- Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a presos políticos del penal El Amate
- Priístas aceptan ceder tierras a caracol zapatista
- Familiares de los reos reubicados tras operativo se instalan en plantón
- Flavio Sosa entregó a magistrados pruebas de la represión en Oaxaca
- Ex jefe policiaco oaxaqueño niega acusaciones eperristas
- El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI
- Precisa labor de comisión mediadora
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Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a presos políticos del penal El Amate
Hermann Bellinghausen
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) reprobó “los tratos crueles e inhumanos y el traslado forzado contra los presos políticos del penal El Amate, Chiapas”, pues la dispersión “es una forma de castigo que viola los derechos de los detenidos”.
La medida aplicada la madrugada del martes contra los miembros de la Voz del Amate “contraviene los compromisos del gobierno y es un golpe al proceso iniciado de búsqueda de la justicia”.
De acuerdo con el centro, cuyo equipo jurídico sigue el proceso de estos reclusos, “con el desmantelamiento de La Voz del Amate y el ‘grupo de presos zapatistas’, el gobierno del estado deja clara su falta de voluntad para respetar los derechos de las personas privadas de su libertad”, consagrados en diferentes instrumentos internacionales firmados por México.
El golpe asestado por las autoridades de justicia se da en un momento en que de manera súbita arrecia el hostigamiento militar, policiaco, paramilitar y partidista contra las bases de apoyo zapatistas en diversas regiones. También cuando sube de volumen la pugna por el poder en el gobierno estatal, protagonizada por el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, y su antecesor, el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (hoy secretario de Economía, con sede en Tapachula).
Fue la estructura judicial encabezada por Rodríguez Lozano la que instrumentó el “castigo” a la Voz del Amate. Ya había amenazado días atrás el director de las cárceles de Chiapas, Juan Jesús Mora Mora: “una denuncia, un movimiento o una huelga más no lo vamos a permitir; serán trasladados”.
El comité Voces Inocentes, formado por ex presos y familiares, realizó un plantón en la capital chiapaneca y también fue agredido por la policía. De acuerdo con el CDHFBC, “la falta de atención a las legítimas demandas de los presos y excarcelados provoca el uso del derecho de protesta, que al castigarla genera nuevos enconos sociales y responsabilidades por violaciones a derechos humanos”.
La agresión impidió que los internos realizaran una jornada de ayuno, programada para el martes, ante el incumplimiento del gobierno de Juan Sabines, que se comprometió a revisar 14 casos después de la liberación de más de un centenar de presos el 7 de abril, como efecto de una huelga de hambre que duró más de un mes.
El violento operativo del grupo Lobo en la cárcel de Cintalapa significó la dispersión de los reos que han luchado de manera pacífica por su libertad. El ataque se planeó con el aparato de corrupción intrapenitenciario, cuya colaboración con las autoridades se ha demostrado repetidamente. Según testimonio de otros internos, desde la noche del lunes la población carcelaria “fue encerrada en sus celdas con candados, debido a que en otras ocasiones ha protegido a los presos políticos de las agresiones de las autoridades”.
La mañana del martes, apunta el CDHFBC, “los supuestos representantes de módulos, o ‘precisos’, obligaron a la población a firmar hojas en blanco, al parecer con el fin de legitimar el traslado como una petición de los propios internos”. Ello “indicaría la connivencia de las autoridades”.
La redada y el desalojo se realizaron con violencia, “atentando contra la integridad física de los presos; no les permitieron recoger sus pertenencias, les hicieron salir descalzos, y antes de trasladarlos a diversos penales fueron concentrados en un lugar desconocido de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron golpeados”.
Priístas aceptan ceder tierras a caracol zapatista
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de mayo. Indígenas priístas de la comunidad Morelia, municipio de Altamirano, se comprometieron a renunciar a sus derechos sobre las seis hectáreas en las cuales se ubica el caracol zapatista Torbellino de nuestras palabras, y del predio La Codicia.
