terça-feira, 20 de maio de 2008

Indice la Jornada, martes 20 de mayo de 2008

1- Hay obligaciones pendientes con los pueblos indígenas, afirma
Rechaza Luis H. Álvarez que se busque solución militar en Chiapas

2- Autoridades de Oaxaca ocultaron un mes qué armas se usaron
Justifica la PGR tardanza en atraer asesinato de dos triquis

3- Última conferencia del representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
Faltan capacitación y controles para que el Ejército combata al narco: Incalcaterra

4- Ratifica que suspenderá acciones armadas mientras esté vigente el grupo de mediación
El EPR pide que cese persecución en su contra para avanzar en el diálogo

5- Reprimen policías a indígenas
Andrés T. Morales (Corresponsal)

6- Alza salarial, mejoras educativas y liberación de “presos políticos”, entre sus demandas
Profesores de Oaxaca suspenden labores

7- Luis Hernández Navarro
Evo y el futbol

8- Magdalena Gómez
El indigenismo en tiempos de Calderón

Hay obligaciones pendientes con los pueblos indígenas, afirma
Rechaza Luis H. Álvarez que se busque solución militar en Chiapas

Alfredo Méndez y Matilde Pérez

El comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) del gobierno calderonista, Luis H. Álvarez, sostuvo que hasta el momento no hay nada concreto respecto de la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación desaparezca en breve la Coordinación para el Dialogo y la Negociación en Chiapas.

“Eso se ha dejado en suspenso, de lado, y está bien que así sea; no podemos olvidar que en Chiapas se hizo un llamado que conmocionó a la opinión nacional, y que de hecho hizo tomar conciencia a muchos mexicanos de la obligación que se tiene con los descendientes de los pueblos originales”, indicó.

El funcionario fue entrevistado ayer por La Jornada en un hotel capitalino, en el que encabezó la entrega de recursos económicos a diversas organizaciones sociales, como parte del programa de promoción de convenios en materia de justicia.

Cuando se le preguntó sobre la denuncia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de que se está gestando nuevamente la guerra como “solución” al conflicto en Chiapas por la militarización del país como pretexto para combatir al narcotráfico, el ex senador panista cortó la entrevista con la siguiente frase: “Ésa es la opinión de ellos”.

En tanto, unos 200 indígenas mazahuas y triquis asentados en la ciudad de México exigieron ayer al CDI vivienda para 450 familias.

Marchan triquis y mazahuas

El grupo, identificado como Organización de Indígenas en la Ciudad de México, realizó una marcha desde el Centro Médico hasta las oficinas del CDI, donde fue recibido por Javier Abreu, coordinador de Enlace, y Rodolfo Echeverría, responsable de Atención Ciudadana, quienes se comprometieron a comunicarse con el Instituto de Vivienda del gobierno capitalino para atender su demanda.

Durante la marcha por avenida Cuauhtémoc, los indígenas fueron vigilados estrechamente por elementos de la policía capitalina, quienes se colocaron a la izquierda del grupo para dejar abierto un carril de dicha avenida, mientras varias patrullas y vehículos tipo panel fueron colocados al final del contingente.

“¡Queremos vivienda!”, señalaban los indígenas en las improvisadas cartulinas; otras servían para identificarlos: “Somos 126 grupos de familias que estamos en campamentos en la colonia Atlampa”.

Fernanda Ramírez comentó que desde el gobierno del presidente Vicente Fox, la entonces responsable de atención a los pueblos indios, Xóchitl Gálvez, había prometido atender la demanda de vivienda de los indígenas; “ahora nuevamente nos dijeron que ahora sí actuarían, pero han pasado dos meses y no hay respuestas claras”, dijo.

Respecto del apoyo económico a organizaciones de diversas entidades del país, Luis H. Álvarez puntualizó que “lo que se propone con estos programas y estos proyectos es atender a las comunidades que por tanto tiempo han sufrido marginación. Particularmente estamos hablando que son los descendientes de los dueños originarios de México”.

