Su dimensión simbólica y práctica va mucho más allá que la de sus empresas equivalentes en otras naciones latinoamericanas. Esa defensa necesita ser múltiple y en todos los terrenos, más allá de los ámbitos discursivos, parlamentarios o legislativos, aunque los incluya; más allá de las diferencias en otros temas y cuestiones entre las fuerzas y los individuos que se movilizan; más allá de las disputas por la preminencia, el mando o la dirección del movimiento de pueblo que es preciso extender a todos los espacios de vida, de trabajo, de estudio, de reunión o de esparcimiento.
Es preciso sumar a todos cuantos quieren preservar a Pemex como patrimonio común de la nación. ¿Cómo agregar esas fuerzas tras un objetivo común sin exigir a nadie que se subordine a una política, a una dirección partidaria o a un dirigente; y sin pedirle tampoco que no lo haga, si así le place y le parece?
El bando neoliberal está unificado por el poder presidencial, el poder financiero y el poder eclesiástico, cuyos altavoces son la televisión y la campaña unificada de los medios y sus cabecitas parlantes.
¿Cómo unificar las fuerzas de este lado en un frente plural por el petróleo; no por la Presidencia en 2012; no por las elecciones en 2009; no por la dirección o el control de este o aquel aparato partidario o sindical (y no sigo porque la lista de ambiciones e intereses particulares sería interminable)? ¿Cómo asegurar la independencia de cada uno en la unidad de un solo objetivo: defender a Pemex? ¿Cómo organizar sin regimentar ni uniformar, en las maneras diversas como se han organizado siempre en este país los movimientos de trabajadores, de estudiantes, de colonos, de ejidatarios, de lo que fuere?
¿Es que esa experiencia de generación tras generación de todo un pueblo durante un siglo entero se va a condensar sólo en votaciones de plaza a mano alzada y bajo consignas beatíficas como “amar es perdonar”, mientras la violencia se descarga en la descalificación y el insulto al que está al lado?
¿Cómo poner en el centro de las discusiones y las movilizaciones ideas, objetivos, discursos y modos diversos de organizar que muevan a la acción, a la convergencia, a la creación libre de maneras efectivas de lucha? ¿Cómo cortar de plano, a comenzar desde quienes ocupan posiciones dirigentes, las feroces disputas internas y el lenguaje soez: “traidor”, “víbora”, “fecal”, “pantaleta”, que hasta en los columnistas de la prensa escrita se ha ido haciendo costumbre? ¿Cómo lograr, por fin, que la causa de Pemex y el terreno central de esta lucha no sean vistos por sectores populares, angustiados por la pobreza y la sobrevivencia cotidiana, como una mera disputa en el Estado, en las instituciones, entre los políticos, esos que desde hace muchos años y a vista y paciencia de todos han usado a Pemex como su propiedad y para sus fines?
Estas son mis preguntas, dirigidas a todos nosotros, gente de la UNAM, y también al Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Y finalmente una pregunta no menos significativa: ¿por qué exigir ahora a los zapatistas, amenazados de un golpe militar represivo en cualquier momento, que se agreguen a este movimiento mientras todos los partidos los abandonaron y mantuvieron en el Congreso de la Unión la exclusión de los indígenas y la negación de sus derechos en esta nación?
* * *
No vine a esta nuestra universidad con respuestas ni con consignas. Vine con preguntas que nos hacemos tantos en esta movilización que no es de nadie y es de todos. Traje un manojo de interrogantes, producto de experiencias colectivas de organización de luchas mexicanas que se remontan al menos al movimiento ferrocarrilero de los años cincuenta y al movimiento estudiantil y popular de 1968, y que se han ido trasmitiendo y acrecentando generación tras generación.
Pido y propongo que encontremos entre todos y en todas partes los medios para que esa experiencia acumulada, patrimonio espiritual e ideal de todos nosotros, se vuelque en libertad como torrente, rescate el petróleo y ponga un alto a las sumisiones a las que nos arrastran este gobierno, sus mandantes y sus aliados.
