sexta-feira, 23 de maio de 2008

La Jornada 23 de mayo de 2008

* Extremadamente crítica la situación de los derechos humanos en
México: CCIODH

* Chocan priístas y zapatistas por disputa de agua y luz eléctrica

* Las Abejas denuncia amenazas de fiscal del caso Acteal

* Prevén en la zona sur-sureste riesgos "muy grandes" a causa de
huracanes

* Diálogo APPO-SG, entre condiciones de maestros para levantar
paro en Oaxaca

* Las movilizaciones están latentes; sigue la lucha, advierten
mentores

* Familiares de desaparecidos critican pasividad de la PGR

* Niega Sagarpa devolver a cucapás pesca decomisada

* Con fuertes críticas a México, el Senado de EU aprobó ayer la
Iniciativa Mérida

* La consulta Luis Javier Garrido

* Seguridad alimentaria: abajo y a la izquierda Raúl Zibechi

**********

Extremadamente crítica la situación de los derechos humanos en México:
CCIODH
EMIR OLIVARES ALONSO

La situación de las garantías básicas en México "es extremadamente
crítica", independientemente del ámbito al que afecten la magnitud de
las vulneraciones, y la falta de respuestas concretas convierten al
gobierno de Felipe Calderón en "plenamente responsable" de esas
violaciones, asegura la Comisión Civil Internacional de Observación de
los Derechos Humanos (CCIODH).

Al presentar su informe final sobre su sexta visita a México –que
realizó del 30 de enero al 20 de febrero de 2008 y en los que analizó
los casos de Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco– la organización
internacional, conformada por activistas de varios países, sobre todo de
Europa, concluye que la impunidad y la falta de justicia son constantes
y no existe voluntad para corregir esos errores por parte de las
autoridades, por lo que ellas son "la principal causa de que los abusos
de poder se generalicen".

La organización no gubernamental afirma que se comprobó que durante la
actual administración federal "no se ha a avanzado sustancialmente" en
las recomendaciones que sobre esos tres casos emitió en su debido
momento; además de que se siguen produciendo nuevas violaciones a las
garantías fundamentales.

"Más allá de declaraciones, intenciones y de determinados gestos
diplomáticos, la CCIODH no ha detectado en el Ejecutivo federal un
verdadero interés en situar el pleno respeto de los derechos humanos
como prioridad de su acción de gobierno".

Considera que Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican un patrón de
comportamiento continuado y común en las autoridades de los tres órdenes
de gobierno, que "puede ser entendido como una auténtica política de
Estado" con el objetivo de debilitar el tejido social.

Una de las prácticas más comunes, asegura, son las detenciones
arbitrarias de los miembros de movimientos sociales, quienes
habitualmente son "sometidos a tortura y malos tratos". Señala que para
justificar las aprehensiones se falsifican pruebas de delitos como
sedición, ataques a las vías de comunicación, secuestro, asociación
delictuosa, e inclusive robo, agresiones sexuales y homicidio.

"La lógica de estos mecanismos es la de criminalizar a los miembros de
movimientos sociales, evitando además que puedan ser considerados presos
políticos".

En torno a Atenco, considera que "la impunidad ampara a los responsables
de torturas y abusos sexuales, siendo necesario recordar el especial
ensañamiento y brutalidad contra las mujeres detenidas".

Sobre Oaxaca concluye que la situación de las garantías fundamentales en
la entidad se caracteriza por tres factores "de extrema gravedad":
ausencia de respuesta política y jurídica a las graves violaciones a
derechos humanos en el marco de la represión de 2006; continuidad en el
hostigamiento contra integrantes de la APPO; y la "sofisticación" de las
tácticas de hostigamiento sobre los movimientos sociales.

En torno a la matanza de Acteal, Chiapas –hechos que originaron la
primer visita de la comisión al país hace diez años– afirma que la
impunidad continúa y que la creación por parte del gobierno estatal de
una fiscalía especial para el caso "no ha logrado ningún avance
significativo al respecto". Además, la situación del estado "sigue
marcada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión".


Chocan priístas y zapatistas por disputa de agua y luz eléctrica
ELIO HENRÍQUEZ

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 22 de mayo. Militantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y bases de apoyo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se enfrentaron esta tarde en la
comunidad de Morelia, municipio de Altamirano, con saldo de por lo menos
10 lesionados.

Fuentes del gobierno del estado informaron que los hechos ocurrieron
alrededor de las 16 horas por la disputa de los servicios de agua y luz
eléctrica.

