sexta-feira, 11 de abril de 2008

Indice la Jornada, viernes 11 de abril de 2008

1- *Repudian asesinato de activista en Chihuahua y carestía de insumos
Conmemoran a Zapata con protestas en varias entidades

2- **Durante el funeral insisten en que la SRA causó conflicto agrario
Arraigan a dos presuntos implicados en asesinato de indígena en Chiapas

3- **Resistencia con causas

4- **Al presidente Rafael Correa

5- **Condenan crímenes

6- **Jaime Martínez Veloz
Chiapas: justicia para la reconciliación social

7- **Luis Javier Garrido
El saqueo*

*Repudian asesinato de activista en Chihuahua y carestía de insumos
Conmemoran a Zapata con protestas en varias entidades*

? Bloquean la Autopista del Sol y el puente internacional a Guatemala

? Alertan sobre el declive de la actividad agrícola en Michoacán y NL

De los corresponsales

Ampliar la imagen En el monumento a Zapata, en Buenavista, Morelos,
integrantes del Movimiento de los 13 pueblos exigieron respetar el
derecho a un medio ambiente sano y frenar la autorización indiscriminada
de conjuntos habitacionales. Mientras, las viudas del movimiento
zapatista recibieron del gobierno federal sólo mil pesos de sus
pensiones atrasadas y realizaron una manifestación silenciosa en Cuautla
En el monumento a Zapata, en Buenavista, Morelos, integrantes del
Movimiento de los 13 pueblos exigieron respetar el derecho a un medio
ambiente sano y frenar la autorización indiscriminada de conjuntos
habitacionales. Mientras, las viudas del movimiento zapatista recibieron
del gobierno federal sólo mil pesos de sus pensiones atrasadas y
realizaron una manifestación silenciosa en Cuautla Foto: Guillermo Luna
/ La Jornada Morelos

Ampliar la imagen Un grupo de campesinos bloqueó la delegación de la
Sagarpa en Sonora en demanda de apoyos para el pago de energía eléctrica
y permisos de usos de agua Un grupo de campesinos bloqueó la delegación
de la Sagarpa en Sonora en demanda de apoyos para el pago de energía
eléctrica y permisos de usos de agua Foto: Ulises Gutiérrez

Ampliar la imagen Mientras, más de 200 personas se reunieron este jueves
en los límites de Hidalgo con Veracruz, para acordar una serie de
actividades que reflejen la permanente lucha por la tierra Mientras, más
de 200 personas se reunieron este jueves en los límites de Hidalgo con
Veracruz, para acordar una serie de actividades que reflejen la
permanente lucha por la tierra Foto: Carlos Camacho

El 89 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata se convirtió ayer en
ocasión para que miles de campesinos protestaran por los altos costos de
los insumos agrícolas y exigieran al gobierno tierras, liberar a presos
por conflictor agrarios y justicia para los asesinados, entre ellos
Armando Villarreal Marta, dirigente de la Organización Agrodinámica
Nacional, ultimado el 12 de marzo.

La manifestación más numerosa se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
donde se unieron campesinos que pidieron tierras, cañeros que
denunciaron fraudes de dirigentes de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), estudiantes que piden que se mantenga la matrícula de sus
escuelas y colonos que demandan la regularización de sus solares.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo informó que bloqueó el
puente fronterizo internacional de Talismán, que comunica Chiapas con
Guatemala, y las carreteras que van de la cabecera municipal de
Altamirano hacia Ocosingo y Comitán.

Un contingente de unos 500 integrantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Guerrero protestó en Chilpancingo y bloqueó una hora la
Autopista del Sol. Luego se trasladaron al palacio de gobierno, donde
fueron recibidos en audiencia, pero no se resolvieron sus demandas.

Mientras, 700 afiliados al Movimiento Socialista de la Sierra del Sur y
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur marcharon en
Chilpancingo para exigir que baje el precio de los fertilizantes, señaló
su dirigente, Ranferi Hernández Acevedo.

Una tercera columna, en la que participaron miembros de la CNC, la
Central Campesina Independiente y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), entre otras organizaciones, protestaron fuera de la delegación
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).

En Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de personas marcharon para exigir
justicia por el homicidio de Armando Villarreal Martha, y en protesta
por la detención, ocurrida el 3 de abril, del también líder campesino
Carlos Chávez y de la activista Cipriana Jurado, por participar en un
bloqueo en el puente internacional de esta ciudad.

En Durango, integrantes de la Organización de Defensa Campesina Plan de
Ayala ocuparon más de una hora las oficinas de la Sagarpa y de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado porque, denunció su
dirigente, Sergio Silva, sólo se entregan apoyos del programa de sequía
a productores cenecistas.

Otras 40 personas bloquearon dos horas la entrada de la delegación de la
Sagarpa en Sonora para exigir apoyos a los productores de maíz y otros
cultivos debido a las altas tarifas de electricidad para riego, según
Jaime Moreno Berry, dirigente de la CNPA en la entidad.

Destacó que a los agricultores les cobran una tarifa de 120 pesos por
por hora, en lugar de los 20 que se pagan en otras entidades
beneficiadas con programas de subsidio. También se quejó de los altos
costos del agua de riego y exigió al gobierno federal políticas en favor
de los campesinos.

En Múgica, Michoacán, Roberto Hule Calderón, presidente del comisariado
ejidal de Nueva Italia, considerado el ejido más grande del país,
entregó al gobernador Leonel Godoy Rangel un documento en el cual señala
que los altos costos de los insumos, la falta de mercado y los problemas
de comercialización provocaron que de las 735 huertas de mango de las
variedades Haden, Tommy Atkins y ataúlfo que había en 2007, sólo queden
536, que suman 2 mil 300 hectáreas.

Bajo un intenso sol se reunieron en Tecoluco de Jalpan, municipio de
Huautla, Hidalgo, dirigentes campesinos y luchadores sociales de esa
entidad, de Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas y Guerrero, y
acordaron demandar la entregar de "presos políticos".

Convocados por el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata,
más de 200 personas participaron en actividades políticas y culturales.
Ramiro Díaz Baltasar, vocero de la agrupación, recordó que en tres
décadas se ha asesinado a 100 integrantes de esa organización y detenido
a 500.

En Nuevo León, la falta de lluvias hizo que se perdiera más de 80 por
ciento de los cultivos del ciclo otoño-invierno 2007 y fue imposible
sembrar una sola hectárea de temporal en el periodo temprano 2008, que
cerró el pasado 31 de marzo, aseguró Sergio Vázquez Carrera, presidente
local de la CNC.

Ángeles Mariscal, Elio Henríquez, Sergio Ocampo, Saúl Maldonado, Ulises
Gutiérrez, Rubén Villalpando, Ernesto Martínez, Carlos Camacho, David
Carrizales y La Jornada Morelos
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=estados&article=034n1est

*Durante el funeral insisten en que la SRA causó conflicto agrario
Arraigan a dos presuntos implicados en asesinato de indígena en Chiapas*

Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsal)

El Ministerio de Justicia de Chiapas arraigó a Agustín Pérez García y
Nicolás Pérez Gómez –este último padre del alcalde de Chalchihuitán,
Domingo Pérez Luna– por su presunta participación en el homicidio del
indígena Antonio Jiménez Ruiz, a raíz de un conflicto de tierras entre
los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

Antonio fue sepultado este jueves en la comunidad de Majomut, en una
ceremonia en la cual se demandó justicia y se insistió en que la
Secretaría de la Reforma Agraria es responsable indirecta del asesinato,
pues generó la controversia por 885 hectáreas hace 34 años al ejecutar
mal una resolución presidencial.

Fuentes no oficiales sostuvieron que las autoridades agrarias ofrecieron
al ayuntamiento de Chenalhó ocho millones de pesos de indemnización por
el territorio que perdería si el fallo del Tribunal Unitario Agrario,
encargado de dirimir el conflicto, favorece a Chalchihuitán. Indicaron
que autoridades y pobladores de Chenalhó rechazaron la propuesta y
reiteraron su exigencia de que les entreguen las tierras.

