1- Han podido concretar un gobierno real y una política colectiva
La autonomía zapatista avanza pese a tenaz contrainsurgencia
2- Unen fuerzas lugareños, APPO y padres de jóvenes asesinados por el gobierno colombiano
Rememoran en Atenco dos años de los ataques de policías estatales y federales
3- Los responsables intelectuales y materiales, sin castigo contundente
La impunidad marca el segundo aniversario de la represión al FPDT
4- Inocentes, la mayoría de los acusados
5- La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR
En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra
6- Las compararía con cuerpos hallados en la capital del estado
Aún no solicita la PGR pruebas de ADN a parientes de dos eperristas de Oaxaca
7- Persiste hostigamiento paramilitar en la Costa Chica
8- Piden liberación de presos
9- Marcha por Atenco
10- Documental
11- Demandan justicia para comunicadoras triquis
12- Otorga la ONU premio a Lydia Cacho
Han podido concretar un gobierno real y una política colectiva
La autonomía zapatista avanza pese a tenaz contrainsurgencia
■ Combate a tráfico ilegal de personas y maderas, otros logros
Hermann Bellinghausen (Enviado)
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Municipio autónomo San Pedro de Michoacán, Chis. 3 de mayo. El proceso de autonomía zapatista sigue su marcha, aún negado o minimizado por los medios y los investigadores sociales; pero no por las fuerzas armadas ni la millonaria inversión contrainsurgente, que con su persistente acción y presencia confirman que el movimiento del EZLN, aunque civil y pacífico, es prioridad militar para el gobierno.
Pero tras 14 años en resistencia, y casi tantos en autonomía, lo construido es tangible, y no conoce descanso. Confirma una existencia política colectiva, un gobierno real, una relación con vecinos de otra opción organizativa (incluso antagonistas). Una manera de “buscar acuerdo”, evitando confrontaciones sin ceder en lo que consideran justo. No siempre es fácil, y no siempre hay buena fe en las contrapartes.
Las juntas de buen gobierno, los concejos municipales autónomos, y sobre todo los pueblos son dueños de su destino, aún con tanto en contra, y su modernidad reta cotidianamente a las “modernizadoras” autoridades oficiales.
Entre 2007 y 2008, los pueblos rebeldes en la cañada tojolabal defendieron durante meses a los pobladores de 24 de Diciembre, en un plantón que fue en sí una experiencia formativa, un encuentro de bases de apoyo zapatistas de muy diversas procedencias, para un “trabajo” concreto, que cumplió su cometido.
Simultáneamente, la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad ha establecido nuevos controles contra el tráfico ilegal de personas y maderas preciosas, así como la piratería del transporte y la corrupción en la concesión de obras públicas, como la carretera que se construye a paso redoblado en la cañada. Destino: La Realidad.
“Sabemos que la carretera tiene ventajas y desventajas”, reconoce Roel, de la JBG. “Puede servir al gobierno para meter el Plan Puebla-Panamá. Permitimos que se construya porque también lo quieren las comunidades. Pero sólo si hay respeto”.
Describe cómo esa carretera, procedente de Las Margaritas, ha sido durante muchos kilómetros monopolio de la CTM priísta y la Cioac perredista (gobernante en Las Margaritas). “Ahora van a trabajar distintos concesionarios, por acuerdo de las comunidades”. Hay pues volteos de una pequeña empresa regional: Macoma. “Cada comunidad va a participar en las obras del tramo donde le toca. Si los constructores respetan, bien. Si no, van para afuera”.
Acompañado por otros miembros de la JBG, en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, el representante autónomo refiere: “Con nuestra vigilancia han caído polleros que tratan de pasar gente indocumentada. Se obliga al coyote a que regrese el dinero a los migrantes, que le saca mucho, es un robo. A los hermanos guatemaltecos les aconsejamos que se regresen, que es muy peligroso seguir, que en este país los van a tratar muy mal, pero ellos deciden para dónde se van”. A los coyotes se imponen penas de hasta seis meses en la cárcel, participando en trabajos de las comunidades.
Los autónomos han frenado el tráfico de caoba, que se efectuaba entre la selva y Poza Rica o Maravilla Tenejapa. Uno de los responsables del saqueo es Misael Reyes Escalante, priísta. “Ahora poco, hemos decomisado 41 planchas de caoba y 13 docenas de tablas de caoba”.
Además, cumpliendo el acuerdo de las comunidades y las cooperativas de transporte público (no zapatistas la mayoría), la JBG ha frenado la piratería, cobijada por las autoridades oficiales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=009n1pol
Unen fuerzas lugareños, APPO y padres de jóvenes asesinados por el gobierno colombiano
Rememoran en Atenco dos años de los ataques de policías estatales y federales
■ Ratifican su rechazo a la construcción de un aeropuerto en el antiguo vaso de Texcoco
René Ramón, Elio Henríquez y Julia Leduc (Corresponsales)
Ampliar la imagen Integrantes del FPDT y amigos y familiares de Alexis Benhumea colocaron una ofrenda en la carretera federal Texcoco-Lechería, donde el 4 de mayo de 2006 el joven fue ultimado, por un proyectil policial Integrantes del FPDT y amigos y familiares de Alexis Benhumea colocaron una ofrenda en la carretera federal Texcoco-Lechería, donde el 4 de mayo de 2006 el joven fue ultimado, por un proyectil policial Foto: René Ramón
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los padres de los cuatro estudiantes mexicanos masacrados en Ecuador por el ejército colombiano anunciaron una lucha conjunta para exigir justicia por los asesinatos, presentación de desaparecidos y la liberación de los presos de conciencia en México.
