1- Con la posible desparición de la coordinación para el diálogo se estaría gestando la guerra
Luis H. Álvarez, de mediador a gestor de programas oficiales en Chiapas
2- Critica al gobierno oaxaqueño e insta a la APPO a revisar sus errores para potenciarse
Flavio Sosa reanuda activismo; las causas de nuestro movimiento, intactas, asegura
3- Balas impunes silencian la voz triqui
4- Gustavo Esteva
Huevos de serpiente
5- Paraguay: ¿nueva época?
Con la posible desparición de la coordinación para el diálogo se estaría gestando la guerra
Luis H. Álvarez, de mediador a gestor de programas oficiales en Chiapas
■ Tuvo como ninguno oportunidad de solucionar el conflicto; optó por tratar con grupos leales
Hermann Bellinghausen
Ahora que hay informaciones sobre la posible desaparición de la Coordinación para el Diálogo y la Coordinación en Chiapas (CDNCH), resulta importante evaluar sus efectos, así como analizar cuáles podrían ser las consecuencias de su eventual cierre en las presentes circunstancias de militarización del país para combatir el narcotráfico y la “subversión”. El EZLN ha denunciado que podría estarse gestando nuevamente la guerra como “solución” al conflicto.
El comisionado foxista para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez, asumió el cargo en enero de 2001. A diferencia de sus antecesores, tenía condiciones favorables para iniciar un proceso de diálogo y negociación con el EZLN. Al emprender la comandancia rebelde la Marcha del color de la tierra hacia la capital del país ese mismo año, el nuevo gobierno federal se decía dispuesto a cumplir las tres “condiciones mínimas” de los zapatistas para reiniciar contactos y negociaciones.
Lo que ocurrió (y lo que no) hoy es historia. Al dar al traste con la ley Cocopa el Congreso de la Unión aprobando la llamada ley indígena (que no cumplía con los Acuerdos de San Andrés), se desvanecieron las posibilidades de diálogo entre el EZLN y el gobierno. Álvarez inició entonces la estrategia que caracterizaría su función de comisionado y ahondaría la distancia entre las partes: acudir hiperactivamente a las comunidades oficialistas, donde era recibido como gestor de programas e inversiones gubernamentales.
Álvarez logró acuerdos y satisfizo demandas de las organizaciones “leales”, incluyendo grupos abiertamente antizapatistas como la Opddic, con quienes desarrolló relaciones cordiales. En vez de solucionar los conflictos, puso especial cuidado en “penetrar” comunidades con importante presencia zapatista. Se recuerda su incursión subrepticia a La Realidad para repartir láminas y recursos. O bien sus constantes visitas a Roberto Barrios, con las cuales logró acentuar las divisiones internas propiciadas por la contrainsurgencia militar del sexenio zedillista.
Al igual que sus predecesores, pero con más acciones concretas, convirtió sus afanes en “prueba” de que los rebeldes “no querían el diálogo”. Para ello contó con el respaldo del gobierno chiapaneco de Pablo Salazar Mendiguchía y de las dependencias federales. Como repartidor de recursos en dinero y especie, buscó socavar a las bases zapatistas, o generó situaciones de conflicto dentro de los pueblos. En ese sentido, según diversos observadores, dirigió sus funciones al contrario de lo que proclamaba.
Para el gobierno federal foxista se convirtió en pieza clave. Tal era el respaldo, que su salario al año sumaba casi tanto como el presupuesto de su oficina. Inicialmente ganaba 123 mil 600 pesos mensuales. En junio de 2002 recibió un privilegiado aumento de 35 por ciento: 176 mil 682 pesos al mes (datos de la Dirección de Remuneraciones de la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación). ¿Demasiado bien pagado para no cumplir su cometido? ¿O recibió ese apoyo para fomentar lo que en realidad buscaba el Ejecutivo: abrir paso a proyectos turísticos y camineros, debilitar las resistencias indígenas, “integrar” a los pueblos al proyecto neoliberal?
