Editorial - La Jornada
A casi tres años de los abusos cometidos por policías federales y estatales en Texcoco y San Salvador Atenco, en mayo de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto iniciar, el próximo lunes, la discusión pública de un dictamen sobre el caso, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Entre otras cosas, el documento reconoce la comisión de violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco por parte de elementos de la fuerza pública (entre los que destacan diversas formas de agresión sexual) y atribuye tales vejaciones a “la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencia y cargas emotivas incontroladas y, por supuesto, injustificables” de los policías; asimismo, el texto aclara que el máximo tribunal no está facultado para fincar responsabilidades personales a los funcionarios involucrados –cuyos nombres son omitidos– en la violación de garantías, ni para establecer las sanciones correspondientes.
Sin duda, el solo hecho de que el máximo tribunal haya reconocido, en voz de uno de sus magistrados, la comisión de estos crímenes y la participación de las autoridades en ellos constituye un avance con miras al cabal esclarecimiento de esas lamentables e inaceptables agresiones, y ciertamente es un cambio positivo en la postura del propio Gudiño Pelayo, quien hace exactamente dos años, ante la posibilidad de que la SCJN atrajera el caso, sentenció: “no vamos a obtener nada más de lo que ya obtuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. Sin embargo, al insinuar que los abusos se deben principalmente a la falta de preparación de las policías; al omitir la mención de los altos funcionarios involucrados; al no establecer sanciones en contra de los responsables, la investigación de la Corte pareciera limitar sus propios alcances y descalificar de alguna manera las conclusiones a las que arriba.
Mais em:
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/07/index.php?section=opinion&article=002a1edi