quinta-feira, 10 de abril de 2008

Indice la Jornada, jueves 10 de abril de 2008

1- Dos acumulan sentencias por 300 años
Marchan a Tuxtla; exigen liberar a cinco campesinos

2-
Crean comisión para resolver pugna Chenalhó-Chalchihuitán

3-
Piden en Oaxaca entrega de eperristas

4-
Indignación por asesinato de indígenas de San Juan Copala

5-
Ecuador: crisis y fragilidad democrática

6-
Revela que sólo se denuncia uno de cada 100 delitos que se cometen en la República
Admite el gobierno su fracaso en materia de procuración de justicia


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Dos acumulan sentencias por 300 años
Marchan a Tuxtla; exigen liberar a cinco campesinos


Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Ampliar la imagen Campesinos de Venustiano Carranza marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para pedir la liberación de cinco compañeros acusados de homicidio, como parte de un conflicto de tierras Campesinos de Venustiano Carranza marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para pedir la liberación de cinco compañeros acusados de homicidio, como parte de un conflicto de tierras Foto: Ángeles Mariscal

Venustiano Carranza, Chis., 9 de abril. Cientos de campesinos emprendieron una marcha de 100 kilómetros desde este municipio hasta Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de cinco labriegos detenidos, como parte de una disputa por tierras que data de hace medio siglo y que ha propiciado más de 30 homicidios.

Los agricultores de Venustiano Carranza presentaron pruebas según las cuales cuatro de sus compañeros fueron acusados y sentenciados injustamente a más de 300 años de cárcel por la muerte de campesinos del grupo contrario a su organización, al cual reclaman el predio Multajiltic. Uno más fue encarcelado por realizar movilizaciones en defensa de sus compañeros.

El 7 de abril un contingente de hombres y mujeres de la llamada Casa del Pueblo de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) salieron de sus comunidades hacia Tuxtla Gutiérrez para instalar un plantón en demanda de la libertad de Ángel Hidalgo Espinosa, de los hermanos Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales, así como de José Arnulfo Díaz Vázquez.

Los cuatro primeros fueron aprehendidos en febrero de 2003, acusados de dar muerte a ocho labriegos con quienes disputaban el predio Multajiltic.

De acuerdo con pruebas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un niño mudo de 10 años de edad identificó a los inculpados como los asesinos, a pesar de que los agresores llevaban cubierto el rostro.

“Nosotros demostramos que se cometieron muchas irregularidades en el proceso penal, porque el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía quería parar nuestras movilizaciones”, dijo Natividad Vázquez, comunero de la Casa del Pueblo.

El agricultor, vocero del movimiento, indicó que José Arnulfo Díaz fue detenido meses después que sus cuatro compañeros, cuando encabezaba una marcha de protesta por las detenciones, porque entonces era comisario de bienes comunales. Se le acusó de ataques a las vías generales de comunicación y fue sentenciado a 16 años de prisión.

Ángel Hidalgo recibió una condena de 36 años de cárcel, y los hermanos Coutiño acumulan 300 años entre los dos. Los abogados apelaron de ambas sentencias.

Los marchistas planean llegar a la capital del estado este viernes e instalar un plantón.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=035n1est


Crean comisión para resolver pugna Chenalhó-Chalchihuitán

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, corresponsales

San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de abril. Autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aceptaron que el cadáver del indígena Antonio Jiménez Ruiz, asesinado el lunes por habitantes de Chalchihuitán, fuera trasladado la madrugada de este miércoles a su comunidad, Majomut, donde será sepultado el jueves.

Funcionarios de Chenalhó informaron que el cuerpo de Jiménez Ruiz fue trasladado la madrugada de este miércoles.

Los integrantes del ayuntamiento regresaron la noche del martes una reunión efectuada en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios estatales e informaron que lograron varios acuerdos, entre los que destaca la formación de una comisión técnica de especialistas para buscar una solución al conflicto de límites, que ha persistido por 34 años.

