• Preocupa a EU la situación en la frontera México-Guatemala
• Decomisan 8.6 toneladas de corvina en BC
• Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
• PGR ordena realizar otra necropsia a los cadáveres de las locutoras
triquis
• Entre empujones, maestros de la sección 22 recuperan un centro que
vigilaban priístas
• La CIDH solicita protección para 60 comuneros envueltos en un conflicto
• Van 4 mil ejecutados en el gobierno de Calderón
• Mensaje a legisladores
• Unasur Gustavo Iruegas
• Washington blande el garrote Ángel Guerra Cabrera
**********
Chiapas se deslinda de incursión
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 21 de mayo. El ministro de justicia
de Chiapas, Amador Rodríguez Lozano, afirmó que la "incursión" de
efectivos del Ejército Mexicano y policías federales en la comunidad de
San Jerónimo Tulijá, municipio de Chilón, fue realizada por la zona
militar ubicada en Tenosique, Tabasco.
"Tengo entendido que es una acción que realiza el comandante de la zona
de Tenosique, el general Audómaro, con el propósito de buscar armas y
(perseguir) delitos contra la salud", declaró en entrevista en esta ciudad.
Rodríguez Lozano dijo desconocer si la operación policiaco-militar
abarcará otras zonas. "Esa es una respuesta que tendría que dar el
general, a nosotros sólo nos pidieron el apoyo y mandamos a nuestros
fiscales del Ministerio Público, inclusive envié al fiscal de Palenque
para cualquier circunstancia", manifestó el ministro, quien llegó a esta
ciudad para inaugurar tres "módulos de atención a tu denuncia". El
funcionario subrayó que las acciones fueron realizadas por las
autoridades militares. "Esa operación no estuvo bajo nuestra dirección,
a nosotros sólo nos pidieron apoyo", recalcó.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que
el lunes pasado cientos de efectivos del Ejército Mexicano y de las
policías federal y estatal realizaron una "incursión" en la comunidad de
San Jerónimo Tulijá, donde "allanaron" dos viviendas.
Preocupa a EU la situación en la frontera México-Guatemala
Fabiola Martínez
Funcionarios de inteligencia de México y Estados Unidos se reunieron
ayer en la Secretaría de Gobernación para analizar la problemática de la
frontera sur, así como la presencia de grupos vinculados a la
delincuencia organizada y la guerrilla en aquella franja colindante con
Guatemala y Belice.
Ralph Basham, responsable de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados
Unidos, presentó un balance, los impactos negativos de esos fenómenos y
las propuestas de cooperación bilateral, de acuerdo con fuentes
gubernamentales consultadas.
El encuentro se mantuvo en secreto, aunque versiones recopiladas con
funcionarios de ambas naciones señalan que participaron elementos de
inteligencia militar e integrantes de agencias estadunidenses de
investigación.
Enviados del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos y
funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen),
encabezados por Guillermo Valdés, conocieron los diagnósticos acerca de
la situación que guardan las líneas fronterizas, no sólo la común, sino
la sur de México.
Las fuentes consultadas señalaron que próximamente podrían darse a
conocer nuevos proyectos para la frontera que comparte México con
Guatemala, porque los funcionarios de Washington consideran que la misma
constituye un punto vulnerable que ha impedido el éxito de otros
programas, de ahí que se requiera blindar la seguridad en las líneas
fronterizas.
La reunión cobra relevancia si se considera que Basham es el responsable
de la seguridad fronteriza, lo que implica no sólo el paso de personas
sino de mercancías y el control de policías y empleados relacionados en
la franja común con México, así como de autorizar las políticas de
ingreso al vecino país. Basham dirigió áreas del servicio secreto
estadunidense al encargarse de promover estrategias de inteligencia de
esa nación.