Quizá lo que mejor ilustra el “éxito de su misión” fue lo ocurrido el 17 de mayo de 2005, cuando las bases de apoyo del EZLN en Guadalupe Tepeyac le impidieron inaugurar un “centro de capacitación” y lo hicieron abandonar la comunidad, a la cual había ingresado sin permiso de los pobladores.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/21/index.php?section=politica&article=013n1pol
Critica al gobierno oaxaqueño e insta a la APPO a revisar sus errores para potenciarse
Flavio Sosa reanuda activismo; las causas de nuestro movimiento, intactas, asegura
Octavio Vélez Ascencio (corresponsal)
Ampliar la imagen Flavio Sosa Villavicencio (izquierda), Ezequiel Rosales Carreño y otros dirigentes de la APPO, en la conferencia que ofrecieron ayer en Oaxaca Flavio Sosa Villavicencio (izquierda), Ezequiel Rosales Carreño y otros dirigentes de la APPO, en la conferencia que ofrecieron ayer en Oaxaca Foto: Notimex
Oaxaca, Oax., 20 de abril. El consejero estatal de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) Flavio Sosa Villavicencio reafirmó su compromiso con el movimiento magisterial y popular, y aseguró que al momento permanecen intactas las causas que originaron el conflicto político social en la entidad, en 2006.
Recién excarcelado, luego de pasar año y medio en prisión acusado de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado, delitos que el gobierno estatal no probó suficientemente para procesarlo, Sosa Villavicencio indicó que la situación “es más grave al día de hoy”, porque se vinculan y entrecruzan las crisis económica y la política, “por el brutal ejercicio del poder autoritario”, así como la crisis social, “por una sociedad polarizada al extremo”.
En conferencia de prensa, acompañado por el secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Ezequiel Rosales Carreño, y otros consejeros estatales de la APPO, Flavio Sosa sostuvo que “los arquitectos de la pesadilla que vive Oaxaca continúan relegando a las oaxaqueñas y los oaxaqueños el acceso al presente; politiqueros al fin, colocan mil máscaras a la mentira, al crimen, a la ineptitud, a la injusticia y al saqueo”.
Consideró que al momento se vive una “democracia de tianguis, putrefacta; libertades controladas. Ésa es nuestra sórdida realidad. Reminiscencia de arcaicos sistemas, un virreinato en plena modernidad, ésta es la realidad que se reveló en el umbral del siglo XXI”.
Subrayó que es urgente iniciar un proceso fraternal en la APPO, para revisar “nuestros errores” y diseñar de manera colectiva “la táctica que nos potencie y unifique desde la base misma, colonias, barricadas, comunidades, municipios y organismos en todo el estado de Oaxaca”.
Es necesario también, afirmó, “recuperar el carácter plural y horizontal para la directiva y la vida organizativa de la APPO”, y así trabajar en la “ingeniería de la revolución pacífica, humanista y democrática” para que la APPO sea en realidad la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Sosa Villavicencio anunció que se sumará a los esfuerzos iniciados para lograr la libertad de todos los “presos políticos y de conciencia” del movimiento magisterial y popular: Adán Mejía, Víctor Hugo Martínez y Jaciel Cruz Cruz, así como de los indígenas zapotecas de San Agustín Loxicha acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario, de los pobladores de San Salvador Atenco y de los hermanos Cerezo Contreras.
Sosa Villavicencio dijo que la cárcel lo ayudó a soñar, y que en sueños pudo verse “caminando tomado de la mano con mis compañeros muertos” durante el conflicto político social.
“Estoy muerto y vivo con ellos, y ellos hablan con nosotros como una realidad rulfiana, como si en Oaxaca los muertos vivieran al lado de los vivos. Y si Dios nunca muere y si nuestro Dios no ha muerto, vivimos juntos”, comentó.