Conferencia pronunciada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México el 8 de mayo de 2008.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=opinion&article=008a1pol
Luis Javier Garrido
El 27
La disputa por la nación que marca el segundo año del gobierno de facto calderonista, se está caracterizando por la vigorosa aparición en escena del pueblo mexicano, pero también por una exigencia creciente de que seamos un país sustentado en las leyes y no en las pretensiones de las corporaciones extranjeras.
1. El gobierno de facto de Calderón está fracasando en su intento de abrir una vía amplia para la privatización de la industria petrolera del país, no sólo porque menospreció la capacidad de respuesta del pueblo mexicano sino porque desconoció el significado y los alcances de un artículo de nuestra Carta Magna que sustenta los derechos fundamentales de la nación en contra de las pretensiones del capital trasnacional: el artículo 27.
2. El artículo 27 no fue el resultado, como muchos suponen, de una reflexión teórica o de una imposición ideológica, sino un producto de la historia mexicana. La comisión que redactó en 1916 este texto fundacional del México moderno, reuniéndose primero en la capilla del obispado de Querétaro y más tarde en casa del constituyente Pastor Rouaix, así lo reconoció. Rouaix refiere que luego de que el abogado Andrés Molina Enríquez decepcionara a la comisión con argumentos jurídicos, los redactores del artículo se volvieron a las tesis expresadas durante el movimiento revolucionario y a los reclamos de un pueblo que había expresado su voluntad de edificar un país que en ejercicio de su soberanía determinara las características de la propiedad, y eso molestó mucho a los intereses extranjeros.
3. La historia de la vigorosa defensa que hicieron los gobiernos mexicanos de los recursos estratégicos de la nación en los años 20 y 30 del siglo pasado, hasta culminar en la expropiación petrolera de 1938 decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo sustentada en los principios del artículo 27 constitucional del dominio soberano de la nación sobre la propiedad originaria y la función social de la propiedad, muestra el encono que se fue desarrollando en los círculos de poder estadunidenses contra la Constitución mexicana de 1917, y en particular contra ese artículo.
4. El modelo capitalista neoliberal que se fue imponiendo en el mundo durante los dos gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989), con el objetivo de hacer prevalecer los privilegios de las corporaciones trasnacionales por sobre los derechos de los pueblos, sostuvo abiertamente décadas después que no debería haber principios jurídicos nacionales que se opusieran a las pretensiones de las corporaciones de adueñarse del subsuelo y de los recursos estratégicos del planeta, y tuvo en consecuencia como objetivo el desmantelamiento de las constituciones de varios países latinoamericanos, y desde luego la de México, que desde 1917 postulaba exactamente lo contrario a lo que proponían los think tanks del Pentágono.
5. Los gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón han tenido que enfrentar desde entonces un dilema. Entendieron claramente que la Constitución de 1917, a la que tanto han detestado, no es la elaboración de un grupo de abogados sino el producto de un proceso histórico, y que el artículo 27 contiene principios fundamentales que son intocables. Al no atreverse a tocarlos, sabedores de que de hacerlo quebrantarían por completo “el acuerdo en lo fundamental” que sustenta, al menos en la forma, la destruida institucionalidad del país, llevándolo a una situación de guerra civil, prefirieron darle vuelta y han tratado de trasgredirlo, a) expidiendo una legislación secundaria violatoria de la Constitución, sobre la que han edificado una industria energética privada que se sitúa en la ilegalidad, y b) violándolo abiertamente por decisiones de hecho –que no de derecho– entregando concesiones y contratos sin fundamento jurídico alguno, a sabiendas de que el capital trasnacional se está adueñando de los recursos de México en la más absoluta ilegalidad.
6. El artículo 27 tuvo vigencia durante el siglo XX en lo relativo al dominio directo de los bienes de la nación por la existencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, respondiendo la intervención del Estado a sus atribuciones, y en consecuencia al no hacer los gobernantes neoliberales ejercicio de sus facultades en la materia, e ir entregando áreas significativas de la industria energética a las multinacionales, haciendo ellos mismos enormes negocios, incurrieron en graves delitos contra la nación, aunque quizás ninguno de manera tan cínica como Calderón.