El encuentro ocurre luego de fuertes críticas por parte del relator
especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes,
Jorge Bustamante, quien dijo que las violaciones a las garantías
individuales que se cometen en México en contra de los indocumentados
centroamericanos son iguales o incluso peores a las que se cometen en
contra de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
Decomisan 8.6 toneladas de corvina en BC
Antonio Heras (Corresponsal)
Mexicali, BC, 21 de mayo. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) decomisó ocho toneladas
600 kilogramos de corvina golfina que integrantes de la Sociedad
Cooperativa Indígena Cucapá pescaron la semana pasada en el delta del
río Colorado y que tenían almacenadas en el domicilio de Hilda Hurtado,
su dirigente, en la capital del estado.
Hilda Hurtado informó que mientras la dependencia federal ratifica su
denuncia ante la Procuraduría General de la República para que ésta
decida si procede el decomiso o permite a los indígenas el disfrute de
su trabajo, la Sagarpa autorizó a los indígenas que asuman los gastos de
mantener congeladas las 8.6 toneladas pescadas durante la marea ocurrida
del 16 al 18 de mayo. "Si se los dejamos a ellos el producto se
perderá", dijo.
Más tarde, unos 50 pescadores de la etnia cucapá instalaron un plantón
frente a las oficinas de la Sagarpa en Mexicali, en demanda de que les
devuelvan un camión y el pescado decomisado para comercializarlo, así
como una solución definitiva a este problema que ocurre cada año.
Bernabé Esquer, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, advirtió que personal de esa dependencia y de la Armada de
México reforzarán la vigilancia en el delta del río Colorado, zona
protegida desde 1993, donde la pesca de la corvina está vedada durante
su ciclo de reproducción (de mayo a agosto).
Agregó que los indígenas continuarán pescando con el argumento de que es
una costumbre y ellos también están en riesgo de extinción. "Alegan
derecho ancestral, lo cual no me compete evaluar, sino aplicar la ley,
porque de lo contrario me sanciona el órgano fiscalizador", comentó.
Los cucapás señalaron que la temporada de pesca es de marzo a mayo,
cuando ocurren hasta 17 mareas que atraen corvinas al golfo de
California. "Para la veda no consideraron nuestro punto de vista ni
nuestra cultura, que proviene desde hace 9 mil años", argumentó Hilda
Hurtado.
Atrae la SCJN caso de pederastia en una escuela privada de Oaxaca
Alfredo Méndez y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que la presunta violación de un niño de cuatro años cometida
en el Instituto San Felipe, uno de los colegios privados de mayor
renombre en la ciudad de Oaxaca, podría poner al descubierto una red de
pederastia en la entidad y es de tal trascendencia que debe ser
analizada por el máximo tribunal del país.
Ésta es la primera ocasión en que la SCJN admite revisar un caso de
pederastia que podría estar relacionado con pornografía infantil y abuso
de menores.
Con el criterio de que se trata de un asunto que involucra normas
nacionales y convenciones internacionales, los ministros de la primera
sala atrajeron tres demandas de amparo en revisión interpuestas por Adán
Salvador Pérez y Hugo Gabriel Constantino García, presuntos violadores
del menor, y un tercero interpuesto por la profesora Magdalena García
Soto, acusada de ser cómplice.
En contra de los tres se libró orden de aprehensión y la única detenida
es García Soto.
Este caso se hizo público en 2006, cuando Leticia Valdés Martell, hija
de un reconocido urólogo de Oaxaca, denunció ante la Procuraduría de
Justicia de esa entidad a los presuntos responsables del abuso sexual de
su hijo y acudió a medios de comunicación estatales y nacionales para
exigir castigo a los responsables.
La mujer recibió apoyo de organismos no gubernamentales y grupos
vinculados con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Sin
embargo, algunos grupos apoyaron a la directora del Instituto San
Felipe, Yolanda León Ramírez; a su esposo, Hugo Gabriel Constantino, así
como a los demás implicados, e incluso publicaron desplegados en la
prensa y realizaron protestas callejeras en contra de la madre afectada.
