Acusan a Sabines de no liberar a dos presos políticos zapatistas, en
Yajalón
2- Entregan, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo a las
indígenas
Colega de las locutoras triquis asesinadas aspira a continuar su labor
periodística
3- PGR atrae las pesquisas sobre el doble homicidio
4- Kamel Nacif no enfrenta acusaciones que impliquen delitos graves
Orden de aprehensión contra cuatro policías implicados en el caso Cacho
5- Demandan congreso para elegir dirigencia y aumento mayor al ofrecido
por el gobierno
Paran labores 70 mil maestros en Oaxaca; 1.3 millones, sin clases
6- Gilberto López y Rivas
Por los caminos de la autonomía: policía comunitaria de Guerrero
La Voz del Amate pide al obispo Samuel Ruiz su intermediación
Acusan a Sabines de no liberar a dos presos políticos zapatistas, en
Yajalón
Hermann Bellinghausen
Los presos políticos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y
Francisco Pérez Vázquez, encerrados actualmente en el Cereso 12 de
Yajalón, Chiapas, han sido abandonados allí por el gobierno estatal pese
al compromiso expreso de liberarlos del gobernador Juan Sabines, quien
para tal efecto designó al fiscal de procesos penales del Ministerio de
Justicia del estado, Gilberto Monzón Velázquez.
Han pasado 20 días desde el traslado de los dos reos, de Tacotalpa,
Tabasco, al penal chiapaneco, y ahora el funcionario se declara
incompetente, pues se trata de dos sentenciados, y bajo su jurisdicción
"sólo están los procesados", según argumentó a la defensa de los dos
indígenas, que están presos por acusaciones falsas.
El abogado Diego Cadena, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas (CDHFBC) explicó a La Jornada que el gobernador designó a
Monzón Velázquez "para revisar los expedientes y encontrar el recurso
legal que permitiera liberar a los presos zapatistas".
Al no resolver, el gobierno "está administrando" el problema, añade
Cadena. Es decir, usa a Francisco y Ángel como botín político, mientras
los mantiene aislados, y sin la atención médica que necesitan, en una
cárcel de la que ya debían haber salido.
Demandan atención médica
Hoy también se manifestaron al respecto los presos de La Voz de los
Llanos en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas. Por vía telefónica,
acusaron al gobernador de no cumplir con su compromiso de liberar a los
choles zapatistas ahora recluídos en Yajalón.
Y no sólo eso. La organización de presos políticos, adherente de la otra
campaña, señaló que a un mes de terminada la huelga de hambre que
realizaron, el gobernador Sabines Guerrero también incumple sus otros
compromisos. La Voz de los Llanos denunció que "el mal gobierno no ha
dado la atención médica que prometió a Jesús López López y María Delia
Pérez", diabéticos, quienes "cada día están más enfermos" en el Cereso
14 de Cintalapa.
Los internos del Cereso 5 aseguran: "Ya pasaron dos meses (del fin de su
protesta) y hasta el momento no se ha avanzado nada en la revisión de
expedientes" de los 15 presos de su organización, de La Voz del Amate y
del "grupo zapatista", a quienes se agregan los dos indígenas bases de
apoyo del EZLN originarios de Tila y hoy presos en Yajalón.
En ese mismo sentido, el abogado del CDHFBC señaló que las autoridades
"no están siguiendo ningún procedimiento judicial para solucionar ni uno
de los 17 casos." De momento, la única oferta del gobierno es agendar
una futura reunión con la organización Pueblo Creyente, que respalda las
exigencias de los presos.
Por su parte, La Voz de Amate solicitó al obispo emérito Samuel Ruiz
García que intervenga en favor de su liberación, le agradece el apoyo
que ha mostrado y le dice que sus miembros orarán "por su labor
humanitaria en la mediación" entre el gobierno y el Ejército Popular
Revolucionario.
En referencia a sus compañeros liberados a principios de abril, La Voz
de Amate escribe al Tatik que el gobierno no obró de "buena fe", ya que
"están condicionados" a cada mes acudir para firmar en los juzgados,
algo "humillante y vergonzoso" para los indígenas, pues significa
"aceptar delitos que jamás cometimos".