7. El proyecto de contrarreforma energética, elaborado en los despachos petroleros de Houston, y que Calderón presentó como suyo al Senado, generando un enorme conflicto, se centró por ello en un objetivo que es el desconocer en un marco legal secundario la existencia del artículo 27 y de sus principios centrales, a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado mexicano, cuyos fundamentos jurídicos e históricos han constituido hasta ahora un obstáculo infranqueable para el capital trasnacional.
8. El gobierno de facto, al presentar como suya esta propuesta de contrarreforma no está haciendo más que agravar la crisis que se manifiesta no sólo con el descontento popular y el éxodo de cientos de miles de mexicanos a Estados Unidos, o con el papel deplorable de las fuerzas armadas combatiendo en las calles a sus propios desertores pasados a las filas del narco, sino con el patético espectáculo de las elites políticas, evidenciado tanto por Calderón, quien ahora responsabiliza a sus antecesores de haber generado una situación desastrosa en Pemex, como por Carlos Salinas de Gortari, quien culpa a Zedillo y a Fox en su libro La década perdida. 1995-2006 (2008) del desastre, por haber aplicado el delirante –y ahora fracasado– proyecto neoliberal del cual él busca como un orate deslindarse.
9. El hecho gravísimo denunciado en diversas publicaciones de que el gobierno de Mouriño y Calderón está ya entregando nuevas concesiones y contratos a diversas trasnacionales, en contra de lo establecido por la Constitución, y de que material y equipamiento de la Repsol y de la Exxon está llegando a México sin haberse siquiera discutido las propuestas de cambios legales oficiales, indica la gravedad de la situación, pues se está construyendo en México una industria energética extranjera paralela, en un marco de absoluta ilegalidad.
10. La solución a esta situación es por todo ello muy clara y pasa por aceptar que el futuro energético del país no puede decidirse sin consultar al pueblo, en quien reside la soberanía nacional.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=opinion&article=024a1pol
Peter Rosset
La hora de La Vía Campesina
A escala mundial parece que ya llegó la hora de La Vía Campesina Internacional. Por más de 10 años la alianza global de las organizaciones campesinas ha estado construyendo una propuesta alternativa para los sistemas alimentarios de los países, la soberanía alimentaria. El año pasado se constató en el Foro Mundial de la Soberanía Alimentaria, realizado en Malí, que este debate ha venido ganando terreno con otros movimientos sociales, como los de los pueblos indígenas, las mujeres, los consumidores, los ambientalistas, algunos sindicatos, y otros. Pero a nivel de gobiernos y organismos internacionales, había llegado a oídos más o menos sordos. Pero ahora no. La crisis mundial de los precios de los alimentos, que ya ha provocando motines en diversos países de Asia, África y América, está haciendo que todos coloquen atención en este tema.
¿Cuáles son las causas de las alzas extremas de los precios? Hay causas de largo plazo y causas de corto plazo. En cuanto al primero, se destacan los efectos de tres décadas de políticas neoliberales y de comercio libre sobre los sistemas alimentarios. En casi todos los países se ha desmantelado la capacidad productiva nacional de alimentos, sustituyendo una capacidad creciente para producir agroexportaciones, estimulado por enormes subsidios al agronegocio provenientes de los erarios.
Son los sectores campesinos y de agricultura familiar los que alimentan a los pueblos del mundo; los grandes productores tienen vocación de exportar. Pero a los primeros se les han quitado los precios de garantía, los paraestatales de comercialización, los créditos, la asistencia técnica y, sobre todo, su mercado, inundado primero por importaciones baratas, y una vez capturados estos mercados nacionales por las empresas trasnacionales, ahora reciben importaciones muy caras.
A la vez, el Banco Mundial y el FMI han obligado a los gobiernos a deshacerse de las reservas de cereales en manos del sector público, haciendo que en el mundo de hoy tengamos uno de los márgenes más estrechos en la historia reciente entre reservas y demanda, lo cual provoca el alza y la volatilidad de los precios. O sea que los países casi no tienen ya ni reservas ni capacidad productiva, y son dependientes de las importaciones, que ahora suben de precio. Otras causas de largo plazo, pero en menor escala, son los cambios en los patrones de consumo en algunos países, como la preferencia por carne por encima de dietas vegetarianas.