Ayer la primera sala de la Corte resolvió ejercer su facultad de
atracción. "A dos de las tres personas que pidieron el amparo se les
giró orden de aprehensión y a la tercera auto de formal prisión, según
se desprende de los amparos 48/2008, 34/2008 y 49/2008, del índice del
segundo tribunal colegiado con sede en Oaxaca", explicó la SCJN en un
comunicado.
Decisión inédita
Los ministros argumentaron que la atracción también obedece a que se
trata de un caso de violación equiparada de un menor de edad.
Ésta es la primera ocasión en que se le pide a la SCJN atraer un caso de
abuso sexual de un niño. "La víctima no solamente cuenta con las
garantías de la Constitución, sino también con la protección y tutela de
un instrumento internacional cuya observancia es obligatoria, lo que
llevaría a establecer lineamientos específicos para casos como el
presente", resolvió la primera sala.
De acuerdo con la averiguación previa 191/DS/ 2007, iniciada por la
denuncia presentada por la madre del menor, entre septiembre y noviembre
de 2006 el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez se
confabuló con la maestra Magdalena García Soto y con el esposo de la
directora para abusar sexualmente del hijo de Leticia Valdés en uno de
los salones de la institución, donde había cámaras de video.
En Oaxaca, Leticia Valdés Martell, madre del menor, expresó su
beneplácito por la decisión de la SCJN. "Es una demostración de
sensibilidad de los magistrados", afirmó.
José Bonilla Sada, el abogado de Leticia Valdés, dijo que su clienta
solicitó a la SCJN en febrero revisar los amparos promovidos por los
presuntos responsables porque no tiene confianza en el Tribunal Superior
de Justicia del Estado ni en algunos magistrados del Poder Judicial de
la Federación porque "actúan bajo consigna del gobierno estatal", acusó.
Asimismo, confió en que la SCJN actué conforme a Derecho, y que no se
libere de responsabilidades a los acusados. "Queremos justicia, la vamos
a esperar", dijo Bonilla Sada.
PGR ordena realizar otra necropsia a los cadáveres de las locutoras triquis
Alfredo Méndez
La PGR ordenó la exhumación de los cadáveres de las indígenas triquis
Teresa Bautista y Felícitas Martínez para que se les realice una nueva
necropsia, con el objetivo de detectar si en sus cuerpos se encuentran
incrustadas ojivas de bala de rifles AK-47, con los que supuestamente
fueron ultimadas, revelaron fuentes cercanas a la investigación. Además
se giraron citatorios para que personas cercanas a las ahora occisas
comparezcan ante una fiscal de la PGR que lleva el caso en Oaxaca y
ratifiquen sus dichos ante diversos medios de comunicación respecto de
que funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz estarían involucrados en el
crimen.
La determinación de exhumar los cuerpos se da 2 días después de que Juan
de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, reveló en conferencia de
prensa que la instancia a su cargo tardó más de un mes en atraer la
investigación sobre el asesinato de Teresa y Felícitas, porque las
autoridades de Oaxaca se reservaron en todo ese tiempo la información
respecto de que las jóvenes locutoras pudieron haber sido ultimadas con
rifles AK-47.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la fiscal federal encargada de
las pesquisas en Oaxaca ordenó una segunda necropsia a los cadáveres
porque en las primeras realizadas por las autoridades periciales del
estado se omitió informar si en los cuerpos de las indígenas quedaron
alojadas ojivas de bala de arma de grueso calibre.
"No sabemos si esta omisión fue por negligencia o si hubo una acción
dolosa de las autoridades estatales para ocultar información sobre el
tipo de armas utilizadas en el atentado", indicaron las fuentes consultadas.
Agregaron que ya están listos los citatorios para que familiares y
personas cercanas a las ahora occisas ratifiquen todo lo que han
declarado ante autoridades locales.
