Arturo García Hernández - La Jornada
El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 puso en el centro de la agenda nacional el tema de la diversidad cultural y la autonomía, así como su relación con el Estado.
Hoy, la discusión está empantanada, porque los tres poderes del Estado la han dado por terminada, con lo cual se relega una demanda esencial no sólo del zapatismo, sino de los pueblos indígenas de México en general.
El antropólogo Héctor Díaz-Polanco, especialista en la materia, hace la observación en entrevista a propósito de la publicación de su libro más reciente, La diversidad cultural y la autonomía en México.
–Además del debate teórico que compendia el libro, ¿cuál es la situación de ése en el ámbito concreto de la política y lo jurídico?
–Tenemos una situación de empantanamiento y difuminación de algo que parecía al alcance de la mano después del levantamiento del EZLN y en la segunda mitad de la década de los años 90.
"Al iniciar el siglo XXI, esto se empieza a difuminar y concluye en su aspecto jurídico y político con las reformas que aprobó el Congreso en 2001, las cuales no satisfacen al sujeto central del proceso: los pueblos indígenas. En ese momento, el señor Fox manda al Congreso la propuesta acordada en San Andrés Larráinzar, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa); el Congreso ignora los acuerdos y toma su decisión, y el Poder Judicial dice que las modificaciones se ajustan a la ley. Los tres poderes de la Unión se lavan las manos y dan por cerrado el caso."
La reacción es que el EZLN se afianza en sus regiones e inicia “la construcción de autonomías de facto, que llaman juntas de buen gobierno y Caracoles, pero sin adaptarse a un marco jurídico que les queda estrecho.
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