Durante el sepelio varias personas tomaron la palabra para asegurar que
el homicidio de Jiménez Ruiz fue "'una agresión al municipio de
Chenalhó" y exigir que los responsables materiales e intelectuales sean
encarcelados.

"Antonio lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de defender las 855
hectáreas que la SRA le dio a Chalchihitán, no sólo las cuatro hectáreas
de la parcela que él compartía con otros tres hermanos", comentó una
hermana del difunto.

Autoridades de Chenalhó pidieron al gobierno de Chiapas solucionar el
conflicto para evitar más hechos de sangre y divisiones. También
insistieron en que se indemnice a la viuda, Angelina Jiménez, quien
quedó a cargo de cinco niños y de su suegra, también viuda. Se informó
que el gobierno estatal proporcionó unos 15 mil pesos para el funeral
del tzotzil.

Desde el miércoles, habitantes de Chalchihuitán han vuelto a viajar a
San Cristóbal de las Casas, la principal ciudad de Altos de Chiapas, lo
que habían suspendido para evitar pasar por Chenalhó. Mientras, eientos
de policías estatales permanecen en ambos municipios.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=estados&article=035n2est

*Resistencia con causas*

En menos de dos días, la iniciativa de reformas enviada el martes por el
Ejecutivo federal al Senado, con la que el grupo en el poder pretende
legalizar y ampliar la inversión privada en la industria petrolera,
generó acciones de resistencia que expresan el sentir de amplios
sectores de la sociedad en torno a la necesidad de preservar
íntegramente el carácter nacional de los yacimientos de hidrocarburos y
los procesos de prospección, extracción, refinación y transporte del
petróleo.

El descontento, que se expresa tanto en los salones de plenos de las
cámaras legislativas como en las calles, no se origina únicamente en el
empeño calderonista por entregar a particulares segmentos enteros de la
industria petrolera, sino también en las argumentaciones falaces y las
maneras antidemocráticas empleadas por el gobierno federal para imponer
una privatización a la que ni siquiera se atreve a llamar por su nombre,
y para eludir un debate que de antemano tiene perdido. El discurso
oficial ha sido incapaz de concebir un solo argumento verosímil para
justificar el empecinamiento privatizador. El presunto "tesoro de las
aguas profundas" no es la única vía posible para sostener o incrementar
la producción de crudo y la tecnología para ello puede obtenerse por
vías que no impliquen cesión de atribuciones constitucionales exclusivas
de la nación; las formas presentadas en la iniciativa para "fortalecer
a Pemex" son en realidad, a la vista del sentido común, estrategias para
debilitar a la paraestatal; por lo demás, resulta insostenible el
alegado propósito oficial de emplear la renta petrolera en el desarrollo
nacional y en el combate a la pobreza, pues nada garantiza que la actual
administración –cuyo principal funcionario fue secretario de Energía
de la anterior– no vaya a dilapidar o a desaparecer los recursos
derivados de las exportaciones de crudo, como hizo el foxismo. Asimismo,
el aserto gubernamental de que la iniciativa de reforma energética "no
implica la privatización de Pemex" es una trampa argumental adicional,
pues el propósito real es mucho más grave y cuestionable: lo que se
pretende privatizar, en principio, son funciones sustanciales de la
empresa, la cual iría reduciéndose, de prosperar el intento, hasta ser
una suerte de agencia que repartiría contratos, y ni siquiera al mejor
postor, sino, previsiblemente –por algo la iniciativa busca ampliar los
márgenes de discrecionalidad y el ámbito de las adjudicaciones
directas–, a los consorcios con mayor capacidad de cabildeo, presión
política y compra de funcionarios públicos.

Tales subterfugios han puesto sobre la mesa, así sea en forma
involuntaria, el verdadero sentido en el que debe desarrollarse la
discusión sobre el futuro de nuestra industria petrolera: antes incluso
de analizar si es conveniente transferirla, en todo o en partes, a manos
privadas, debe someterse a la consideración de la sociedad si es
correcto que la administración pública financie sus propias
ineficiencias, sus dispendios y su corrupción con cargo a la factura
petrolera, y si no resulta pertinente, en cambio, exigir a los
gobernantes que establezcan una recaudación fiscal eficiente y justa y
empiecen a desempeñarse con probidad, productividad y un espíritu de
verdadera austeridad republicana.