Entre los citatorios destaca el que se enviará a Jorge Albino, de la
comisión de comunicación del municipio autónomo de San Juan Copala,
quien el pasado 17 de abril aseguró ante periodistas que "gente del
gobierno de Ulises Ruiz contactó a los familiares de Teresa y Felícitas
para amenazarlos. Les dijeron que si hablaban corrían peligro; si
callaban recibirían recursos".
Felícitas Martínez y Teresa Bautista, de 21 y 24 años de edad,
respectivamente, locutoras de la radio comunitaria triqui La voz que
rompe el silencio, fueron asesinadas a balazos durante una emboscada
realizada el pasado 7 de abril.
Ambas comunicadores recibieron post mortem el Premio Nacional de
Periodismo el 15 de mayo en la categoría de orientación a la sociedad
por su trabajo en la radio comunitaria de la región mixteca de Oaxaca.
Entre empujones, maestros de la sección 22 recuperan un centro que
vigilaban priístas
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 21 de mayo. Con apoyo de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca, durante su tercer día de movilizaciones, profesores
de Valles Centrales de la sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) que participan en el plantón estatal
recuperaron el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 6, ubicado en el
municipio conurbado de Santa María El Tule, que se encontraba en poder
de priístas y miembros de la sección 59.
Asimismo, bloquearon los accesos a la Ciudad Administrativa, la
Secretaría de Finanzas, la Dirección de Tránsito del Estado y la antigua
Casa Oficial, entre otras instalaciones.
Cerca de 4 mil burócratas no pudieron ingresar a laborar a la Ciudad
Administrativa, donde están asentadas las oficinas del gobierno estatal.
La recuperación del CAM número 6 fue realizada por unos 800 docentes y
asistentes de la educación de los sectores Periferia y Estatales, con
reducida oposición de los priístas, encabezados por Teófilo Chávez
Calderón, ex presidente del fraccionamiento El Retiro y ex dirigente
estatal del PRI, quien con una veintena de seguidores se encontraba
resguardando las instalaciones.
Los priístas ofrecieron resistencia con insultos, empujones y algunos
golpes, pero por su inferioridad numérica debieron replegarse. Las
instalaciones fueron cerradas y quedaron bajo el resguardo del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
El subsecretario de Desarrollo Municipal, Javier Fuentes Valdivieso, y
el director de Gobierno, Mario Alberto Guzmán Castrezana, quienes
acudieron como mediadores para evitar un enfrentamiento, fueron
retenidos por profesores de la sección 22. Pasado el mediodía fueron
liberados ante el ofrecimiento de entregar el CAM 6 a su gremio.
El secretario de actas y acuerdos de la sección 22, Domingo Cabrera
Vásquez, dijo que las bases se manifestaron a pesar de la mesa de
trabajo programada para mañana en la Secretaría de Gobernación (SG), en
la ciudad de México, por ser un acuerdo del noveno Congreso Estatal de
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la
Asamblea Estatal.
Además, destacó que las protestas realizadas servirán como medida de
presión "para obligar" al gobierno estatal a dar respuesta satisfactoria
a las demandas educativas, económicas, políticas y sociales de su pliego
petitorio, así como a otros reclamos, como la libertad de los "presos
políticos y de conciencia", la cancelación de los procesos penales y la
entrega de las escuelas ocupadas por priístas de la sección 59.
Asimismo, resaltó que el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE no ha
atendido su demanda de que se expida la convocatoria de elección interna
"sin condición alguna".
Mientras tanto, con la intermediación del Congreso del Estado,
comerciantes del centro histórico y representantes de dependencias
federales, estatales y municipales acordaron establecer mesas de trabajo
para encontrar mecanismos que permitan a los empresarios afectados por
el conflicto superar los problemas de pago de cuotas a IMSS e Infonavit.
Los comerciantes pidieron que se suspendan los embargos del IMSS y se
instituyan mecanismos flexibles para cumplir con los pagos, que no se
deje de prestar el servicio a sus empleados y se condonen multas y
recargos, como medida de sensibilidad ante el "panorama desolador" que
viven.
