quarta-feira, 16 de abril de 2008

Indice la Jornada, miércoles 16 de abril de 2008

1- Rechazan pobladores plan ecoturístico que encabeza Paz y Justicia
Puente en Chiapas consolida las discordias intercomunitarias


2- Indaga CNDH asesinato de dos locutoras

3-
Grupos poderosos propician la impunidad, destaca en un informe
Critica el Pro Juárez que Calderón no defienda los derechos humanos

4-
Según el Unicef, muchos optarán por sacar a sus hijos de la escuela; pide cambiar políticas agrícolas
Inminente explosión social mundial por escalada en precios de alimentos: UNESCO

5-
Demandan justicia para locutoras triquis

6-
Pederastia, hipocresía y oportunismo


Rechazan pobladores plan ecoturístico que encabeza Paz y Justicia
Puente en Chiapas consolida las discordias intercomunitarias


Hermann Bellinghausen (Enviado)

Roberto Barrios, Chis., 15 de abril. Tal vez sea coincidencia. Una vez construido y puesto en uso el puente Luis H. Álvarez en esta comunidad, asiento de uno de los caracoles zapatistas, la Secretaría de Gobernación ya no considera necesaria una coordinación para el diálogo de paz en Chiapas, cuya disolución ya sólo falta que la firme el secretario Juan Camilo Mouriño.

Es más que un símbolo que esta flamante obra caminera (y sus implicaciones sociales, que son muchas) venga a nombre del último coordinador del diálogo (aunque formalmente hubo uno más, Hugo García), comisionado por el Presidente de la República. El panista Álvarez impulsó con inusual entusiasmo la creación de un balneario turístico en el corazón de este poblado tzeltal. Y con ello, ofreciendo desarrollo, ayudó eficazmente a dividir a sus pobladores. La mayoría, no obstante, rechaza los planes ecoturísticos que se ciernen sobre la comunidad.

“Es una burla para nosotros que el puente se llame así, si es una persona que rechazamos” dice Aurelio Pérez Pérez, uno de los cuatro representantes perredistas que hablan con La Jornada en el centro del poblado. En referencia al grupo priísta minoritario, identificado con Paz y Justicia, que sirve de punta de lanza para el proyecto turístico, añade: “Desde el principio, Luis H. Álvarez y su delegado Jesús Caridad se entienden con ellos”.

Es el grupo que profiere amenazas, realiza disparos, agrede a las bases zapatistas y a quienes acuden al caracol, tanto de los municipios autónomos de la zona norte como de la sociedad civil. El único y minoritario grupo que acepta los proyectos turísticos y privatizadores del gobierno federal. El único, por tanto, que espera beneficios.

“Los priístas no toman en cuenta al pueblo. Su intención es privatizar el río. No vamos a tener libertad. Aquí la gente no quiere que se llene de turistas”, abunda el representante indígena. “El gobierno construyó el puente para todos; ahora nos pone condiciones, pues tiene otros planes”. O sea, la carretera y el puente son para algo más que comunicar a los pobladores.

Manuel Díaz, “comité de base del PRD”, denuncia que los priístas “quieren poner una caseta de cobro en el puente, y en la comunidad no estamos de acuerdo”. El puente está 100 metros antes del caracol zapatista, y el grupo oficialista ya ha tratado de impedir el paso a indígenas y no indígenas, ostentando armas y bloqueando el acceso.

El gobierno pretende “hacer reserva estas montañas, para negocio de ellos. Lo que es del pueblo, lo acaparará su grupo. Por eso quiere obligarnos al Procede, para que la gente mal utilice sus tierras”.

Es sabido que el titular de la CDI, antes coordinador del diálogo por el gobierno federal, se reunía con ese grupo priísta leal al funcionario panista; identificación que, tratándose de Chiapas, ilustra lo nebulosos e imprecisos que son los contornos de los partidos políticos.