La confluencia se dio durante el acto político y cultural en que el FPDT rememoró el segundo aniversario del ataque de las policías federal y estatal a San Salvador Atenco, estado de México, y reivindicó su oposición a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en terrenos del antiguo lago de Texcoco.
La jornada, en la que participó Flavio Sosa, dirigente de la APPO, inició en la carretera federal Texcoco-Lechería, en cuyo camellón fue colocada una ofrenda floral en memoria de Alexis Benhumea, el universitario que cayó herido por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía y que a la postre lo mató.
Los padres de los jóvenes abatidos en el extranjero cerraron la vía federal en ambos sentidos durante 30 minutos; allí acusaron al gobierno de Felipe Calderón de complicidad con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. Revelaron que antes de su partida a Sudamérica, el gobierno de Felipe Calderón seguía de cerca todos los movimientos de los estudiantes mexicanos que participaron en la convención internacional bolivariana.
Flavio Sosa relató las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra los más de mil 500 presos del Altiplano y exigió la liberación de cinco de sus compañeros y la presentación, vivos, de otros tantos integrantes de la APPO desaparecidos.
Los atenquenses pusieron en el audio un mensaje de Ignacio del Valle, grabado el 30 de abril, en el cual llamó a la gente a no perder la esperanza y a cosechar lo que se sembró durante esta lucha.
A dos años de la represión aún está impune el castigo para los policías que violaron a las mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, sostuvo en su mensaje Héctor Galindo Gochicoa, quien advirtió que “la ilegalidad y la injusticia sigue vigente”.
Del Valle y Galindo Gochicoa son dos de los tres líderes del FPDT que purgan sentencia de 67 años de prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Acciones en Chiapas y Tamaulipas
En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes del Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía iniciaron una jornada de dos días por la libertad y la justicia. Adherentes de la otra campaña, los manifestantes se instalaron temprano en la plaza Catedral, donde colocaron una exposición fotográfica y exhibieron videos para “romper el cerco informativo” y exigir la libertad de todos los presos políticos.
En Matamoros, Tamaulipas, activistas se movilizaron en repudio a la violencia ocurrida en mayo de 2006 en Atenco. Con un plantón en la Plaza de Armas y la entrega de 2 mil volantes, los manifestantes encabezados por María González Armenta lamentaron que el gobierno federal continúe reprimiendo las organizaciones sociales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n1pol
Los responsables intelectuales y materiales, sin castigo contundente
La impunidad marca el segundo aniversario de la represión al FPDT
Emir Olivares Alonso
A dos años de las violaciones de los derechos humanos en San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006) por policías, “la constante ha sido la impunidad”, pues a la fecha no han sido castigados “de manera contundente” los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, coincidieron víctimas, líderes del movimiento, organizaciones civiles y abogados de los detenidos.
Los saldos de esos hechos son: las muertes de Francisco Cortés Santiago, de 14 años, tras recibir un balazo calibre 38, usado por los uniformados, y de Alexis Benhumea, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno de la PFP, lo que lo tuvo más de un mes hospitalizado, falleciendo el 7 de junio de 2006.
También decenas de torturados y al menos 26 mujeres violadas y agredidas sexualmente –de las 47 detenidas– como acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 207 detenidos, entre ellos cinco extranjeros que fueron expulsados del país.
En tanto que Ignacio del Valle –líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)–, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, están recluidos en el penal de máxima seguridad Altiplano y se les sentenció hace un año a 67 años de prisión por el delito de secuestro por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006, aún está pendiente la resolución por los acontecimientos de mayo.
Juan de Dios Hernández, defensor de la mayoría de los detenidos e integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, señaló que otra irregularidad es que decenas de personas fueron privadas “ilegalmente de la libertad”, pues todos los que han salido libres, a excepción de Alfonso Martínez –en libertad condicional y a quien se le sigue proceso por ataque a las vías de comunicación– fueron recientemente absueltos gracias a varios amparos.
Además varias personas viven una especie de exilio, porque existen órdenes de aprehensión en su contra. Leonel Rivero, abogado del FPDT, informó que es el caso de Adán Espinoza, Bernardino Cruz y Jorge Flores, acusados de secuestro, robo y privación de la libertad, quienes están a la espera de que se resuelva un amparo para evitar su detención. En tanto que para América del Valle, hija del líder del FPDT, el panorama no es alentador pues se agotaron los recursos legales para evitar su aprehensión al negársele un amparo y la revisión de éste.
Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, y quien ha asumido el liderazgo del FPDT, aseguró que “las agresiones y torturas contra los compañeros y la violencia sexual contra las mujeres continúan impunes”. Indicó que su lucha continuará “hasta obtener la libertad de todos los compañeros y justicia ”.
Mientras, señala, quienes perpetraron los abusos y “torturas”, delito considerado de lesa humanidad por organismos internacionales , no han sido sancionados.
La justicia mexiquense inició proceso penal sólo contra 21 policías –de más de 2 mil que participaron en el operativo– por delitos no graves; 15 ya fueron exonerados, a cinco se les procesa por abuso de autoridad y están en libertad bajo fianza; mientras el pasado viernes fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por actos libidinosos el agente Doroteo Blas Marcelo; sin embargo, al no ser delito grave se le fijó una fianza de 8 mil 427 pesos para obtener su libertad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n2pol
Inocentes, la mayoría de los acusados
Emir Olivares Alonso
Toluca, Méx. 3 de mayo. Las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra los 29 detenidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, se han diluido en los dos años transcurridos, pues la mayoría de los consignados ha demostrado su inocencia.