La CIDH solicita protección para 60 comuneros envueltos en un conflicto
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 21 de mayo. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) dictó medidas
cautelares en favor de 60 pobladores, todas ellas familiares, amigos y
testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e
Inocencio Medina Bernabé, asesinados por un grupo de paramilitares
priístas el 30 de abril pasado en Santo Domingo Ixcatlán, región de la
Mixteca.
El presidente del Centro de Derecho Humanos y Asesoría a Pueblos
Indígenas (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, dijo que el grupo de
paramilitares, encabezado por el ex presidente municipal Fredy Morales
Arias, asesinó a las tres personas por oponerse a la venta de tierras
del pueblo al municipio vecino, Chalcatongo de Hidalgo (con quien existe
un conflicto agrario) a cambio de 40 millones de pesos y otro monto no
definido para proyectos productivos.
Martínez Robles, de 60 años de edad, era secretario municipal del
comisariado de bienes comunales y uno de los principales inconformes.
Explicó que el grupo de paramilitares actúa con "gran impunidad y saña",
pues tiene el respaldo del gobierno estatal, debido a la participación
del ex munícipe en las brigadas blancas para agredir a miembros de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006.
"A uno de los fallecidos, Gustavo Castañeda, lo quemaron vivo en un
taxi, mientras que al señor Melesio lo mutilaron."
Destacó que la existencia del grupo de paramilitares "no es ajena para
las autoridades federales y estatales", porque el ex presidente
municipal mandó a colocar a la entrada del pueblo una lona impresa con
una fotografía suya acompañado de unas 15 personas con armas de alto
poder y en el fondo un helicóptero.
Además, mencionó que la protección gubernamental a Morales Arias quedó
en evidencia, pues cuando fue detenido por agentes de la policía
ministerial del estado, el pasado día 18, estaba protegido por elementos
de policía preventiva estatal.
Precisó que la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas
necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 60 personas
de Santo Domingo Ixcatlán, porque existen al menos 20 órdenes de
aprehensión sin ejecutar en contra de seguidores del ex munícipe y por
las amenazas de continuar los asesinatos.
Santiago Reyes dijo que el Estado mexicano deberá presentar en 10 días a
la CIDH un informe sobre las medidas adoptadas para proteger a los 60
pobladores en riesgo.
Van 4 mil ejecutados en el gobierno de Calderón
Gustavo Castillo García
De acuerdo con registros oficiales, en lo que va de la administración de
Felipe Calderón ya suman más de 4 mil ejecutados, es decir, en promedio
han muerto diariamente a manos del crimen organizado 7.6 personas a lo
largo de 527 días. Sin embargo, la semana pasada la violencia se
incrementó hasta superar los 15 asesinatos cada 24 horas, principalmente
en estados como Chihuahua, Sinaloa y Durango.
En 18 meses de gestión de Felipe Calderón Hinojosa se han cometido 4 mil
44 ejecuciones: 2 mil 794 de enero a diciembre de 2007, y mil 250 del
primero de enero al 20 de mayo de este año.
La violencia se ha incrementado en entidades como Guerrero, donde se
consideraba que el llamado operativo conjunto había logrado afectar la
operación de los grupos del crimen organizado; sin embargo, el número de
homicidios atribuidos a esas bandas, definidos como ejecuciones, ha ido
en aumento y tan sólo en los últimos diez días se han reportado más de
80 muertes a pesar del despliegue de miles de militares y centenares de
agentes federales en ese y otros estados.
A este respecto, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) federal, quienes dieron acceso a estadísticas gubernamentales,
reconocieron que este mes se puede convertir en el más violento de los
últimos años, ya que el promedio mensual es de entre 200 y 220
asesinatos, pero a nueve días de que termine el actual mayo ya suman más
de 180 y las entidades con mayor violencia son Baja California,
Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán, estado de México y Guerrero.
