Del análisis de las luchas antisistémicas en América Latina en las últimas décadas destaca el papel de las resistencias y la construcción de autonomías de los pueblos indígenas. En México, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, entre los países signados por esta presencia, los movimientos indígenas han sido protagonistas persistentes en la caída de gobiernos, defensa de territorios, recursos naturales y estratégicos, enfrentándose sistemáticamente a las políticas represivas de los Estados y a la rapacidad de las corporaciones trasnacionales. De sus procesos autonómicos se han vislumbrado nuevas formas de gobierno participativo, renovadas convivencias políticas y propuestas para darle un nuevo contenido a la desgastada democracia institucionalizada. Las organizaciones políticas de los pueblos indígenas han mostrado su continuidad, perseverancia, flexibilidad e imaginación frente a la burocratización y deterioro de esfuerzos organizativos en los ámbitos partidistas, sociales y gremiales.
Por ello, es significativo que en el décimo Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que tuvo lugar el mes pasado en Sao Paulo, Brasil, durante el cual se adoptó una Resolución en Solidaridad con los Pueblos de América Latina y del Caribe –que circuló profusamente por Internet–, en todo el texto sólo una vez se mencione a los indígenas, no como pueblos, categoría reservada al conjunto de la población de los países latinoamericanos, sino subsumidos como parte de los “diversos sectores de trabajadores”, entre los que se encuentran jóvenes, mujeres y campesinos que protagonizan “la oposición y la resistencia frente al saqueo de las riquezas, la privatización, la corrupción, la depredación ambiental, entre otros graves problemas de la actualidad”.
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