De acuerdo con las fuentes, el pasado 18 de mayo los militantes del PRI
de Morelia, donde está uno de los cinco caracoles zapatistas, se
reunieron y acordaron cortar el agua y la luz eléctrica a tres familias
bases de apoyo del EZLN, con el argumento de que desde 1994 en que
abandonaron la comunidad y establecieron su residencia en otras
localidades del municipio, no han cooperado económicamente ni realizado
los trabajos comunitarios correspondientes.

Una vez tomado el acuerdo, ese mismo día los priístas cortaron la
energía eléctrica de las tres casas propiedad de los tzeltales bases de
apoyo del EZLN, los cuales no han dejado de llegar a sus casas desde que
salieron en 1994.

Las fuentes informaron que, en respuesta, este jueves en la madrugada,
entre 10 y 15 hombres encapuchados, presuntamente bases zapatistas
provenientes de varias comunidades cercanas, suspendieron la energía
eléctrica a cuatro familias priístas.

Agregaron que entre las 15 y 16 horas de este jueves, unos 400 indígenas
encapuchados y armados con palos, piedras y machetes llegaron a Morelia
–donde cohabitan priístas y zapatistas–, presuntamente con la intención
de cortar la energía eléctrica en toda la comunidad, donde tiene la sede
el municipio autónomo 17 de Noviembre.

Los priístas reaccionaron y convocaron a sus compañeros; en poco tiempo
se concentraron alrededor de 400 hombres y mujeres, suscitándose el
enfrentamiento que duró cerca de 20 minutos.

Según las fuentes consultadas, resultaron lesionados Gustavo García
López, Sebastián López Santis, Arturo Santis López, Olivia Sánchez
López, Hilaria Pérez Entzín, José Alberto Sánchez López y Federi López –
con una herida en la mano provocada por un machete–, así como tres
personas más cuyos nombres no fueron dados a conocer, todos los cuales
fueron internados en un hospital ubicado en la cabecera municipal de
Altamirano.

Hasta esta noche no se había podido confirmar si del lado de las bases
de apoyo del EZLN había lesionados.


Las Abejas denuncia amenazas de fiscal del caso Acteal
ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 22 de mayo. La organización civil
Las Abejas afirmó que el fiscal para el caso Acteal, Noé Maza Albores,
amenazó con encarcelar a los dirigentes de la agrupación si no suspenden
las denuncias públicas que realizan los días 22 de cada mes, al recordar
a los 45 indígenas asesinados por paramilitares el 22 de diciembre de
1997.

"Nos dijo que los trabajos (las investigaciones sobre el caso Acteal) se
iniciarán con él y no en otro lugar, y nos advirtió: 'el que haga una
denuncia pública, como lo hacen cada mes, yo mismo lo voy a castigar con
la cárcel conforme a la ley'", expuso el organismo.

En un comunicado difundido durante la celebración religiosa que tuvo
lugar este jueves en Acteal, la organización Las Abejas agregó que lo
anterior ocurrió el pasado 16 de mayo en las oficinas de Maza Albores, a
donde acudieron los directivos por invitación del funcionario estatal.

"El motivo de la invitación de Maza Albores fue para decirnos que no
debemos dar a conocer ante las altas instituciones de los derechos
humanos no gubernamentales que en México no se aplica la justicia",
aseveró la agrupación.

El fiscal especial también les dijo –según Las Abejas– que este año "se
reinicia el proceso y las declaraciones de familiares de las víctimas.
Éstas pueden ser en San Cristóbal de las Casas o en Acteal, y que las
declaraciones que se rindieron después de la masacre ante la
Procuraduría General de la Republica, quedan ocultas, ya no se tomarán
en cuenta".

Ello significa que "se perdió el tiempo durante los 10 años aclarando lo
ocurrido el 22 de diciembre de 1997. Nada más tratan de manipularnos y
engañarnos para alargar el tiempo, pero ya no permitiremos que la
justicia se alargue 10 años más, sino que pedimos que se aplique ya
contra los autores intelectuales que tienen nombres y apellidos: Ernesto
Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro y el general Mario
Renán Castillo", acusó.


Prevén en la zona sur-sureste riesgos "muy grandes" a causa de huracanes
Andrés T. Morales (Corresponsal)

Boca del Río, Ver., 22 de mayo. La incidencia de ciclones tropicales en
el país se ha triplicó de 2000 a la fecha y se pronostica que los de
este año superarán la media, advirtió Laura Gurza Jaidar, coordinadora
general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

La región sur-sureste de México tiene una vulnerabilidad "muy grande" y
se deberán redoblar esfuerzos para proteger a la gente y evitar daños,
dijo la funcionaria al intervenir en las Jornadas regionales de
protección civil en la región sur-sureste 2008, en las cuales
participaron funcionarios de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

"Es uno de los retos el cambio climático, cuyos primeros efectos ya
podemos ver. Estos fenómenos nos obligan a tomar previsiones para
adaptarnos a los riesgos", agregó.

