sábado, 19 de abril de 2008

Indice la Jornada, sábado 19 de abril de 2008

1- La CDI se encarga de funciones similares, según escueto informe
Eliminarán la coordinación para el diálogo en Chiapas “por innecesaria”

2-
Escisión en Las Abejas

3-
Faustino Vázquez, empleado del Registro Civil de Juxtlahuaca, el verdadero objetivo, dice
Atentado contra locutoras triques no era dirigido a ellas: procurador de Oaxaca

4-
Exige CIDH a autoridades estatal y federal esclarecer el crimen

5-
Campaña de ignominia

6-
Los de Abajo

La CDI se encarga de funciones similares, según escueto informe
Eliminarán la coordinación para el diálogo en Chiapas “por innecesaria”


Hermann Bellinghausen

Ampliar la imagen Asamblea zapatista, en imagen de archivo Asamblea zapatista, en imagen de archivo Foto: Víctor Camacho

Desde hace varios días circula la versión, no confirmada oficialmente, de que el gobierno federal habría decidido “poner fin” a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (CDNCH), que bajo distintas modalidades y con siete sucesivos titulares ha existido durante 14 años. La propia coordinación reproduce en su página electrónica la noticia, sin ofrecer detalles.

La información aduce que este “recorte” obedecería a razones de austeridad. El “acuerdo” señala que debido a que existe la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), encabezada por el ex titular de la CDNCH, Luis H. Álvarez, “resulta innecesario sostener una instancia de coordinación encargada de funciones similares”.

Esto sí es nuevo. La CDI, despojo final de Instituto Nacional Indigenista, en primer lugar es nacional, y segundo, posee funciones muy diferentes, aún ahora que parece reinar la confusión. El actual encargado del despacho, Hugo García, quien durante el sexenio foxista fue asistente de Álvarez, ha sido poco menos que un fantasma en los términos de las pretendidas funciones de la coordinación.

Oficialmente, su “misión” es ser el órgano de la Secretaría de Gobernación para “propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, a través de un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1º de enero de 1994”.

Según la propia dependencia, su “visión” ha sido “atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho, a través de las vías institucionales, a fin de alcanzar una paz justa, digna y duradera a través del diálogo y la negociación”.

Para ello, ha debido “promover el diálogo mediante la vinculación con los diversos sectores que inciden en el conflicto”, así como “promover el fortalecimiento de los grupos interinstitucionales mediante el análisis y seguimiento de las necesidades y demandas de la población”, además de “propiciar un clima de estabilidad y concordia, necesario para la efectiva ejecución de los programas sociales federales”.

Desafortunada medida: Cocopa

La noticia es tan confusa que la presidenta de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), la diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo, declaró este viernes en Tuxtla Gutiérrez que no existe un señalamiento oficial de la posible disolución del “enlace” (sic) entre el Poder Ejecutivo Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Entrevistada en la capital chiapaneca por la corresponsal Ángeles Mariscal, la legisladora y ex funcionaria federal dijo que, de ser cierta dicha medida, “sería desafortunada porque siguen vigentes las causas que dieron origen al levantamiento armado”. Díaz Gordillo señaló: “No se nos ha informado (a la Cocopa) absolutamente nada, estamos solicitando una audiencia con el secretario Juan Camilo Mouriño para convocar una reunión extraordinaria y marcar nuestra posición”.

La panista reconoció que si bien la CDNCH “no ha tenido el éxito que quisiéramos, es una puerta abierta, una muestra de que gobierno federal tiene disposición al diálogo”. Reiteró que los espacios para trato con el EZLN deben estar abiertos siempre, agotarlos hasta el último momento. Que mientras sigan vigentes “algunas” demandas que dieron origen al levantamiento del EZLN, “los espacios de diálogo no deberán ser cerrados”.

