2- A punto de cumplirse un año de la desaparición de su padre, Nadín
Reyes da la batalla
Filtran rumores sobre muerte de eperristas
3- Diputados remiten al Ministerio de Justicia expediente del titular de
Economía estatal
Exigen investigar a Herrán Salvatti por abuso de autoridad cuando fue
fiscal de Chiapas
4- Los de Abajo
5- Miguel Concha
Balance de derechos humanos en Chiapas
6- Combate a la homofobia, compromiso ineludible
Apoya el FPDT reclamo de Cristina Valls por Atenco
Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)
San Salvador Atenco, Méx., 16 de mayo. El Frente de Pueblos en Defensa
de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, junto con Viviana Waisman y
Paloma Soria –de Women's Link Worldwide–, abogadas de la ciudadana
española Cristina Valls, quien fue torturada en mayo de 2006 en este
municipio, exigieron al gobierno de Felipe Calderón que responda al
informe requerido por la Audiencia Nacional española.
Las abogadas manifestaron que esperan que "el gobierno mexicano no
bloquee la denuncia e investigación y que dé la información de lo que
está ocurriendo, para investigar de manera apropiada los graves hechos
que ocurrieron".
Este viernes, las abogadas acudieron a San Salvador Atenco para
entrevistarse con integrantes del FPDT y recabar testimonios sobre la
represión ocurrida en 2006.
En el auditorio, informaron sobre el curso del proceso judicial iniciado
por Cristina Valls, ante el juez Fernando Grande-Marlaska, del tercer
juzgado de la audiencia española.
"El objetivo de Cristina es que el proceso que empezó en España apoye la
búsqueda de justicia en México; está claro lo que quiere: que se
reconozca que hubo violación, tortura y que no fue un hecho aislado".
Los integrantes del FPDT se sumaron a la petición de que el gobierno
federal no bloquee la investigación de la audiencia española y rinda un
informe claro sobre la represión.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=politica&article=011n4pol
A punto de cumplirse un año de la desaparición de su padre, Nadín Reyes
da la batalla
Filtran rumores sobre muerte de eperristas
■ La lucha por la justicia, una forma de vida, afirma la hija de Edmundo
Reyes Amaya
Emir Olivares Alonso
Tras la desaparición de su padre, Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo de
2007, la visión de Nadín Reyes dio "un vuelco de 180 grados" y desde
entonces supo que "la lucha por la justicia es una forma de vida".
Hace casi un año Nadín era "chica normal", hoy se presenta en diversos
foros e instancias exigiendo la presentación con vida de su padre y de
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular
Revolucionario desaparecidos hace casi un año.
La joven aclara que pese a que el 30 de julio de 2007 los familiares de
las víctimas interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de
la República (PGR) por desaparición forzada –delito de lesa humanidad–
la dependencia sólo lo investiga por desaparición ilegal en la modalidad
de secuestro.
A nueve días de que se cumpla un año sin tener noticias de su padre,
Nadín narra que este tiempo "ha sido muy difícil, con muchos problemas
de salud en mi familia"; agrega que su abuelo, padre de Edmundo,
falleció en noviembre pasado.
"Fue un golpe muy duro, él tenía la esperanza de encontrarlo, pero en un
mes se le vino todo encima; mi abuelo mantuvo una preocupación inmensa
por su hijo y en su lecho de muerte lo llamaba. Eso es algo que no
puedes perdonar."
La hija de Reyes Amaya denuncia que "con la intención de cerrar el caso"
funcionarios de gobierno filtraron a la prensa información de que ambos
eperristas pudieron ser asesinados, además de que agentes estatales
podrían resultar sospechosos del crimen.
"Me parece grave que manejaran el rumor de que están muertos, porque era
el contexto en el que el EPR llamó al diálogo. Además las autoridades
nos llamaron a los familiares para realizarnos pruebas de ADN: es muy
curioso que lo hicieran cuando habían pasado más de 10 meses. Considero
que fue una forma de dar carpetazo al diálogo (con el grupo
guerrillero)", afirmó Nadín Reyes.
Subrayó que mientras la PGR no dé acceso a los familiares de las
víctimas y sus representantes legales a las averiguaciones previas de la
investigación, "que es nuestro derecho", no acudirán a ofrecer las
muestras de ADN.
También informó que del 19 al 24 de mayo diversas organizaciones
sociales realizarán varias actividades en Oaxaca, denominadas "la semana
contra la desaparición forzada".