Más de 45 funcionarios públicos, entre militares, agentes federales y
policías municipales o estatales, han sido asesinados tan sólo en lo que
va de 2008, y en este rubro los principales estados en que han ocurrido
estos hechos son Baja California, Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Según autoridades federales, el recrudecimiento de la violencia obedece
"a un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo
combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico". Sin
embargo, fuentes de información que participan en la administración
federal mencionaron que existe una guerra entre cárteles por apoderarse
de territorios de bandas rivales, y también ha aumentado la violencia en
la frontera norte debido a la separación de los hermanos Beltrán Leyva
del grupo que dirige Ismael El Mayo Zambada, y que hasta hace unas
semanas encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán.
En esta ola de violencia se deben mencionar las ejecuciones perpetradas
los primeros días de mayo en Guerrero, mismas que, según el procurador
general de la República, Eduardo Medina Mora, obedecieron a una disputa
por las rutas de tráfico de mariguana en la zona Iguala-Petatlán, donde
grupos de hombres armados trataron de asesinar a Rogaciano Alva Alvarez,
ex dirigente ganadero en esa entidad.
En este mes han sido asesinados efectivos de la Policía Federal
Preventiva en los estados de Sinaloa, Chihuahua y la ciudad de México;
apenas el pasado martes ocho hombres fueron ejecutados en Durango, y
ayer en la carretera México-Cuernavaca aparecieron dos policías
ministeriales del estado de Morelos muertos y encajuelados.
Mensaje a legisladores
Rogamos publicar esta carta dirigida a las fracciones parlamentarias de
PRI, PAN y PRD.
Dicen que consideran "inaceptable" que Estados Unidos condicione el Plan
Mérida, siendo que ya aprobaron la reforma constitucional penal, que era
la condición principal puesta por el gobierno de Washington, por lo que
resulta contradictorio y demagógico lo declarado por ustedes.
Precisamente este plan contempla el apoyo económico de Washington para
"el mejoramiento del sistema de justicia penal en México".
También resulta una incongruencia que la justificación del gobierno
estadunidense para inmiscuirse abiertamente en la procuración y
administración de justicia en nuestro país sea la supuesta vigilancia
del respeto a los derechos humanos, siendo que la reforma penal que
ustedes aprobaron es en sí misma un listado de violaciones a los
derechos humanos y la anulación de garantías constitucionales como la
libertad de reunión, de asociación, a no ser detenido arbitrariamente,
no ser torturado, a ser oído en un tribunal independiente, a no ser
incomunicado, a un debido proceso, etcétera. ¿De qué se sorprenden ahora?
Bufete Jurídico Tierra y Libertad AC. Bárbara Zamora y Santos García
Unasur Gustavo Iruegas
Esta semana se formalizará en Brasil la existencia de una nueva entidad
internacional, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), mediante la
firma de una acta constitutiva. Se trata de un esfuerzo integracionista
que eleva el nivel organizativo de la Comunidad Sudamericana de
Naciones, con la creación de una secretaría general y una sede
permanente. El secretario, Rodrigo Borja; la sede, Quito. Sus objetivos
son la concertación y coordinación política y diplomática, la
convergencia entre Mercosur, Comunidad Andina y Chile en una zona de
libre comercio y la integración física, energética y de comunicaciones.
La unión está integrada por los 12 estados asentados en América del Sur:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Su estructura contempla las
reuniones en la cumbre, las de ministros de Relaciones Exteriores, otras
reuniones ministeriales y el Consejo de Delegados o Comisión Política.
Existe una Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de
Integración Sudamericano. Los directivos de las organizaciones
integracionistas en la región tendrán presencia en las reuniones
políticas de la unión.