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=politica&article=021n1pol
Entregan, post mortem, el Premio Nacional de Periodismo a las indígenas
Colega de las locutoras triquis asesinadas aspira a continuar su labor
periodística
Blanche Petrich
Yanira Vázquez Martínez es una sobreviviente. Ella y sus dos mejores
amigas, Teresa Bautista y Felícitas Martínez, que además es su prima,
eran las locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio,
que transmitía desde el municipio autónomo de San Juan Copala, en la
zona triqui, Oaxaca. Juntas preparaban el noticiero diario, investigaban
y hacían los programas especiales, entrevistaban a todo aquel que cayera
en sus redes reporteriles. Eran pioneras, pues nunca había sonado la
lengua triqui en las ondas hertzianas.
"Pienso que ellas tenían su futuro en la radio. Yo también", asegura.
Felícitas y Teresa fueron asesinadas el 7 de abril en una emboscada en
la carretera, cuando regresaban de Putla hacia su pueblo, Copala. Yanira
quiere retomar sus tareas en la pequeña cabina de la radio en cuanto
tenga condiciones mínimas de seguridad para regresar a la comunidad.
Vibra con el tema del periodismo. "Los que hacíamos La voz que rompe el
silencio éramos tres chavas y dos chavos, de entre 20 y 23 años.
Nosotros nacimos con el problema en la zona triqui. Como jóvenes no
estamos de acuerdo con la violencia y las venganzas. En nuestros
programas lo decíamos: que haya reconciliación. Yo tengo la esperanza de
que también nos escuchen los jóvenes del otro lado, del Movimiento
Unificado de Lucha Triqui. Sólo así puede terminar este problema".
El programa favorito de las muchachas asesinadas era el de los derechos
de la mujer. "Pienso que era muy importante. Estábamos muy orgullosas.
Muchas señoras del pueblo nos comentaban que les gustaba, sobre todo
porque ayudaba a sus hijas a entender que como mujeres tienen derechos".
De entrada, la procuraduría de justicia de Oaxaca descartó como línea de
investigación que el ataque contra las comunicadoras ocurriera por su
papel de locutoras. Las considera simplemente "empleadas" de una
radioemisora. El Ministerio Público local desacredita su pertenencia al
gremio periodístico y sólo contempla dos vertientes en la averiguación
previa: su pertenencia a una organización social, la Ubisort, y "la
presencia de las féminas lejos de su comunidad de origen".
Pese al empeño del gobierno de Ulises Ruiz por minimizar la función de
las jóvenes en la radio, Felícitas y Teresa recibieron ayer, post
mortem, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de orientación
a la comunidad.
Testigo silencioso de la premiación fue la abuela de Felícitas y de
Yanira, Gregoria Agustina. Sólo tuvo dos dudas cuando tomó la
determinación más arriesgada de su vida: salir por primera vez de su
sierra y viajar hasta la capital. ¿Quién iba a cuidar a sus nietos más
pequeños, y quién iba a cuidar de la olla con frijoles y nopalitos que
puso sobre el fogón? A los nietos se los trajo a México. Apagó el fogón.
Y vino al Distrito Federal. De premios y periodismo Gregoria Agustina,
de 76 años, no entiende nada, pero sí de lo que su corazón le exige:
clamar porque se haga justicia. "¿Usted qué puede hacer para que haya
justicia?", pregunta a sus entrevistadores, una y otra vez.
Los padres de las jóvenes asesinadas no vinieron. El papá de Felícitas,
Tiburcio Martínez, y la mamá de Teresa, Paulina Merino, han evitado dar
la cara. Primero denunciaron que habían recibido amenazas. Poco después
el gobernador Ulises Ruiz los llevó a Oaxaca, se tomó la foto con ellos
y les dio apoyos económicos.
Pero los arreglos de los padres no alcanzaron a la abuela Gregoria,
quien desde la muerte de su hija, la madre de Felícitas, se había hecho
cargo de los nietos. Sin hablar una palabra de español, fue ella quien
aceptó dar su testimonio a los periodistas locales en Copala. Y ahora
jaló a la capital con Laura, de 14 años, Aniceto de 12 y el pequeño
Hernán, de 8, para insistir, desde aquí, en su única palabra: justicia.