Todo el mundo "debe voltear a ver a China y Myanmar (antes Birmania),
golpeados por fenómenos naturales con saldos mortales que crecen.

"Un análisis de 1980 a 2000 indica que el promedio de impactos de
ciclones tropicales era de 1.8; a partir de 2000 aumentó a 5.6."

Mientras, Roberto Quaas Wappen, director del Centro Nacional de
Prevención de Desastres Naturales, advirtió que este año 90 por ciento
de los fenómenos naturales que afectarán a México serán meteorológicos,
por lo que el país está en alerta.

Refirió que, a pesar de que se en la última década se ha reducido el
número de víctimas mortales por desastres, todavía ocurren, en promedio,
más de 160 decesos anuales. "De unas 500 muertes que se registraban por
diversos fenómenos naturales, incluidos los efectos de los huracanes,
bajamos a unos 164 al año en el país", precisó.

En cambio, las pérdidas financieras muestran tendencia al alza. El costo
de los daños a infraestructura urbana pública y privada aumentaron de
700 millones de dólares a más de mil millones en el mismo lapso.

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que un millón 800
mil habitantes de 114 municipios están en zonas de alta vulnerabilidad
ante fenómenos hidrometeorológicos. Dichas localidades se ubican en
cuencas de ríos, a orillas de lagunas o en zonas costeras.

Por su parte, el director de Protección Civil en Tabasco, Rúrico
Domínguez Mayo, manifestó que al menos 400 familias de Villahermosa
tendrán que ser reubicadas ante la temporada de lluvias, pues habitan en
zonas de alto riesgo.

"Hace un año, cuando tuvimos la etapa más fuerte de las inundaciones,
éstas afectaron a un millón 200 mil personas, es decir, 60 por ciento de
la población, y aprendimos de esa experiencia".

Refirió que el Plan de Reconstrucción para Tabasco requerirá una
inversión superior a 9 mil millones de pesos para obras hidráulicas,
reconstrucción de infraestructura y prevención.


Diálogo APPO-SG, entre condiciones de maestros para levantar paro en
Oaxaca
Fabiola Martínez

La dirigencia del magisterio oaxaqueño propuso a la Secretaría de
Gobernación (SG) la instalación de una "mesa política de trabajo" entre
la dependencia federal y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
(APPO), como parte del pliego de peticiones que exigen para concluir las
manifestaciones en aquella entidad.

Lo anterior, durante una larga sesión entre los integrantes de la
comisión negociadora de la sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), el secretario general de gobierno
de Oaxaca, Manuel García Corpus, y el director general de Atención a
Organizaciones Sociales de la SG, Francisco Yáñez.

Los profesores solicitaron también al gobierno federal un espacio de
diálogo con la Procuraduría General de la República, con intervención de
la SG, para la liberación de cuatro de sus compañeros que permanecen
presos, a raíz del conflicto de 2006, así como la cancelación de todas
las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio oaxaqueño.

Ezequiel Rosales, líder de la sección 22, dijo anoche que la negociación
con las autoridades "va fluyendo", pero recordó que existe un plantón –
programado para 21 días–, con la participación rotativa de profesores de
cada una de las siete regiones en las que está dividido Oaxaca.

En tanto, en Gobernación también existe optimismo sobre esta etapa de
diálogo y se espera que en las próximas horas surjan acuerdos entre las
partes en conflicto.

La reunión privada fue en el salón Palenque del hotel Presidente
Intercontinental, en la ciudad de México, donde anoche se analizaban los
puntos del pliego de peticiones acerca de temas educativos, sociales,
económicos y políticos.

Además de la ampliación y mejoramiento de los planteles educativos, los
profesores oaxaqueños exigen la segunda etapa de rezonificación (ajustes
salariales), pero sobre todo la posibilidad de que la dirigencia
nacional del SNTE libere la convocatoria con base en la cual puedan
renovar su dirigencia, la cual permanece acéfala desde hace más de un
año.

"La comisión negociadora de la sección 22 ha hecho todo el esfuerzo para
que las respuestas gubernamentales convenzan a la asamblea (estatal de
ese gremio). Por lo pronto, podemos decir que la negociación va
fluyendo", dijo Rosales.


Las movilizaciones están latentes; sigue la lucha, advierten mentores
Octavio Vélez, Sergio Ocampo y Ernesto Martínez

La noche del miércoles, profesores de Valles Centrales, pertenecientes a
la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), dejaron el "plantón masivo estatal regional rotativo" del zócalo
de la capital de Oaxaca, para ser relevados por sus compañeros de la
región Cañada y realizar movilizaciones con respaldo de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

De esta forma, las actividades escolares se reanudaron a partir del
jueves en escuelas de los sectores Ciudad, Periferia, Estatales, Etla,
Zimatlán, Miahuatlán, Tlacolula y Ocotlán, después de tres días de
suspensión.