Larga historia

El primer comisionado para la paz del gobierno federal fue Manuel Camacho Solís, designado por Carlos Salinas de Gortari en la segunda semana de enero de 1994, tras el cese al fuego que desde entonces se mantiene. Durante la tregua han muerto centenares de indígenas zapatistas y no zapatistas, aunque el EZLN no ha roto el cese al fuego en ninguna ocasión, pese a que no han faltado ataques y operativos gubernamentales y paramilitares, sobre todo durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Camacho fue removido del cargo en marzo de 1994, tras el asesinato en Tijuana de su rival político, el candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio, y ocupó el cargo el ex titular de la CNDH, Jorge Madrazo Cuéllar, de quien no se recuerda ninguna acción significativa. Su sucesor, Marco Antonio Bernal, representó al presidente Zedillo en los diálogos de San Andrés y firmó con la comandancia zapatista los acuerdos que nunca han sido cumplidos.

Tras él vino Pedro Joaquín Coldwell, quien dejó el cargo en 1998, luego de la masacre de Acteal. El 3 de septiembre de 1998 la CDNCH fue integrada a la estructura de la Secretaría de Gobernación. El quinto comisionado, Emilio Rabasa, llegó hasta 2000 sin haber visto nunca en persona a un solo indígena zapatista. El presidente Vicente Fox designó para el puesto a Luis H. Álvarez. Durante el actual gobierno la CDNCH ha sido un apéndice menor de la CDI, lo cual contradice los objetivos para los que fue creada.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=politica&article=016n1pol


Escisión en Las Abejas

Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 18 de abril. La organización de la sociedad civil Las Abejas, de Chenalhó, desconoció a ocho ex dirigentes de distintos niveles, acusados de participar en una comisión negociadora con el gobierno de Chiapas.

Esta es la primera división interna en Las Abejas desde el 22 de diciembre de 1997, cuando en Acteal 45 indígenas de esa agrupación fueron asesinados por paramilitares priístas.

En un comunicado firmado por Antonio Gutiérrez Pérez y Manuel Pérez, presidente y secretario, respectivamente, Las Abejas explicó que la decisión de “desconocer” a los ex dirigentes se tomó durante una reunión efectuada el pasado 12 de abril, en Acteal, municipio de Chenalhó.

La organización responsabilizó a los ahora ex miembros de “estar en contra y no querer caminar con las organizaciones no gubernamentales para lograr la justicia social dentro de nuestros pueblos”.

Aseguró que su objetivo es “formar otra agrupación con sus autoridades para dedicarse a manipular a la sociedad, prometiéndoles apoyos y programas de acuerdo con el mismo gobierno y sus planes neoliberales, para dividir a las organizaciones de los pueblos indígenas. Son cabeza del gobierno que se metió dentro de nuestra organización”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=politica&article=016n2pol

Faustino Vázquez, empleado del Registro Civil de Juxtlahuaca, el verdadero objetivo, dice
Atentado contra locutoras triques no era dirigido a ellas: procurador de Oaxaca


■ Diferencias entre integrantes de dicha etnia, la causa de los actos violentos: Evencio Martínez

Gustavo Castillo García (Enviado)

Villahermosa, Tab., 18 de abril. El procurador general de justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Rodríguez, afirmó que el atentado en el que fallecieron las indígenas triques Teresa Bautista y  Felícitas Martínez –locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, en el poblado de San Juan Copala– “no era contra ellas, sino contra un empleado del Registro Civil de Juxtlahuaca”, y que las causas de estos actos violentos son las diferencias existentes entre integrantes de organizaciones sociales de esa etnia.

Entrevistado al término de la vigésima Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el funcionario aseguró que en su estado, particularmente en la capital, la costa y el Istmo, se están viviendo “situaciones inéditas” de violencia y reconoció que, si bien “como tal no existe un operativo conjunto con la formalidad debida”, autoridades locales y federales, que incluyen el despliegue de militares, están trabajando coordinadamente contra los grupos delictivos que han generado violencia.

Según el procurador oaxaqueño, las ejecuciones de policías y levantones de supuestos delincuentes, “es reflejo de lo que está ocurriendo a nivel nacional; lamentablemente hoy no existe un lugar en la República donde no se viva la violencia, y Oaxaca no escapa de ello.

“En cuanto al tema de las dos mujeres triques, Teresa y Felícitas, muertas en los límites de Putla y Tlajiaco, estas personas venían en compañía de sus familiares en un vehículo, fueron alcanzados por otras personas y privadas de la vida. Nosotros iniciamos la averiguación 105/2008 en la agencia del Ministerio Público de Putla y estamos realizando las investigaciones pertinentes.