De su lado, Jesús King Pérez, director de Promoción de Convenios en materia de justicia del CDI, precisó que el programa de este ramo para los pueblos indígenas se convocó el pasado 18 de febrero.

La idea era que organizaciones sociales participaran con propuestas que contribuyeran a la defensoría y representación jurídica de los indígenas, a la formación de promotores de derechos, defensa y protección jurídica de territorios y recursos naturales, a la atención de conflictos y litigios agrarios, difusión y capacitación en derechos de la mujer, elaboración de diagnósticos y trámites en materia de identidad jurídica y en difusión y capacitación de derechos legales.

El tope presupuestal para este programa es de 37 millones de pesos, que serán entregados en el transcurso de este año a 536 organizaciones y núcleos agrarios cuyos proyectos resultaron aprobados.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=008n2pol

Autoridades de Oaxaca ocultaron un mes qué armas se usaron
Justifica la PGR tardanza en atraer asesinato de dos triquis

■ La presión de la prensa “nos hizo reflexionar”, dice Castro Lozano

Alfredo Méndez

Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), informó ayer que la instancia a su cargo tardó más de un mes en atraer la investigación sobre el asesinato de las indígenas triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, porque las autoridades de Oaxaca se reservaron en todo ese tiempo la información respecto de que las jóvenes locutoras pudieron haber sido ultimadas con rifles AK-47, utilizados comúnmente por asesinos a sueldo.

Durante una conferencia de prensa en la que se habló sobre los avances de la indagatoria, el funcionario reconoció que la decisión de hacerse cargo del caso también obedeció a que diversos medios de comunicación no dejaron de informar sobre este crimen.

“Sí fueron, y no tengo empacho en reconocerlo (las publicaciones periodísticas), un factor que nos hizo reflexionar”, puntualizó. Sin embargo, el funcionario se sostuvo ayer en lo que dijo el pasado 21 de abril –cuando recibió a representantes de una docena de organismos internacionales que vinieron a México para indagar atentados recientes contra periodistas–: que hasta el momento no existen pruebas claras de que Teresa y Felícitas hubieran sido asesinadas en una presunta acción de venganza por su trabajo como comunicadoras, simplemente por el hecho de que no está claro aún si se les puede considerar periodistas.

Según el funcionario, basándose en declaraciones de familiares de las indígenas asesinadas, ellas no hablaban de investigaciones periodísticas incómodas, pues “solamente tenían como encargo dedicar las canciones que se transmitían a las personas que así se los solicitaban”.

Explicó que en el ataque en el cual perdieron la vida, las dos triquis no llevaban vestidos autóctonos, por lo que se “fortalece” la hipótesis del crimen “derivado de una confusión”.

En contraparte, los familiares de Teresa y Felícitas han asegurado a la prensa que el día del homicidio las mujeres llevaban el típico traje triqui, que es un vestido rojo bordado en telar.

A decir del subprocurador, las pesquisas no llegaron a la PGR por el hecho de que las ahora occisas fueran periodistas, sino porque se utilizaron armas de grueso calibre.

La información sobre el uso de armas largas en el atentado la ocultó el gobierno de Oaxaca a la PGR durante las primeras cinco semanas de investigación; Castro Lozano aseguró que desconoce el motivo por el cual actuó así el gobierno de Ulises Ruiz.

El homicidio de Teresa y Felícitas ocurrió el 7 de abril pasado en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca. La procuraduría estatal apuntó desde un inicio que la principal línea de investigación del atentado señalaba a Francisco Vázquez, empleado del Registro Civil que conducía el vehículo en el que viajaban las jóvenes, como la persona contra quien se dirigían los asesinos.

Fue el 19 de mayo cuando la procuraduría estatal notificó a la PGR que en el lugar del atentado “se encontraron casquillos de rifle AK-47; eso no lo sabíamos antes. Ahora estamos a la espera de que se realicen peritajes a las ojivas de esas balas, que seguramente están alojadas en los cuerpos (de las dos indígenas) para determinar si, efectivamente concurre un delito federal”, manifestó ayer el subprocurador de la PGR.