Permanecen presos 16 y de ellos 12 esperan sentencia por secuestro equiparado y uno por ataques a las vías de comunicación.
Los otros tres –Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del movimiento– fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión por hechos distintos a los ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco.
Otros 12 permanecen en el penal de Molino de Flores, Texcoco, quienes son enjuiciados por secuestro una vez que se cerró la instrucción del juicio, y otro por ataques a las vías de comunicación.
También están presos dos floristas de Texcoco detenidos el 3 de mayo de 2006, a quienes se imputaron portación de arma prohibida (machetes) y ultrajes, delitos no graves que alcanzan fianza. La PGJEM y el juez consideraron que ambos son “un peligro social”, por lo que enfrentan su proceso encarcelados.
La PGJEM consignó los expedientes de los 29 detenidos al juez segundo penal de Toluca, quien días más tarde decretó la libertad para todos por delincuencia organizada, pero resolvió enjuiciar a 23 por secuestro y a 17 por ataques a las vías de comunicación.
Cuatro más recuperaron su libertad de inmediato por no estar implicados. Cinco fueron deportadas por ser extranjeros y 11 remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, donde permanecieron menos de dos meses.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n3pol
La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR
En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra
■ Ofrece retirarse del grupo de mediación para no dificultar el proceso
Blanche Petrich
Ampliar la imagen Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Foto: Francisco Olvera
Ante el veto del gobierno federal a la presencia de la senadora Rosario Ibarra en el grupo de mediación que propuso el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta el momento manifestado en forma extraoficial, la legisladora expresó: “no quiero, de ninguna manera, ser un estorbo. Si mi participación implica dificultar el diálogo, me hago a un lado”.
No obstante, dijo que “antes debo tomar en cuenta la opinión de mis compañeros del grupo, por respeto. Ellos, todos gente muy seria y comprometida (Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas), fueron muy claros en considerar inaceptable el veto” en la reunión sostenida el jueves pasado.
La también presidenta de Eureka, organización que ha encabezado históricamente la lucha por la aparición con vida de los secuestrados-desaparecidos, respondió al argumento que esgrimieron fuentes de la Secretaría de Gobernación consultadas por la reportera Fabiola Martínez (2 mayo 2008), en el sentido de que la participación de la senadora del PRD podría representar un conflicto entre las fuerzas políticas.
“En primer lugar –dijo a La Jornada–, nunca he pertenecido a ningún partido; ni al Partido Revolucionario del Trabajo, al que representé como candidata a la Presidencia, ni al PRD. Reconozco también que, ante el asunto de los desaparecidos, yo no puedo ser imparcial. Este es, sin matices, un crimen de Estado. Y el gobierno sabe muy bien que mientras me quede un hálito de vida no dejaré de luchar por ellos. Porque yo sé lo que es que te arranquen de esa manera a un ser querido. Lo que creo es que el gobierno no me quiere en el grupo porque en el fondo no quiere discutir del tema de las desapariciones.”
La defensora de derechos humanos recordó que, aunque Gobernación no lo reconoce, lo que motivó la propuesta de una mesa de negociación con una instancia mediadora fue determinar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los dos líderes del EPR. El primer paso del grupo armado en este sentido fue su comunicado del 24 de abril, fechado en Querétaro. La propuesta incluía al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), pero no consideraba a la senadora Ibarra de Piedra.
También en entrevista, Enrique González Ruiz explicó que el FNCR decidió nombrarlo a él, a Juan de Dios Hernández y a Rosario Ibarra como representantes del frente. “Fue un debate a fondo. Hubo reservas, por considerar que la posición de Felipe Calderón es poco confiable y por temor de ser utilizados para legitimarlo. Pero decidimos correr el riesgo, si con nuestra participación logramos avanzar en la solución del problema de los desaparecidos. También consideramos la advertencia del EPR del 22 de abril, respecto a que estaba en alerta y que continuaría su campaña de acciones armadas para lograr la aparición con vida de sus compañeros. Pensamos que había que buscar todos los caminos para que no se dieran acciones violentas”. Expresó que si su presencia es un obstáculo para que la negociación llegue a buen puerto, “me hago a un lado”.
De todas maneras, el papel del grupo mediador aún es muy incierto, ya que en un comunicado del 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se pronunció por un rol de “testigos sociales”, mismo que fue rechazado por los mediadores.
Históricamente, la relación de las organizaciones precursoras del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario con Rosario Ibarra y Eureka han sido distantes y tensas. En los 70, el Procup –una de las organizaciones troncales de lo que hoy es el EPR– formó un frente de defensa de las víctimas de la represión en la época alterna al primer FNCR que formó la dirigente de Eureka. Ayer, sin embargo, Rosario Ibarra recibió un aval del grupo Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo (una vieja escisión del PDRP-EPR).
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=006n1pol
Las compararía con cuerpos hallados en la capital del estado
Aún no solicita la PGR pruebas de ADN a parientes de dos eperristas de Oaxaca
Gustavo Castillo García
La Procuraduría General de la República (PGR) pretende comparar el ADN de los familiares de los eperristas desaparecidos en mayo de 2007 en la capital de Oaxaca con los registros genéticos de al menos 10 cadáveres que han sido localizados en dicha ciudad en el transcurso del último año, revelaron funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Sin embargo, según las fuentes consultadas, apenas empezaron los acercamientos con familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que acepten someterse a las pruebas, que podrían consistir en una toma de saliva o sangre.
