Con brutalidad judicial y mediática, que no se veía desde la virtual dictadura militar establecida en Chiapas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores Guillén, el actual gobierno ha dado un salto al vacío al inventar cargos contra luchadores sociales, adherentes de la otra campaña y bases de apoyo del EZLN, difundirlos masivamente sin el menor pudor y sostener una política de tortura y terror sin sentir la necesidad de ofrecer explicaciones, ya no digamos disculpas.
No sólo Ulises Ruiz Ortiz y Enrique Peña Nieto son gobernadores que confunden impunemente orden y crimen. También Juan Sabines Guerrero y su secretario de Gobierno, Noé Castañón (resuscitado del alborismo por su protector, el secretario de Gobernación calderonista, Fernando Gómez Mont), pertenecen a esa casta de mandatarios que con una sonrisa golpean, torturan y encarcelan a ciudadanos inocentes. Busca allanar el paso a una autopista que los campesinos del trayecto rechazan.
Los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, desmintieron nuevamente el 24 de abril las acusaciones del gobierno contra ocho indígenas, "arraigados, acusados de delincuentes, asaltantes y narcotraficantes" de manera gratuita. Más bien han participado en acciones para controlar los asaltos y robos a turistas en las cascadas de Agua Azul. En cambio, los policías sectoriales "no sirven de nada, porque ellos lo utilizan como su negocio cuando detienen algún asaltante y después lo dejan en libertad".
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