Más allá del empeño oficial por confundir a la opinión pública –y de las
campañas mediáticas, particularmente televisivas, lanzadas en horas
recientes para criminalizar la protesta social y atizar contra ella
ánimos de linchamiento–, el grupo en el poder ha pretendido operar su
intento de desnacionalización petrolera con un estilo característico: a
espaldas de la sociedad, y en los márgenes de una legalidad que se
justifica a sí misma con el cumplimiento del estricto formalismo y con
el sello de recibido en los documentos, es decir, de la misma manera en
que instauró la actual presidencia. Fieles a ese estilo, los gobernantes
en turno han tratado por todos los medios posibles de evitar el debate
nacional en torno a una reforma que a todas luces lo amerita y lo exige,
porque lesiona uno de los principios de base del México contemporáneo y
vulnera, con adulteraciones a leyes secundarias, el texto constitucional.

"Lo que ocurra en el Congreso para nosotros es lo relevante", dijo
anteayer Juan Camilo Mouriño, en un intento por descalificar las
movilizaciones populares en rechazo a la privatización parcial de la
industria petrolera. Se equivoca rotundamente: ante un tema de tal
trascendencia, lo relevante es lo que ocurre en el país (que es lo que
explica los sucesos de ayer en ambas cámaras), y uno de los puntos
medulares de la presente coyuntura es la exasperación de diversos
sectores nacionales ante el ensayo de una privatización que coronaría,
de salir avante, el largo ciclo de transferencias de lo público a lo
privado, que se inició hace cinco lustros y que ha dejado una pavorosa
secuela de depredación, de corrupción y, a la postre, de desintegración
nacional. A ese estado de ánimo debe añadirse el agravio causado por un
ejercicio insensible, tramposo y arrogante del poder público. Tales son,
en última instancia, los combustibles que alimentan la resistencia a la
privatización.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=002a1edi

*Al presidente Rafael Correa*

Al darle la bienvenida a nuestro país, en una coyuntura particularmente
compleja y difícil para los mexicanos, para los ecuatorianos y para toda
la América Latina, queremos expresarle, en primer lugar, nuestro
reconocimiento por las posiciones firmes y progresistas que ha asumido
desde el inicio de su mandato, alentando e impulsando la organización
social y política y los intereses de las grandes mayorías populares.
Confiamos en que, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos,
mantendrá en alto la dignidad y los principios que animan las grandes
causas de nuestros pueblos.

Enseguida, queremos advertirle sobre los objetivos reales de la actual
política exterior de México –claramente alineados con los de Washington–
para priorizar e inclusive intentar abrir nuevos espacios a los
proyectos neoliberales y neocoloniales, así como para proteger las
inversiones estadunidenses asociadas a las de nuestras oligarquías con
mecanismos jurídicos y militares que pretenden embarcarnos en
guerras "preventivas" y "antiterroristas". El Plan Colombia trasladado a
México como Plan Mérida no tiene otro significado.

Queremos también agradecer su intervención para rescatar con vida y
asilar a nuestra compatriota Lucía Morett, sobreviviente del artero
ataque en el que se derramó la sangre de jóvenes mexicanos, organizado y
perpetrado con toda evidencia por mandos militares de Estados Unidos,
con la subordinada participación de tropas colombianas en flagrante
violación de la soberanía de Ecuador. Sabemos que la suya, como todas
las visitas de Estado, implica protocolos y limitaciones ineludibles,
pero nada impide que lleve usted a su patria el saludo fraternal y
solidario del pueblo de México al pueblo ecuatoriano. ¡No nos harán
pelear entre hermanos! ¡Es la hora de la unidad latinoamericana!

