quinta-feira, 29 de maio de 2008

La Jornada 27 de mayo de 2008

  • Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte de joven en Atenco
  • Disputa por tierras en Chiapas deja 8 heridos
  • Suspenden labores profesores de Chiapas y Guerrero; en Oaxaca, siguen protestas
  • Luchador social desaparecido
  • El nuevo incendio oaxaqueño   Luis Hernández Navarro
  • El violín    Marco Rascón

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Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte de joven en Atenco
Alfredo Méndez

El magistrado federal Alejandro Sosa Ortiz, uno de los tres integrantes de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar los hechos violentos contra el pueblo de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, aseguró que el caso de la muerte de Alexis Benhumea, el joven que falleció a consecuencia de que un proyectil de gas lacrimógeno impactó su cabeza durante el operativo policiaco de esos días, fue “parte importante” de la indagatoria que realizaron los juzgadores durante más de un año.

En entrevista con La Jornada, el impartidor de justicia no quiso responder el motivo por el cual la comisión no buscó a los familiares de Alexis con el propósito de tomar sus testimonios, y se limitó a decir que “se tomaron las declaraciones únicamente de las personas que fueron testigos de los hechos que estábamos investigando”.

La semana pasada, Miguel Ángel Benhumea, hermano de Alexis, denunció a este diario que la comisión de la Corte no los llamó como testigos durante los meses que tres magistrados federales estuvieron en Atenco realizando las pesquisas.

El mayor de los hermanos Benhumea agregó que el lunes de la semana pasada fue recibido por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, a quien solicitó que el máximo tribunal del país no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.

“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, dijo Miguel Ángel Benhumea a Genaro Góngora, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos víctimas mortales de la acción policiaca.

Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea hace unos días al ex presidente de la Corte–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.

Ante esta denuncia de que la comisión investigadora en ningún momento los buscó en Atenco, el magistrado Alejandro Sosa se sostuvo durante la entrevista en su dicho de que él y sus compañeros platicaron “con todas las personas que fueron testigos” de los hechos violentos, y por ahora “no podemos hacer nada más en ese trabajo de investigación, porque el informe ya lo entregamos a la Corte”.

Disputa por tierras en Chiapas deja 8 heridos
Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de mayo. Un enfrentamiento entre ejidatarios y miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que se disputan un predio de 12 hectáreas en el municipio de La Trinitaria, dejó ocho lesionados.

Fuentes gubernamentales informaron que el domingo unos 12 integrantes de la OCEZ llegaron armados al terreno, propiedad de Luis Ramos García, “con la intención de ahorcarlo”, pero compañeros del ejidatario lo impidieron. Los miembros de la OCEZ reclaman el terreno porque lo tuvieron durante dos años, pero una resolución del Tribunal Unitario Agrario lo devolvió a Ramos el 23 de noviembre pasado.

Suspenden labores profesores de Chiapas y Guerrero; en Oaxaca, siguen protestas
Á. Mariscal, R. Villalba, O. Vélez y S. Ocampo (Corresponsales)

Más de 30 mil de los 45 mil afiliados a la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con sede en Chiapas, comenzaron un paro de labores indefinido en protesta por la imposición, por Elba Esther Gordillo, de Rosendo Galíndez Martínez como líder seccional.

Este fin de semana se dio a conocer que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje legalizó el proceso de elección –celebrado en marzo pasado– y desechó la impugnación de los mentores pertenecientes al denominado Bloque Democrático Magisterial, quienes demandan una elección democrática.

Por su parte, el secretario de Educación del estado, Javier Álvarez Ramos, advirtió que se aplicarán descuentos a los profesores que no impartan clases por participar en actividades ajenas a las aulas, como marchas y plantones, en horarios laborales.

Desde las nueve de la mañana de este lunes los maestros, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron marchas e instalaron plantones en plazas de los municipios de Tuxtla, Tapachula y Mapastepec, a poco más de un mes de que concluya el ciclo escolar 2007-2008.

Advirtieron que no se irán de la plaza de Tuxtla hasta que se celebre el vigésimo cuarto consejo seccional para elegir al nuevo líder de la sección siete, pues el que se efectuó en marzo pasado, en el que “salió electo” Galíndez Martínez, para ellos es “espurio”.