Los indígenas de Chalchiuitán y Chenalhó aceptaron que la comisión analice los títulos de propiedad y otros documentos agrarios para determinar a cuál de las dos circunscripciones pertenecen las 887 hectáreas que están en disputa.

El Tribunal Unitario Agrario ha evitado emitir un dictamen, ante el temor que el grupo que no resulte beneficiado emprenda acciones que provoquen más enfrentamientos y muertes, confió un funcionario de gobierno.

Andrés Ruiz Arias, secretario de bienes comunales de San Pedro Chenalhó, dijo que, como muestra de buena voluntad, el pleno de la asamblea del municipio decidió “enterrar a nuestro muerto y analizar nuevamente los títulos primordiales que otorgan a este municipio las tierras desde finales del siglo XIX”.

En la reunión, en la que participaron autoridades de los dos municipios, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Cesáreo Hernández, y el secretario de Gobierno estatal, Antonio Morales Messner, las partes también acordaron realizar un nuevo deslinde del terreno.

Mientras, autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aclararon que el acuerdo de sepultar el cadáver de Jiménez Ruiz, quien deja cinco niños huérfanos y una viuda, está condicionado a que se castigue cuanto antes a los responsables materiales e intelectuales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=035n2est


Piden en Oaxaca entrega de eperristas

Octavio Vélez Ascencio, corresponsal

Oaxaca, Oax. El dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario –organización afiliada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)–, Florentino López Martínez, y tres compañeros suyos, realizaron un ayuno de 12 horas como parte de un plantón instalado en el zócalo de esta capital, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario; así como la liberación del consejero estatal de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio; y del indígena de Santa María Temaxcaltepec Lauro Juárez. A la abstinencia se sumaron el adolescente Jaciel Cruz Cruz, internado en el Consejo Tutelar de Menores, y Facundo Cruz Olivera, preso en el reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=033n4est

Indignación por asesinato de indígenas de San Juan Copala

Queremos expresar nuestro dolor, nuestra rabia y el sentir de nuestro corazón por los hechos que vive el municipio autónomo de San Juan Copala, al estar de luto por dos compañeras cobardemente asesinadas: Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.

Para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlas será siempre enternecedor recordar cuando juntos caminamos en la creación de su radio comunitaria, Radio Triqui la voz que rompe el silencio. Su risa y nerviosismo al ver que su voz daba voz a los que siempre se les ha negado, a quienes hacían vivos los acuerdos de San Andrés al ejercer su derecho a la autonomía de la forma más viva, en el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de decir lo que pensaban como mujeres, como indígenas, como triquis.

Queremos compartir nuestra indignación. No olvidamos sus palabras de gratitud y de agradecimiento el 21 de enero, cuando nos retirábamos de su comunidad, cuando las escuchábamos en el 94.9 de FM diciéndonos “gracias”. Nos emocionamos juntos porque juntos rompimos el silencio.

Omar Esparza (CACTUS)

Ecuador: crisis y fragilidad democrática

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, arriba hoy a nuestro país para tratar con Felipe Calderón Hinojosa “todos los temas bilaterales y multilaterales”, según la representación diplomática de esa nación andina. La visita tiene como telón de fondo la más grave crisis diplomática de los últimos años en Latinoamérica, desatada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, durante el cual resultaron muertas una veintena de personas, entre ellas el líder guerrillero Raúl Reyes, cuatro estudiantes universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

Ante esos hechos, que llevaron a Ecuador y Venezuela a romper relaciones con Colombia, el gobierno mexicano ha asumido una actitud tibia y ambigua: en vez de expresar una protesta diplomática formal ante Bogotá por el asesinato de los mexicanos y manifestar solidaridad con el país agredido, lamentó con “emoción y tristeza” la disputa entre pueblos que comparten una “histórica hermandad”; posteriormente el gobierno calderonista se dedicó a gestionar, sin éxito, que el régimen de Álvaro Uribe indemnizara a las familias de los connacionales muertos en el ataque al campamento de las FARC, pero sin presentar una queja diplomática ante Bogotá, como ha sido la principal demanda de los deudos de las víctimas.