Y en representación de Teresa, en ausencia de su madre, vino su prima
Gregoria.
Jorge Albino y Macario García, autoridades del ayuntamiento autónomo,
las acompañan: "Si no fuera porque pertenecían a la radio, hubieran sido
dos muertas más del montón, dos más a las que se les da carpetazo sin
hacerles justicia jamás", señala Jorge Albino, coordinador del proyecto
radiofónico.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=politica&article=020n1pol
PGR atrae las pesquisas sobre el doble homicidio
De la Redacción
La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de
atracción, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
Cometidos en contra de Periodistas (FEADP), para investigar el asesinato
de las locutoras triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista
Medina, ejecutadas el 7 de abril en el poblado de San Juan Copala,
Oaxaca.
En un comunicado, la dependencia se refirió al hecho sin mencionar que
trabajaban en la radio comunitaria La voz que rompe el silencio. Tampoco
se informa que se trató de un homicidio, únicamente destacó que indagará
los hechos, "pese a no ser un caso del orden federal".
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al
gobierno de Oaxaca medidas cautelares en favor de los integrantes de la
radio comunitaria La voz que rompe el silencio, para otras los deudos de
las víctimas y para dos locutoras de la misma estación que acompañaban a
las indígenas el día en que fueron asesinadas.
En un comunicado, la CNDH recordó que por la trascendencia de los hechos
y en respuesta a la petición de organizaciones nacionales e
internacionales defensoras de derechos humanos, atrajo el caso e inició
su investigación al día siguiente de lo ocurrido, y continuará las
actuaciones que sean necesarias hasta emitir una resolución.
Agregó que hasta la fecha cuenta con los testimonios de las personas
lesionadas, del personal de la radio comunitaria –que emite en San Juan
Copala, en la zona de Putla de Guerrero– y de familiares de las
agraviadas, y solicitó información sobre los hechos a la Procuraduría
General de Justicia del estado de Oaxaca y a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de la entidad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=politica&article=020n2pol
Kamel Nacif no enfrenta acusaciones que impliquen delitos graves
Orden de aprehensión contra cuatro policías implicados en el caso Cacho
Alfredo Méndez
Cuatro de los cinco policías que participaron en la captura de la
periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2006, enfrentan órdenes de
aprehensión por delito grave, en tanto uno de ellos quedó libre de los
cargos penales que le fincó originalmente la Procuraduría General de la
República, confirmó el abogado Javier Olea, coadyuvante de la autoridad
ministerial. Agregó que en el caso de Kamel Nacif, éste no tiene
problema porque las acusaciones en su contra no implican delito grave,
"y por ello difícilmente lo veremos en prisión".
Según el litigante, fue el juzgado primero de lo penal con sede en
Cancún, Quintana Roo, el que libró las órdenes contra los policías del
estado de Puebla acusados de abuso de autoridad. Dicho juzgado se negó a
librar la orden de aprehensión en contra de una mujer, también agente
policiaco, bajo el argumento de que no se acreditó su participación en
las presuntas violaciones de las garantías individuales de Lydia Cacho.
Javier Olea, en entrevista telefónica, indicó que los policías no
alcanzan el beneficio de la libertad provisional bajo fianza ni tampoco
podrían librar la cárcel mediante una suspensión en vía de amparo, por
lo que deberán ser capturados e ingresados en un reclusorio con sede en
Quintana Roo.