Agregó que de no hallarse las ojivas de las balas que las mataron podría ordenarse la exhumación de los cadáveres, para saber con qué tipo de arma se les ultimó.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=007n1pol

Última conferencia del representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos
Faltan capacitación y controles para que el Ejército combata al narco: Incalcaterra

Patricia Muñoz Ríos

Ampliar la imagen Amerigo Incalcaterra, ayer en la SRE Amerigo Incalcaterra, ayer en la SRE Foto: María Luisa Severiano

El representante para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, señaló ayer que el país está viviendo una situación “fuera de lo común”, que preocupa y alarma, por el auge que está tomando la criminalidad organizada, pero apuntó que en la lucha contra el narcotráfico al Ejército Mexicano se le tiene que dar capacitación y poner “ciertos controles”, para evitar casos de violaciones a los derechos humanos.

¿Salida obligada?

Incalcaterra ofreció ayer su última conferencia de prensa al frente de esta representación, ya que dejará el cargo el próximo viernes, lo cual provocó especulaciones respecto de que habría sido el propio gobierno mexicano el que pidió su remoción debido a cuestionamientos del funcionario sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que sólo la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede determinar la movilidad de Incalcaterra. El diplomático fue invitado ayer a la cancillería a ofrecer una conferencia de prensa conjunta con el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la dependencia, embajador Juan José Gómez Robledo.

Ahí, Incalcaterra planteó que México todavía tiene retos muy importantes en materia de derechos humanos; habló de que la situación de violencia en el país merece toda la comprensión de la comunidad internacional y se debe combatir con toda la fuerza de la institucionalidad, pero sin violaciones al marco jurídico y a los derechos humanos.

“Jamás hemos dicho que las fuerzas armadas, que el Ejército, tiene que dejar las calles”; lo que se ha advertido es que en esta problemática tan fuerte, que está ocasionando la pérdida de vidas humanas, incluso de inocentes, se requiere “establecer ciertos controles, cierta capacitación” a las fuerzas armadas para evitar peligros de violaciones a los derechos humanos, señaló.

En el mismo tono planteó que el Ejército Mexicano tiene una estructura de seguridad nacional, está preparado para otras funciones y si va a trabajar en la lucha contra el crimen organizado se le tienen que establecer ciertas regulaciones; incluso si se dan casos de violaciones a las garantías por parte de alguno de sus miembros, tendrían que ser jueces ordinarios los que investiguen esto.

Incalcaterra fue interrogado por los medios informativos sobre versiones de que su salida la pidió el gobierno mexicano, a lo que contestó que las relaciones entre México y esta representación de la ONU siempre fueron tratadas de “manera institucional y no personal”. Dijo, sin embargo, que el que se vaya no significa que queden inconclusas las investigaciones de casos como Atenco o Oaxaca, entre otros, ya que esa labor la realizará quien venga en su lugar.

Planteó que cuando se tratan temas de derechos humanos se ha visto, no sólo en México sino en varias partes del mundo, que son normales los malentendidos o fricciones, pero eso siempre se supera, como ya se hizo aquí.

Puntualizó que “más allá de las dificultades reales, que son normales, lo importante es la apertura que existe para abordar la problemática de los derechos humanos”, y que esto sea ya un tema importante en este país.

Al preguntarle cuál es el diagnóstico de los derechos humanos en México, respondió que hasta el momento se puede decir que “ninguna nación se ha graduado” en la materia y este país lo que necesita es transformar en hechos concretos los compromisos que ha tomado a nivel internacional para pasar del papel a la realidad.

A su vez, el subsecretario Gómez Robledo planteó que el año pasado México adoptó un mecanismo de prevención de la tortura para prevenir y sancionar este delito mediante un sistema ágil y facultativo que permitirá “visitas sorpresa” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los centros de detención.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=006n1pol

Ratifica que suspenderá acciones armadas mientras esté vigente el grupo de mediación
El EPR pide que cese persecución en su contra para avanzar en el diálogo

■ Solicita al gobierno pruebas fehacientes de distensión; “no podemos esperar de forma indefinida”

■ Nuevo reproche a Ruth Zavaleta por hacer “oídos sordos” a propuesta de una ley de amnistía

De la Redacción

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) ratificó ayer que en tanto se mantenga vigente el grupo de mediación con el gobierno federal, cuya creación propuso hace unas semanas, seguirán suspendidas todas las acciones de carácter militar.