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Balas impunes silencian la voz triqui
Tensión tras el asesinato de dos comunicadoras de San Juan Nopala; amenazas oficiales
Blanche Petrich/ I (Enviada)
Ampliar la imagen Una locutora de Radio Copala en la emisora comunitaria Una locutora de Radio Copala en la emisora comunitaria Foto: Marco Peláez
San Juan Copala, Oaxaca. La radio comunitaria La voz que rompe el silencio, la cual transmitía su señal en idioma triqui desde el municipio autónomo de San Juan Copala hacia una docena de pueblos enclavados entre los cerros colindantes, salió del aire el 7 de abril, poco después de las cinco de la tarde. Adolfo y Bernabé, los dos locutores que estaban a cargo de la austera cabina, al conocer la noticia de que sus compañeras Teresa Bautista y Felícitas Martínez habían sido asesinadas en una emboscada, apagaron los micrófonos y el transmisor. Enmudecieron.
Desde entonces ni ellos ni su radio –un proyecto de comunicación que apenas tenía tres meses de vida y al que definen como “un ala de nuestra experiencia autonómica”– no han recuperado el habla. El jueves pasado, frente a una docena de periodistas y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que atravesaron el nudo montañoso de la sierra mixteca para bajar a la hondonada de Copala, Adolfo trata de decir algo. Pese a sus esfuerzos la voz se le atora en la garganta. Debe-rían haber estado a su lado, para hablar con la prensa, los padres de Tere y Feli, pero no acudieron. “Gente del gobierno de Ulises Ruiz los contactó para amenazarlos. Les dijeron que si hablaban corrían peligro; si callaban, recibirían recursos”, denuncia Jorge Albino, de la comisión de comunicación del municipio autónomo. Era el miedo que rompe la voz.
Hasta que aparece, inesperada, la pequeña figura de Gregoria Agustina, con las trenzas blancas deshechas. Pasa al frente del palacio municipal, rodeada de decenas de mujeres como ella, silenciosas. Amorosamente desdobla y extiende un vestido rojo, el típico traje triqui, bordado en telar. Cinco rasgaduras en la parte media trasera del tejido –los cinco orificios de las balas que mataron a su nieta Felícitas– dicen más que las palabras. Ni siquiera hay rastros de sangre. La abuelita, que se hizo cargo de Feli y su hermana Laura a la muerte de su madre, hace tres años, lo lavó hasta borrar la última mancha. ¿Cómo iba a dejar que el vestido que llevaba Feli el día de su muerte quedara sucio? Fue el silencio de Gregoria el que rompió el miedo.
Los visitadores de la CNDH tuvieron que tomar nota del reclamo de Jorge Albino, coordinador de la radio comunitaria del municipio autónomo: “No queremos que aquí le echen tierra a la muerte de nuestras compañeras como le hicieron en la Zongolica”, la sierra nahua de Veracruz, donde la versión del gobierno federal y del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de la “muerte por gastritis” de la anciana Ernestina Ascensión se impuso mediante esa pinza de amenazas y ayudas económicas que terminó por silenciar la denuncia de su familia, en el pueblo de Soledad Atzompa.
El gobierno autónomo solicita que la Procuraduría General de la República, a través de la fiscalía para delitos contra periodistas, atraiga el caso, porque no confían en la justicia estatal.
En Oaxaca, el procurador general de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Rodríguez, dio la clave de hacia dónde se dirige la averiguación al declarar que el atentado “no era contra las locutoras, sino contra Francisco Vázquez”, empleado del Registro Civil que conducía el vehículo en el que viajaban. Él, su esposa Cristina y Jaciel, uno de sus pequeños hijos, siguen internados en un hospital de Oaxaca, pero hasta ahora no han sido interrogados.
Acusaciones y venganzas sin fin
Desde finales de los años 90 el movimiento social de los triquis vive enfrentado y atrapado en una cadena incesante de hechos violentos, acusaciones mutuas, venganzas sin fin. La temprana muerte de Felícitas y Teresa, activas en el proceso autonómico, tiene su contraparte de dolor.