Funcionarios de la PGR indicaron que la SIEDO no ha solicitado a Servicios Periciales la realización de las pruebas, pero en esta dirección se han recabado muestras genéticas de los cadáveres localizados en el estado de Oaxaca en los últimos 12 meses.
Al momento, la PGR cuenta con un banco de alrededor de 2 mil 500 muestras de ADN, de cadáveres que han sido localizados en el país luego de algún enfrentamiento o de haber sufrido los llamados levantones.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo ante corresponsales extranjeros que en julio de ese año “se abrió una averiguación previa y se han realizado numerosas diligencias y acreditado que los hechos no ocurrieron en los términos planteados en la primera denuncia por la hija de una de las personas desaparecidas”. Y aunque señaló que tenían “avances importantes”, fue hasta la detención de un grupo de sicarios del cártel del Golfo que la dependencia federal obtuvo indicios que señalan la participación de policías oaxaqueños en la desaparición de los eperristas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=006n2pol
Persiste hostigamiento paramilitar en la Costa Chica
Sergio Ocampo, corresponsal
Chilpancingo, Gro., 3 de mayo. Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), denunció que persiste el hostigamiento de grupos paramilitares contra ciudadanos de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, e “incluso nos han amenazado de muerte”.
Entrevistada por teléfono, la dirigente de los indígenas tlapanecos (o me’phaá, como se hacen llamar) acusó al comisario de esa comunidad, Isidro Remigio Cantú, de hostigar a los habitantes de esa zona de Ayutla: el 25 de abril “le dijeron a la gente que iba a venir el Ejército a matar a la gente”.
Destacó que en cada reunión que convoca acusa a la OPIM de estar formada por delincuentes y rebeldes; “eso es falso, están enojados por que nos hemos organizado para defender nuestros derechos y denuncian los abusos y atropellos que comete el gobierno”.
Apenas el 26 de abril, 73 ciudadanos levantaron una acta en la que pidieron a la Procuraduría de Justicia del estado justicia por el asesinato el 9 de febrero de Lorenzo Fernández Ortega, uno de los dirigentes indígenas me’phaá responsable de la defensa de los 14 indígenas esterilizados en 1998.
Recordó que “el 24 de abril, miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos subieron a El Camalote a visitar y ofrecer apoyo a las familias de los cinco detenidos que se encuentran en el reclusorio de Ayutla de los Libres, pero el comisario denunció que los visitantes entraron a la casa del hermano del comisario Romualdo Remigio Cantú y se robaron pertenencias de valor y dinero, y otros recursos que estaban en la camioneta del comisario Isidro Remigio Cantú”.
La dirigente la OPIM llamó al gobernador Zeferino Torreblanza a no criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=estados&article=026n2est
Piden liberación de presos
Queremos denunciar el clima de hostigamiento y represión que impera en Chiapas. La escalada represiva se ha manifestado contra los compañeros injustamente presos en los penales de El Amate y Los Llanos, de los dos bases de apoyo zapatistas que se encontraban presos en Tabasco y recientemente fueron trasladados a Chiapas, y de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, a la que entraron el 27 de abril 500 policías con lujo de violencia para desalojarlos de sus tierras, que la organización OCEZ-CMPA intenta robar con el apoyo del gobierno de Chiapas.
Estos indignantes hechos ocurren tras las muy publicitadas liberaciones otorgadas a regañadientes después de una huelga de hambre de 45 días, maniobra mediática con la que el gobierno de Juan Sabines busca ocultar las condiciones de sus penales, la represión que ejerce su gobierno en contra de compañeros injustamente presos y en contra de las comunidades zapatistas.
Exigimos la libertad inmediata de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, de los integrantes de La Voz del Amate y de los zapatistas injustamente presos en el Cereso 14. Además, garantías y seguridad a todos en penales chiapanecos, y que sean investigados y castigados los culpables de la agresión contra los integrantes de La Voz de los Llanos. Y la retirada de la policía estatal de la comunidad de Cruztón.
Adherentes a la otra campaña Jalisco, de la UOT Guanatos. Asamblea contra la Represión y por la Lucha Social
Marcha por Atenco
Hace dos años, nuestro pueblo de Atenco fue reprimido brutalmente por la policía estatal y federal bajo las órdenes de Fox y Peña Nieto. A la fecha, la injusticia perdura, ya que aún quedan 16 compañeros presos, varios perseguidos políticos y permanecen impunes las violaciones a nuestras compañeras y los asesinatos de Javier Cortés y Alexis Benhumea. Por ello, invitamos al pueblo de México y a las organizaciones sociales a participar en la marcha A dos años, vamos por la libertad de todos nuestros compañeros, que partirá el domingo 4 de mayo de Atenco a la caseta de la autopista Vía Lago a las 7 horas y del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte a las 13 horas.
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Alberto Alonso Sarmiento.
Documental
A dos años de la brutal represión a campesinos y organizaciones en San Salvador Atenco, invitamos a la proyección del documental Atenco, un crimen de Estado, realizado por el colectivo AMV, que da cuenta de que hubo una negociación para que no se diera la represión policiaca el 3 de mayo y fue ignorada por las autoridades municipales, estatales y federales. La cita es este domingo 4 de mayo a las 17 horas en la Casa de la Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco 605, a tres cuadras del Metro Camarones. Informes: redzapatista@gmail.com, http://unionrebelde.blogspot.com, cel. (044-55) 1653-5146. Entrada libre.