Por Paz con Democracia: Miguel Álvarez, Guillermo Briseño, Alicia
Castellanos, Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Carlos Fazio, Jorge
Fernández Souza, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Óscar González,
Dolores González, Gilberto López y Rivas, Higinio Muñoz, Manuel Pérez
Rocha, Pablo Romo y Rafael Reygadas

*Condenan crímenes*

Dos nuevos crímenes ensangrientan Oaxaca: el 7 de abril fueron
asesinadas de forma artera dos locutoras triquis de la radiodifusora
comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Teresa Bautista Merino y
Felícitas Martínez Sánchez, mientras viajaban en un automóvil particular
en la región mixteca. Esto corresponde sin lugar a dudas a un crimen de
Estado. A la lucha pacífica y a la participación ciudadana, las fuerzas
represivas responden con la represión y la muerte, pensando poder
adormecer las conciencias y acallar así la disidencia. Obtiene el efecto
contrario: en todas partes crecen el repudio a la violencia
gubernamental y la solidaridad con la lucha de los pueblos de Oaxaca.
Nos unimos al dolor y a la rabia que embargan a nuestras hermanas
triquis y exigimos el fin del terrorismo estatal.

Víctor Martínez Pizano, Colibrí Colectivo Libertario

*Jaime Martínez Veloz
Chiapas: justicia para la reconciliación social
*
Durante la última visita a Chiapas de la primera Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa) en abril de 1997, ésta visitó el penal de Cerro
Hueco en Tuxtla Gutiérrez para escuchar testimonios y quejas de
indígenas cuyos familiares habían sido heridos y asesinados, y que, en
el colmo del cinismo gubernamental, habían sido culpados injustamente de
los ilícitos que habían sufrido en carne propia durante la bárbara
acción criminal en contra de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas
de la comunidad de San Pedro Nichtalacum, municipio de El Bosque. Desde
entonces, y aun desde antes, las injusticias en la procuración y
administración de justicia ya eran parte de la cotidianeidad chiapaneca.

Durante las semanas pasadas, un grupo de presos en distintos penales de
Chiapas, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, realizaron
una huelga de hambre, reclamando su libertad. El movimiento de las
personas injustamente aprehendidas en Chiapas no habría tenido el
desenlace que tuvo, si no hubieran coincidido factores, como la justeza
de las demandas, la sociedad civil y la respuesta atingente de los tres
poderes en el estado. Sin alguno de estos elementos los resultados
hubieran sido diferentes.

Las solicitudes de las organizaciones sociales y civiles chiapanecas
para revisar los expedientes de personas con procesos penales permitió
conocer vicios y conductas de servidores públicos ajenas al derecho, la
razón y la ética. Personas procesadas a solicitud de denuncias anónimas,
testimonios falsos o prefabricados, invención de delitos, falsificación
de pruebas y múltiples irregularidades caracterizaban los expedientes de
quienes reclamaban estar presos por un delito que no cometieron.

Enfrentar una situación de esta naturaleza no era ni será fácil para
ningún gobierno, pero atreverse a revisar los casos denunciados y
reconocer el carácter estructural de un problema de esta naturaleza no
es un hecho menor, ni una acción que deba ser desestimada.

De inmediato, ante el reclamo de los presos en huelga de hambre,
surgieron voces acusando al gobierno de Chiapas de pretender poner en
libertad a supuestos delincuentes y asesinos, con el claro propósito de
inhibir cualquier iniciativa en favor de las personas injustamente
presas. La respuesta coordinada del ejecutivo estatal, del Congreso y
del Poder Judicial permitió crear medidas de carácter jurídico para
revisar no sólo el de las personas en huelga, sino de muchos otros
injustamente presos o presas. Así, se creó la mesa de reconciliación
para las organizaciones sociales de Chiapas, cuyo trabajo de revisión de
expedientes y reposición de procedimientos en algunos casos permitió
instrumentar medidas jurídicas que permitieron obtener la libertad de
145 personas injustamente detenidas en 11 penales del estado, las cuales
se suman a las 91 personas liberadas por razones similares el año
pasado. Existen casos pendientes en que el gobierno del estado se
comprometió a revisar de nueva cuenta expedientes o reponer el
procedimiento.

La solución en los casos revisados debe ser un paso en la consolidación
de un nuevo sistema de justicia, construido por las representaciones
institucionales y las organizaciones sociales, civiles, empresariales y
de profesionistas. El actual gobierno ha realizado modificaciones
legales importantes para avanzar hacia un mejor sistema en la
procuración, impartición y administración de justicia, pero la deuda
histórica tiene raíces profundas y causas multifactoriales.