Ayer, Nadín acudió ante la asamblea estatal del magisterio de Oaxaca a
fin de solicitar a los mentores un pronunciamiento por los
desaparecidos. En un documento que entregó al magisterio, la joven
expone que sólo con la unidad se puede exigir a las autoridades atención
al caso de desaparición forzada para que "ellos puedan estar con
nosotros mañana y nadie más pase por esto".
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa
de los Derechos Humanos, aseguró que no existen avances concretos en las
investigaciones y que se "ha querido amedrentar" a los familiares al
filtrar información a la prensa de que los dos eperristas podrían hacer
sido asesinados.
Recordó que el Poder Judicial otorgó desde los primeros meses de la
desaparición un amparo en contra de ese delito de lesa humanidad y pese
a ello la PGR no ha reclasificado el delito.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=politica&article=011n1pol
Diputados remiten al Ministerio de Justicia expediente del titular de
Economía estatal
Exigen investigar a Herrán Salvatti por abuso de autoridad cuando fue
fiscal de Chiapas
■ Según legisladores, varios reos y ex internos se dicen agraviados por
arrestos injustificados
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 16 de mayo. El Congreso del estado remitió al
Ministerio de Justicia el expediente de Mariano Herrán Salvatti para que
inicie una averiguación previa en su contra por presunto abuso de
autoridad y detención indebida de personas cuando el actual secretario
de Economía fue fiscal del estado.
También pidió investigar por los mismos hechos al ex secretario de
Gobierno, Rubén Velásquez López, actual senador del PRD.
La Comisión de Justicia del Congreso local informó que luego de analizar
cuatro expedientes penales de reos y ex reclusos que se dijeron
agraviados por detenciones injustificadas o derivadas de asuntos
políticos, encontró irregularidades por las cuales se presume que se
cometieron abusos de autoridad y otras irregularidades en su contra.
El diputado Sergio Lobato explicó que los cuatro expedientes son sólo
una muestra de al menos cien más, en los cuales la magistratura del
estado encontró que habían elementos para liberar a los inculpados, lo
que ocurrió el primero de abril pasado.
Los legisladores citaron en dos ocasiones a Herrán Salvatti, quien
estuvo a cargo del sistema judicial en el periodo donde presuntamente se
cometieron las irregularidades. En ambas, el fiscal presentó la
argumentación jurídica sobre los cuatro expedientes analizados.
Los diputados locales dijeron hoy que luego de analizar los casos, se
acordó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la
Procuración y Administración de Justicia para que se aboque a las
investigaciones contra Herrán Salvatti por la presunta afectación a la
libertad de las personas, de violaciones a los derechos humanos y
averiguaciones integradas de forma ilegal, entre otros que pueden ser
constitutivos de delitos.
Mariano Herrán aún no ha sido separado de la Secretaría de Economía que
desempeña en la administración actual y tiene en trámite una solicitud
de amparo y la protección de la justicia federal para evitar cualquier
orden de aprehensión en su contra.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=estados&article=026n1est
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
■ Dopan a migrantes
Desde hace tiempo diversas organizaciones defensoras de los derechos de
los inmigrantes en Estados Unidos, denunciaron que las autoridades
migratorias inyectan medicamentos sicotrópicos a los extranjeros
detenidos, con el fin de mantenerlos sedados durante los vuelos de
deportación. Ahora lo publica The Washington Post y la noticia ha
causado revuelo.
Drogar por la fuerza a los trabajadores indocumentados para mantenerlos
quietos durante su detención y deportación, es una táctica vigente desde
2003, año en que se creó la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por
sus siglas en inglés), una de las 23 dependencias que integran el
departamento de Seguridad Nacional.
Se sabe de al menos 250 casos en los que la ICE ha utilizado fármacos
siquiátricos para sedar a los migrantes. Esta cifra, aseguran los
organismos de derechos, es sumamente conservadora.
En los pasados cinco años han aumentado considerablemente las
detenciones y deportaciones de indocumentados en Estados Unidos,
principalmente por las redadas que se llevan a cabo en fábricas,
escuelas, paradas de autobuses y condominios. Después de las
movilizaciones del pasado primero de mayo los operativos de la ICE se
recrudecieron en todo el país; el caso más sonado fue el de 389
personas, en su mayoría mexicanos y guatemaltecos, arrestadas en la
planta empacadora de carne Agriprocessors, en Iowa, donde, por cierto,
esperan una segunda redada la semana próxima.