Siguen movilizaciones en Oaxaca
Mientras tanto, en el comienzo de la segunda semana de plantones y movilizaciones, profesores de la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de la costa de Oaxaca, bloquearon por casi seis horas la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

También cerraron la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, donde permitieron a los automovilistas el paso libre. De igual forma, bloquearon los accesos a la Ciudad Administrativa y al centro comercial Plaza del Valle, uno de los principales de la ciudad.

“Levantar el plantón depende de las respuestas del gobierno estatal a nuestro pliego petitorio y del Comité Ejecutivo Nacional a nuestra legítima demanda de que se expida la convocatoria a nuestra elección interna”, afirmó el secretario de organización del organismo, Ezequiel Rosales.

A su vez, profesores del sector Tlacolula y padres de familia tomaron el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Mientras tanto, trabajadores de enseñanza media superior bloquearon la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel para exigir la devolución de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE, así como la salida del representante para dicho nivel de la Secretaría de Educación Pública, Genaro Santana Colmenares.

Sin clases, 20 mil alumnos en Guerrero
Este lunes más de 20 mil alumnos de prescolar, primaria y secundaria de las ocho regiones de Guerrero se quedaron sin clases, por el paro indefinido de labores convocado por la disidente Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación, que demanda la derogación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y rechaza las reformas energética y educativa que impulsa el presidente Felipe Calderón.

Luchador social desaparecido

A Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación:

El día 26 de septiembre fue desaparecido el compañero Francisco Paredes, quien es un luchador social de larga trayectoria. Seis meses después de cometido este delito no se ha obtenido ninguna respuesta.

México es firmante de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Firmó en febrero de 2007 y ratificó en noviembre de ese mismo año ante la Organización de Naciones Unidas. Este instrumento jurídico debería ser recibido con beneplácito para poder transitar de una época en que el terrorismo de Estado abatió infinidad de hogares mexicanos, a otra más respetuosa de los derechos humanos, pero pareciera un compromiso diplomático que no tiene que ver con la perversa realidad, por lo que se acrecienta nuestra indignación al comprobar que el luchador social Francisco Paredes Ruiz no ha sido presentado.

El Estado y sus instituciones tienen que garantizar los derechos de los mexicanos.

Se han realizado todo tipo de trámites, tal vez hasta de más; sin embargo, se padece la indiferencia y negligencia de las autoridades.

Sus tres hijos han tenido que dejar la escuela porque ya no llega el sustento a su casa; además, su familia tiene que enfrentar los gastos que implica la búsqueda. Con esta situación crece el delito, al convertir a parientes y a la sociedad en víctimas.

A los medios de comunicación y a la sociedad entera les pedimos que se unan a este reclamo porque no es posible que el Estado continúe participando en delitos de lesa humanidad.

Exigimos la presentación de Francisco. A las autoridades responsables les pedimos que hagan su trabajo.

Comité por la presentación de Francisco Paredes, ciudad de México, Morelia, Chihuahua y Bruselas. Responsable de la publicación: Lourdes Uranga López

El nuevo incendio oaxaqueño 
Luis Hernández Navarro

No da la cara, pero su mano está metida hasta el fondo. No aparece públicamente, pero hace sentir su presencia. En silencio, Elba Esther Gordillo mueve sus piezas y apuesta por incendiar Oaxaca.

Decenas de miles de educadores oaxaqueños suspendieron labores desde el 19 de marzo, e instalaron un plantón rotativo en el zócalo de la capital del estado y las calles aledañas. Han programado un plantón de 21 días, con la participación rotativa de profesores de cada una de las siete regiones en las que se divide el estado.

Desde esa fecha han efectuado marchas masivas, tomado casetas de pago de autopistas federales, dejando pasar libremente a los automovilistas, y bloqueado la entrada a edificios públicos. Amenazan impedir la celebración de la Guelaguetza.

Sergio Bello Guerra, directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, asegura que la hostelería ha tenido pérdidas de un millón de pesos diarios. La asistencia a los restaurantes del centro de la capital ha disminuido 40 por ciento.

Los profesores demandan centralmente que se emita la convocatoria para el relevo de su sección gremial, la 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Exigen que las escuelas en poder de la sección 59 sean liberadas. Piden que cuatro de sus compañeros que son presos políticos salgan de la cárcel, y que se cancelen las órdenes de aprehensión contra muchos otros colegas suyos. Reivindican que se amplíen y mejoren los planteles educativos y que se eche a andar la segunda etapa de rezonificación salarial, acordada el 28 de octubre de 2006.