Lo que pase o deje de pasar en Chiapas tiene repercusiones locales y
nacionales, pues el estado se ha convertido en referente nacional. Hoy
Chiapas sigue siendo de los estados con los más bajos índices de
desarrollo humano, pero tiene infraestructura y bases para el
desarrollo, con las que no contaba antes del levantamiento armado.
Gracias al EZLN, al empuje de la sociedad chiapaneca y la solidaridad
nacional, lo que sucede en Chiapas lo revisa escrupulosamente la
sociedad civil nacional e internacional. Es lamentable que en
reciprocidad, el EZLN no haya encontrado en las instituciones del Estado
mexicano, la respuesta a su justo reclamo en materia de los derechos y
cultura indígenas ni en los temas de agenda pendiente pactada durante
los diálogos de San Andrés Larráinzar.

El tema de justicia como reclamo original del levantamiento armado puede
ser el lugar de encuentro del gobierno, la sociedad civil y los pueblos
indígenas para avanzar en lo que debería ser la atención a una de las
principales causas del zapatismo. Tras la liberación de las personas
injustamente detenidas sigue una gran consulta en el estado para
realizar cambios estructurales en materia de justicia en la que
participen organismos de la sociedad y organizaciones defensoras de
derechos humanos que desde posiciones independientes se han constituido
en baluartes en la lucha por el respeto a los derechos de los más
humildes en Chiapas. Mucho se ha avanzado, pero falta mucho camino por
recorrer.

La solidez, experiencia y honestidad de las organizaciones de la
sociedad civil chiapaneca, la genuina preocupación social de los obispos
de la Diócesis de San Cristóbal, el papel de don Samuel Ruiz y la
voluntad política expresada en hechos por el gobierno de Juan Sabines
son factores para avanzar en la reconciliación social, la cual pasa por
la construcción de un nuevo sistema de justicia, diseñado y concebido
por todos los chiapanecos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=022a2pol

*Luis Javier Garrido
El saqueo*

Las modificaciones legales en materia de petróleo que Calderón y Mouriño
pretenden imponerle a México para despojarlo de su principal riqueza
estratégica han tensado a un pueblo que justamente está dispuesto a
defender su patrimonio.

1. La contrarreforma legal en materia petrolera, que desde el inicio de
su gobierno de facto Felipe Calderón busca imponer al Congreso,
pretendiendo abrir una vía metajurídica para entregar la industria
petrolera mexicana a los grandes consorcios multinacionales, ha generado
un escándalo nacional, pues, como ya se suponía desde antes de
conocerla, constituye un acto flagrante de traición a la patria.

2. La iniciativa privatizadora presentada el martes 10 en la Cámara de
Senadores por Georgina Kessel, la inepta fanática neoliberal que funge
como secretaria de Energía del gobierno de facto, no intenta modificar
los artículos 27 y 28 de la Constitución, pero sí busca transgredirlos
expidiendo una Ley Orgánica de Pemex y otra ley de una Comisión del
Petróleo, y modificando la Ley Reglamentaria del artículo 27, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía, a fin de abrir supuestas vías metajurídicas para
entregar la industria petrolera a las multinacionales.

3. La iniciativa de Calderón está fracasando con estrépito, pues por un
lado no logró hacer pasar el engaño de que no pretende privatizar el
petróleo mexicano y, por el otro, no puede ocultar que es abiertamente
violatoria de la Constitución y que el marco seudojurídico en el que se
pretende hacer venir a México a las trasnacionales es completamente
anticonstitucional e ilegal y no les generaría seguridad jurídica
alguna, pues la Suprema Corte no tendría más que darle la razón a
quienes lo impugnaran, ya que tiene la responsabilidad indeclinable de
velar por la constitucionalidad de las leyes, y lo que se pretende es
burdamente darle la vuelta a la Constitución.