Mientras, en Chilpancingo, Guerrero, el secretario general del SNTE,
Rafael Ochoa Guzmán, afirmó que el conflicto magisterial en Oaxaca "es
de carácter político, y ha llevado a los mentores de la sección 22 a
cometer una serie de violaciones a los estatutos del gremio".

Por su parte, el secretario de actas y acuerdos de la sección 22,
Domingo Cabrera Vásquez, advirtió que "la región Cañada es pequeña, pero
podría haber más acciones". No descartó que se realicen nuevos bloqueos
en la caseta Huitzo de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y en
oficinas del gobierno estatal.

"Las movilizaciones están latentes; no vamos a parar hasta tener
respuestas a nuestras demandas", que incluyen la emisión de la
convocatoria para su relevo seccional, liberación de escuelas en poder
de la sección 59, libertad a "presos políticos" y cancelación de órdenes
de aprehensión contra sus compañeros, indicó.

Mientras, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca,
Sergio Bello Guerra, reportó que la ocupación cayó a 20 por ciento en
los últimos días a causa del plantón, lo que genera a su gremio
"pérdidas diarias por casi un millón de pesos".

A su vez, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados del estado, Guadalupe Hernández
Aguilar, dijo que en los 30 restaurantes ubicados en el centro histórico
de la capital "las ventas bajaron hasta 40 por ciento".

Protesta en Morelia

Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) pusieron un plantón indefinido en la plaza Benito
Juárez del centro histórico de Morelia, Michoacán, para protestar por
las reformas a la Ley del ISSSTE, así como en contra de la privatización
del petróleo y en repudio a la dirigente magisterial Elba Esther
Gordillo. El pasado 19 de mayo, los mentores de la CNTE empezaron un
paro indefinido de labores, al que sólo se ha sumado 20 por ciento del
magisterio michoacano.


Familiares de desaparecidos critican pasividad de la PGR
Misael Habana y Sergio Ocampo

Acapulco, Gro., 22 de mayo. La Asociación de Familiares de Desaparecidos
en México (Afadem) reprochó que la Procuraduría General de la República
(PGR) se niegue a continuar las excavaciones en dos puntos de lo que fue
el cuartel militar de Atoyac durante los años 70 y en los que se supone
se realizaron inhumaciones clandestinas de varios de los 450
desaparecidos durante la guerra sucia de los años 70 en la Costa Grande.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem, afirmó que los
días 2 y 3 de febrero de este año, la PGR y la Procuraduría de Justicia
del estado escanearon el suelo en esas dos zonas, donde al parecer hay
restos humanos y no existe explicación a la negativa de la dependencia
federal para continuar la búsqueda.

Mata Montiel dijo que para el escaneo se trajeron peritos de geología,
fotografía, filmación, ministerios públicos y antropología forense,
mientras que Carlos Jácome y Lilia Escorcia participaron como expertos
de parte de los familiares. A tres meses de realizado este trabajo la
PGR no ha explicado por qué no ha continuado las investigaciones, dijo.

En Chilpancingo, familiares que reclaman la presentación de los
desaparecidos durante los años 70 anunciaron que solicitarán a la
comisión de mediación que se incluya esta demanda en el diálogo que
eventualmente entablen el gobierno federal y el Ejército Popular
Revolucionario (EPR).

José Sánchez, abogado de los familiares de desaparecidos, consideró sin
embargo que el EPR no va a deponer las armas, "solamente está reclamando
la presentación de sus militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto
Cruz Sánchez, aunque entendemos que en la mesa de diálogo se van a
contemplar asuntos graves, como las masacres de Aguas Blancas, Acteal,
El Charco, el del asesinato de Digna Ochoa".

No obstante, señaló que no hay confianza en que el gobierno federal
pudiera resolver ese problema, "ya hubo experiencias de traiciones; lo
principal es que se cumpla la demanda central del EPR, en este caso la
presentación" de los dos desaparecidos.


Niega Sagarpa devolver a cucapás pesca decomisada
Antonio Heras (Corresponsal)

Mexicali, BC, 22 de mayo. El gobierno federal rechazó cualquier
posibilidad de reintegrar directamente a los indígenas cucapás las más
de ocho toneladas de corvina golfina que les fueron retenidas el domingo
pasado, por capturarlas en el delta del río Colorado durante la
temporada de veda de la especie.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) determinó decomisar el producto a "pescadores
indígenas de la tribu cucapá", y donarlo al gobierno de Baja California
para que lo distribuya "entre personas necesitadas, para alimento de sus
familias", dijo el delegado de la dependencia en Baja California, Genaro
López Bojórquez.