Sin embargo, demandó que la parte gubernamental “concrete su disposición al diálogo” dando muestras fehacientes de distensión, porque “no podemos esperar de manera indefinida”.

Más adelante el EPR destaca que en los próximos días se cumplirá un año de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por lo que ratificó su exigencia de que sean presentados “con vida y en libertad”.

A decir de los eperristas, estas desapariciones forman parte de un conjunto de hechos que restan “autoridad moral” al gobierno para hablar de respeto a los derechos humanos.

En un par de comunicados –uno dirigido a la comisión de mediación y otro a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta–, el EPR demanda que, como muestras de su compromiso con el diálogo, el gobierno federal –y el del estado de Oaxaca– cesen su campaña de hostigamiento e intimidación de líderes sociales; que se de- je de perseguir e investigar a quienes se considera que son parte de la organización, y que se suspendan los operativos de búsqueda y captura de los miembros del grupo rebelde.

Como parte de las pruebas de voluntad de diálogo el EPR solicita que mientras dure la intermediación se “realice el traslado inmediato de los presos políticos y de conciencia que están en el penal de exterminio de máxima seguridad número 1, El Altiplano: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales”.

Asimismo, pide la puesta en libertad de todos los “presos políticos” del país, en particular de los que se encuentran en el penal El Amate, en Chiapas, donde se han llevado a cabo una huelga de hambre, y en los Loxichas, Oaxaca.

Juicio a torturadores y asesinos

Solicita también que se enjuicie a todos los gobernantes y funcionarios que participaron en la “fabricación de delitos”, torturas, detenciones sin sustento y asesinatos.

Por otro lado, en un comunicado dirigido a Ruth Zavaleta, se descalifican las críticas de la legisladora al EPR. Y aunque se dirige a ella como “respetable diputada”, le recrimina que haya planteado que el gobierno les haya abierto las puertas del diálogo, cuando dicha condición fue parte de una exigencia para que se presentara a los dos eperristas desaparecidos.

Asimismo, critica las descalificaciones de la perredista a quienes actúan de manera violenta, toda vez que no asume –dice el comunicado– que la violencia proviene esencialmente del grupo en el poder, “en complicidad con alguna gente que se dice de izquierda”.

El EPR le reprocha a Zavaleta la pretensión de darle consejos, porque “es una pena escuchar esto de una persona que es presidenta de la Cámara de Diputados y que ha hecho oídos sordos a la solicitud que se ha hecho de que se promulgue una ley general de amnistía para los presos políticos y de conciencia en el país”.

Finalmente, menciona que la perredista asumió una postura de que no puede haber diálogo sin dejar las armas, a lo que señala que el EPR tienen ya varios años combatiendo la injusticia.

Rechaza que no haya puesto nada para impulsar el diálogo: “¿Acaso no le basta que se ha hecho pública la detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez?”
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=politica&article=008n1pol


Reprimen policías a indígenas
Andrés T. Morales (Corresponsal)

Ampliar la imagen Policías estatales y federales interceptaron una marcha de campesinos indígenas de la Huasteca alta y el Totonocapan que se dirigían a la capital del estado. En la imagen, labriegos retenidos en las instalaciones del edificio conocido como Agrocentro Policías estatales y federales interceptaron una marcha de campesinos indígenas de la Huasteca alta y el Totonocapan que se dirigían a la capital del estado. En la imagen, labriegos retenidos en las instalaciones del edificio conocido como Agrocentro Foto: Sergio Hernández Vega

Puente Nacional, Ver., 19 de mayo. Con el apoyo de 200 patrullas, perros de ataque y gases lacrimógenos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal Preventiva (PFP) interceptaron una caravana de campesinos huastecos y totonacos que se dirigían a esta ciudad para instalar un plantón en protesta porque el gobernador Fidel Herrera Beltrán no ha cumplido la promesa de entregar 10 mil hectáreas a 2 mil familias de la zona norte del estado.