Las protestas forman parte de la Jornada Nacional de Lucha de la CNTE. Michoacán se encuentra en paro indefinido desde el 19 de mayo. El 29 se efectuará en la ciudad de México una marcha para consolidar un frente común contra el charrismo sindical.

El actual comité ejecutivo en funciones de la sección 22 fue elegido en mayo de 2004. Su duración estatutaria es de tres años. Esto significa que debió ser cambiado hace un año. Desde hace 12 meses se encuentra acéfalo, porque Enrique Rueda Pacheco, su secretario general, renunció ante las críticas y presiones de la base.

Para poder cambiar a sus representantes sindicales, los maestros necesitan hacer un congreso. Pero su convocatoria sólo puede ser autorizada por la dirección nacional del sindicato. Y Elba Esther Gordillo se niega a hacerlo, a pesar de que no tiene argumento legal alguno. Simple y llanamente apuesta a que los mentores oaxaqueños se desesperen y dividan para imponerles una dirección sindical a modo.

Simultáneamente, y de manera ilegal, ha cobijado la formación de una sección sindical alterna, la número 59. A ella pertenece un pequeño número de maestros disidentes.

La sección 59 surgió en oposición al comité ejecutivo dirigido por Enrique Rueda Pacheco y un bloque de siete corrientes sindicales que lo apoyaron. Las tendencias agrupadas en el Frente Sindical Primero de Mayo, la Coordinadora Magisterial Oaxaqueña y el Colectivo por la Educación y la Democracia, en las que participaron dos ex secretarios generales (Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos), acusaron a Rueda Pacheco de corrupción y formaron el Consejo Central de Lucha y, más tarde la sección 59 del SNTE.

En un primer momento, en la organización de la disidencia desempeñó un papel central Jorge Franco Vargas, en aquel momento secretario de Gobierno de Ulises Ruiz. Franco ha sido señalado, también, como responsable de los paramilitares que asesinaron a varios integrantes de la APPO, y de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Ulises Ruiz quiso de esta manera dividir y debilitar al sindicato magisterial, a tal punto, que no le importó aliarse en esta empresa con su archirrival: Elba Esther Gordillo. La maestra no tuvo empacho alguno en apapachar a la disidencia y atraerla a su seno, al punto de tomar el control sobre ella.

La situación es anómala. No hay ningún estado de la República en el que el SNTE tenga dos secciones nacidas de la escisión de una. Hay, sí, entidades donde coexisten dos secciones, pero ello proviene de que una de ellas agrupa a los maestros provenientes del sistema educativo federal y la otra a los profesores al servicio del sistema educativo estatal. Las otras dos excepciones son La Laguna y el Distrito Federal, donde, en el segundo caso, las secciones sindicales representan a los trabajadores de la educación dependiendo del nivel educativo en el que se desempeñan.

Pasada la parte más álgida del conflicto entre la APPO y el gobierno estatal, Ulises Ruiz dejó de requerir los servicios de la sección 59. Más aún, vio en ella, con toda razón, un instrumento de Elba Esther dentro de Oaxaca. Pero la maestra no está dispuesta a deshacerse de la pequeña cabeza de playa que tiene en el estado y, lejos de desaparecerla, la infló. Los conflictos entre los pequeños núcleos de afiliados a la sección 59 y los maestros de la sección 22 se hicieron frecuentes.

No siempre fue así. Recién nombrada secretaria general del SNTE, el 12 de mayo de 1989, la maestra asistió a una asamblea de los profesores oaxaqueños. Allí les dijo: “Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca... Como ustedes pienso que ¡duro contra la injusticia!, ¡duro contra la antidemocracia!” Muy pronto se le olvidaron sus palabras.

El conflicto oaxaqueño sería fácil de resolver si se convocara a celebrar el congreso de la sección 22 y se hiciera a un lado a la ilegal sección 59. Pero Elba Esther Gordillo no quiere hacerlo. Fortalecida a raíz de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, y con un canal de interlocución directo con Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, que le evita el trato con Josefina Vázquez Mota, la amiga de Felipe Calderón va a apostar todo para tratar de recuperar el control sobre el magisterio estatal. Si en su aventura Oaxaca arde, pues peor para el estado.

El violín   
Marco Rascón

Bien harían el gobierno federal, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la comisión mediadora entre ellos asistir juntos a ver la película El violín, que el año pasado se exhibió durante semanas en las salas comerciales de cine y tuvo importantes premios y reconocimientos en México y el extranjero. Verla juntos, pero sobre todo verla, les sería muy útil, pues hoy la ficción se adelanta muchas veces a la realidad y la anécdota de la película no está alejada de la realidad, y el desenvolvimiento de los protagonistas reales y ficticios.