Horas antes del anuncio de decomiso y donación, los cucapás y
autoridades estatales instalaron una mesa de negociación con
representantes de la Sagarpa, en la cual se definió que las oficinas
centrales de la dependencia ordenaron decomisar el pescado en beneficio
de programas sociales, pero se planteó la posibilidad de regresar el
pescado a los indígenas si retiraban el plantón pacífico que mantienen
en las instalaciones de la dependencia.

Durante un receso en las pláticas, mientras los cucapás esperaban
conocer los pormenores de la propuesta federal, la delegación de la
Sagarpa emitió un comunicado, en el cual anunció el procedimiento
definitivo de decomiso y la entrega del pescado al gobierno estatal.

Distrubución en zonas populares

Los integrantes de la Sociedad Cooperativa Indígena Cucapá reclamaron a
la administración federal que se usara un doble discurso, porque
mientras se discutían soluciones, "en lo oscurito" ya se había acordado
decomisar y distribuir el producto en zonas populares de Baja
California.

El representante legal de la cooperativa, Ricardo Rivera de la Torre,
criticó al gobierno federal por aplicar una medida intransigente,
indigna, que "maltrata, ofende y pasa por alto a la etnia".

Asimismo consideró que el decreto de veda carece de un estudio
científico para dimensionar la presencia de la corvina, además de que en
el programa de manejo de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de
California y delta del río Colorado se permite a los cucapás, incluso
dentro de la zona núcleo, la captura de especies de escama y recolección
de almeja.

Las cucapás Hilda Hurtado y Mónica González indicaron que su etnia no
pide más que se le devuelva "el producto de nuestro trabajo, la
devolución del tráiler (donde están los miles de kilogramos de pescado
decomisado) también confiscado, cuya renta cuesta mucho dinero, y la
resolución en definitiva del problema, a partir de la creación de una
zona exclusiva de pesca para los pescadores cucapás".

Los indígenas advirtieron que continuarán con su plantón ante las
oficinas delegacionales de la Sagarpa hasta que se logre un convenio que
beneficie a las partes involucradas.

Por lo pronto, las más de ocho toneladas de corvina permanecen en una
caja de tráiler con hielo, para soportar las altas temperaturas de la
región.


Con fuertes críticas a México, el Senado de EU aprobó ayer la
Iniciativa Mérida
David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 22 de mayo. El Senado de Estados Unidos aprobó hoy la
Iniciativa Mérida con condiciones. En ese contexto, el senador Patrick
Leahy afirmó que "es fundamental" que tales medidas sean incorporadas,
dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos
en las fuerzas armadas y policiacas de México y países centroamericanos,
y rechazó que aplicarlas sea una violación de la soberanía.

La versión del proyecto de la mencionada iniciativa aprobada por la
Cámara alta otorga 350 millones de dólares a México, como la primera de
tres entregas de fondos a esa nación. La aprobada anteriormente por la
Cámara de Representantes establece un monto de 400 millones y carece de
las condiciones. Ahora, ambas versiones tendrán que ser negociadas para
integrar una versión final, que será sometida al presidente George W.
Bush para su promulgación.

Pero hoy, el influyente senador Leahy, en un comunicado, buscó dejar en
claro que las condiciones permanecerán como parte integral de esta
asistencia.

Leahy aludió a críticas en "la prensa mexicana" de que la imposición de
condiciones a la asistencia estadunidense representa algún tipo de
"intromisión". En aparente referencia a críticas de La Jornada, entre
otros medios de comunicación, preguntó: "¿Desde cuándo es mala política,
o una transgresión de algo, insistir en que los dólares del
contribuyente estadunidense no sean otorgados a fuerzas policiacas o
militares corruptas o abusivas, en un país cuyo sistema de justicia
tiene fallas serias y en rara ocasión castiga la mala conducta oficial?"

En su editorial del pasado 19 de mayo, La Jornada acusó de "injerencista
e hipócrita" la descalificación estadunidense en materia de derechos
humanos y prácticas judiciales, mismas que formarían parte de las
condiciones que el Senado desea imponer para la asistencia a México.

En su comunicado emitido hoy, el cual reproduce sus declaraciones de
ayer en el Senado, el presidente del Comité Judicial e integrante del
Comité de Apropiaciones expresó su apoyo en principio a la propuesta,
diciendo que es un buen "primer paso" en el intento de abordar el
problema del narcotráfico de manera compartida entre países socios. Pero
también criticó la forma en que se formuló de manera "secreta" por ambos
gobiernos y sin consultar a las respectivas legislaturas de México o
Estados Unidos, ni abrir el proceso a "representantes de la sociedad
civil". De hecho, dijo, él como otros legisladores se enteraron primero
de la iniciativa a través de las prensa.