Ricardo Nicasio.
Demandan justicia para comunicadoras triquis
Los asesinatos cometidos el 7 de abril de las dos jóvenes comunicadoras triquis de la radioemisora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, siguen sin ser esclarecidos. No es la primera vez que grupos al servicio del poder en Oaxaca actúan de manera impune acallando las voces de comunicadores sociales; nos solidarizamos de forma fraterna con estas justas luchas y nos pronunciamos por el esclarecimiento de estos actos criminales.
Red Democrática de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz
Otorga la ONU premio a Lydia Cacho
De la Redacción
La Organización de las Naciones Unidas entregó ayer a la periodista mexicana Lydia Cacho el premio Mundial de la Libertad de Prensa-UNESCO Guillermo Cano 2008, por su contribución a la promoción y defensa de la libertad de expresión. El galardón adjudicado a Cacho por sus investigaciones sobre redes de prostitución, pederastia y violencia contra las mujeres, fue entregado por el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, tras la aprobación de un jurado integrado por 14 periodistas destacados a escala internacional. El premio fue creado por el consejo ejecutivo de la UNESCO en 1997, en honor a Guillermo Cano Isaza, periodista colombiano asesinado en 1986.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=010n3pol
segunda-feira, 5 de maio de 2008
sábado, 3 de maio de 2008
Indice la Jornada, sábado 3 de mayo de 2008
1- A dos años de la represión en San Salvador Atenco el Estado no reconoce los abusos
“Desolador”, el panorama de los derechos humanos en México: AI
2- Una cruz en memoria de los caídos
3- Pagando 8 mil pesos, Doroteo Blas Marcelo evitará pisar la cárcel
Sentencian a tres años de prisión a policía estatal que abusó de mujeres de Atenco
4- Rechaza Nadín Reyes registrar su ADN en la SIEDO
5- Las personas que dejaron el predio buscan más problemas: JBG
Zapatistas de 24 de Diciembre ahora enfrentan incendios provocados
6- Asegura la Feadp que ya fueron libradas las peticiones de aprehensión
Ordenan detención de Kamel Nacif y policías poblanos por caso Lydia Cacho
7- Los de Abajo
8- Exigen reparación del daño por la agresión en Atenco
9- Solidaridad con zapatistas presos
10- Les molestó que no cayeran en su provocación y los sacaron de sus casas: líder campesino
Arrestan ilegalmente a nueve partidarios de la APPO que se enfrentaron con priístas
11- La tortura no funciona, como muestra la historia
12- Crisis de autoridad y hartazgo ciudadano
A dos años de la represión en San Salvador Atenco el Estado no reconoce los abusos
“Desolador”, el panorama de los derechos humanos en México: AI
■ El organismo internacional exige justicia para 26 mujeres víctimas de tortura sexual
■ La impunidad sigue siendo cosa de todos los días en el país, sostiene Alberto Herrera Aragón
Emir Olivares Alonso
Ampliar la imagen Isabel Cruz, Alberto Herrera Aragón y Tonio Tessada, durante una conferencia para informar sobre las solicitudes que Amnistía Internacional ha hecho al Estado mexicano sobre los hechos en San Salvador Atenco Isabel Cruz, Alberto Herrera Aragón y Tonio Tessada, durante una conferencia para informar sobre las solicitudes que Amnistía Internacional ha hecho al Estado mexicano sobre los hechos en San Salvador Atenco Foto: Francisco Olvera
En México existe un panorama “desolador” en materia de derechos humanos, pues no hay coherencia entre la política internacional en defensa de esas garantías y la que se aplica en el ámbito nacional; el caso paradigmático es la violencia ejercida en San Salvador Atenco, en particular contra las mujeres, donde el Estado ejecutó actos de “tortura” que continúan “en la impunidad”, aseguró Amnistía Internacional (AI) sección México.
A dos años de la violación a los derechos humanos de habitantes de ese municipio, incluida la tortura sexual contra al menos 26 mujeres –cometida por elementos policiacos–, el organismo internacional realizó una campaña para exigir a las autoridades mexicanas justicia para ellas por medio de la presión de activistas de diversos países.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI-México, señaló que el objetivo de la campaña es aprovechar “la preocupación” que tiene el gobierno del país sobre cómo es vista en el ámbito internacional su labor en defensa de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, se informó que a dos años de las agresiones contra mujeres en Atenco no existen policías consignados por delitos graves. Herrera Aragón indicó que mientras el Estado mexicano no reconozca públicamente que incurrió en abusos, y no se emprendan medidas que se traduzcan en reformas estructurales para garantizar los derechos humanos, no habrá justicia para las víctimas, además de que situaciones como las de Atenco continuarán presentándose.
En el llamado que hace, AI refiere que “la violación a los derechos humanos, el desigual acceso a la justicia y la impunidad no son tolerables en una sociedad civil comprometida con el respeto a toda persona y a la dignidad humana”.
En México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Bélgica se acumulan cientos de firmas dirigidas al titular de la Procuraduría General de la Repú- blica, Eduardo Medina Mora, como medida de presión ante la impunidad. Asimismo, se esperan los documentos, escritos o vía electrónica, de activistas de Dinamarca, Polonia, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza y Suecia; además de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
“La palabra impunidad sigue siendo cosa de todos los días en México, en especial en el caso Atenco. Por ello, la solidaridad internacional permitirá darle relevancia al caso y todas estas voces llegarán al escritorio de Medina Mora”, aseguró el director de AI-México.