El 5 de julio del año pasado dos jóvenes, Virginia y Daniela Ortiz, hermanas de 20 y 14 años, originarias del pueblo El Rastrojo, fueron secuestradas. Son hijas de un dirigente del MULT. Desde entonces están desaparecidas. En este caso también es muy poco lo que la procuraduría estatal ha hecho para ubicarlas, pese al peregrinar de su madre y sus primas, que no han dejado de tocar puertas reclamando la aparición de las muchachas.
La familia de las dos hermanas acusa al MULT-I de la desaparición. Cada organización carga, así, con sus agravios. Cada una acusa a la contraria de ser “priísta y paramilitar”. Las dos fuerzas se dicen de izquierda. Las dos participan en la otra campaña del zapatismo, que en su último encuentro de pueblos indios en Vícam, Sonora, intentó sin lograrlo reconciliar a los hermanos enemistados.
En esta ocasión, el MULT protestó por la atención que la prensa y los organismos de derechos humanos han prestado al asesinato de las locutoras. Se trata, dijo en un comunicado, de “una campaña de desprestigio y linchamiento político contra el MULT-UP, con el fin de preparar las condiciones de represión policiaca militar en la región”, orquestada “desde el poder y ejecutada por las balas asesinas de un grupo de priístas denominado UBISORT-MULTI”.
Son 500 kilómetros cuadrados de territorio triqui que suben y bajan de los cerros áridos y espinudos, una isla cultural en el corazón de la Mixteca oaxaqueña. Son 36 barrios, nueve agencias municipales y una sola presidencia municipal en Copala, en la Trique Baja, más fértil, con las mejores tierras y, por tanto, con mayores conflictos. Pero Copala, por su autonomía, no recibe ningún recurso del estado, sobre todo porque el MULT, su archienemigo, participa en el cabildo de Juxtlahuaca, donde se deciden las partidas presupuestarias.
Catorce comunidades se alinean con el MULT-UP y 18 con los autónomos. Los cementerios de cada pueblo reciben, de tanto en tanto, los cuerpos de nuevas víctimas, de uno y otro bando, caídas en las temibles emboscadas que perpetran pistoleros a sueldo, con cuernos de chivo. El MULT original, que nació en 1981 después de un largo proceso de resistencia y organización contra los caciques, pagó, en su momento, una muy alta cuota de sangre.
Francisco López Bárcenas, abogado mixteco y autor de numerosas investigaciones sobre el proceso de resistencia de esa región, recuerda que la última gran marcha del movimiento triqui, antes de la ruptura, fue en 1987. Al año siguiente, con el gobierno estatal de Heladio Ramírez, llegaron grandes sumas de dinero a despertar el apetito de sus dirigentes. A finales de la década se registra una violencia inédita en los pueblos y sus veredas, sobre todo violaciones tumultuarias contra mujeres.
El ala oficialista decide, en 2000, formar un partido político, Partido de Unidad Popular (PUP). Los enconos empiezan a provocar choques violentos. En 2005 son asesinados dos muchachos que trabajaban –como miles de jóvenes triquis y mixtecos– en Estados Unidos y que habían llegado a celebrar las fiestas patronales. Eran los hijos de los dirigentes Timoteo Alejandro Ramírez y de José Albino, que acusaron a la corriente del PUP de encubrir a los pistoleros. En marzo de 2006 se hace pública la ruptura.
El camposanto de San Juan queda en la ladera de un cerro con pinos, pasando el río. Las tumbas de las señoritas Teresa y Felícitas aún tienen frescas las flores. En una hay, todavía, plumas y rastros de sangre de una gallina sacrificada. Unos dicen que es una costumbre local, para que el mal no se lleve el alma de la difunta. Otros murmuran, por lo bajo, que los restos del sacrificio denotan la promesa de una venganza.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/21/index.php?section=politica&article=048n1pol
Gustavo Esteva
Huevos de serpiente
gustavoesteva@gmail.com
Es cierto: se trata de una engañifa, una maniobra tramposa. Pretende dar una cosa por otra. Pero lo que está ocurriendo es aún peor que la inaceptable entrega de Pemex. Incuba lo inenarrable.