Leahy, considerado liberal y crítico de las políticas del gobierno de
George W. Bush, dijo que supone que esta iniciativa durará mucho más que
los tres años que ahora se proponen y, por tanto, se necesitan abordar
"preocupaciones legítimas sobre derechos humanos, el monitoreo y
supervisión… y también la rendición de cuentas".

Al argumentar este punto, señaló las condiciones que el Senado impone a
la iniciativa: "Requerimos que la Secretaría de Estado determine e
informe que se realizan procedimientos y se han tomado acciones por los
gobiernos mexicano y centroamericanos para asegurar que los receptores
de nuestra asistencia no están involucrados en corrupción o violaciones
de derechos humanos, y que integrantes de las fuerzas militares y
policiacas que cometen violaciones sean llevados ante la justicia. Esto
es fundamental".

Afirmó: "Durante años hemos capacitado (a) fuerzas policiacas mexicanas
y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado
trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que
la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de
justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar".

Agregó: "Es indiscutible que fuerzas militares y policiacas mexicanas y
centroamericanas tienen una larga historia de violaciones de derechos
humanos –incluidas detenciones arbitrarias, tortura, violaciones
sexuales y asesinatos extrajudiciales– por las cuales casi nunca han
sido responsabilizadas". Ante esto, continuó Leahy, "algunos (sectores),
particularmente de la prensa mexicana, argumentan que condicionar
nuestra asistencia con apego al marco de la ley es de alguna manera
'transgresión de la soberanía', 'subyugación' o 'intromisión', o incluso
que envía 'una señal equivocada'. Estoy completamente en desacuerdo".

Recordó: "Así como hay quienes critican a mi gobierno por fracasar en
cumplir las leyes estadunidense e internacional, como ha ocurrido en
Guantánamo, Abu Ghraib y otras partes, creo que es mi deber insistir
sobre el respeto a los principios fundamentales de justicia. Estoy
confiado en que los pueblos mexicano y estadunidense estarán de
acuerdo".

A su vez, Thomas Shannon, secretario asistente de Estado para el
Hemisferio Occidental, consideró que "el Congreso tiene la
responsabilidad de asegurar que los fondos estadunidenses se gasten de
manera apropiada, especialmente en relación con nuestros valores y
derechos humanos".

Al responder a este tema en una conferencia de prensa a principios de
esta semana, consideró que tanto Estados Unidos como México tienen que
responsabilizarse. "Por tanto, hoy y siempre habrá un grado de
condicionalidad en torno a dineros destinados a México en el contexto de
la Iniciativa Mérida, tenemos nuestra propia conducta con la cual
cumplir en este esfuerzo… y eso implica respetar nuestra parte del
acuerdo, especialmente en torno a la interdicción de tráfico de armas a
nuestro vecino y la lucha en contra del lavado de dinero aquí, en
Estados Unidos."

Por otra parte, varias organizaciones de derechos humanos –incluida
Amnistía Internacional-Estados Unidos y Washington Office on Latin
America (WOLA)– en este país han promovido la necesidad de imponer
condiciones en la Iniciativa Mérida, argumentando casi textualmente lo
dicho por el senador Leahy. Ante esta presión, y también para ofrecer
algunos cambios frente a la oposición a esta iniciativa por parte de
algunos sindicatos y agrupaciones que han cuestionado la medida
considerándola intervencionista, algunos legisladores como Leahy han
decidido incluir estas condiciones.

Los dos jefes del Ejecutivo, Felipe Calderón, de México, y George W.
Bush, de Estados Unidos, sólo están a la espera de la versión final.


La consulta Luis Javier Garrido
La iniciativa oficial en materia de hidrocarburos, que fue finalmente
sobre el petróleo, lejos de pasar tersamente en las dos cámaras y ser
aprobada dócilmente por la mayoría PRI-PAN que la tenía ya negociada,
está siendo cuestionada en todo el país y abriendo otros debates sobre
el futuro de México

1. El reclamo creciente para que se abra una consulta popular de
carácter nacional en torno de la propuesta oficial para privatizar Pemex
–de aprobarse la llamada "reforma energética" (que no es "reforma" ni es
en materia "energética")–, y crear una industria petrolera paralela en
manos de las trasnacionales, tiene entrampado al gobierno espurio de
Felipe Calderón, que no halla cómo salir del atolladero, pues el debate
nacional está tomando otro sesgo.