“Se han recogido las declaraciones de las personas que resultaron heridas y que venían acompañando a las mujeres muertas. Lo que queda claro en la averiguación es que el atentado no era contra ellas, sino contra la persona que venía conduciendo, (Faustino Vázquez Martínez), empleado del Registro Civil de Juxtlahuaca.

“Desde luego esto tiene un fondo, son temas ancestrales de más de 35 años en la región trique, la existencia de grupos, uno denominado Movimiento de Unidad de la Lucha del Pueblo Trique (Mult), otro es el Ubisor (Unidad de Bienestar para la Región Triqui) y, recientemente, el hecho de que una fracción del Mult se convirtiera en el Multi”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=politica&article=017n1pol


Exige CIDH a autoridades estatal y federal esclarecer el crimen

Emir Olivares Alonso

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deploró el reciente asesinato de las dos indígenas triqui que eran locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca.

Ante este crimen, el organismo internacional exigió a las autoridades federal y estatal realizar una investigación “rápida y eficaz para que los responsables sean debidamente sancionados”.

El pasado 7 de abril Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez fueron ultimadas por un grupo de individuos no identificados –aunque diversas organizaciones de derechos humanos de la zona los relacionan con el Partido Unidad Popular y acusan al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz– quienes emboscaron el vehículo en el que viajaban al dispararles con armas automáticas.

Al respecto, la CIDH –organismo de la Organización de Estados Americanos– aseguró que conforme a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los Estados “tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación a los derechos” establecidos en ese acuerdo internacional signado por México.

El organismo internacional agregó que “el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción de material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.

Por ello, la CIDH exigió al Estado mexicano investigar y sancionar el crimen en contra de las locutoras triques, quienes fueron asesinadas cuando regresaban de realizar varios reportajes en pueblos vecinos y de hablar sobre la radio comunitaria para la que colaboraban.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=politica&article=017n2pol

Campaña de ignominia

Los deplorables espots recientemente difundidos en televisión donde se compara la toma de tribunas en el Congreso de la Unión por parte de legisladores del Frente Amplio Progresista con acciones encabezadas por Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Augusto Pinochet y Victoriano Huerta, constituyen una expresión inequívocamente reaccionaria, cuyo fin no parece ser otro que sembrar y alimentar el encono y la polarización a escala nacional. Por medio de una secuencia de imágenes, esos anuncios pretenden equiparar, en forma por demás absurda, falaz y desproporcionada, al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con los personajes mencionados, al tiempo que se afirma que, con la “clausura” del Congreso, “nuestra democracia está en peligro, nuestra paz está en riesgo”. Los promocionales han generado, a unas cuantas horas de su difusión, el descontento generalizado de una sociedad que los percibe –y con razón– como un insulto a su inteligencia, así como la respuesta puntual de diversos miembros de la comunidad intelectual del país, quienes ven en ellos una nueva “campaña de odio”.

Por principio de cuentas, debe recordarse que la referida toma de las tribunas en San Lázaro y Xicoténcatl por los legisladores del FAP no es una acción injustificada. Constituye, en cambio, un eco, al interior de de las cámaras legislativas, de lo que en las calles se ha convertido en el clamor de amplios sectores de la población que, tras la presentación de la iniciativa de reforma en materia petrolera, entregada la semana pasada por el titular del Ejecutivo federal al Senado, han decidido manifestarse a favor de la preservación íntegra del carácter nacional de los yacimientos de hidrocarburos y los procesos de exploración, extracción, refinación y transporte del petróleo. Lo que motiva esas movilizaciones es el empeño cada vez más desembozado del gobierno calderonista por entregar parte de la industria petrolera nacional a manos de particulares, pero sobre todo las maneras falaces y antidemocráticas que el grupo en el poder ha decidido emplear para consumar el designio privatizador: desinformar a la opinión pública y eludir sistemáticamente un debate que, se sabe de antemano, perdería si llamara a esa maniobra por su nombre y no empleara eufemismos como “fortalecimiento”, “apertura” o “modernización”.