Por su parte, Jaqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –ONG que recientemente acompañó la denuncia que 11 mujeres agredidas sexualmente realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, señaló que hasta la fecha no hay autoridades ni policías consignados por delitos graves en ese caso, y solamente 21 han sido llamados por la justicia del estado de México por ilícitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos; 15 de ellos ya fueron exculpados, mientras que el resto enfrentan el proceso en libertad debido a que los delitos que se les achacan no son graves.
“Las mujeres no han recibido una reparación integral del daño ni han alcanzado justicia, por lo que exigimos que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consigne a los responsables de la tortura sexual”, señaló la abogada.
Agregó que “existe la esperanza” de que con la presión internacional se logre justicia, como se dio con la liberación, hace unos meses, de la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en Atenco y declarada por AI como presa de conciencia, por lo que hubo una amplia campaña internacional por su liberación.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=003n1pol
Una cruz en memoria de los caídos
Javier Salinas Cesáreo, corresponsal
San Salvador Atenco, Méx., 2 de mayo. A dos años de la incursión de las fuerzas federales y estatales en San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) colocó una cruz en la zona del cerro de Huatepec, como ofrenda para los tres activistas y simpatizantes asesinados a lo largo de siete años de resistencia.
Fue justo en medio de las tierras de cultivo en las que en 2001 el gobierno federal intentó construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México, donde los atenquenses colocaron este viernes una enorme cruz hecha de troncos en memoria de Jesús Enrique Espinoza, asesinado por la policía estatal en 2002, de Alexis Benhumea, estudiante que murió por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la policía, y de Francisco Javier Cortés, el adolescente abatido en el tiroteo de mayo de 2006.
Para el FPDT la colocación de la imagen tuvo otro mensaje: recordarle al gobierno federal que esas tierras son de los campesinos y que no permitirán un nuevo intento de “despojo” para un proyecto aeroportuario o para ampliar la mancha urbana.
“No estamos todos”
Desde temprano los atenquenses se congregaron en la explanada principal del poblado. Acompañados de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, partieron en caravana con rumbo a los cerros Huatepec y Tepetzingo.
“Peña Nieto, asesino, que matas campesinos” y “no estamos todos, faltan los presos y presas”, fueron las consignas que bajo el intenso calor y en medio de sus tierras corearon los compesinos para reafirmar su vocación de lucha.
Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT y esposa de Ignacio del Valle Medina, preso en la cárcel de La Palma, señaló que a dos años de la represión el movimiento sigue y ahora más que nunca luchará por conseguir la libertad de sus 16 compañeros que aún se encuentran presos en los penales de Molino de Flores y La Palma.
Denunció que el acoso y hostigamiento de los gobiernos federal y estatal no ha cedido, pues al menos seis de sus compañeros, algunos con sus familias, se encuentran en el exilio desde mayo de 2006, porque pesan sobre ellos órdenes de aprehensión.
“Nuestro movimiento no cederá hasta que Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora y Wilfrido Robledo, los autores de la represión, sean castigados”, dijeron.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=003n2pol
Pagando 8 mil pesos, Doroteo Blas Marcelo evitará pisar la cárcel
Sentencian a tres años de prisión a policía estatal que abusó de mujeres de Atenco
Israel Dávila (Corresponsal)
Toluca, Méx. 2 de mayo. Doroteo Blas Marcelo, elemento de la Agencia de Seguridad Estatal, fue condenado este viernes a tres años y dos meses de prisión por el delito de actos libidinosos cometidos contra las mujeres detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006. No obstante, el uniformado no tendrá que pisar la cárcel pues, al estar tipificado como delito no grave en el Código Penal mexiquense, la pena es conmutable por el pago de 8 mil 427 pesos.
La resolución la dictó hoy el juez primero de Tenango, Tomás Santana Malváez, quien consideró que se pudo acreditar la responsabilidad de Blas Marcelo en abusos de orden sexual contra las detenidas.
Doroteo Blas Marcelo fue el único policía estatal consignado por la procuraduría mexiquense por los ataques sexuales contra al menos 26 de las mujeres detenidas en los operativos de Atenco.
Estos abusos fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuya recomendación exigió a las autoridades estatales hacer una investigación más profunda y encontrar a los responsables.
La procuraduría estatal mantiene detenida la investigación con el pretexto de que si las víctimas no colaboran para identificar a sus agresores, difícilmente se podrá castigar a los responsables.
De acuerdo con los relatos de las víctimas, los abusos se cometieron durante el trayecto de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, que duró más de seis horas, cuando la distancia entre ambos lugares no es mayor a 120 kilómetros.
Las víctimas fueron obligadas por los policías que realizaban el traslado a ponerse los suéteres en la cabeza para impedir ser reconocidos. Aquella que no obedecía, se le propinaba una paliza, dijo una de las mujeres detenidas.
A dos años de los acontecimientos, a Blas Marcelo se le imputó la comisión de actos libidinosos, delito tipificado en el articulo 270 del Código Penal mexiquense como la menor de las faltas de orden sexual.
El ahora sentenciado nunca pisó la cárcel durante el proceso que se le instruyó, gracias a un amparo que le concedió la justicia federal para evitar ser detenido.
Al igual que 21 policías más que fueron consignados por abuso de autoridad, fue asesorado por la Agencia de Seguridad Estatal durante el proceso.