Con su llegada a la CDI, convirtió a la cada día más reducida agencia indigenista del Ejecutivo en constructora de puentes y caminos, tan “inocentes y desinteresados” como éste, o el que en Jalisco se pretende construir a través de la sierra huichola en Tuapurie.

“En todos los proyectos está CDI”, interviene Aurelio. “Pero ya no viene Álvarez; manda al sustituto, Hugo García, uno que tiene la misma idea.”
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/16/index.php?section=politica&article=017n1pol


Indaga CNDH asesinato de dos locutoras

De la Redacción

El asesinato de Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez, locutoras de la radio indígena La Voz que Rompe el Silencio –la semana pasada en la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca– no ha merecido respuesta de la Procuraduría General de Justicia estatal, por lo que prácticamente ha habido nulo avance en el esclarecimiento del ataque, denunció el director de la emisora, Jorge Albino.

En conferencia de prensa, se anunció que este miércoles acudirán a la comunidad triqui funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar cómo ocurrieron las ejecuciones. Se denunció que el gobierno del estado no ha respondido a la solicitud de organizaciones de derechos humanos para que se le ofrezca protección a los sobrevivientes del ataque.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) anunció que la próxima semana vendrán representantes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, la UNESCO y la Sociedad Interamericana de Prensa, para verificar las condiciones de trabajo de los reporteros en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sonora y el Distrito Federal.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/16/index.php?section=politica&article=017n2pol

Grupos poderosos propician la impunidad, destaca en un informe
Critica el Pro Juárez que Calderón no defienda los derechos humanos


Emir Olivares Alonso

En México persisten grupos poderosos interesados en mantener un estado de privilegios e impunidad, por ello las violaciones a los derechos humanos están fuertemente vinculadas al modo de proceder de las autoridades públicas, establece el informe Hacia 2012, reformas estructurales y mano dura: el cerco a los derechos humanos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El documento –que analiza la situación de las garantías fundamentales en el presente sexenio– hace énfasis en el tópico de seguridad y justicia. Subraya que los operativos del Ejército contra la delincuencia “representan una suspensión de facto al derecho de libre tránsito”, además de que la reforma judicial “tiene por objetivo fortalecer una estrategia bélica del gobierno federal”.

El documento refiere que a diario se violan los derechos humanos debido al proceder de las autoridades en la procuración e impartición de justicia, por las políticas públicas en materia de seguridad, las dificultades para acceder a los servicios públicos eficientes y confiables, el despojo y la destrucción de recursos naturales.

“La continuidad económica que profundiza la desigualdad social y la falta de claridad en las políticas gubernamentales en materia de derechos humanos, específicamente en los temas de seguridad e impunidad, impiden al Estado garantizar el respeto y cumplimiento de esas garantías”, subraya el informe.

En torno a los operativos del Ejército emprendidos contra el crimen organizado por la administración calderonista, la organización no gubernamental suscribe que se ha informado de un gran número de detenciones a raíz de esas acciones militares con el objetivo de que se exhiban como “prueba de eficacia”; sin embargo, subraya que al no ser juzgados esos presuntos responsables el Estado “atenta contra su dignidad, pues violenta el principio de presunción de inocencia”, además de que los operativos, con base en retenes, son “una suspensión de facto” del derecho al libre tránsito en relación al principio de legalidad.

Señala que la participación de militares en tareas de seguridad lejos de garantizar la solución al tráfico de drogas y la delincuencia organizada agrava los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, como sucedió el año pasado en Sinaloa y Michoacán, entre otros.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/16/index.php?section=politica&article=022n2pol

Según el Unicef, muchos optarán por sacar a sus hijos de la escuela; pide cambiar políticas agrícolas
Inminente explosión social mundial por escalada en precios de alimentos: UNESCO

■ Inadmisible que América Latina, granero del mundo, sea campeona en desigualdad, dicen en Brasil

Afp

Ampliar la imagen Cosecha de papas en Perú. La UNESCO advierte que los países deben reformar sus políticas agrícolas para evitar escasez de alimentos y escalada de precios Cosecha de papas en Perú. La UNESCO advierte que los países deben reformar sus políticas agrícolas para evitar escasez de alimentos y escalada de precios Foto: Reuters

París, 15 de abril. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advirtió sobre una inminente “explosión” social desatada por el alza de precios de los alimentos si los países agrícolas no reforman sus políticas, mientras el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) señaló que el alza en los productos básicos podría impedir que muchos padres envíen a sus hijos a la escuela en los países pobres.

