Ángeles Mariscal, corresponsal
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 9 de octubre. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) consideró que lo ocurrido hace una semana en la zona arqueológica de Chinkultik –donde seis campesinos perdieron la vida durante un desalojo de la policía– es un ejemplo de la política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional.
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