2. La Constitución mexicana requiere con urgencia de dos reformas
fundamentales para fortalecer el consenso social y abrir la vida
democrática, antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La
primera sería establecer que hay tres principios fundamentales en el
marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor
de la misma, en los términos previstos en el 135 constitucional, y que
son: a) los derechos individuales, b) los derechos colectivos y
sociales, y c) los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas,
como es el caso del petróleo.

3. La Constitución estadunidense aprobada en Filadelfia en 1787 sentó ya
precedente en esta materia, pues los constituyentes que representaban a
las antiguas 13 colonias establecieron que había que defender a toda
costa el pacto federal que los unía y acordaron que habría un principio
que jamás podría ser tocado por el órgano revisor de la Constitución: el
de la paridad de representantes de los nuevos estados en el Senado. No
obstante la influencia que tuvo la Constitución estadunidense en el
derecho mexicano, ninguna de las constituciones que México ha tenido a
lo largo de su historia dejó jamás principio alguno a salvo de los
posibles reformadores.

4. En tiempos recientes, sin embargo, se han pronunciado en este sentido
algunos constitucionalistas en México, quienes sostienen que principios
esenciales que entrañan valores universalmente reconocidos o decisiones
fundamentales de la historia de nuestro pueblo deberían estar a salvo de
cualquier intento de reformas, como Emilio Krieger, en su libro En
defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna
(Grijalbo, 1994), y Alejandro del Palacio Díaz, en sus Nuevas lecciones
de teoría constitucional (Compañía Editorial Impresora y Distribuidora,
2006).

5. Resulta claro, desde luego, que de haber estado vigente este
principio en México hoy en día, ningún gobierno del signo que fuere
podría tocar la Constitución mexicana para limitar o coartar los
derechos o garantías individuales, los derechos sociales y colectivos y
los derechos de la nación sobre sus áreas estratégicas.

6. Y que Calderón, desde luego, no habría podido atreverse a proponer al
Congreso, como lo ha hecho de manera indecorosa y en un acto de
verdadera felonía, que se privatizase la industria petrolera nacional,
ya sea "a retazos", como lo dice el economista David Ibarra, o de golpe
por una contrarreforma constitucional.

7. La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos
años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado
en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una
democracia semidirecta, estableciéndose en la Constitución el plebiscito
y el referéndum como vía necesaria para todas las modificaciones a la
Constitución y a las leyes fundamentales, así como la revocación del
mandato y la rendición de cuentas. El modelo constituye la entrega del
petróleo.

8. El México del siglo XXI reclama cada vez más su derecho a decidir, y
el destino de estas iniciativas seudolegales que pretenden privatizar la
empresa más importante del país y trastocar la economía nacional, e
incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una
perspectiva democrática debería ser presentado a la consideración de
todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener
argumentos para oponerse a ello, pero el régimen se opone porque teme
que ésta lleve a su propuesta a un destino todavía más incierto.

9. El gobierno de facto calderonista se está oponiendo sin embargo a
esta consulta porque teme que cada día que pase el destino de sus
iniciativas privatizadoras sea cada vez más incierto, pero lo único que
está logrando con ello es abrir un nuevo debate en el país.

10. El destino de la industria petrolera nacional está, sin embargo, a
pesar de lo que estiman los integrantes de la llamada "clase política",
en manos del pueblo. No hay todavía principios constitucionales a salvo
del órgano reformador de la Constitución, pero los que son consecuencia
de una lucha histórica como lo es la expropiación del petróleo, están a
salvaguarda de toda tentativa como la actual, porque hay un pueblo que,
con profunda dignidad, está sabiendo defenderlos.


Seguridad alimentaria: abajo y a la izquierda Raúl Zibechi
La crisis alimentaria en curso es uno de los mayores desafíos que
enfrentan los pobres del mundo, ya que pone a prueba tanto sus
movimientos sociales y políticos como sus formas de sobrevivencia. Como
se ha escrito en las últimas semanas, la feroz especulación con las
commodities es muestra palpable de la decadencia del capitalismo, que ya
sólo puede sobrevivir con base en la "acumulación por desposesión". Si
el neoliberalismo es la guerra para apropiarse de los recursos naturales
o bienes comunes, la actual especulación con alimentos puede
comprenderse como una guerra contra la vida (de los pobres), una guerra
biopolítica por el dominio de los cuerpos.

Aunque los análisis más serios con que contamos aciertan en las causas
del alza de precios de los alimentos, no atinan sin embargo a la hora de
proponer soluciones. Éstas no vendrán de arriba. Un reciente artículo de
Aníbal Quijano ("Descolonialidad del poder: el horizonte alternativo")
señala que "el capitalismo colonial/moderno ya no produce ni producirá
más empleo, salvo 'precarizado' y 'flexibilizado', ni más servicios
públicos, ni más libertades civiles". Las alternativas no vendrán, por
lo tanto, ni de los estados ni de las instituciones y organismos
internacionales, cuyas acciones, a menudo espectaculares y mediáticas,
apenas ponen parches a situaciones puntuales pero nunca abordan
soluciones de fondo.