En febrero pasado el mismo juez exoneró a 16 policías estatales. En aquella resolución, el juez Tomás Santana dio cumplimiento a un amparo directo otorgado por la justicia federal en que se consideró que no había responsabilidad de los uniformados por la mala integración del expediente que turnó la procuraduría mexiquense.
Solo cuatro efectivos –uno de policía estatal y tres municipales de Texcoco– siguen sometidos a proceso penal por abuso de autoridad, aunque están a la espera de que se resuelva un amparo para ser absueltos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=004n2pol
Rechaza Nadín Reyes registrar su ADN en la SIEDO
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido desde mayo del año pasado, afirmó que se rehusó a dar una muestra de sangre o de saliva para registrar su ADN en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, ante un eventual descubrimiento de los restos del padre, porque no ha tenido acceso a las investigaciones realizadas tras la detención de dos policías oaxaqueños, presuntamente vinculados con los hechos.
Acudió, junto con Margarita Cruz Sánchez, hermana de otro de los desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y estuvieron en disposición de colaborar, “siempre y cuando tuviéramos información clara y precisa de los avances en la investigación, conocer por qué se realizaría la prueba y bajo que estándares, así como tener acceso a la averiguación previa, pero la respuesta del agente del Ministerio Público, Alejandro Hernández, fue negativa”, señaló.
Consideró que la actuación de Hernández deja al descubierto la faramalla del estado “pues lo que pretende es utilizar de manera sospechosa las muestras, situación que nos hace desconfiar plenamente de la veracidad de sus actuaciones”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=004n3pol
Las personas que dejaron el predio buscan más problemas: JBG
Zapatistas de 24 de Diciembre ahora enfrentan incendios provocados
Hermann Bellinghausen (Enviado)
La Realidad, Chis. 2 de mayo. Después del retiro de los miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES) de tierras de la comunidad zapatista 24 de Diciembre, lo cual ocurrió el pasado primero de abril, el nuevo peligro de provocación son los incendios intencionales, que en esta época de Cuaresma (sequía) se propagan muy fácilmente. La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, en entrevista, señala que se han evitado ya varios conatos de fuego, los cuales al parecer se dan de forma deliberada.
Ya se registró uno, causado por los policías estatales preventivos que siguen acampados en los alrededores del poblado zapatista. El siniestro estuvo a punto de salir de control, cuando los policías permitieron que se expandiera. “Para apagarlo tuvieron que actuar mujeres, niños y hombres de 24 de Diciembre. Destruyó una hectárea de bosque”, dice la JBG.
“No sabemos qué siguen ‘vigilando’ esos policías, si los de UES ya quitaron sus casas. Creemos que los policías deben irse. Su presencia sigue siendo provocación”, añade la junta zapatista.
Como son provocación los repetidos fuegos provocados por desconocidos, que mantienen en guardia a las familias zapatistas. “Pensamos que las personas que dejaron el predio, porque el gobierno les dio dinero, siguen buscando problema”.
La JBG aclara que no realizó ninguna negociación con el gobierno de Chiapas. “El pago de una elevada suma de dinero a los invasores de la UES, habitantes de Nuevo Momón, fue decisión de Juan Sabines. Allá él, si quiso pagar de nuevo esas tierras, que ya estaban muy bien pagadas” (a su antiguo propietario, el general y ex gobernador Absalón Castellanos Domínguez).
Si bien la prensa oficialista respaldó a los invasores de la UES y acusó a los zapatistas de “invadir” esas 525 hectáreas, es sabido que la ex finca fue recuperada por las bases del EZLN después del levantamiento de 1994. También, que las 31 familias que se iban a asentar allí desde entonces sufrieron persecusión y exilio durante más de una década, al instalarse en el viejo Rancho Momón, un campamento militar que no sólo sigue allí, sino que acapara el agua, y apoyó abiertamente a los invasores para construir su “poblado” Nuevo Gracias a Dios, nunca realmente habitado.
La gente de 24 de Diciembre nació en esa misma tierra, pero fue expulsada por la invasión militar de 1995, y miembros de la UES en Nuevo Momón se adueñaron de sus antiguas tierras y viviendas. Perseguidos y amenazados, finalmente tomaron posesión del predio el 24 de diciembre de 2006. Enseguida comenzó la “disputa”, promovida por miembros de la UES.
En algún momento, Arturo Jiménez, líder de dicha organización en Cruz del Rosario, “desconoció” a los invasores, pero nunca hubo intentos por disuadir al grupo de sus acciones de provocación y despojo. “Pensamos que (Jiménez) habló por el boicot de la sociedad civil contra los Cafés de la Selva, que sí les causó pérdidas.
“Los de 24 de Diciembre al fin han comenzado a construir su escuela, una casa de salud y están instalando tubería para que llegue un poco de agua.” La JBG de La Realidad describe que sólo tienen acceso a un pequeño pozo, que no da a las familias más de 30 litros de agua por día.
Así, esas tierras, recuperadas por los rebeldes hace 14 años, y pagadas dos veces por el gobierno, siguen escatimadas a las familias tojolabales, tanto por la permanencia del Ejército y la policía estatal, como por los intentos de sabotaje del mismo grupo que fue “indemnizado”, con creces y sin derechos reales, por el gobierno.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=009n2pol
Asegura la Feadp que ya fueron libradas las peticiones de aprehensión
Ordenan detención de Kamel Nacif y policías poblanos por caso Lydia Cacho
Gustavo Castillo García
El juzgado primero de lo penal con sede en Cancún, Quintana Roo, habría librado órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de influencia en contra del empresario Kamel Nacif, y por abuso de autoridad en contra de los policías del estado de Puebla que trasladaron en diciembre de 2005 de ese centro turístico a la capital poblana a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, según mandos de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas (Feadp) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, miembros del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), en el que participa Lydia Cacho, indicaron que el asunto sigue en estudio en el juzgado, pues el expediente se compone de 21 tomos de alrededor de 500 páginas cada uno.