Los espots referidos son, hasta ahora, las descalificaciones más acres, virulentas y desesperadas que se han realizado en contra del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza el político tabasqueño. Sin embargo, no son las únicas: una desproporción similar recorre los señalamientos hechos el jueves por representantes del sector empresarial, en el sentido de que la toma de tribunas es equiparable a un “golpe de Estado”. Ante esta circunstancia, no debe sorprender que cada vez más gente deje de considerar a la televisión como una alternativa para informarse, habida cuenta de la unilateralidad de los mensajes que por medio de ella se lanzan y de la imposibilidad de replicarlos.

Por lo demás, y aunque el Partido Acción Nacional se deslinde y condene “enérgicamente” la difusión de los promocionales mencionados, no puede dejar de señalarse la cuota de responsabilidad, así sea indirecta, que ese instituto político tiene en esta nueva campaña de ignominia: en esencia, quienes financiaron la factura y difusión de estos anuncios televisivos retomaron la estrategia abrazada por el partido en el poder durante el proceso electoral de 2006, que consistió en presentar al propio López Obrador como “un peligro para México”. Asimismo, no puede negarse que el blanquiazul ha contribuido a generar encono y que ha alimentado los ánimos de los sectores más conservadores de la sociedad con sus múltiples ataques al movimiento en defensa del petróleo.

Es imprescindible que se repare el agravio a la opinión pública que constituye la difusión de los anuncios referidos y que se sumen esfuerzos para contener la polarización sembrada en la sociedad. Para esto último, el retiro del aire de los espots y las sanciones correspondientes para sus creadores son condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requiere, además, que el gobierno federal muestre una disposición efectiva para debatir, sin prisas, con mesura y de cara a la nación, en torno del tema que dio origen a la confrontación política que actualmente enfrenta el país: el futuro de la industria petrolera nacional.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=opinion&article=002a1edi


Los de Abajo

Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx

■ Esclavitud moderna

En Florida, Estados Unidos, crece desde hace más de una década un movimiento de trabajadores inmigrantes latinos, haitianos e indígenas mayas que se organizan frente a las condiciones laborales de esclavitud en los campos de cultivo. Se trata de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CWI, por sus siglas en inglés), una organización comunitaria de obreros que lucha por “salarios justos, respeto de los empleadores y las industrias en las que trabajamos, mejor vivienda y más barata, leyes más fuertes y mejor aplicadas contra los que violan los derechos laborales, el derecho de organizarnos en nuestros empleos sin miedo a las represalias y el fin a la precarización del trabajo en el campo”.

Actualmente la CWI lleva a cabo la Campaña de peticiones para acabar con la esclavitud moderna y la explotación en los campos. Esta iniciativa, que cada vez cobra más fuerza en distintas regiones de Estados Unidos, tiene el objetivo de presionar a Burger King y a otras firmas de la industria de la comida para que paguen un centavo más la libra de tomates y esa cantidad se aumente íntegramente a los salarios de los piscadores. La campaña exige también a Burger King que se coordine con la Coalición de Trabajadores “para establecer y aplicar un código de conducta basado en derechos humanos, incluyendo la cero tolerancia a labores forzadas”.

El suroeste de Florida es el centro de producción agrícola más importante del estado, e Immokalee es la mayor comunidad de trabajadores agrícolas. Organizados en torno a la CWI se encuentran más de 2 mil 500 hombres y mujeres que trabajan en la cosecha de tomate y cítricos, y viajan por toda la costa este, siguiendo la estación de la cosecha y la ruta de la esclavitud, tipo de trabajo común en estas tierras en las que apenas el 17 de enero pasado seis personas fueron consignadas por golpear a los trabajadores que trataban de escapar de la pisca de tomates, por mantenerlos permanente endeudados, y por encerrarlos y encadenarlos en camionetas U-haul como castigo. Eran más de mil empleados y una docena de patrones.

Hoy los trabajadores del campo de Immokalee requieren de la solidaridad internacional. No sólo se trata de firmar una petición, sino de organizarse desde abajo, en cualquier comunidad, para acompañar la campaña. Para firmar la solicitud: http://fairfoodnation.mayfirst.org/ peticion. Más información en: http: //www.ciw-online.org/2008_Petitions/esclavitud.html. Las firmas serán entregadas en un acto frente a la sede de Burger King, en Miami, Florida, el próximo 26 de abril.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/19/index.php?section=opinion&article=016o1pol

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