Desde hace tiempo, de modo sutil, el discurso del gobierno se instala en el eufemismo, ese “modo de decir o sugerir con disimulo ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. No es sólo que las autoridades encubran sus acciones o que su propaganda esconda sus errores y exagere sus realizaciones. Es que pervierten la naturaleza del discurso público al encerrarlo en eufemismos enfermizos.
La construcción de oximorones es práctica habitual en gobiernos políticamente débiles o ilegítimos, que no se atreven a llamar a las cosas por su nombre. Hablar de protección nuclear o inteligencia militar son ejemplos clásicos de esta escuela de gobierno.
El creciente ejercicio del eufemismo en el discurso gubernamental lleva mucho más lejos esa operación. Los ejemplos abundan.
* Un programa oficial que busca la privatización de las tierras ejidales y la expulsión de los campesinos se denomina Programa de Certificación de Derechos Ejidales.
* Un conjunto de disposiciones legislativas que pone abiertamente en riesgo la riqueza biológica del país se llama Ley de Bioseguridad.
* En Chiapas, un programa que se ocupa activamente de destruir su inmenso patrimonio de semillas criollas de maíz para que los campesinos se vuelvan dependientes de las semillas transgénicas de Cargill, Monsanto y Dupont se llama Maíz Solidario.
* También en Chiapas, se intensifica cada día una guerra abierta contra las bases de apoyo zapatistas, en la cual se emplean medios legales e ilegales, militares y paramilitares, y toda suerte de recursos públicos, para desalojar a los campesinos de sus tierras, expulsar a los indígenas de sus comunidades, intimidar a todos, socavar la autonomía de los pueblos y proteger los intereses de caciques y de planes y empresas trasnacionales. Todo esto se llama Programa de Seguridad Interna, en el lenguaje de la Secretaría de la Defensa Nacional.
* Dentro de esa estrategia, se emplea especialmente a un grupo paramilitar, conocido ampliamente por la violencia e impunidad de sus dirigentes y concentrado actualmente en la entrega legal de tierras zapatistas a grupos no zapatistas de campesinos, con apoyo de las autoridades agrarias. El grupo se ha constituido ya como asociación civil y se denomina Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos.
No se trata de simple cinismo. No es la astucia de quien grita ¡Al ladrón! para poder alzarse con el botín, como la que emplea Calderón para demandar que se abran al diálogo quienes no hacen otra cosa que exigirlo. No es un mero truco mediático el que presenta como reforma energética un conjunto de enredadas disposiciones, cuidadosamente empacadas en lenguaje técnico, para entregar la renta petrolera a intereses privados. No se entrega el petróleo mismo: hasta quienes concibieron la propuesta saben que ese intento podría costarles la corta vida política que les queda. Pero hacen irrelevante el carácter nacional de ese patrimonio al entregar los aspectos más lucrativos de su empleo.
En la década de 1930 George Orwell desnudó la técnica que empleaban entonces los regímenes totalitarios: se bombardean pueblos indefensos desde el aire, se lanza a los habitantes al campo abierto, se ametralla el ganado, se prende fuego a las chozas con bombas incendiarias: esto se llama pacificación. Roban sus granjas a millones de campesinos y los hacen caminar por las carreteras con lo que puedan cargar: eso se llama transferencia de población o rectificación de fronteras. Se encarcela por años a las personas, sin someterlas a juicio, se les da el tiro de gracia o se les manda a morir de escorbuto a los aserraderos del Ártico: esto se llama eliminación de elementos indeseables. Este tipo de fraseología es necesaria si uno quiere nombrar las cosas sin evocar una imagen mental de lo que se está diciendo.