Como se recordará, estas peticiones de captura tienen origen en el
expediente 02/FEADP/2006 y en la averiguación previa FEVIM/02/03-2006 en
razón de las denuncias que presentó la periodista Lydia Cacho en contra
del empresario Kamel Nacif; del gobernador de Puebla, Mario Marín; de la
ex procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda, y de
los agentes policiacos que participaron en la detención y traslado de la
informadora desde Cancún hasta Puebla.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=politica&article=020n3pol
Demandan congreso para elegir dirigencia y aumento mayor al ofrecido por
el gobierno
Paran labores 70 mil maestros en Oaxaca; 1.3 millones, sin clases
■ Anuncia la sección 7 paro indefinido en Chiapas a partir del 7 de
junio; rechazan a líder local
■ En Sinaloa impiden a disidentes participar en acto oficial; piden
destituir a Elba Esther Gordillo
De los corresponsales
Ampliar la imagen Más de 70 mil profesores de la sección 22 conmemoraron
el Día del Maestro con una marcha por las principales calles de la
capital de Oaxaca para demandar un aumento salarial superior al ofrecido
por las autoridades federales y que se emita la convocatoria para elegir
a la dirigencia seccional Más de 70 mil profesores de la sección 22
conmemoraron el Día del Maestro con una marcha por las principales
calles de la capital de Oaxaca para demandar un aumento salarial
superior al ofrecido por las autoridades federales y que se emita la
convocatoria para elegir a la dirigencia seccional Foto: Blanca
Hernández
Ampliar la imagen En Tabasco, profesores del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Educación se enfrentaron con la policía local
mientras el secretario de Gobierno, Humberto Mayans, celebraba una
reunión con el magisterio estatal. Los inconformes exigen al gobierno
tabasqueño respeto a la autonomía sindical y reconocimiento a su líder,
Roger Arias. En Tabasco, profesores del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Educación se enfrentaron con la policía local
mientras el secretario de Gobierno, Humberto Mayans, celebraba una
reunión con el magisterio estatal. Los inconformes exigen al gobierno
tabasqueño respeto a la autonomía sindical y reconocimiento a su líder,
Roger Arias. Foto: Notimex
Unos 70 mil integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendieron labores y marcharon en
la capital de Oaxaca para exigir solución a sus demandas, entre ellas
que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) publique la convocatoria para
renovar la dirigencia estatal y la entrega de las escuelas ocupadas por
priístas y miembros de la sección 59.
El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de unas 13 mil
escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y
superior.
La manifestación, a la que se sumaron contingentes de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), salió del crucero Trinidad de
Viguera, en el poniente de la ciudad, avanzó por la carretera
internacional Cristóbal Colón y terminó en el zócalo de la ciudad.
En un mitin frente al antiguo palacio de gobierno, Ezequiel Rosales
Carreño, secretario general de la sección 22, dijo que los profesores
exigen, además de un congreso para elegir dirigentes, aumento salarial
superior al ofrecido por las autoridades federales, pues éste ni
siquiera equivale al nivel de inflación.
Flavio Sosa Villavicencio, consejero estatal de la APPO, exigió a su vez
la libertad de todos los "presos políticos y de conciencia" y la
cancelación de las órdenes de aprehensión, así como condiciones para el
regreso de los activistas exiliados y castigo a los culpables de la
represión perpetrada en 2006.
En respuesta a las demandas magisteriales, el gobernador Ulises Ruiz
Ortiz aclaró que la expedición de la convocatoria para el relevo de la
dirigencia seccional no corresponde al gobierno federal ni al estatal,
ya que es responsabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.
En Chiapas, la sección 7 del SNTE anunció que a partir de este viernes
realizará un paro indefinido porque "los charros del SNTE, con actitud
golpista, nombraron una dirección (estatal) espuria el 18 de abril, con
Rosendo Galíndez Martínez a la cabeza", dijo el vocero del gremio,
Javier Saavedra Carrasco.
"Queremos dejar dicho que el CEN (del SNTE) ha venido con sus acciones
de piratas a robarnos, pero también nos está uniendo a diferentes
sectores sociales", señaló, e invitó a sus homólogos de la sección 40 a
sumarse al paro.
En Hermosillo, unos 30 integrantes del Frente Amplio Democrático de la
Educación en Sonora demandaron democracia en su gremio e intentaron
llegar adonde se realizaba el acto oficial, con dirigentes dindicales y
funcionarios del gobierno estatal, pero fueron repelidos por policías.
A empujones, los disidentes intentaron acercarse al automóvil en que
viajaban Víctor Gamiño, secretario de Educación estatal, y Roberto
Ruibal Astizarán, secretario de Gobierno, quien momentos antes había
aplaudido la labor de Elba Esther Gordillo Morales, presidenta del CEN
del SNTE, e hizo un llamado a cerrar filas por la calidad de la
educación.