Entre las causas de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital financiero especulativo, los llamados fondos de riesgo o hedge funds, en las bolsas de los contratos a futuro de los cereales y otros alimentos, los llamados commodities. Con el colapso de la burbuja artificial del mercado inmobiliario de Estados Unidos, su ya desesperada búsqueda de nuevas oportunidades de inversión lo hizo descubrir estas bolsas de alimentos. Es atraído por la volatilidad de cualquier mercado, ya que toma sus ganancias tanto en las subidas como en las bajadas, apostando como si fuera un casino. Apostando, pues, con la comida de la gente. Estos fondos hasta ahora han inyectado unos 70 mil millones de dólares extras a los precios de los commodities, inflando una burbuja que coloca los alimentos fuera del alcance de los pobres. Y cuando la burbuja entra en su inevitable colapso, va a quebrar a millones de agricultores del mundo entero.
Otro factor en el corto plazo ha sido el boom de los agrocombustibles, que compiten por área de siembra con los cultivos alimenticios y el ganado. En Filipinas, por ejemplo, el gobierno ha firmado acuerdos que comprometen una área de siembra para agrocombustibles equivalente a la mitad del área sembrada de arroz, alimento principal de su población. Debe ser considerado un crimen contra la humanidad alimentar a coches en lugar de personas.
También, el alza mundial de los costos de los insumos agroquímicos, como resultado del precio alto de petróleo, es un factor contribuyente a corto plazo. Otros factores recientes incluyen sequías en algunos países, y los esfuerzos del sector privado reaccionario, conspirando con la CIA y las trasnacionales, para exportar los alimentos de Venezuela, Bolivia y Argentina, generando escasez artificial como manera de desestabilizar sus gobiernos.
Frente a todo este panorama, y sus implicaciones futuras, se destaca una sola propuesta que esté a la altura del reto. Bajo la soberanía alimentaria los movimientos sociales, y un número creciente de gobiernos progresistas o semiprogresistas, proponen re-regular los mercados de alimentos que fueron desregulados por el neoliberalismo. E inclusive, regularlos mejor que antes, con una real gestión de la oferta, haciendo posible encontrar precios que sean justos tanto para los productores como para los consumidores.
Esto significa volver a proteger la producción nacional de los países, tanto contra el dumping de alimentos importados con precios artificialmente baratos, que socava la producción nacional, como de alimentos artificialmente caros, como ahora. Significa reconstituir las reservas públicas de cereales y las paraestatales de comercialización, ahora en versiones mejoradas, con la participación fundamental de las organizaciones campesinas en su gestión, quitando a las trasnacionales el control sobre nuestra comida. También incentivar la recuperación de la capacidad productiva nacional, proveniente del sector campesino y familiar, por medio de los presupuestos públicos, los precios de garantía, los créditos y otros apoyos, y la reforma agraria genuina. Urge la reforma agraria en muchos países para reconstruir al sector campesino y familiar, cuya vocación es producir alimentos, ya que el latifundio y el agronegocio suelen producir sólo para coches y para la exportación. Y se tienen que implementar controles, como han hecho algunos países en los últimos días, contra la exportación forzosa de alimentos que son requeridos por la población nacional.
Además, urge hacer un cambio de la actual tecnología en la producción, hacia una agricultura basada en los principios de la agroecología, sustentable, una producción agrícola que parta del respeto y del equilibrio con las condiciones naturales, la cultura local y los saberes tradicionales. Está demostrado que los sistema de producción agroecológicos pueden ser hasta más productivos, resisten mejor las sequías y otros cambios climáticos, y que por su bajo uso de recursos energéticos son más sustentables económicamente. Porque ya no podemos tener el lujo de alimentos cuyos precios estén vinculados al petróleo, ni mucho menos dañar la productividad futura de los suelos por medio de la agricultura industrial de grandes extensiones de monocultivos mecanizados y llenos de venenos y transgénicos.
En fin, ya llegó la hora de La Vía Campesina y la soberanía alimentaria. No hay más remedio para alimentar al mundo, y nos corresponde a todos y todas movilizarnos en masa para asegurar los cambios tan necesarios de políticas públicas a escala nacional e internacional.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/09/index.php?section=opinion&article=025a1pol