Once años ya de la matanza de Acteal y aún se clama justicia plena para las 45 personas asesinadas el 22 de diciembre de 1997. Y tal justicia incluye tanto a autores materiales como a los intelectuales, a los que tienen responsabilidad directa como indirecta, a los que incurrieron en acciones o en omisiones propiciatorias de tan horrendos crímenes.
Sabemos que no es el único caso que la espera. Mala señal democrática para cualquier país que ostente de manera formal un estado de derecho y poco alentadora para los movimientos sociales que están detrás de estas demandas. Cuando estos asuntos se convierten en efemérides ciertamente dejan un mal sabor de boca. Once de Acteal, 40 del 68, dos de Atenco. En la lista quedan también El Charco y Aguas Blancas en Guerrero, entre otros. Ni qué decir de los aniversarios de cada desaparición forzada. Cada persona de la que no se supo jamás el paradero, cada familia que la busca, cada madre o padre, cada hijo o hija, hermano o hermana. Todas y todos tienen derecho: unos, unas a la vida; otras, otros a saber del destino y paradero de sus seres queridos.
Regresando a Acteal, un signo alentador en el empeño por obtener justicia es la recuperación de la memoria. En ello La Jornada ha cumplido un papel fundamental. Las causas sociales le son propias, ello lo entendemos bien quienes encontramos en este espacio el acceso imprescindible. Más allá de los señalamientos en algunos medios o sectores de que estamos ante un periódico que no es “neutralmente objetivo”, como si tal cosa fuera posible y una realidad en cualquiera de los otros medios.
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