4. En la forma todo se ha iniciado mal para el gobierno, pues en su
mensaje televisado de 13 minutos un Calderón sudoroso y trémulo no hizo
más que hilvanar una sucesión interminable de mentiras, buscando
burlarse de los mexicanos al citar a Lázaro Cárdenas, pretendiendo
mentirosamente que no hay un afán privatizador en su iniciativa y
ofreciendo miles de beneficios imaginarios a los mexicanos si se tolera
entregar el tesoro de las aguas profundas a la Shell, a la Exxon Mobil
Corporation o a la Repsol-YPF, fue entendido como un nuevo agravio para
un pueblo al que Calderón en su estupidez pretendió tratar como ignorante.

5. En el fondo las cosas son aún mucho peores, pues el PRI le presentó a
Calderón en febrero tres condiciones para discutir la iniciativa y ésta
no cumple ninguna de las tres. Beltrones le pidió al espurio que la
reforma no implicara modificaciones a la Carta Magna y ésta hace algo
peor: pretende cínicamente violarla en leyes secundarias. Le demandó que
no fuera privatizadora y ésta no tiene otro objetivo que privatizar la
industria petrolera mexicana, "legalizando" los contratos de servicios
múltiples, estableciendo que las compañías privadas podrán realizar
tareas de transporte, almacenamiento y distribución, y ser propietarias
de ductos e instalaciones y operar la petroquímica. Le exigió, en fin,
que no legislara sobre los anticonstitucionales "contratos de riesgo",
luego llamados "de servicios múltiples", por los que Pemex ha cedido
funciones suyas a las trasnacionales, y lo que hace es pretender
legalizarlos y ampliarlos, creando además los llamados "contratos de
servicios ampliados".

6. La iniciativa del usurpador pretende además crearle a Pemex un
régimen de excepción arropado en la noción de "autonomía", buscando
situar a una empresa, que es patrimonio de la nación, fuera del control
del Congreso y de la sociedad y al margen de la legalidad, pues, entre
otras cosas, podría realizar según su mamotreto legaloide nada menos que
contratos reservados y licitaciones secretas, con los que los
desvergonzados Calderón, su protegido Mouriño y los cuñados parecen
querer beneficiarse sin límites.

7. La intención de los redactores de esos papasales seudo legales que se
presentaron a los senadores para su rápida aprobación es bien clara,
pues entendiendo Calderón y Mouriño que las modificaciones
constitucionales que les permitirían entregar Pemex a los consorcios
trasnacionales, y hacer ellos de paso el negocio del siglo, son casi
imposibles de alcanzar en el contexto actual, buscan modificar el marco
legal secundario aun a sabiendas de que los textos resultantes serían
absolutamente violatorios de la Constitución, porque lo que pretenden es
ya, desde ahora, dar entrada de hecho a las corporaciones extranjeras
para que realicen exploraciones y se apropien de ductos, de refinerías y
de plantas petroquímicas, y en especial del Golfo de México,
convirtiéndose México en un enclave estratégico para los halcones del
Pentágono y creándose así una situación de facto que sería
complicadísimo revertir, incluso al venir la decisión judicial que
declarase la inconstitucionalidad de esas leyes.

8. Esta práctica es la que se ha seguido en el pasado con empresas
generadoras de fluido eléctrico desde los años de De la Madrid o en el
caso del gas de la Cuenca de Burgos, cedido anticonstitucionalmente por
Calderón cuando era secretario de Energía a sus amigos de la Repsol-YPF,
dando como argumento los funcionarios neoliberales del gobierno que
sería más fácil modificar la Constitución que echar fuera a las
compañías extranjeras que están en México en abierta violación a la
Constitución.

9. Los senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional
se han resistido por esto a que la llamada "reforma energética" sea
discutida de manera abierta, porque la misma no entraña más que
disposiciones que están en oposición absoluta a la Constitución General
de la República, y que no puede ser aprobada en ninguno de sus aspectos
centrales, pues es violatoria de la Constitución.

10. La resistencia civil que se inició ayer jueves 10 en las dos Cámaras
federales con la toma de las tribunas y en las calles de la capital debe
conducir a que se haga respetar la Constitución y el principio de que
las leyes deben ser conforme a ésta. Lo otro es abrir la vía a la
ilegalidad absoluta y como consecuencia de ello a la insurrección
revolucionaria.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=023a1pol

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