En Brasilia, durante la 30 Conferencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe, se advirtió sobre los peligros de la escalada mundial de precios de los alimentos, cada vez menos asequibles a los pobres de esta región, irónicamente granero del mundo y campeona en desigualdad social. El problema afecta a todas las naciones de la región, considerada la más desigual del planeta, destacaron los representantes de la FAO.

Los países agrícolas deben modificar de manera urgente sus políticas para evitar una “explosión” social mundial y un colapso ambiental, advirtió hoy la UNESCO en un informe elaborado por aproximadamente 400 científicos, en el que se hace eco del temor a una ola planetaria de disturbios sociales y políticos a raíz de la escalada en el valor de los alimentos básicos.

“La agricultura moderna deberá cambiar radicalmente para servir mejor a los pobres y hambrientos si el mundo debe sobrellevar una creciente población y el cambio climático”, se advierte en el documento titulado Evaluación internacional de las ciencias y tecnologías agrícolas para el desarrollo; concluye que “mantener las tendencias actuales en producción y distribución (agrícola) agotaría nuestros recursos y pondría en peligro el futuro de nuestros hijos”.

El aumento de los precios de los alimentos “corre el riesgo de obligar a las familias a reducir su presupuesto, a recortar (los gastos en) la educación y sacar a sus hijos de la escuela para hacerlos trabajar”, alertó la portavoz del Unicef en Ginebra, Véronique Taveau, quien señaló que el organismo a su cargo está “extremadamente preocupado” porque el alza en los productos alimenticios es particularmente fuerte en las naciones pobres, donde la erogación en comida representa hasta 75 por ciento de los ingresos de las familias, contra 15 por ciento en los países ricos. En Nepal ya se constató una baja en la asistencia escolar, dijo por su lado la portavoz del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Christiane Berthiaume; señaló que el incremento en los comestibles afecta su operabilidad.

Protestas en varias naciones

Los precios de los básicos han subido fuertemente en los últimos meses, lo cual desató protestas violentas en naciones como Egipto, Camerún, Costa de Marfil, Haití, Mauritania, Etiopía, Madagascar, Filipinas e Indonesia; se prevé que la cotización de los alimentos de primera necesidad, como el arroz, el maíz y el trigo, siga subiendo, indicó el informe. En América Latina y el Caribe el aumento de la productividad agraria no ha traído una reducción significativa de la pobreza, que sigue afectando a 37 por ciento de la población, agrega el informe de la UNESCO.

Por su parte, los representantes de la FAO, reunidos en Brasilia en la 30 conferencia del organismo, expresaron que “no debería haber ningún hambriento en América Latina, región que produce 40 por ciento más alimentos de lo necesario para abastecer a su población y, sin embargo, seguimos con 50 millones de subnutridos”, explicó el representante de la FAO para América Latina y el Caribe, el brasileño José Graziano.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/16/index.php?section=sociedad&article=045n1soc

Demandan justicia para locutoras triquis

Con profunda indignación nos hemos enterado del asesinato de dos hermanas locutoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio del ayuntamiento popular de San Juan Copala, del pueblo indígena triqui. Las jóvenes Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felícitas Martínez Sánchez, de 20, perdieron la vida al ser emboscadas en el paraje Llano Juárez. Otras tres personas resultaron heridas. Reprobamos enérgicamente este homicidio.

No concebimos que atentar contra la vida humana sea el camino para solucionar problemas. El crimen no debe quedar impune.