Los indígenas, adheridos a la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), denunciaron que cuatro de sus dirigentes, entre ellos Rafael Jacobo y José Jacobo Femat, líderes nacionales, fueron detenidos, y 10 de sus compañeros desaparecieron.

Sólo 100 de los alrededor de 2 mil 500 manifestantes llegaron a la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Jalapa, donde instalaron un plantón frente a las oficinas del mandatario priísta, a quien exigieron liberar a los detenidos y presentar a los desaparecidos.

“Pedimos tierra y nos respondes con policías y perros. ¡Eres el Hitler veracruzano!”, gritaron frente al palacio de gobierno los campesinos, provenientes del Totonacapan y la Huasteca alta veracruzana.

Mil campesinos que lograron pasar la caseta de peaje fueron sitiados por unas 200 patrullas cerca del edificio conocido como Agrocentro, en el municipio de Puente Nacional, cerca de Jalapa.

Los agentes retuvieron allí a la mayoría de los labriegos, con apoyo de efectivos de la PFP. Los manifestantes dijeron que los policías arrojaron gas lacrimógeno a los vehículos donde viajaban, pese a que en ellos iban niños, mujeres y ancianos.

“Los que se resistieron fueron bajados a culatazos y macanazos. Nos decían: ‘Si vienen a molestar al gobernador se van a chingar –relató Sergio Pérez, de la comunidad Lázaro Cárdenas, en Papantla–. Hasta a las mujeres con niños pequeños les acercaban los perros para que los mordieran”, agregó José Luis Peña, originario de Vistahermosa, Papantla.

Octavio Antonio Reyes, secretario general de la Cocyp en el estado, denunció que los dirigentes regionales José Juárez Ambrosio y Mariano Hernández fueron detenidos.

Entre las personas reportadas como desaparecidas están Martha Gómez León, de 18 años de edad, junto con su hijo Marcelino Gómez Salazar, de 10 años, y su madre, Josefa Salazar Gómez, de 50; Teresa León Gómez, de 45 años; Petrona Gómez García, de 75 años, así como Juana Francisco, de 40 años.

Durante ocho horas, los dirigentes de la Cocyp fueron retenidos sin ser presentados ante autoridad alguna. Por la tarde, Irma Ramírez Rubio, asesora jurídica de la organización, informó que los indígenas “no podían comunicarse debido a que les recogieron sus teléfonos celulares”.

(Con información de Matilde Pérez)
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=estados&article=030n2est

Alza salarial, mejoras educativas y liberación de “presos políticos”, entre sus demandas
Profesores de Oaxaca suspenden labores

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 19 de mayo. El magisterio oaxaqueño de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspendió hoy actividades escolares en todo el estado y se instaló en plantón “rotativo” en el zócalo y calles aledañas.

En esta ciudad, con el apoyo de contingentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), las regiones Valles Centrales y Sierra marcharon desde las 9 horas, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, hacia la plaza central.

Mientras tanto, los de las regiones Mixteca y cuenca del Papaloapan bloquearon las casetas de cobro de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca y del puente Caracol de la autopista a Tuxtepec, para dar paso libre a los automovilistas. A su vez, los de las zonas Istmo de Tehuantepec y Costa cerraron las carreteras Transísmica y Costera, en las inmediaciones de Matías Romero y Puerto Escondido, lo que provocó largas filas de vehículos.

Por su parte, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz afirmó que su administración ha respondido al pliego petitorio presentado por la sección 22 del SNTE, y subrayó que está en la mejor disposición de seguir negociando para evitar afectaciones a estudiantes y habitantes de la capital oaxaqueña con la suspensión de clases y las movilizaciones. “No veo ningún problema para alcanzar acuerdos”, aseveró.