Medio centenar de trabajadores de la educación realizaron un mitin fuera
del teatro donde representantes del gobierno de Sinaloa y de las
secciones 53 y 27 del SNTE se reunieron para la ceremonia oficial del
Día del Maestro, en Culiacán.
Los manifestantes exigieron la renuncia de Gordillo Morales por
"entreguista", y exigieron al gobierno estatal que cumpla con la
rezonificación y aumente el presupuesto para educación.
En Tabasco, más de 100 integrantes del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Educación exigieron que el gobierno del estado
reconozca como secretario general de esa agrupación a Roger Arias, quien
disputa la dirigencia con Diago Ánimas.
La movilización interrumpió durante dos horas y media el tránsito en la
carretera Villahermosa-Macuspana, debido a que un contingente de la
Policía Federal Preventiva le cerró el paso. Luego que se les permitió
continuar en un solo carril, los mentores se acercaron al hotel donde se
celebraba la ceremonia oficial.
Octavio Vélez Ascencio, Ángeles Mariscal, René Alberto López, Javier
Valdez Cárdenas y Ulises Gutiérrez Ruelas
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=estados&article=035n1est
Gilberto López y Rivas
Por los caminos de la autonomía: policía comunitaria de Guerrero
La policía comunitaria de Guerrero representa una de las experiencias de
mayor trascendencia de las "autonomías de hecho" que se desarrollan en
los intersticios de los marcos jurídicos y en contraposición a la
traición del Estado mexicano a los acuerdos de San Andrés. Aunque la
policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) rechazan toda confrontación con las autoridades
estatales y federales, tampoco se someten a las exigencias y presiones
del Estado. Se han dado intentos, por ejemplo, por sustraer el carácter
comunitario de la policía, pero las comunidades se rehúsan a su
incorporación a las estructuras viciadas de los cuerpos policiacos
estatales y municipales. Por ello, desde los aparatos judiciales,
militares y policiacos se ejerce una persecución y criminalización de
sus integrantes.
Existe una asociación estructural y directa entre la violencia criminal
y el sistema policial y judicial. Esto lo aprendieron bien los
integrantes de la policía comunitaria que detenían a los delincuentes y
más tardaban en entregarlos al Ministerio Público que observabar
atónitos su salida por la puerta trasera de la asociación delictuosa
entre autoridades y crimen organizado. Ante esta descomposición de las
autoridades, las comunidades indígenas se organizan para crear sus
propios mecanismos de seguridad y justicia.
Los pueblos de la Costa-Montaña de Guerrero, en el fortalecimiento de
sus procesos autonómicos también incursionan en proyectos comunales en
los campos educativos, económicos y culturales, ya que hay conciencia de
la necesidad de una perspectiva integral de las autonomías, ante el
riesgo de que si existen carencias en uno de esos campos, es posible que
el Estado, las corporaciones, los poderes establecidos, lesionen desde
dentro las experiencias autonómicas. Así, la CRAC otorga una gran
importancia a la educación, a la preparación de los especialistas que
las autonomías requieren. Se ha llevado a cabo una lucha, por ejemplo,
para que ciertas instituciones educativas queden en el "territorio
comunitario": fruto de este esfuerzo es que la Universidad Pedagógica
Nacional tenga una sede en Santa Cruz del Rincón. También, tenemos a la
recién instaurada Universidad de los Pueblos del Sur, que tiene uno de
sus locales en la misma comunidad. Ésta no recibe apoyos del gobierno
sino nace por iniciativa de los mismos pueblos, en contraposición a la
gubernamental Universidad Intercultural Indígena de Guerrero.
Por experimentar estos procesos autonómicos la amenaza permanente del
Estado, los pueblos buscan el diálogo y la negociación con las
autoridades, pero siempre conservando intacta la base fundamental de las
autonomías: que la decisión final la tomen las comunidades y no un
grupo, en este caso, los comandantes de la policía comunitaria o los
integrantes de la CRAC. Cabe destacar que todos los integrantes de esta
coordinadora son elegidos y revocados en las asambleas. Si uno de estos
miembros viola la ley de la comunidad, se le impone una pena mayor. Por
ejemplo, si un policía comunitario hace uso de las armas no estando en
una misión de su organismo, va a ser reconvenido más enérgicamente que
un delincuente común.