La reunión de Brasil se considera extraordinaria, porque se celebra ante
la falta de la que no se realizó en Bogotá en enero de este mismo año
porque el presidente Uribe la canceló y la sustituyó por una del nivel
de cancilleres. Es de suponerse que el asunto del bombardeo colombiano a
Sucumbíos, que ya dio lugar a la 25 reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de la OEA y se convirtió en el tema sustantivo de la 20
reunión en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, estará presente
en la cumbre de Unasur. Tres elementos informativos así lo sugieren. Uno
es que el promotor de la reunión extraordinaria y fundacional es Brasil,
que ha sido también el promotor principal de la idea de la Comunidad
Sudamericana, primero, y Unasur ahora. Otro es que Brasil ha convocado
también a la creación en esa misma reunión del Consejo Sudamericano de
Defensa. Y el tercero es que la secretaria de Estado de Estados Unidos
visitó Brasil en abril e hizo la desorbitada sugerencia de que los
países de la región considerasen sus fronteras con más flexibilidad,
pues la lucha contra el terrorismo exige operaciones como la de
Sucumbíos. Sería una apreciación equivocada considerar la idea de las
fronteras flexibles como un simple desvarío diplomático estadunidense;
es toda una amenaza. Como entre los múltiples efectos del ataque está
uno de beneficio inmediato para Colombia, que consiste en que los
estados limítrofes automáticamente han reforzado la vigilancia de sus
fronteras, los ministros de defensa sudamericanos tienen un gran tema en
la agenda del nuevo consejo. La tercera cumbre de Unasur será
verdaderamente importante.
México no está considerado en Unasur, sino en la desairada posición de
observador. ¿Cómo ha sido esto posible?
Se diría que precisamente porque es una reunión de los estados
sudamericanos, y México no está en Sudamérica. Cierto, pero simplón. La
pregunta precisa sería: ¿por qué los países de Sudamérica se reúnen sin
México? La dolorosa respuesta es que México optó por desvincularse de
América Latina en busca del favor de Estados Unidos.
Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) Brasil le exigió que concediera a los miembros de la Asociación
Latinoamericana de Integración (Aladi) los beneficios que concedía a
Estados Unidos, de acuerdo al compromiso del Tratado de Montevideo de
1980.(*) México se vio precisado a plantear su retiro de Aladi si se le
exigía el cumplimiento del artículo 44. Se le permitió estar pero, como
en otros foros –los no alineados, el Grupo de los 77 etcétera– perdió la
confianza del tercer mundo, y especialmente de los latinoamericanos.
Después, el presidente Fox asistió a una reunión en la cumbre del
Mercosur con el propósito anunciado de firmar la adhesión de México a
ese tratado. Fue rechazado, y admitido sólo como observador. Chile y
Bolivia son miembros asociados.
La política del presidente Fox apuntó directamente a la integración de
México a Estados Unidos. Ante el tajante rechazo que sufrió, se buscó
atenuar la aspiración reduciéndola a la concertación de un tratado
migratorio ampliamente comprensivo (en los dos sentidos del término:
entender e incluir), que también fue declinado en el norte. El resultado
final fue el muro en la frontera.
Ahora, la administración de facto se ha aplicado a elevar la oferta que
hace a Estados Unidos para obtener su favor. La Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) tiene su más
clara e inmediata expresión en la Iniciativa Mérida, que no es otra cosa
que el Plan México, concebido a imagen y semejanza del Plan Colombia. Se
entiende entonces por qué México no tiene lugar en Unasur.
Aun así, se debe saber que cuando México recupere su soberanía en
plenitud, su carácter nacional y su vocación latinoamericanista, la
opción de la región estará en una Organización de Estados
Latinoamericanos incluyente, progresista y verdaderamente amante de la paz.
Esta es una tesis de política exterior del gobierno legítimo de México.
* Artículo 44. Las ventajas […] que los países miembros apliquen a
productos originarios de o destinados a cualquier otro país […] serán
inmediata e incondicionalmente extendidos a los restantes países miembros.