En un mitin, el secretario de actas y acuerdos de la sección 22 del SNTE, Domingo Cabrera Vásquez, dijo que el plantón “rotativo”, acordado durante el noveno congreso estatal ordinario de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y ratificado por la asamblea estatal, se instaló como medida de presión para lograr respuesta satisfactoria del gobierno estatal a su pliego petitorio, el cual incluye demandas educativas, económicas, sociales y políticas, así como otros reclamos, entre éstos la expedición de la convocatoria para la elección interna, la liberación de “presos políticos y de conciencia” y la cancelación de los procesos penales y órdenes de aprehensión contra seguidores del movimiento magisterial y popular. Asimismo, la entrega de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE.

El gobernador declaró que no hay conflicto entre su gobierno y la sección 22 del SNTE, sino únicamente “negociación, como ha habido otros años”. Además destacó que en el pliego petitorio existe un punto que no corresponde a los gobiernos federal y estatal, por estar relacionado con la expedición de la convocatoria para la elección interna.

“Tengo entendido que hay avances en las pláticas entre el SNTE y la sección 22, y espero que se expida la convocatoria”, indicó. Ruiz Ortiz manifestó que su gobierno respetará y garantizará toda movilización que se efectúe dentro de los cauces legales y respetando el estado de derecho.

A su vez, unos mil integrantes de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños se manifestaron en las principales calles y después bloquearon los accesos a Ciudad Administrativa, donde están todas las dependencias gubernamentales, para exigir el esclarecimiento del asesinato de su dirigente, Moisés Cruz, ocurrido el 18 de mayo de 2006 en el municipio de San Juan Mixtepec, en la región Mixteca, cometido presuntamente por priístas de la localidad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=sociedad&article=038n1soc



Luis Hernández Navarro
Evo y el futbol

Tiene 47 años pero no pierde oportunidad de participar en cuanto partido de futbol puede. Ha jugado al lado o contra cracks como Diego Armando Maradona, Héctor Chumpitaz y Diego Latorre. Forma parte del Litoral, un equipo semiprofesional que aspira a ascender a la liga mayor. Se llama Evo Morales y, además, es presidente de Bolivia.

Su último partido fue el pasado viernes, en Lima, Perú, durante la quinta Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El juego fue organizado por la Cumbre de los Pueblos, un evento alternativo, paralelo al encuentro oficial. Morales alineó con un combinado integrado por bolivianos, que se enfrentó a figuras mundialistas legendarias de Perú como Héctor Chumpitaz y Julio César Uribe. Con el número 10 en la espalda, Morales metió un gol de pénalti al minuto 22.

La cascarita le sentó mal a la clase política local. Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, declaró: “si un partido de futbol significa el éxito de una cumbre, es excelente, en buena hora para ellos; pero la verdadera cumbre está en la junta de los presidentes, de los cancilleres”.

Pero así se las gasta el presidente boliviano. En noviembre del año pasado, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de Chile, Morales prefirió jugar una partida amistosa en lugar de asistir a la cena que ofrecía la anfitriona Michelle Bachelet. Aunque en la escuadra chilena participaron viejas glorias deportivas, el combinado del mandatario ganó por ocho goles a uno.

El futbol es fundamental en la vida de Evo Morales. Siempre lo ha sido. A los 13 años fundó en su comunidad un equipo de nombre Fraternidad. Él era capitán, delegado y árbitro. A los 16 años lo eligieron director técnico de todo el cantón. Él cuenta: “Era como dueño del equipo. Tenía que trasquilar oveja, lana de llama; mi papá me ayudaba; era muy deportista, vendíamos la lana para comprar pelotas, uniformes.”

En los 80 la sequía obligó a su familia a emigrar hacia el Chapare. El deporte fue la llave que le abrió las puertas de la amistad en su nueva tierra, la herramienta de vinculación con sus vecinos. “Un día entré a jugar futbol con los colonos y fui goleador. Luego todos querían que juegara con ellos.”

Una foto registra aquellos tiempos. En ella, al atardecer, con el cielo nublado, un joven delgado y de bigote sonríe. Viste uniforme. La camiseta es de color azul celeste con cuello en forma de uve; el short, negro con rayas blancas a los lados. Lleva en el brazo derecho una muñequera para el sudor. Tiene el pie derecho colocado sobre un balón de cuero.

El futbol fue, también, un camino que lo acercó al mundo de la política. A los pocos meses de llegar a la región fue elegido secretario de deportes del sindicato de cocaleros San Francisco. En 1985 pasó a ser secretario general. En 1988 fue nombrado secretario general de la Federación del Trópico. En 1986 dirigía seis federaciones y un año más tarde fue elegido diputado.

En 1980, durante la dictadura militar de Luis García Meza, un equipo de la lucha contra el narcotráfico quemó vivo a un sindicalista. Evo se enteró de la salvajada mientras estaba en una cancha de futbol. Él y otros jóvenes deportistas fueron convocados a una reunión de emergencia. Decidieron que había que apoyar al sindicato y participar en una marcha para defender los derechos humanos y protestar contra la barbaridad que el gobierno había cometido.

Morales explicó a la cadena televisiva Fox News, en enero de 2008, la profunda huella que esta pasión le ha dejado. “El futbol –le dijo– es un instrumento integrador. No se trata sólo de campeonatos, trofeos o medallas. Su significación va mucho más allá. El futbol nos hace olvidar a los políticos lo que son nuestros problemas específicos. Hasta la pobreza, así sea por 90 minutos, da paso a este fenómeno social.”

Pero, más allá de su afición y pasión deportiva, el reciente protagonismo futbolístico de Evo Morales proviene de su rechazo a la decisión de la Federación Internacional de Futbol (FIFA) de prohibir jugar partidos eliminatorios de la Copa Mundial en estadios situados por encima de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar. Según Joseph Blatter, presidente de la FIFA, el veto responde a “razones médicas y para proteger la salud de los jugadores”.

A pesar de lo que dicen los dueños de la pelota, no existen pruebas científicas que demuestren que jugar en las alturas es perjudicial para la salud. Desde hace años se disputan torneos y ligas profesionales en Bolivia, Perú y Colombia, y a nadie le ha pasado nada por jugar allí.

La decisión de la FIFA fue inmediatamente rechazada por Evo Morales y por muchos otros deportistas. El técnico mexicano Javier Aguirre, entrenador del Atlético de Madrid, declaró que Joseph Blatter “no tiene ni puta idea”.

La protesta, el 16 de marzo, Evo y Diego Armando Maradona jugaron un partido en La Paz, Bolivia, a más de 3 mil 600 metros de altura, en la que la FIFA fue goleada. Luego dieron un pelotazo que llegó hasta Cuba. Le enviaron a Fidel Castro un balón con dedicatoria. La del mandatario boliviano decía: “Con admiración para Fidel”. Sin recato, el Pelusa escribió: “A mi maestro del alma con amor”.

También, como una forma de presionar a la FIFA para que reconsidere su posición, Morales jugó un partido de altura. En un hecho para el registro de Guinness, el presidente se echó una cascarita en una cancha con nieve en el nevado Sajama, a 6 mil 542 metros sobre el nivel del mar. Evo anotó el único tanto del encuentro.

Si, como dice Eduardo Galeano, “la historia del futbol es un triste viaje del placer al deber”, entonces Evo marcha a contravía. Porque si algo ha logrado hacer con sus cascaritas en las acartonadas cumbres continentales es, por inevitable contraste, devolver a este deporte el aire libre y fresco que sopla en las canchas llaneras de los barrios populares y las comunidades rurales. En los cónclaves internacionales de mandatarios, los goles los mete por la banda izquierda.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=019a1pol



Magdalena Gómez
El indigenismo en tiempos de Calderón

Después de la distorsión a los Acuerdos de San Andrés expresada en la contrarreforma indígena de 2001, de las estridencias del foxismo en esta materia y del contexto en que el actual gobierno se hace del poder, la tentación de hacer el vacío a las políticas oficiales es muy grande. Sin embargo, crecientemente se observan los signos del abierto retroceso en la definición y práctica del indigenismo. El calderonismo transita en sentido contrario a los instrumentos internacionales vigentes. Muestras de ello encontramos en el documento que el gobierno de México presentó al séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, realizado del 21 de abril al 2 de mayo pasado.

El texto contiene las respuestas a recomendaciones del Foro Permanente en su sexto periodo de sesiones, en 2007, además informa sobre las actividades, programas y políticas relacionadas con los pueblos indígenas (E/C.19/2008/5/Add.2).

Una de las recomendaciones centrales se refiere a la necesidad de establecer en la Constitución el consentimiento libre, previo e informado, derecho contenido en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Al respecto, el gobierno se refiere al derecho a la consulta que se contiene en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual tampoco se ha respetado, pues éste se debería realizar ante las instancias propias de los pueblos indígenas y no en “foros” o en un “consejo consultivo”, como se reivindica en el documento. En ningún momento aparecen evidencias de que se asuma la diferencia entre ser “consultado” y otorgar “consentimiento”. Temas tan complejos como los relativos a propiedad intelectual se justifican con la asistencia de funcionarios a reuniones internacionales.

Por otra parte, el espíritu “crítico” del gobierno aflora: “En cuanto al número de recomendaciones, sería conveniente reducirlas a un menor número (sic), y enfocarlas a resultados concretos que faciliten su seguimiento” (parágrafo 30). Dejan ver los obstáculos que enfrentan y recurren al conocido argumento de que no es lo mismo un país con “pocos” indígenas que otro con “muchos”: “En cuanto al porcentaje de población indígena en cada país, la disparidad en este factor dificulta el cumplimiento para aquellos países con alto porcentaje de población indígena, pues tienen que destinar presupuestos mayores (parágrafo 31). Y ya en plan “sincero” señalan: “Otro obstáculo es la negativa de algunas comunidades indígenas a participar” (parágrafo 32).

No obstante que se distorsiona el contenido de la contrarreforma de 2001 (por ejemplo, se dice que incluye el derecho a la tierra y al territorio), se reconoce lo obvio: “Más lento aún ha sido el desarrollo legislativo a nivel federal; los cambios han sido de menor impacto y de manera poco profunda”. Y se quejan: “Tal parece que entender y comprender la interculturalidad no es tarea fácil y requiere un ejercicio de reflexión interna y compromiso personal” (parágrafo 37).

La supuesta autonomía y libre determinación que dijeron reconocer en el artículo 2º de la Constitución no aparece; en cambio la reiteración del concepto de “servicios”, es decir, el asistencialismo, permea sus programas, muchos de ellos marcados por la ya añeja continuidad, como es el caso de los albergues escolares y los fondos regionales que ya no tienen el apellido de “solidaridad”. La innovación del panismo se centra en el programa de infraestructura, que por cierto requiere una auditoría urgente.

La llamada transversalidad aparece con precariedad manifiesta. “Sólo los rubros de educación, salud, acceso a la justicia y protección de los derechos humanos tienen alguna estructura para la atención a pueblos indígenas; el resto de la administración pública adolece de mecanismos específicos de atención” (parágrafo 43).

La perla de cierre en el documento que comentamos es la postura referida a la promoción de la declaración de la ONU, donde, para nuestra sorpresa, después de décadas de discusiones sobre el concepto de pueblos indígenas, se abre paso la denominación de “los derechohabientes”, cual clínica del maltrecho ISSSTE y, en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se propone la difusión de la declaración citada en los idiomas oficiales de la ONU. “La (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) CDI recomienda que el Foro Permanente organice un seminario con sus expertos, dirigido tanto a informar a los derechohabientes (sic mayúsculo) como a las autoridades encargadas de hacer efectivos los derechos contenidos en la declaración. Asimismo, la CDI propone que dicho seminario sea grabado y reproducido en medios digitales con traducción a los idiomas oficiales de la ONU, material que permitirá a los estados difundir su contenido entre un mayor número de personas” (parágrafo 57).

La ausencia de mecanismos de exigibilidad permite que los espacios de la ONU reciban informes de los gobiernos sin dar cuenta de sus inconsistencias. Así andamos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/20/index.php?section=opinion&article=019a2pol

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