Asimismo, en esta experiencia autonómica guerrerense se da una ruptura
con las ideas que el Estado capitalista mantiene sobre la reducación de
los reos. Es un rompimiento que parte incluso del término que se utiliza
para los delitos a los que se consideran como "faltas y errores". Con
estas perspectivas, la CRAC no sólo ha logrado disminuir la incidencia
del delito en 95 por ciento, sino ha dado a las personas que han
delinquido una oportunidad que no hay en el sistema carcelario nacional,
en el que la prisión es considerada una "escuela del crimen".
El reo trabaja en libertad en las comunidades, incluso en el seno de las
familias afectadas por él, con el propósito de reparar el daño, mientras
que por las noches permanece encerrado. El sistema carcelario
propiamente desaparece, porque se ha comprendido que la permanencia
entre muros es el peor principio de la reducación. En este sentido, la
experiencia comunitaria de Guerrero es paradigmática.
Sin embargo, los procesos autonómicos son dinámicos. En cada caso se
transitan caminos inéditos. En primer lugar se conforma el sujeto
autonómico: núcleos político-organizativos conscientes de la necesidad
de transformar las instituciones y tradiciones que no son liberadoras
sino contrarias al afianzamiento del sentido colectivo de las
comunidades y, en consecuencia, opuestas al desarrollo de las
autonomías. Estas prácticas autonómicas de cambios permanentes
contradicen a los críticos de las autonomías que, influidos por
concepciones eurocéntricas, pretenden ver a los pueblos indígenas como
un reservorio del pasado, interpretando sus autonomías como tribalismos,
formas esclavizantes que atentan contra los derechos de mujeres y niños,
por ejemplo.
No se toma en cuenta que las autonomías son procesos que han venido
incorporando acciones trascendentes como la Ley Revolucionaria de las
Mujeres, la cual ha estimulado su participación en los gobiernos
autónomos zapatistas. Existe conciencia de que muchas instituciones
indígenas perduraron por mucho tiempo por el caciquismo y el control
político de las comunidades que mantenía el sistema de partido de
Estado, y que ahora son consideradas lastres para el ejercicio
democrático de las autonomías. La policía comunitaria y la CRAC son
producto de una lucha ideológica en el seno de las comunidades y, por lo
que se observa, tras 12 años de experiencia, va a prevalecer en Guerrero
una visión liberadora de las autonomías.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=opinion&article=024a1pol
Luis Javier Garrido
El descaro
La entrega del petróleo de México a las corporaciones trasnacionales,
que es el objetivo de las iniciativas del gobierno de facto, como lo
aceptan ya con descaro muchos panistas, conduciría a un desastre
económico y social sin precedente, si no a una liquidación del Estado
nacional, y esto apenas algunos lo están comprendiendo.
1. México se halla al borde de la mayor crisis política que haya
enfrentado desde la terminación de la fase armada de la Revolución
Mexicana en este segundo año del gobierno de facto de Felipe Calderón,
no nada más por el fracaso absoluto de las políticas neoliberales que,
entre otras cosas, condujeron al desmantelamiento de organismos públicos
y al remate de la mayor parte de las empresas del Estado, produciendo un
desastre económico sin parangón en el país (no obstante lo cual se
quiere ahora entregar también la industria petrolera mexicana al capital
trasnacional), sino también por todo un cúmulo de políticas irracionales
llevadas a cabo por el gobierno de facto, que muy difícilmente pueden
entenderse sólo como consecuencia de la ineptitud de los panistas.
2. Las últimas iniciativas del gobierno espurio no dejan lugar a dudas:
el país está siendo llevado al caos de manera deliberada, por una
decisión de las fuerzas trasnacionales que lo manejan cada vez más
abiertamente, y que han encontrado en él a su más dúctil servidor.