Washington blande el garrote Ángel Guerra Cabrera
Después del repudio concitado en América Latina por la operación militar
Bush-Uribe contra territorio ecuatoriano, Estados Unidos arrecia su
estrategia contrarrevolucionaria para encender uno o más conflictos
armados en el área andina y barrer del río Bravo a la Patagonia todo
vestigio de movimientos o gobiernos populares y progresistas e incluso
la misma idea de revolución.
Haciendo gala del desprecio que le merece la opinión de los gobiernos
latinoamericanos y caribeños, insubordinados en el Grupo de Río y hasta
en la OEA no obstante sus presiones para forzarlos a convalidar la
violación de la soberanía territorial ecuatoriana, Washington insiste en
ahogar por la fuerza los aires de independencia que soplan desde el sur.
Los hechos así lo demuestran. El restablecimiento de la IV Flota, con
jurisdicción en América Latina y el Caribe, es amenazante, pues la única
función de los buques de guerra yanquis en la historia de esta región ha
sido agredir a sus pueblos. Igualmente graves son la creciente actitud
provocadora de Bogotá contra Venezuela y Ecuador, la violación en los
últimos días del espacio territorial y aéreo de Caracas, respectivamente
por tropas colombianas y por un avión espía estadunidense, y la
injerencia a la luz del día de Washington en las acciones separatistas y
conspirativas que empujan a la guerra civil en Bolivia. Mientras, la
hostilidad de Bush y McCain contra Cuba se acrecienta y es inaudito el
desparpajo con que sus diplomáticos en La Habana conspiran y pagan a su
servil quinta columna dentro de la isla.
Resulta, además, muy significativo que al bombardeo por aviones yanquis
en Sucumbíos –sí, yanquis, toda vez que los aeronaves militares
colombianas no pueden disparar el tipo de proyectiles utilizados– ha
seguido uno mucho más intenso y machacante del brazo mediático del
Pentágono, ergo la totalidad de los diarios y difusores electrónicos
corporativos del así llamado Occidente. Blandiendo las truculentas e
infinitas revelaciones de las famosas computadoras supuestamente
pertenecientes al comandante de las FARC Raúl Reyes, dato fundamental
que curiosamente la muy técnica e imparcial Interpol no se molestó en
demostrar, la campaña mediática sigue al pie de la letra el tradicional
guión del imperio en el condicionamiento de la opinión pública cuando se
dispone a atacar. Con la bazofia de las computadoras, que ningún juez
que se respete aceptaría como prueba de nada, se acusa, juzga y
sentencia a Chávez y Correa como cómplices de las FARC. En otras
palabras, se crea el clima sicológico para justificar futuras agresiones
contra Caracas y Quito, a la vez que se reproducen por su pares de la
región los bodrios del archioligárquico diario bogotano El Tiempo, ahora
asociado nada menos que con El País de España, añadiendo a la lista de
terroristas a un creciente número de organizaciones y activistas
populares en distintos países latinoamericanos. Se trata de una nueva
modalidad de la caza de brujas y el anticomunismo más primitivo que
intenta sembrar en las clases medias y sectores despolitizados el miedo
y el odio a los que se rebelan contra la injusticia dominante,
introduciendo en América Latina la lógica mononeuronal de la "guerra
contra el terrorismo", que desconoce las ideas de libertad, patria,
soberanía y no intervención. Desarmarnos de ellas, forjadas en siglos de
luchas populares, es su consigna.
Pero esas ideas y las de independencia, unidad continental, cambio
social y democracia popular brotan y crecen hoy lozanas por todos los
poros de nuestra América y no hay bombardeos, ni marines, ni flotas de
un imperio decadente que puedan matarlas.
Lo que precipitó el ataque a Ecuador fue el pánico de Washington y
Bogotá a que la liberación de los rehenes civiles retenidos por las FARC
pudiera abrir el camino a una salida negociada del conflicto interno y a
la paz, que no les conviene ni en Colombia ni en la región.