Poner la vida social en manos del mercado y la policía o el ejército implica desertar de la función de gobierno. Persiste, empero, la necesidad de controlar a la población, cada vez más reacia a aceptar la insensatez autoritaria de los gobernantes. Con ese fin se instala en el discurso público el reino del eufemismo, que llega acompañado de su consorte habitual: la propaganda que siembra odio y miedo en el sector de la población que constituirá la base social del ejercicio totalitario.
No me parece exagerado afirmar que esta pretensión es mucho peor que la mera entrega del petróleo. Necesitamos detenerla antes de que sea demasiado tarde.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/21/index.php?section=opinion&article=021a1pol
Paraguay: ¿nueva época?
El holgado triunfo del candidato opositor Fernando Lugo en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Paraguay es un hecho histórico para ese país sudamericano, sumido en la pobreza, el atraso y la corrupción por longevas dictaduras y, desde 1989, por un grupo gobernante oligárquico, a pesar de la fachada democrática, y carente del menor sentido de nación. Desde el Partido Colorado y sus ramificaciones, ese grupo ha ocupado el poder político y económico en forma ininterrumpida desde la guerra civil de 1947 y lo ha ejercido por medio tanto de regímenes castrenses de facto –el de Alfredo Stroessner duró de 1954 a 1989– como de presidentes civiles que han tolerado, propiciado o incluso protagonizado un sistemático saqueo de los fondos públicos: Juan Carlos Wasmosy, Raúl Cubas, Luis González Macchi y Nicanor Duarte Frutos.
El legado que deja el Partido Colorado es aterrador. Paraguay es, hoy, el segundo país más pobre de Sudamérica, después de Bolivia; su industrialización es prácticamente nula, la miseria y la marginación social alcanza grados exasperantes, la infraestructura y los servicios se encuentran en un subdesarrollo mucho más pronunciado que el de otras naciones latinoamericanas.
El candidato triunfante en los comicios de ayer, ex obispo de la diócesis de San Pedro, en la región más pobre del país, es uno de esos religiosos latinoamericanos con preocupaciones sociales a los que Joseph Ratzinger ha hostilizado, ya fuera desde la Congregación para la Doctrina de la Fe o desde la cabeza del papado, como Benedicto XVI. En marzo del año pasado Fernando Lugo pretendió renunciar a sus labores eclesiásticas para dedicarse de lleno a la oposición política, pero el Vaticano le rechazó la dimisión, sólo para suspenderlo ad divinis, unos meses más tarde, el propio Ratzinger.
Lugo representa el vasto descontento político, social y económico que recorre a Paraguay; un vasto y diverso conjunto de partidos políticos marginados por el oficialismo, así como organismos sindicales, sociales y culturales, confluyeron en la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) para postular al ex obispo a la Presidencia.
El desafío que habrá de enfrentar es enorme, no sólo por las dimensiones del atraso paraguayo en casi todos los órdenes y por las inercias de un país que durante la mayor parte de su vida independiente ha sido gobernado por déspotas, por corruptos y por déspotas corruptos, sino también por la heterogeneidad ideológica y de intereses que subyace en las siglas de la APC, y que va desde sectores democristianos hasta grupos claramente definidos en la izquierda del espectro político.
Por otra parte, en el escenario continental, la inminente llegada de Lugo a la Presidencia de Paraguay consolida la tendencia latinoamericana a buscar modelos alternativos al asfixiante y depredador neoliberalismo oligárquico que aún gobierna en México, la mayor parte de Centroamérica, Colombia y Perú. Es posible que, con Lugo en la Presidencia, Paraguay experimente un acercamiento con su vecina Bolivia, con Venezuela y con Ecuador; por lo demás, para los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, el ex obispo de San Pedro será un interlocutor mucho más sólido y confiable que sus predecesores.
Cabe felicitarse por su triunfo, que es una inequívoca victoria popular, y hacer votos por que su gestión consiga colocar a Paraguay en la dirección del desarrollo democrático, social y económico.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/21/index.php?section=opinion&article=002a1edi