Incidentalmente, la agresión colombiana derivó en un severo problema político interno para el gobierno de Correa, luego de que las autoridades de Bogotá aludieron a informes de la inteligencia de Ecuador –hasta entonces desconocidos por el mandatario –que comprobaban el vínculo de Franklin Aisalla, el ciudadano ecuatoriano muerto durante el ataque del primero de marzo, con las FARC. A raíz de esta circunstancia, Correa denunció el control ejercido desde Estados Unidos sobre los organismos de espionaje de su país y aseguró que éstos ponen en riesgo la estabilidad nacional, por lo cual decidió separar de su cargo al ministro de Defensa, Wellington Sandoval, con lo que se generó el descontento de las cúpulas militares de ese país.

La democracia en América Latina ha acusado siempre una fragilidad, por la persistente injerencia de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. Ello se agrava cuando en las naciones hay divisiones y confrontación de los gobiernos con grupos oligárquicos. No sería la primera vez que Estados Unidos alentara la desestabilización política en un país de la región y apoyara a grupos opositores para deponer a un gobierno legalmente constituido: así ocurrió en muchas ocasiones a lo largo de casi todo el siglo pasado y, más recientemente, en Venezuela, donde la intentona golpista de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez contó con el respaldo de la embajada estadunidense en Caracas.

Significativamente, el propio Correa ha denunciado en más de una ocasión que su administración es objeto de una campaña de desestabilización en la que participan los medios de comunicación de la derecha para quitarlo del cargo al que fue democráticamente electo, y poner en su lugar un “títere de Wa-shington”. Con tales antecedentes, el conflicto que actualmente enfrenta con las cúpulas militares ecuatorianas es un factor de riesgo adicional para la democracia y la soberanía de la nación andina.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Revela que sólo se denuncia uno de cada 100 delitos que se cometen en la República
Admite el gobierno su fracaso en materia de procuración de justicia


■ Asume que la sociedad percibe que las leyes están al servicio de los poderosos

Gustavo Castillo García

Ampliar la imagen Agentes de Culiacán, Sinaloa, localizaron el cadáver de Eliborio Beltrán, quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes. El cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado Agentes de Culiacán, Sinaloa, localizaron el cadáver de Eliborio Beltrán, quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes. El cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado Foto: Notimex

Sólo uno de cada 100 delitos se denuncia y apenas tres de cada 100 averiguaciones previas que inicia el Ministerio Público se convierten en sentencias para los responsables (aunque ello no significa que sean condenatorias), reveló José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, al participar en el foro La reforma constitucional en materia penal, que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El funcionario reveló parte de los diagnósticos que el gobierno federal elaboró para lograr que el Congreso de la Unión aprobara en marzo pasado la también llamada reforma de seguridad y justicia penal, y aseguró que “el objetivo de esta reforma es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente dónde se encuentren o de su situación jurídica, con el propósito de minar sus estructuras financieras, lo que permitirá una mayor eficacia en el combate al crimen organizado”.

Lo anterior, tras mencionar que durante la discusión entre legisladores antes de aprobar las reformas en materia penal, detectaron que “existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia orga- nizada, ya que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal”.

Santiago Vasconcelos explicó ante abogados y estudiosos del derecho que “existe una enorme ineficiencia en el sistema”, y que la llamada Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana documenta que apenas uno de cada 100 delitos se denuncia a las autoridades, debido a la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la ineficacia de las autoridades.

Expuso que existe una gran desconfianza de los ciudadanos, por ello es que únicamente “10 por ciento cree que cada día se vive más seguro en México”, mientras que 59 por ciento de la población considera que en nuestro país “las leyes se utilizan para defender a gente poderosa”, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura.

En ese contexto, refirió que 70 por ciento de la población “se encuentra preocupada todo el tiempo de poder ser víctima de un delito con violencia, y que 39 por ciento ha sido víctima de un delito en los pasados 12 meses”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=politica&article=015n1pol

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