Para eso sería necesario, en primer lugar, dejar de considerar a los
alimentos como commodities, o sea como valores de cambio al servicio de
la acumulación de capital. Pero no existen instituciones capaces de
hacerlo, ya que se topan necesariamente con las multinacionales y los
gobiernos que las apoyan, entre ellas, claro, los llamados
"progresistas" del cono sur de Sudamérica. La seguridad alimentaria que
reclaman los pueblos, aparece en algunas prácticas de los de abajo, como
los Sin Tierra de Brasil y el neozapatismo de Chiapas, en línea con la
experiencia de millones de campesinos e indígenas que siguen cultivando
sus parcelas, diversas y heterogéneas. Para hacerlo resisten el avance
de los monocultivos y el militarismo, dos caras de un mismo proceso.

En las grandes ciudades, donde vive la mayor parte de la población de
nuestro continente, también avanzan alternativas a la crisis de los
alimentos. En las periferias de muchas ciudades latinoamericanas abundan
las huertas comunitarias y los cultivos de alimentos, familiares o
colectivos, que serán el camino a seguir por millones de pobres urbanos
a medida que se profundice lo que una vecina de Ciudad Bolívar, suburbio
de Bogotá, define como "guerra mundial por la comida".

En uno de los barrios de esa gigantesca periferia urbana, llamado
Potosí, rodeado de cerros donde los paramilitares dictan su ley, unos 15
mil habitantes inventan formas de agricultura urbana. En sólo cinco años
han puesto en pie decenas de huertas en la escuela-comunidad Cerros del
Sur, epicentro del movimiento, en los terrenos baldíos del barrio, en
las propias viviendas y en las azoteas. La mayor funciona en el jardín
infantil, donde los vecinos se turnan en minga (trabajo comunitario
rotativo) para producir alimentos orgánicos que se vuelcan en el
restaurante comunitario, donde 400 niños eluden la desnutrición.

Los cultivos forman parte de un proyecto de bioseguridad alimentaria que
incluye también un mercado, inaugurado hace poco tiempo, donde los
campesinos acuden a vender directamente a los vecinos, sin pasar por los
intermediarios. El mercado quincenal es la forma visible de la alianza
rural-urbana, entre pequeños campesinos y productores y consumidores
urbanos, pero es también un espacio donde los pobres se relacionan entre
sí, instalan ollas comunitarias, bailan y cantan. Una imagen de mercado
similar a la que nos legó Fernand Braudel: el espacio de la vida
económica, transparente, de competencia controlada, el terreno de la
gente común y, por tanto, de beneficios exiguos. Este tipo de mercado ha
sido literalmente aplastado por el capitalismo, donde los monopolios
sustituyen la comunicación horizontal por el control vertical.

Uno de los mayores éxitos de las huertas de Potosí son los cultivos de
quinua, cereal andino altamente nutritivo que complementa la dieta
popular. Los vecinos se autoabastecen de quinua y crearon la Corporación
Comunitaria Delicias del Sur, que cosecha, envasa y comercializa el
producto. El mercado, situado en la plaza del barrio, es escenario de
canjes de semillas y de "rondas populares de negocios" en las que se
establecen acuerdos entre productores y consumidores populares, entre
ellos los comedores comunitarios de Ciudad Bolívar. Uno de los acuerdos
es potenciar el trueque, haciendo que cada productor destine 5 por
ciento de su producción al intercambio sin moneda, para que todos puedan
tener acceso a otros alimentos y productos.

La seguridad alimentaria forma parte de un proceso de construcción de
poder desde abajo. No es apenas una cuestión técnica o de difusión de
saberes, como pretenden las ONG. Por eso en Potosí han creado un consejo
comunal electivo y cuentan con decenas de coordinadoras de cuadra que
velan por la consolidación de la comunidad. Son espacios donde se toman
las decisiones del día a día y las que afectan a la comunidad a largo
plazo. Esa construcción de poder les ha permitido potenciar la
producción de valores de uso, antes confinados al espacio doméstico,
hasta convertirse en uno de los modos hegemónicos de producción en el
barrio.

Puede replicarse, con razón, que se trata de experiencias locales que
difícilmente pueden resolver problemas tan graves y vastos como la
crisis alimentaria. Sin embargo, conviene no olvidar que las grandes
transformaciones, como señaló el subcomandante Marcos en el Coloquio
Aubry en diciembre pasado, "no comienzan arriba ni con hechos
monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que
aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba".

Nenhum comentário: