segunda-feira, 5 de maio de 2008

Indice la Jornada, lunes 5 de mayo de 2008

1- A dos años de la represión en Atenco, protestan frente a la Corte en demanda de justicia
Exigen juicio político contra Peña Nieto

2-
Volvieron a alzar los machetes

3-
Dudas sobre los alcances del informe

4-
Autoridades penitenciarias impiden que les sean entregados alimentos y medicinas
Empeora el estado de salud de indígenas choles recluidos en el penal de Yajalón

5-
Responsabilizan a pistoleros de ex alcaldesa
Asesinan a tesorero de comunidad oaxaqueña

6-
La sombra del caso Digna Ochoa

7-
Un comando ataca su vivienda con armas de alto poder; el gobierno federal lo protegerá
Atentado contra el líder ganadero Rogaciano Alva deja 10 muertos

8-
Gustavo Esteva

9-
Carlos Fazio
Sobre nazis, terror y medios


A dos años de la represión en Atenco, protestan frente a la Corte en demanda de justicia
Exigen juicio político contra Peña Nieto


Matilde Pérez U.

Ampliar la imagen Ejidatarios de Atenco y simpatizantes marcharon ayer del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte Ejidatarios de Atenco y simpatizantes marcharon ayer del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte Foto: Jesús Villaseca

A dos años de la represión en San Salvador Atenco, estado de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) llamó a la unidad del movimiento social y a mantener la dignidad.

“Esta lucha es para decirle en voz alta al gobierno que la fuerza de la razón y el derecho asiste no sólo al pueblo de San Salvador Atenco, sino también al de Chiapas, al de Oaxaca y al Guerrero, entre otros”, dijo uno de los representantes de los ejidatarios.

La tarde de ayer, frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los atenquenses (acompañados por integrantes de la otra campaña, Movimiento Popular Independiente, Movimiento Popular Francisco Villa Independiente, estudiantes de la UNAM y Marcelo Franco –padre de Fernando Franco Delgado, uno de los cuatro estudiantes muertos en la incursión militar colombiana en Ecuador–) exigieron juicio político contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto.

A las 14 horas, el contingente llegó al Ángel de la Independencia y emprendió la caminata hasta la SCJN. Durante su trayectoria fue vigilado por un centenar de policías, quienes se desplazaron a ambos lados del grupo de manifestantes, por lo que a lo largo del recorrido éstos destacaron que ejercían su derecho a protestar.

“No venimos a provocar ni a delinquir, sino a seguir denunciando los excesos en que incurrieron hace dos años elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Estatal de Seguridad, y a señalar que aún no se hace justicia; los policías que participaron en ultrajes sexuales no fueron castigados, mientras tres de los nuestros –Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez– están presos en el penal de alta seguridad del Altiplano y sentenciados a 67.5 años de cárcel”, sostuvieron.

El 3 de mayo de 2006, integrantes del FPDT bloquearon la carretera federal en protesta porque autoridades de Texcoco impidieron a una docena de floricultores vender sus productos en el mercado municipal. Durante el intento de desalojo se suscitó un enfrentamiento entre civiles y policías estatales. En la refriega, tres uniformados fueron retenidos por los pobladores de Atenco.

La madrugada del 4 de mayo, elementos de la PFP y de la policía estatal ingresaron al poblado presuntamente para liberar a los uniformados “secuestrados”; diversas organizaciones no gubernamentales acreditaron que los elementos policiacos incurrieron en “tratos crueles, degradantes, tortura, agresiones y violaciones sexuales equiparadas y asesinatos”.

Ayer, durante su caminata, los manifestantes levantaron los machetes en señal de dignidad al recordar al estudiante universitario Alexis Benhumea; a Javier Cortés Santiago, de 14 años, y al ejidatario Enrique Espinosa, fallecidos en la lucha en contra de la construcción del aeropuerto en Texcoco.

María Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, comentó que resurgen presiones en contra de los atenquenses porque “quieren volver a construir un aeropuerto”, pero advirtió que la lucha de los ejidatarios y del pueblo no ha concluido. Luego leyó el mensaje que envió Del Valle, quien asentó que el “triunfo de los atenqueses en contra del aeropuerto se fincó en el dolor, y eso no se olvida”.

También en su mensaje, Héctor Galindo aludió al “mayo negro” de 2006 y asentó: “Se equivocan quienes piensan que nos derrotaron por estar en la cárcel; el pueblo seguirá defendiendo sus derechos y evitará la privatización del petróleo”.

De su lado, América del Valle, en discurso por escrito, pidió a los atenquenses y a quienes se han sumado a su lucha “mantener alzados los brazos”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=politica&article=008n1pol


Volvieron a alzar los machetes

Javier Salinas Cesáreo, corresponsal

San Salvador Atenco, Méx. 4 de mayo. Al cumplirse dos años de la represión y toma de este poblado, simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) realizaron una larga caminata: primero de Atenco a Texcoco, y luego del Ángel de la Independencia a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exigir justicia y libertad de los detenidos.

Como en sus mejores tiempos, este domingo nuevamente los machetes de los atenquenses se vieron en las calles para refrendar su compromiso de lucha.

Los manifestantes se congregaron desde temprano en la explanada principal de Atenco. Esta vez, en la marcha programada se volvieron a ver rostros de pobladores que hasta hace poco se mantenían inactivos en las movilizaciones, ante el hostigamiento constante que han sufrido.

De nuevo, los cañoncitos hechos a base de madera con un tubo como proyectil, que tradicionalmente habían sido utilizados en festejos –pero que en la represión fueron decomisados por la policía–, fueron exhibidos frente al comisariado ejidal. Unos 300 atenquenses, acompañados por miembros de la otra campaña y estudiantes de la UNAM, comenzaron su caminata de la explanada principal de Atenco hacia el poblado de Acuexcomac, para después enfilarse a la carretera federal Texcoco-Lechería.

Al frente iba la caballería conocida como el “séptimo batallón”; atrás se colocaron las mujeres y finalmente los hombres.

Los activistas caminaron más de diez kilómetros sobre dicha vía hasta la caseta de cobro de la autopista Peñón-Texcoco. Ésta fue tomada por los activistas unos momentos, ante el desconcierto de los vigilantes; después abordaron los autobuses con rumbo al Distrito Federal. La Policía Federal Preventiva desplegó un discreto operativo.

Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT y esposa de Ignacio del Valle Medina, preso en el penal del Altiplano, señaló que a dos años de represión contra los ejidatarios existen heridas entre la población que aún no sanan.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=politica&article=008n2pol


Dudas sobre los alcances del informe

Jesús Aranda

Después de que la comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el caso Atenco entrevistó a 301 personas, de las cuales 228 eran policías, diez altos funcionarios federales y del estado de México, nueve agentes de Migración, además de 19 atenquenses que obtuvieron su libertad, 26 que permanecen recluidos y nueve personas más, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo tiene elementos suficientes para determinar que sí hubo violación grave de garantías y uso excesivo de la fuerza pública, confiaron fuentes del máximo tribunal.

Sin embargo, existen dudas sobre el alcance del informe que entregará el ministro respecto de la posible responsabilidad de dos funcionarios de primer nivel que siguen en activo: el gobernador Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Seguridad Pública federal y actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Por primera vez la Corte defina los alcances de la fuerza pública cuando ésta sea utilizada para contener acciones de grupos sociales y esté en riesgo la paz.

El análisis también tendrá que ver con las acciones que en su momento adoptaron las autoridades federales, estatales y municipales, y determinar si estuvieron a la altura y realizaron acciones necesarias para evitar la confrontación y la violencia policiaca excesiva contra pobladores y los detenidos durante su traslado al penal de Santiaguito.

Límites al uso de la fuerza pública

En este contexto, los magistrados estudiaron el uso de la fuerza pública desde el punto de vista de la legislación nacional e internacional, y llegaron a la conclusión que los principios que la rigen son: legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, racionalidad, necesidad de proporcionalidad, diferenciación, no discriminación, oportunidad, prevención, preservación de la vida e integridad física, uso excepcional y extremo de las armas de fuego, y capacitación.

También la comisión analizó a los dos actores principales de los hechos: las corporaciones policiacas, “sus virtudes y deficiencias”, y el FPDT, “sus orígenes y su proceder histórico”.

Para determinar qué autoridades son responsables de violar las garantías individuales en Atenco, el informe destaca los elementos que serán definitivos en el juicio del ministro Gudiño determine: toma de decisión para el uso de la fuerza, planeación del operativo, coordinación de acciones, supervisión y ámbitos de control, entre otros.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=politica&article=008n3pol

Autoridades penitenciarias impiden que les sean entregados alimentos y medicinas
Empeora el estado de salud de indígenas choles recluidos en el penal de Yajalón


Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 4 de mayo. Los dos presos zapatistas de origen chol que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 12 de Yajalón no parecen haber mejorado sus condiciones de reclusión a pesar de que son sólo huéspedes del sistema penitenciario chiapaneco, donde no existe ninguna causa penal en contra suya, y sí el compromiso gubernamental de liberarlos.

Además de permanecer sin atención médica, por más que está demostrado que la necesitan, Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez ahora no pueden recibir más visitas que de sus familiares, y ni siquiera éstos la tiene fácil. Luego de pasar 11 años y ocho meses en la cárcel municipal de Tacotalpa, en el vecino Tabasco, su caso fue “atraído” por las autoridades chiapanecas, quienes los internaron en el centro penitenciario de la zona norte. Y allí siguen, aislados en una celda.

Francisco, don Panchito, ya septuagenario, se encuentra en malas condiciones de salud, y como las autoridades le dan atención a cuentagotas, recurrió a sus compañeros para conseguir medicamentos. Esta mañana intentaron entregárselos cuatro miembros de Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica (PUDEE), amigos de Ángel y Francisco que viajaron a Yajalón para visitarlos: “cuando llegamos a la entrada principal del Cereso, el personal de seguridad nos dijo que no los podíamos visitar, que únicamente sus familiares. Preguntamos por qué, dijimos que es el día de visita, y nos respondieron que son disposiciones del director, y ellos acatan las órdenes”, refieren los visitantes.

“Como no nos permitieron entrar, le pedimos de favor al personal de seguridad que entregue los alimentos y medicinas que llevábamos para nuestros compañeros presos. Entregamos una bolsa de nylon que contenía alimentos, medicinas, papel de baño, litros de agua y un cuaderno que nos habían pedido. Cuando estábamos ya de regreso, de nuevo salen con las bolsas que habíamos entregado. Que ellos no iban a ser responsables de entregar”.

Los activistas y amigos de Francisco y Ángel relatan: “vimos que salieron a tirar afuera  del penal, a la orilla de la carretera, la bolsa. Nuestros compañeros quedaron sin alimentos y medicinas. Por eso estamos denunciando estas arbitrariedades. Su estado de salud cada día se pone crítico, necesitan atención médica adecuada”, reclaman los miembros del PUDEE.

“Nuestros compañeros llevan ocho días en este penal. Hemos logrado en dos ocasiones entrar a visitarlos. En las dos (el personal de seguridad) nos ha interrogado como si fuéramos los enjuiciados o sentenciados. Nos preguntamos por qué nos hacen eso. Sabemos que no debemos nada, mucho menos nuestros compañeros presos. Son inocentes de los delitos que los acusan. Por eso decimos ‘ya basta’ de injusticia, exigimos su libertad”, concluye el PUDEE, que agrupa comunidades y grupos civiles de Tila, Tumbalá, Salto de Agua, Yajalón y Sabanilla, adherentes de la otra campaña.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=politica&article=011n1pol

Responsabilizan a pistoleros de ex alcaldesa
Asesinan a tesorero de comunidad oaxaqueña

Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)

Oaxaca, Oax., 4 de mayo. Sujetos armados, presuntamente bajo el mando de la ex diputada local priísta Agustina Acevedo Gutiérrez, dieron muerte a balazos a Paulino Salud Landi, tesorero de la agencia Santa Rosa de Lima, municipio de San Blas Atempa, y a Francisco Crispín González, miembro de la Resistencia Civil San Blaseña, vinculada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Gilberto Hernández Santiago, miembro de la Comisión Jurídica de la APPO, informó que alrededor de las 13 horas de este domingo Paulino Salud y Francisco Crispín se encontraban en el domicilio particular del primero cuando el inmueble fue atacado a balazos por los supuestos empleados de la también ex presidenta municipal de San Blas Atempa.

“Los compañeros de la Resistencia Civil San Blaseña los pudieron reconocer como pistoleros de la cacique, aunque desconocen sus nombres”, dijo Hernández Santiago.

Señaló que Paulino y Francisco estaban ocultos en la vivienda, por las amenazas de muerte que pistoleros de Acevedo Gutiérrez lanzaron a todo poblador que pretendiera trasladarse a la cabecera municipal para participar en una marcha y mitin por el segundo aniversario del homicidio del tesorero del ayuntamiento popular de San Blas Atempa, Faustino Acevedo Baylón, que fue atribuido igualmente a Acevedo Gutiérrez.

“Hubo mucha intimidación, y el compañero prefirió quedarse en su casa para evitar una agresión, pero hasta ahí llegaron a matarlo”, apuntó Gilberto Hernández.

Precisó que el tesorero de la agencia municipal de Santa Rosa de Lima, Salud Landi, murió en su casa por los disparos, mientras su compañero resultó lesionado y debió ser internado de urgencia en una clínica del lugar, pero falleció más tarde, reportó el subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios.

Subrayó que la agresión tuvo claro móvil político, porque el gobierno municipal de San Blas Atempa, “encabezado por Jaime Rito Gutiérrez, pero manipulado por la cacique”, se niega a reconocer la elección de agente municipal en Santa Rosa de Lima.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=politica&article=011n3pol


La sombra del caso Digna Ochoa

Sergio Ocampo Arista, corresponsal

Chilpancingo, Gro., 4 de mayo. Rogaciano Alva Álvarez, ex alcalde priísta del municipio de Petatlán, es señalado como uno de los responsables del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, perpetrado el 19 de octubre de 2001.

El 14 de marzo de 2007, La Jornada Guerrero dio a conocer que Javier Valle Villa, pistolero del ganadero Alva Álvarez, reconoció en una reunión que sus compañeros asesinaron a Digna Ochoa por órdenes de su jefe, según relató el campesino Javier Torres Cruz, vecino de la comunidad La Morena, municipio de Petatlán.

Luego de la muerte de Digna Ochoa, Rogaciano Alva fue interrogado dos veces por la Policía Judicial del Distrito Federal, pero negó estar involucrado. “Nunca la conocí”, afirmó en su momento.

En medios locales se afirma que Rogaciano Alva tiene vínculos con el tráfico de drogas en la Costa Grande de Guerrero, donde supuestamente operan diversas bandas de narcotraficantes, versión que Digna Ochoa documentó junto con Harald Ihmig, delegado de la Red de Acción Información Primero (FIAN, por sus siglas en inglés) cuando éste visitó la región, en 2001.

Rogaciano Alva está aliado con la familia Acosta Ávila para explotar ilegalmente la madera de ejidos como Soledad de la Palma, La Lucena y El Tremendo, en el municipio de Petatlán.

Digna Ochoa estuvo en Petatlán el 21 de septiembre de 2001 para reunirse con el profesor Pedro Rojas Félix, quien le pidió que se investigaran las agresiones contra campesinos ecologistas, aunque la activista dijo entonces que no podía hacerse cargo del asunto.

Entre los homicidios denunciados por Rojas Félix destaca el de Otoniel García Torres –a quien agentes de la Policía Judicial Federal habrían torturado y asesinado en un basurero del poblado Los Achotes, municipio de Petatlán, el 21 de febrero de 1999, presuntamente contratados por Rogaciano Alva y su empleado Sirenio Contreras–, y los de Salvador Cortés González y Valentín Yáñez Torres.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=estados&article=031n2est

Un comando ataca su vivienda con armas de alto poder; el gobierno federal lo protegerá
Atentado contra el líder ganadero Rogaciano Alva deja 10 muertos


■ Dos de las víctimas eran hijos del dirigente; trascendió que los agresores secuestraron a su hija

■ Demandan a la Procuraduría General de la República atraer las investigaciones de las matanzas

Misael Habana de los Santos y Sergio Ocampo Arista (Corresponsales)

Ampliar la imagen Sepelio de Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz y de Ángel Salas, ejecutados la madrugada de ayer junto con otras siete personas en el municipio de Petatlán, Guerrero, por un comando que vestía uniformes similares a los usados por la Agencia Federal de Investigación Sepelio de Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz y de Ángel Salas, ejecutados la madrugada de ayer junto con otras siete personas en el municipio de Petatlán, Guerrero, por un comando que vestía uniformes similares a los usados por la Agencia Federal de Investigación Foto: Pedro Pardo / La Jornada Guerrero

Petatlán, Gro., 4 de mayo. Diez personas fallecieron esta madrugada en la cabecera municipal de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero, cuando un comando de al menos 40 individuos armados con rifles AK-47 y AR-15 y vestidos con uniformes negros con siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a bordo de 10 vehículos, atacó el domicilio del presidente de la Unión Regional Ganadera del Estado de Guerrero (URGEG), Rogaciano Alva Álvarez, informó el director de la policía investigadora ministerial (PIM), Erit Montúfar Mendoza.

Este atentado ocurrió 24 horas después de que otro grupo mató a siete ganaderos e hirió a ocho personas la madrugada del sábado en Iguala. Las víctimas preparaban la 18 asamblea estatal de la UGREG, en la cual Rogaciano Alva presentaría un informe de labores.

Patrullas de la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan la casa de Alva Álvarez, a quien se asignará una escolta de elementos federales, informaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR). Este dependencia colabora con las autoridades de Guerrero en las pesquisas, pero no se descarta que atraiga el caso.

En entrevista telefónica, Montúfar Mendoza informó que durante el ataque, ocurrido poco después de la medianoche del sábado, perecieron Alejandro y Rusbel Alva de la Cruz, hijos del dirigente ganadero Rogaciano Alva; Francisco Javier Orihuela García, y Carlos García Barrios, originarios de Petatlán.

Señaló que también murieron en la agresión Oscar Chávez López, Edgar García Barrios y Crisóforo Alonso Muñoz, oriundos de la comunidad Coyuquilla, municipio de Petatlán, además de Eduardo Escamilla, nacido en Matamoros, Tamaulipas, y Manuel Hernández Otero.

Ángel Chávez Salas, quien resultó herido, fue trasladado a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zihuatanejo, pero falleció antes de llegar.

Fuentes no oficiales informaron que tras el ataque el comando allanó el domicilio del político priísta para llevarse a su hija, Ana Karen Alva de la Cruz, de 18 años, y dejó un recado.

Fusilados por la espalda

Según testigos, los agresores colocaron a las víctimas contra la pared y las asesinaron por la espalda, aunque en algunos casos hubo tiro de gracia. En la fachada y las ventanas de la casa se incrustaron al menos 30 proyectiles.

Montúfar dijo que tanto en Iguala como en Petatlán se pusieron en marcha operativos en los que participan el Ejército Mexicano, la AFI y la PIM, así como las policías estatal, Federal Preventiva y municipales.

La novena Región Militar, con sede en Acapulco, informó que no han localizado los vehículos utilizados por los asesinos.

Mientras, fuerzas federales y estatales resguardan el hospital general Jorge Soberón Acevedo, la clínica del ISSSTE, el hospital particular Royal Care y el sanatorio Padre Jesús, en Iguala, donde están siete personas heridas la madrugada del sábado en el hotel María Isabel.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Humberto Calvo Memije, exigió a la PGR atraer las investigaciones y mencionó que entre las víctimas está un primo del diputado local priísta René González Justo.

Consideró que los hechos ocurridos en Iguala y en Petatlán “merecen atención especial de las fuerzas federales que se encargan de las averiguaciones relacionadas con el crimen organizado. Me comuniqué con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Heriberto Salinas Altés, quien había ordenado un operativo especial.

Con información de Alfredo Méndez
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=estados&article=031n1est



Gustavo Esteva
gustavoesteva@gmail.com
Ilusiones democráticas

“Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, la frase de Lincoln en Gettysburgh se usa aún como definición de democracia. Pero Lincoln no empleó la palabra en ese discurso. Sabía que un país con esclavos no es una democracia y que ésta no es sólo un régimen de gobierno.

Actualmente, ni siquiera esta noción mínima y sesgada de la democracia puede aplicarse en el mundo real, cuando su triunfo universal llega acompañado de un desencanto igualmente universal. Prevalece la actitud resignada que se atribuye a Winston Churchill: la democracia sería el peor de los regímenes posibles… a excepción de todos los demás; se reconocerían sus terribles fallas, pero se daría tramposamente por supuesto que no hay opciones válidas.

Este fundamentalismo democrático consagra como ideal supremo e intocable a instituciones que generan sólo ilusiones de democracia y la convierten en espectáculo. Por ejemplo: una práctica parlamentaria que no es usual pero tampoco anómala, empleada por el PAN a favor de Felipe Calderón en 2006, se compara ahora con la supresión fascista de congresos democráticamente elegidos y se considera ridícula. Tales disputas vacías se emplean como cortinas de humo para disimular el asunto de fondo: el carácter autoritario de poderes democráticamente constituidos.

Los mexicanos estamos acostumbrados a ese ejercicio despótico, que caracterizó el reinado del PRI. Se frustró la esperanza de que con su liquidación acabara también el despotismo.

El caso más espectacular de autoritarismo es el de la reforma indígena, acordada en San Andrés con los zapatistas. Nunca una reforma legal había recibido tanto apoyo. No hubo una sola organización que se opusiera públicamente a ella, mientras miles de organizaciones y millones de personas la apoyaban, tras seis años de diálogo público abierto. A pesar de esta expresión masiva y contundente de la voluntad popular, el Congreso produjo una contrarreforma y tanto el Ejecutivo como la Suprema Corte se lavaron las manos del asunto.

¿Por qué deberíamos hoy confiar en que se respetará la voluntad popular, si se expresa libremente en el diálogo acotado que recientemente se acordó? ¿Por qué pasó al olvido la propuesta de que la reforma energética que resultara del diálogo se sometiera a plebiscito, para que los ciudadanos tuvieran la última palabra?

Vivimos frente a los límites insalvables de la democracia representativa. Eso es lo que necesitamos discutir.

El modelo democrático ha sido siempre elitista: mantiene en el poder a minorías autoelegidas. Quienes resistían el sufragio, por temor a la “tiranía de las mayorías”, hoy lo defienden con pasión: los partidos y los medios impiden el gobierno ciudadano. En una democracia es siempre una minoría del pueblo y casi siempre una minoría de los electores quien decide qué partido ejercerá el gobierno. Unos cuantos deciden quiénes representan a los partidos y los manejan. Una minoría exigua promulga las leyes. Otra, aún más pequeña, toma las decisiones importantes.

La alternancia en el poder o los famosos “contrapesos democráticos” no modifican esos hechos. Tener conciencia de ello no es un argumento contra la democracia, pero afirma el derecho de la gente a no ser gobernada contra su voluntad y a no tener que comulgar, además, con ruedas de molino.

El cinismo, la corrupción y el desarreglo a que han llegado gobiernos y partidos en las sociedades democráticas y la continua inyección de miedo, miseria y frustración que aplican a sus súbditos hacen indispensable rehacer los fundamentos de las instituciones que amparan el presente estado de cosas.

Como señaló Archipiélago (número 9) en plena transición española: “En el punto en que la democracia se afirma como tabú de la tribu empieza a negarse a sí misma, a instituirse como manera desnuda de dominio, como bruta sinrazón sin otro objeto que el perpetuar el para tantos insoslayable estado de cosas… ¿No será ésta nuestra peculiar variante de fundamentalismo? ¿No se tiene a sí mismo por el único camino verdadero en vez de uno más entre los posibles o deseables? ¿No comparte con otros fundamentalismos análoga pretensión de verdad definitiva y conquista irrenunciable?… ¿No se adorna de una misma ceguera respecto de sí mismo? ¿No se estará creyendo en la Democracia bajo la misma ilusión con que se cree en el Corán o el carácter divino del imperio?”

Este fundamentalismo libra una guerra permanente contra el experimento democrático de los zapatistas, reprime salvajemente otro semejante en Oaxaca y extiende ya, en todo el país, discursos y prácticas autoritarias. Pero tirios y troyanos siguen exigiendo que mantengamos fe ciega en esos dispositivos, que se pretenden intocables.

No sólo hay que tocarlos. Ha llegado la hora de hacerlos a un lado. No debemos olvidar que se emplearon procedimientos democráticos para instalar a Hitler en el poder.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/05/index.php?section=opinion&article=018a2pol



Carlos Fazio
Sobre nazis, terror y medios


México vive una aguda lucha de clases. La actual disputa en torno al petróleo, que confronta a privatizadores y nacionalistas, exhibe el problema de manera descarnada. Continuación de la pelea en torno al fraude de Estado electoral, el conflicto sobre la privatización de Petróleos Mexicanos expone, en definitiva, la disputa entre dos proyectos de nación dentro de los marcos del sistema.

La primera fase de la lucha en torno a la contrarreforma energética de Felipe Calderón desnudó la renovada alianza de clases de los partidarios del status quo y el inmovilismo; de quienes se oponen a todo cambio social y al pensamiento crítico y solidario. Y como tantas veces antes en el pasado reciente, dicha alianza clasista se movió, en términos de propaganda, en dos terrenos interrelacionados, complementarios y, en rigor, sincronizados: el de los intelectuales orgánicos del sistema y el de la guerra sucia mediática patrocinada por la derecha más reaccionaria. En ambos casos, el escenario principal de la campaña de manipulación e intoxicación propagandística fueron los medios electrónicos bajo control monopólico, Televisa en primer lugar. Sin embargo, la prensa escrita también jugó papel destacado, sobre todo en las secciones de opinión.

El blanco de la campaña fue el mismo que desde 2002, atravesando por los videoescándalos, el desafuero y la guerra sucia electoral, tiene inquieta a la oligarquía y llega hasta nuestros días: Andrés Manuel López Obrador, estigmatizado entonces como populista radical, mesías tropical, hombre autoritario y violento, y caricaturizado ahora como fascista, nazi y golpista, entre otros epítetos y trucos retóricos fuera de toda proporción y objetividad.

En el fondo, la reacción de la cúpula empresarial, la ultraderecha corrupta y sus papagayos mediáticos no se reduce a señalar a AMLO como “un peligro para México”. El verdadero temor de la plutocracia gobernante, sus aliados priístas y los intelectuales políticamente correctos guarda relación directa con el avance de la conciencia popular, las masivas acciones de la resistencia civil pacífica contra el fraude electoral y en defensa del petróleo y el surgimiento de distintas formas de organización horizontal en todo el territorio nacional.

Si a ello se le suma la existencia en México de otras fuerzas antisistémicas, algunas de carácter armado (EZLN, EPR, ERPI), se comprende por qué el régimen recurre de manera persistente a la mentira, la falsificación de la información y al terrorismo mediático, en el contexto de una guerra contrainsurgente en ascenso.

La cúspide de la campaña mediática fue un espot difundido en horarios estelares de Televisa, donde se comparó la toma de las tribunas en el Congreso por legisladores del Frente Amplio Progresista con acciones encabezadas por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta. Por medio de una secuencia de imágenes, esos anuncios pretendieron equiparar a López Obrador con los personajes mencionados, mientras se afirmaba que, con la “clausura” del Congreso, la “democracia” mexicana y la “paz” estaban en peligro. Un insulto a la inteligencia, o una forma falaz y absurda de sembrar miedo y alimentar el encono y la polarización social.

La liga directa del Partido Acción Nacional con los promotores visibles de los espots de propaganda negra (entre ellos los neofascistas Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega, quienes en colusión con el genocida presidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentaron además una denuncia penal por “terrorismo internacional”, ante la Procuraduría General de la República, contra Lucía Morett y 15 mexicanos más, cuatro de ellos asesinados en el Sucumbíos ecuatoriano), no dejó duda sobre quién fue, en realidad, el autor intelectual de la nueva campaña de odio: el gobierno de Felipe Calderón. Una vez más, el respaldo público del Consejo Coordinador Empresarial al régimen desnudó el carácter de clase de la nueva guerra sucia mediática.

John M. Ackerman recordó en estas páginas que el fascismo es una ideología basada en la razón de Estado y la fidelidad total al jefe de la nación, que utiliza la violencia y la propaganda para generar un clima de miedo y odio contra los “diferentes”. Y no es precisamente López Obrador quien se ha acercado en los últimos años al fascismo, sino los gobiernos del PAN y los grandes monopolios privados, legitimados por la jerarquía conservadora de la Iglesia católica e intelectuales áulicos que viven de la teta del poder.

Con un agregado: igual que ocurre en Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, el nuevo laboratorio mediático de abril en México forma parte de la “guerra de cuarta generación” impulsada por la administración Bush en el marco de su lucha contra el “terrorismo” (como sustituto del viejo fantasma comunista).

El concepto, acuñado en 1989 por William Lind del Pentágono, abarca la guerra asimétrica, la guerra sucia, el terrorismo y la propaganda, en combinación con estrategias no convencionales de combate que incluyen la cibernética, el control de población y la política.

Asociada a la guerra sicológica, la generación de matrices de opinión falsas y negativas, mediante el reciclamiento de mensajes fabricados que son difundidos en la gran prensa internacional, permite librar batallas que se resuelven sin fusiles. Las grandes unidades militares son remplazadas por pequeñas unidades mediáticas que montan grandes operaciones de prensa que buscan determinada reacción de la sociedad. Con una ventaja central: a la familia Santos del diario bogotano El Tiempo, y a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, no hay que engañarlos o convencerlos. Son herramientas dóciles, porque sus intereses económicos y de clase coinciden con los objetivos de las guerras sicológicas de Washington.

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