El laboratorio social confirma las evidencias de que la contrarreforma indígena de 2001 fue estratégica para la clase política y que en su definición operó la razón de Estado en clave neoliberal. De poco sirven las exiguas muestras de "aplicación" del artículo segundo constitucional en terrenos aparentemente "seguros" que ya en países como Guatemala se les ha denominado "derechos permitidos"; como sería la dimensión de los derechos linguísticos y los relativos a educación bilingüe e intercultural y, aun ellos, por cierto, deben ser sometidos a examen riguroso.
Dos elementos saltan a la vista en los días recientes: por una parte, la emergencia de los movimientos indígenas que se oponen a las concesiones mineras otorgadas en el marco de las reformas a la ley en la materia y, por otro lado, la aprobación unánime de una reforma en la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril al artículo 17 constitucional para determinar la acción colectiva, no ciudadana, como se ha demandado, sino tutelada por instancias gubernamentales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De manera expresa se dice: "las leyes que expida el Congreso de la Unión regularán los derechos colectivos, los cuales solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente". ¿Quién se acuerda de que la esencia del debate realtivo a los derechos de los pueblos indígenas se dio en torno a que se trata de derechos colectivos y difusos? Ahora resulta que derechos colectivos "sólo podrán establecerse" en las tres materias anotadas. Bien se ha dicho que a las leyes hay que analizarlas no solamente por lo que dicen, sino también por lo que callan.
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