En ese espejo, las tres partes podrían reconocerse y dar una señal sobre ese proceso que han asumido, donde el gobierno se vería retratado en su posición contrainsurgente; el EPR, como una guerrilla sin perspectiva programática, y una comisión mediadora, que se vería reflejada como ingenua y representada en el viejo violinista que, sin proponérselo, termina siendo utilizado por la contrainsurgencia y la represión.

Pero ese microcosmos de El violín, tanto en la ficción como en la realidad, tiene un contexto más amplio de una realidad y un país que se mueve de manera confusa y contradictoria. Es el contexto de una realidad llena de cortinas, donde desde un proceso no se ve el otro y la visión de conjunto sólo la tiene el poder gubernamental que dirige desde la Presidencia Felipe Calderón.

Desde la oposición la visión es muy limitada y fragmentada, pues mientras el gobierno anuncia su “disposición” a dialogar con el EPR y éste a su vez pone condiciones, en otras partes del país pareciera que estaría en curso una decisión de Estado oscura, de profundas consecuencias, que ha sido caracterizada como una guerra contra organizaciones criminales, los que a su vez se dice que están en guerra entre sí por territorios y el control de la frontera norte.

Esta guerra se anuncia y es inventada, porque de antemano está ganada y tras de ella vendrá una calma chicha, porque en el fondo fue aplicada una especie de rifle sanitario, como el aplicado al final de los años 50 en Chihuahua para exterminar la fiebre aftosa en el ganado.

Esta guerra, que ha militarizado a una parte del país, tendrá consecuencias, pues puede ser la existencia de una política por vías no constitucionales, pero que, en el contexto de los acuerdos internacionales, lucha por los recursos del exterior a partir del Plan Mérida a través de presentar cifras del exterminio que va con más de mil 800 muertos de enero a la fecha y sólo en Chihuahua supera 400.

En ese contexto, las llamadas y el proceso de comunicación con el EPR y la comisión mediadora es una cortina y otras más el debate en el Congreso sobre el petróleo y la energía; otra más la crisis del PRD, que sólo expresa la debilidad del sistema de partidos y sus intereses mínimos y coyunturales. Agreguemos ahora el debate sobre los alimentos.

En el entorno y la visión parcializada unos ven en el gobierno de Calderón su caída inminente y lo perciben débil y fracasado, mientras en otra parte se anuncia, según la encuesta de María de las Heras, que Felipe Calderón tiene en este momento 75 por ciento de aceptación entre el electorado, por lo cual se dice, es el momento para lanzar grandes decisiones.

El resultado de estas visiones contradictorias es, sin lugar a dudas, un saldo de confusión, donde la ausencia de perspectivas nacionales de largo plazo se arrinconan y pierden fuerza, pues no existe ningún otro problema, ni un oído atento en la ciudadanía para atender propuestas de solución estratégica o de largo plazo.

Si agregamos a esto la tesis de Carlos Salinas sobre la “década perdida” y sus innumerables mensajes cifrados, México se convierte en una carta del tarot llena de presagios, símbolos y misterios difíciles de explicar, donde se hace uso de prácticas metaconstitucionales que rayan en el terror de Estado con la complicidad de los partidos, instituciones, diputados y senadores. Preocupación escénica sobre el estado de derecho y la detención y desaparición en un contexto de ajuste entre el poder central y gobiernos en profunda descomposición, como el de Oaxaca.

La falta de información veraz y la confusión han hecho que los actos de los protagonistas individuales, colectivos e institucionales tengan, a su vez, distintas interpretaciones y que en el trasfondo quede la percepción de un gran vacío, donde desde lo militar y el crimen organizado; desde la polarización y crisis de los partidos; desde la guerrilla en negociación con el gobierno directa o indirectamente a través de una comisión mediadora; desde el debate energético; desde el parto de los montes, donde Carlos Salinas construye su neosalinismo, todos se usan unos a otros, bajo la divisa reyesheroliana de que “todo lo que resiste, apoya” y se gana inventando sus propias guerras.

Por eso es importante ver El violín, porque, según su tesis, la vocación del Estado es aplastar a los que no tienen perspectiva, haciendo uso de la ingenuidad y la falta de caracterización correcta.

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