Hace 15 años la nación mexicana se cimbró ante la noticia de un levantamiento armado en diferentes municipios del estado de Chiapas. La acción llevada a cabo por las fuerzas insurgentes se caracterizó por su sincronía, disciplina y la eficacia de sus propósitos.
Después de los primeros días de combate, la sociedad mexicana exigió el cese de las hostilidades y obligó a las partes en conflicto a buscar una salida negociada que atendiera los justos reclamos que enarbolaba el zapatismo. Los procesos subsiguientes de negociación resultaron complejos, pero se produjeron a pesar de las evidentes manifestaciones de provocación promovidas por quienes desde dentro del Estado han resultado beneficiados por las confrontaciones sociales. Para ellos la guerra es negocio, la paz nunca lo será.
En este contexto, se formó una comisión legislativa paritaria, que después sería conocida como la Comisión de Concordia y Pacificación, a la cual me correspondió pertenecer. La decisión para integrarme a la misma no fue sencilla: en aquel tiempo era diputado federal por Tijuana e involucrarme en un tema distante en términos geográficos no resultaba una tarea sencilla. Sin embargo, las características y el alcance nacional de las reivindicaciones zapatistas constituyen un acercamiento a uno de los temas del México profundo todavía irresuelto.
Este hecho me ha permitido desde entonces conocer de cerca una realidad compleja, inédita y día a día renovada por hechos y nuevas circunstancias. Chiapas es, en sí, una universidad de la vida.
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