En Chiapas, el hostigamiento contra la comunidades zapatistas sigue una ruta precisa. Como si se tratara de una carrera de relevos, grupos campesinos ligados al gobierno del estado se alternan en diversas regiones para procurar desgastar la resistencia indígena. A lo largo y ancho de los territorios rebeldes, un ejército de siglas que hablan en nombre de los labriegos provocan regular y sistemáticamente a las bases de apoyo que rechazan tener trato con el gobierno.
En la provocación no hay tregua. Se trata de no dar respiro a quienes se han atrevido a construir la autonomía sin pedir permiso. Un día ocupan sus tierras, otro roban su café o su ganado, otro más rompen cercas, al siguiente destruyen los pequeños huertos en los que crece el aromático. Están al acecho del momento oportuno para emboscar rebeldes, para blandir el machete o disparar la resortera.
Un manto de impunidad protege a los agresores. La ley no es para ellos. Enfrentar campesinos contra campesinos e indígenas contra indígenas ha sido una práctica común del poder. Ellos son la herramienta para hacerla valer. Por sus servicios cobran mamando del presupuesto los recursos destinados al combate a la pobreza o al desarrollo agropecuario y, si tienen más suerte, ocupando algún cargo público.
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