Según un acuerdo firmado este martes, los priístas aceptaron ceder los predios a cambio de 500 mil pesos, que el gobierno de Chiapas les entregará en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la firma del convenio.
El convenio firmado por autoridades federales agrarias, del gobierno del estado, del ayuntamiento priísta de Altamirano y representantes de Morelia, establece: “la comunidad se compromete a respetar las instalaciones del caracol, que comprende una superficie de seis hectáreas, y renuncia a los derechos que sobre el predio mencionado le corresponden”.
En cuanto a los terrenos de La Codicia, en manos de bases de apoyo zapatista y que también reclaman los priístas de Morelia, se convino que los tricolores “renuncian a la reclamación de dicho predio”.
De igual forma los priístas se comprometierona a “buscar los canales para establecer el diálogo con las autoridades del caracol”.
Familiares de los reos reubicados tras operativo se instalan en plantón
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de mayo. Familiares de algunos de los siete presos que la madrugada del martes fueron sacados del penal de El Amate para desarticular la huelga de hambre que emprenderían hoy, instalaron un plantón afuera de palacio de gobierno para denunciar que cada uno de sus parientes fueron llevados a distintas cárceles y no se les ha permitido verlos.
Horas después de que iniciaron su protesta, al menos 30 policías estatales arrancaron cuatro mantas que los familiares de los reos habían colgado fuera del palacio de gobierno. Uno de los uniformados, que se identificó como el comandante Óscar López, les pidió que se fueran de ahí “porque dan mal aspecto”.
Los manifestantes respondieron que les asistía el derecho de protestar. Los uniformados dijeron que dan una “mala imagen de un gobierno que atiende puntualmente cada expediente de los presos”.
Sin embargo, los familiares recordaron que el 7 de abril pasado el gobierno se comprometió a analizar la situación jurídica de los reos, pero incumplió.
Los manifestantes pidieron a los integrantes de las organizaciones sociales que vivan cerca de los penales a que trasladon a sus familiares –como los ubicados en penales de los municipios de Villaflores, Tonalá, Acapetahua, Huixtla, Tapachula, Comitán y Copainalá–, que los ayuden a localizar a los reclusos, que les lleven alimento, ropa y medicinas.
Flavio Sosa entregó a magistrados pruebas de la represión en Oaxaca
Alfredo Méndez
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga si hubo violaciones a los derechos humanos en el conflicto de 2006 en Oaxaca posee información certificada que documenta que autoridades federales, estatales y municipales afectaron las garantías de cientos de personas de esa entidad, informaron ayer integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)
Flavio Sosa y César Mateos, quienes durante dos horas dieron sus testimonios como víctimas de esos hechos ante los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, indicaron que los juzgadores cuentan con pruebas que supuestamente comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera comprobar responsabilidad penal alguna.
A su vez, la diputada federal Aleida Alavez, quien acompañó a Sosa y Mateos en su encuentro, reveló que a más tardar en septiembre próximo los magistrados emitirán un informe sobre la investigación del caso.
Al referirse al conflicto magisterial y social que inició en Oaxaca en 2006 por diferencias con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y que a la fecha continúa vigente, la legisladora perredista indicó que los magistrados deben abrir su espectro de investigación para que no queden impunes las autoridades que resulten responsables de esos hechos.
“Nosotros pedimos que toda esta información quede bien documentada, certificada, que haya de parte de la SCJN y de los magistrados que llevan la investigación esta solicitud a las autoridades para saber quién habilitó las órdenes para esta represión en Oaxaca; para que llegara la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP); para que se diera el traslado de los compañeros a penales de alta seguridad, cuando sus presuntos delitos son del fuero común, y para dar con los responsables de la violación constante de garantías de los presos, porque no se les hizo valer el debido proceso”, agregó la diputada.
Flavio Sosa reveló que durante la entrevista con los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes “mediante los cuales pruebo que durante más de un año y medio estuve preso injustamente y se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos oaxaqueños”.
Añadió que también presentó “una reseña general de cómo se desarrollo el movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de millón y medio de personas”.
Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la APPO, refirió que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto de 2006, y refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se demostró que fue sometido a actos de tortura”.
La comisión especial para el caso Oaxaca tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria prevista.
Ex jefe policiaco oaxaqueño niega acusaciones eperristas
Mauricio Conde Olivares (Corresponsal)
Cancún, QR, 28 de mayo. El director de tránsito municipal, José Manuel Vera Salinas, negó las acusaciones que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo en su contra, como autor material de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Aseguró que mientras ninguna autoridad lo condene, se mantendrá como funcionario público.
El ex director general de Seguridad Pública en Oaxaca y luego secretario del mismo ramo en esa entidad, negó ser miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como sostuvo el EPR en un comunicado emitido el martes.
Recordó que el documento “menciona el asesinato de un comisariado ejidal de San Blas Atempa; cuando menos deberían decir el nombre, no tengo ni la menor idea, si existiera y dejó de existir (...) y no me ha llamado a declarar la autoridad competente, porque no tengo nada que ver con eso”.
Vera Salinas destacó: “Me deslindo de cualquier situación de que se me responsabilice; ellos están en su derecho de escribir lo que quieran, yo los respeto por supuesto a estos hombres y mujeres, pero no tengo nada qué ver con esto”.
El director de tránsito de Cancún citó su historial profesional, su carrera de ingeniero, sus maestrías y actual cargo público, en el cual “el gobernador Félix González Canto no tuvo nada que ver; yo me presenté ante el vicealmirante Miguel Ángel Ramos Real, comisionado de Seguridad Pública; yo busqué el trabajo como cualquier otra persona, porque tengo la capacidad para el puesto”.
Ombudsman local busca datos
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Armando García Torres, anunció que se reunirá este jueves con representantes de homólogos suyos provenientes de diversas entidades, entre ellas Oaxaca. “Pediré información de las recomendaciónes de la Comisión de Derechos Humanos oaxaqueña que tengan que ver con la actuación pública de Vera Salinas”, indicó.
A su vez, miembros del cabildo de Benito Juárez –cuya cabecera es Cancún– exigieron que Vera Salinas aclare su pasado, por las acusaciones del EPR, que le imputó pertenecer a un grupo paramilitar que desapareció a Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
El regidor perredista Ricardo Velasco pidió que los órganos policiacos internos revisen el expediente del director de tránsito y emitan su opinión ante las acusaciones del EPR.
El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI
Emir Olivares Alonso. Con información de Fabiola Martínez
Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.
Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.
En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.
“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.
Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.
El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.
En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.
“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.
Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.
Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.
En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.
Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.
Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
Precisa labor de comisión mediadora
A título personal, y fuera del país, disiento de la opinión de mi amigo Marco Rascón sobre la comisión mediadora entre el EPR y el gobierno federal expresada en su reciente artículo “El violín”.
Aparte de la dificultad práctica de que el gobierno federal, el EPR y la comisión mediadora pudieran asistir juntos a ver la película El violín, considero que en la comisión referida no existe ingenuidad ni propósito alguno de ser útiles a la contrainsurgencia y a la represión del Estado mexicano, ni tampoco pretensiones de servir como cortina de los graves acontecimientos que ocurren en el país.
Como se ha expresado en nuestros comunicados, nuestra tarea es modesta y tiene un propósito: la aparición con vida de los dos militantes del EPR. Esa es la materia puntual de nuestra aceptación para servir como mediadores y así lo hemos expresado a las partes. Combatir la desaparición forzada, una de las manifestaciones más crueles de la guerra sucia de los estados contra la oposición de izquierda, considerada delito de lesa humanidad e imprescriptible, es la motivación que nos llevó a la aceptación del trabajo mediador.
Fuera de ello, y a pesar de la represión gubernamental y el desastre neoliberal, sostengo que los pueblos que conviven en el territorio nacional están dando una lucha de resistencia (más allá de las omisiones, traiciones e inconsistencias de la clase política) que debiera estimular un optimismo realista.
Gilberto López y Rivas