3. México está siendo llevado a una situación de caos en su organización
política y en su vida social de manera consciente y sistemática para
crear un contexto similar al de Colombia, a fin de hacerlo un espacio
fácil para los intereses estadunidenses que buscan apoderarse ya de
manera abierta y sin restricciones de nuestros inmensos recursos
estratégicos. Y se está haciendo por toda una serie de decisiones
irracionales que no parecen tener más objetivo que el de generar un
escenario político y social de desastre en el que estiman su "patio
trasero", conforme al diseño de los teóricos del neoliberalismo, que de
Hayek a Friedman han preconizado devastar socialmente al país al que se
le quiere imponer plenamente el modelo neoliberal.
4. Las acciones del Ejército en las ciudades del norte no han logrado lo
que buscaba Calderón, que era legitimarse en el cargo, ni mucho menos
reordenar el mercado en función de los intereses del salinismo y el
panismo, pero sí ha logrado su propósito latente y fundamental: el que
buscaban los poderes trasnacionales de crear un escenario de caos, con
miles de muertos, una burocracia gubernamental cada vez más inmersa en
la corrupción y un Ejército dividiéndose por las deserciones, pues cada
día que lucha en las calles contra sus desertores pasados a las filas
del narco, hay más desertores y la colombianización se acentúa.
5. La privatización salvaje de la industria petrolera de México, que es
el objetivo fundamental e innegable de la propuesta de Calderón, no
conduce, además de darles un negocio descomunal a las trasnacionales (y
a sus cómplices) y a empobrecer al pueblo de México, condenándolo por
décadas a la miseria, más que a otro propósito: fortalecer las
estructuras de dominación de Washington, debilitando por completo al
Estado mexicano.
6. El modelo neoliberal a lo que tiende es a dejar a los estados
nacionales reducidos a un mero territorio de explotación, diezmada la
población por sus políticas genocidas y con un gobierno sin recursos
económicos ni políticos, sometido a los poderes fácticos: y en México la
clave para alcanzar ese escenario lo constituye le entrega del petróleo.
7. El inicio de los foros en materia energética el martes 13 en el
Senado de la República, para discutir la contrarreforma petrolera de
Felipe Calderón, ha propiciado que algunos ponentes oficialistas
insistan en que no es "privatizadora", pero a su lado muchos otros
ponentes neoliberales y varios legisladores del PAN se han descarado y
han aceptado que sí lo es, y que a lo que tiende es a darle la vuelta a
la Constitución y al marco legal fundamental de México que han
vituperado, ya se sabe que con el fin de entregar la explotación, el uso
y aprovechamiento de los recursos petroleros de la nación a
corporaciones extranjeras.
8. La pretensión del gobierno de facto de Felipe Calderón de destruir
Pemex y entregar la industria petrolera a las multinacionales es de tal
manera descabellada y contraria a los intereses de los mexicanos, que no
puede entenderse únicamente por el fanatismo ideológico neoliberal de
los panistas y de sus aliados priístas, por su odio patológico al Estado
y a la legalidad o por la avidez que tienen en el marco de corrupción
que han creado por aprovecharse sin límites del proceso privatizador,
sino por otra sinrazón: su sumisión al capital trasnacional y al
proyecto de éste de desmantelar no al Estado sino a la nación.
9. La Cámara de Senadores no tiene, por lo mismo, en términos de ley,
más alternativa que la de desechar las cinco iniciativas de Calderón por
notoriamente improcedentes para no forzar a una discusión en el pleno
sobre un texto que no oculta que pretende nada menos que crear las
condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear
un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos de
extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios
petroleros para la explotación, sin límites y sin control, y al margen
de cualquier legalidad constitucional, de las riquezas básicas de
México: lo que los neoliberales llaman la plena desregulación.
10. Lo contrario sería llevar al país aún más lejos en el escenario de
simulación institucional que se ha creado y en el cual hay dos
realidades, la de la ficción formal y la real. Quienes gobiernan deben
empero entender que ya han tirado demasiado de la cuerda y que el México
real –y profundo– se les está apareciendo, pues con una profunda
intuición nacionalista ha entendido que defender su petróleo es una
cuestión de supervivencia.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/16/index.php?section=opinion&article=024a2pol