En San Francisco, California, también se reportan operativos posprimero
de mayo, como el caso de 63 trabajadores detenidos en 11 restaurantes de
la cadena de taquerías El Balazo, acción que provocó la protesta de un
grupo de activistas frente a las oficinas de la ICE. Otros operativos se
registraron en el Bart, de Fruitvale y en la calle 63, también en la
ciudad "santuario".
A pesar del temor, se crean lazos solidarios para enfrentar las redadas,
como ocurrió en una escuela en Oakland y otras en Berkeley, donde los
maestros llamaron por teléfono a los padres de familia cuando se
enteraron de que había camiones de la migra rodeando los planteles.
Después de advertir a los padres, recomendaron coordinar la salida de
los niños en "aventones", para evitar a la ICE.
Combatir las redadas y denunciar los tratos crueles e inhumanos a los
trabajadores indocumentados es parte de la actual lucha de los migrantes
en el corazón del imperio.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=opinion&article=012o1pol
Miguel Concha
Balance de derechos humanos en Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba)
presentó el pasado 5 de mayo en San Cristóbal de las Casas su balance
anual sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas.
El informe da cuenta de la tendencia actual de violación a los derechos
humanos por los gobiernos estatal y federal, como producto de una nueva
y mayor ofensiva económica neoliberal en el sur del país que, en el
marco del Plan Puebla-Panamá (Santiago Levy, Fox, Calderón), o del
Programa del Sur, en la versión del diputado Carlos Rojas, apunta a un
reordenamiento territorial.
En un contexto de militarización y persistente impunidad, esta ofensiva
gubernamental vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas,
genera acciones violentas entre campesinos, provoca la violencia por la
acción de grupos armados de corte paramilitar, como la así llamada
Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos
(OPDDIC), en connivencia con la policía, y criminaliza la protesta
social.
El informe, que abarca el periodo de marzo de 2007 a marzo de 2008,
tiene cuatro partes principales, concatenadas entre sí: el derecho a la
tierra y el territorio; la criminalización de la protesta y acción
social; las violaciones a los derechos humanos en el sistema
penitenciario, y la memoria histórica de los graves casos de violaciones
a los derechos humanos que siguen impunes en Chiapas, más anexos.
El primer capítulo nos muestra cómo y dónde el gobierno está poniendo
énfasis en los proyectos de reordenamiento territorial, empeñado en el
último año en el "Proyecto Eco-Arqueo-Turístico" de "Agua
Azul-Palenque-Bonampak-Tikal", llamado también por el ex gobernador
priísta Roberto Albores el "Cancún de Chiapas"; y cómo con ellos existe
una coincidencia en los lugares en los que el Frayba ha documentado
violaciones a los derechos humanos. Dentro de este contexto se da el
ataque armado a Viejo Velasco en 2006 y los hostigamientos a bases
zapatistas en 2007, como fueron los ataques de la OPDDIC en Bolom Ajaw y
la amenaza armada en contra del caracol de Roberto Barrios, por la
implantación de un proyecto ecoturístico financiado por el comisionado
Luis H. Álvarez.
Estos planes de desarrollo de infraestructura no consideran los derechos
de los pueblos indígenas; por el contrario, se vislumbra una tendencia
de despojo y desplazamiento, para lo cual pareciera que el gobierno de
Juan Sabines construye "ciudades rurales", tomando como oportunidad las
consecuencias negativas que los desastres naturales han dejado en
algunas comunidades.
A partir de la documentación de casos, el segundo capítulo nos muestra
cómo el engranaje institucional prevé contener y reprimir la
inconformidad, la protesta y la resistencia, modificando la legislación
penal, persiguiendo y hostigando a luchadores sociales y violentando los
más elementales derechos humanos, con el fin de desactivar la
organización y movilización de grupos organizados de base.
El tema del tercer capítulo es la situación penitenciaria. Es en las
cárceles donde muchas veces se resume la movilización social. Sobre la
base de testimonios, el Frayba narra las condiciones infrahumanas en que
viven los presos en las cárceles de Chiapas, y particularmente recupera
la lucha del movimiento de presos políticos en huelga de hambre, que
logró la liberación de más de 100 de ellos, demostrando con ello la
ineficacia y la politización del sistema de justicia.
Finalmente rescata la memoria de los casos de algunas de las víctimas de
la guerra en Chiapas: ejecuciones, desapariciones y desplazamientos en
el contexto de la contrainsurgencia zedillista, así como su situación
procesal frente a los tribunales internos y ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resalta entre ellos la
desaparición de Antonio González Méndez, pues se trata del primer caso
admitido por la CIDH en contra del grupo paramilitar Paz y Justicia. Con
datos y argumentos desmonta punto por punto las versiones que tratan de
tergiversar la verdad de lo ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en
Acteal.
A pesar de este panorama tan desolador, el Frayba pone también de
manifiesto la organización social en Chiapas en defensa de sus derechos
humanos, por la tierra, por la libertad, por condiciones de mayor
igualdad y contra el olvido. Enfatiza que la acción de defensa social
del territorio y en contra de la represión, recuperando la memoria
histórica, es condición indispensable para enfrentar el proceso de
deterioro promovido por la clase política.
El Frayba concluye que no hay desarrollo ni bienestar sin el respeto a
la decisión libre, consciente e informada del pueblo. Le recuerda al
Estado que tiene el deber y la obligación de enfocar sus proyectos y
políticas en el pleno desarrollo de la persona, generando
indiscriminadamente para todos condiciones y oportunidades que cierren
la brecha de la desigualdad y amplíen los márgenes de libertad.
El balance anual 2007 del Frayba, que puede ser consultado en su página
web (www.frayba.org.mx), nos muestra, desde el contexto de Chiapas, la
tendencia al deterioro de los derechos humanos en el país y en nuestro
continente.
En memoria de fray Jorge Eduardo González López, OP, nombrado
póstumamente por indígenas tzeltales y tzotziles "amigo y hermano de la
región de Ocosingo".
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=opinion&article=014a2pol
Combate a la homofobia, compromiso ineludible
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, en
conmemoración de la fecha en que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de "enfermedades mentales",
en 1990, y se reconoció así el derecho de millones de personas a vivir
su orientación sexual de manera libre, digna, al margen de la violencia
y la discriminación. En la actualidad, sin embargo, en México, como en
muchos otros países, la homofobia es flagelo vigente que agravia tanto a
quienes la padecen como al conjunto de la sociedad.
Para poner el asunto en perspectiva, basta con señalar que nuestro país
ocupa el segundo lugar en América Latina con respecto al número de
crímenes por homofobia, y que entre 1995 y 2006, de acuerdo con datos de
la Comisión Ciudadana de Crímenes de Odio por Homofobia (CCCOH), fueron
asesinadas 420 personas debido a su orientación sexual. La cifra, de
suyo alarmante, resulta conservadora si se toma en cuenta que, según
estimaciones de diversos organismos, por cada caso reportado de estos
delitos existen al menos tres más que no se denuncian. Al día de hoy, se
calcula que en México ocurren cada mes alrededor de 15 homicidios de
este tipo.
Esta circunstancia, aunque preocupante y vergonzosa, no resulta extraña
en un contexto en que el denuesto contra quienes no asumen el rol de
género dominante en la sociedad es una práctica cotidiana, aceptada e
incluso alentada, lo que deriva en una especie de proscripción de facto
de la homosexualidad. Las cifras así lo indican: a inicios de esta
década, dos de cada tres mexicanos rechazaban compartir vivienda con
homosexuales; y alrededor de una tercera parte de los integrantes de ese
sector de la población afirmaban ser víctimas de burlas, humillaciones y
violencia física o sicológica, la mayoría de las veces en entornos como
el familiar, escolar o laboral.
Es innegable que se han dado avances en contra de la discriminación de
las llamadas minorías sexuales y en favor del reconocimiento de sus
derechos: la Ley de Sociedades en Convivencia, aprobada por el pleno de
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en noviembre de 2006, si
bien no se constriñe a las parejas homosexuales, si da a éstas la
posibilidad de que formalicen, por medio de un acto jurídico vinculante,
su determinación de establecer "un hogar común con voluntad de
permanencia y ayuda mutua"; el discurso oficial pugna por la no
discriminación y en el mismo sentido apunta la instauración, por parte
de la Cámara de Diputados, del 17 de mayo como Día Nacional de Lucha
contra la Homofobia, secundada por el Gobierno del Distrito Federal
desde el año pasado. Sin embargo, hacen falta acciones más concretas en
el combate ese fenómeno social. En particular, es urgente que se cubran
los vacíos existentes en la legislación mexicana, principalmente
aquellos que profundizan la discriminación y contribuyen en alguna
medida a que la violencia contra la disidencia sexual permanezca impune.
Cabe hacer votos porque las autoridades del país asuman un compromiso
verdadero y ostensible con las garantías que deben gozar todos los
mexicanos. De su lado, la población debe entender que el respeto a la
diversidad sexual es indicador de una sociedad sana, progresista y
comprometida con los derechos humanos, con la pluralidad humana y con la
vida misma.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/17/index.php?section=opinion&article=002a1edi
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