Alzamos nuestra voz para exigir justicia inmediata. Que las autoridades investiguen a fondo. No permitamos que la palabra sea acallada con la violencia, que por la fuerza y el miedo se pretenda mantener vulnerables a nuestros pueblos.

Radio comunitaria Jënpoj, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Acompañamiento Comunitario (Oaxaca)

Pederastia, hipocresía y oportunismo

A bordo del avión papal, a unas horas de iniciar su gira por Estados Unidos, Benedicto XVI afirmó ayer que los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes católicos en esa nación, cuyas denuncias comenzaron a proliferar en 2002 y a causa de las cuales la Iglesia católica ha desembolsado hasta la fecha más de 2 mil millones de dólares por indemnizaciones, constituyen “una vergüenza que no se debe repetir”. En el mismo sentido, el obispo de Roma manifestó que es urgente “hacer justicia a las víctimas” de esos delitos y se comprometió a “hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder”.

Fuera de contexto, las declaraciones de Joseph Ratzinger pudieran resultar plausibles y su compromiso, deseable, para enderezar el rumbo de una institución que se encuentra sumida en el descrédito. Los abusos sexuales realizados por clérigos católicos –contra niñas y niños, contra monjas, feligreses y seminaristas– no son una norma, pero tampoco un hecho excepcional; constituyen una tendencia y un patrón que las jerarquías eclesiásticas y el propio Vaticano se empeñaron en negar, silenciar o minimizar durante mucho tiempo. Significativamente, la Iglesia católica ha sido, por tradición, mucho más tolerante hacia los curas violadores y pederastas que hacia quienes incumplen abiertamente el voto de celibato, y con ello ha establecido la hipocresía como regla de conducta tácitamente aceptada en sus filas. Hoy, y ante la falta de sentido de justicia con que el papado y su actual dirigente máximo se han desempeñado ante casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes, los propósitos formulados ayer por Ratzinger carecen de credibilidad.

Cabe recordar, por ejemplo, que el propio pontífice en funciones, a instancias de su antecesor, Juan Pablo II, tuvo a finales de 2004, cuando aún presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oportunidad de reabrir el expediente del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y esclarecer de una vez por todas las acusaciones graves y verosímiles que pesaban contra ese religioso michoacano, hoy difunto, por presuntos delitos de abuso sexual infantil.

Los testimonios que sustentaban tales señalamientos nunca fueron desmentidos, pero la jerarquía eclesiástica rehusó en su momento someter a Maciel a un proceso canónico y, argumentando la avanzada edad del cura y su “débil” salud, decidió suspenderlo a divinis, en 2006, cuando Ratzinger ya ocupaba el trono de Pedro, e invitarlo a llevar una vida de oración y penitencia. Al parecer, el papado pretendió desactivar el escándalo y retirar al sacerdote de la vida pública sin entrar en confrontación con los Legionarios de Cristo, una orden que aporta al catolicismo institucional vastas cuotas de poder secular político, económico, mediático y educativo en diversos países, entre ellos México; lo que logró, en cambio, fue que Maciel se fuera a la tumba con un imborrable estigma de pederasta: con esa salida turbia y vergonzante, se canceló cualquier posibilidad de hacer justicia a las presuntas víctimas del fundador de los Legionarios, y de exonerarlo en forma contundente de las acusaciones.

Con tal antecedente, la declaración emitida ayer por Joseph Ratzinger resulta por demás tardía e inverosímil. Para creerle a Benedicto XVI se necesitaría un compromiso serio y sostenido por parte del Vaticano en la exclusión y la sanción de sacerdotes que, al amparo de la autoridad moral que ejercen sobre los fieles, han destruido numerosas vidas y agraviado a la sociedad en sus entornos más fundamentales. En tanto que ese compromiso no se concrete y se refleje en las acciones de la jerarquía eclesial, mientras no se perciba una consecuencia entre las acciones y el discurso, no hay motivo para ver en la declaración papal de ayer algo más que un gesto de relaciones públicas dirigido a sus anfitriones estadunidenses.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/16/index.php?section=opinion&article=002a1edi

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