En ese contexto, funcionarios de primer nivel de la PGR señalaron que hasta el momento en el círculo cercano a Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia, no se ha tenido ningún reporte oficial, y que el seguimiento del caso lo tiene la Feadp.
De acuerdo con la información obtenida, la petición de orden de aprehensión contra Kamel Nacif se sustenta en que una camioneta de su propiedad y varios de sus empleados apoyaron a los policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en el traslado de la periodista.
A pesar de que los mandamientos judiciales se hubieran librado, la PGR ya nada tiene que ver con el caso, pues una vez que consignó el expediente a un juez federal, éste se declaró incompetente y un tribunal determinó que en el asunto debía entender un juzgado del fuero común, por lo que las órdenes de captura deben ser cumplimentadas por agentes quintanarroenses, o bien, si esas autoridades emiten una alerta a las policías del país, entonces cualquier otra corporación puede realizar las aprehensiones.
Sin embargo, como los delitos por los que se solicitaron las órdenes de captura no están tipificados como graves, todos los inculpados pueden presentarse amparados ante las autoridades quintanarroenses.
Según las fuentes oficiales consultadas, existe la posibilidad de que los presuntos responsables de haber violado las garantías de la periodista Lydia Cacho acudan amparados ante el juez primero de lo penal la semana próxima y de inmediato soliciten que se les fije fianza para enfrentar el proceso en libertad.
Como se recordará, estas peticiones de captura tienen su origen en el expediente 02/FEADP/06 y la averiguación previa FEVIM/02/03-2006, en razón de las denuncias que presentó la periodista Lydia Cacho en contra del empresario José Kamel Nacif Borge; el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda, y los agentes que participaron en el traslado de la informadora desde Cancún hasta Puebla.
El contenido del libro Los demonios del Edén, en que Cacho Ribeiro denuncia la existencia de una red de pederastia que involucra al estadunidense Jean Succar Kuri y supuestamente la complicidad de Kamel Nacif, fue el motivo para que el empresario textilero presentara una demanda por difamación contra la autora y autoridades de Puebla la aprehendieran y encarcelaran unos días en un Centro de Readaptación Social.
Sin embargo, la periodista decidió revelar una red de complicidades en su detención y por ello interpuso la denuncia en contra de funcionarios poblanos.
En el caso, el Ministerio Público Federal determinó que no existieron responsabilidades penales por parte del mandatario poblano, Mario Marín, y la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=011n1pol
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
■ Resistencia cotidiana
La pregunta de cómo resisten los zapatistas tiene múltiples respuestas. Una se encuentra en el poblado 24 de Diciembre, en la Selva Lacandona. “Sólo muertos nos sacan de aquí. Esta tierra es nuestra y aquí nos quedamos”, declararon los pobladores hace más de un año, cuando empezaron las agresiones en su contra para desalojarlos de 525 hectáreas de tierras recuperadas.
Las 31 familias de 24 de Diciembre, todas bases de apoyo del EZLN, resistieron y ganaron gracias al apoyo de cientos de zapatistas de la región que sostuvieron un plantón alrededor del predio amenazado por la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se defendieron con el cuerpo y con organización, sin responder a la violencia física, a la quema de milpas y cafetales, las amenazas de muerte, los disparos al aire y demás provocaciones solapadas por los campamentos del Ejército federal y la policía estatal que se encuentran a su alrededor. Sus compañeros hicieron guardia las 24 horas de día, durante nueve meses, para que ellos pudieran salir a sembrar y a hacer otras tareas. Los zapatistas de la selva fronteriza llegaron por turnos al plantón desde comunidades lejanas. Su misión fue cuidar las casas y las familias y ponerse en medio para que los pobladores de 24 de Diciembre no respondieran a las agresiones.
La resistencia cotidiana –o la cotidianidad de la resistencia– es invisible. No ocupa un lugar en los noticiarios y sus protagonistas no dictan cátedras; están ahí nomás, cuidando el terreno y poniéndolo todo, no sólo para tener un lugar para sembrar, sino para construir autonomía y seguir decidiendo su destino. Nueve meses después de que empezaron las guardias para defender la comunidad, la UES aceptó una indemnización del gobierno estatal y retiró el poblado fantasma que creó en las mismas tierras para disputar su propiedad.
La batalla en 24 de Diciembre se ganó también gracias al boicot que organizaron personas y colectivos a los locales de Café de la Selva, cuyo socio y principal distribuidor es la UES. La campaña se dirigió a los consumidores, instándolos a no consumir café proveniente de quienes hostigan a un poblado en resistencia. La solidaridad nacional e internacional tuvo papel preponderante.
Esta semana se levantaron el plantón zapatista y el boicot al Café de la Selva. Hay otros poblados zapatistas amenazados y en todos se resiste con organización y solidaridad, sin más armas que la firme voluntad de un pueblo para construir un mundo donde quepan muchos mundos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=opinion&article=009o1pol
Exigen reparación del daño por la agresión en Atenco
A dos años de la brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, las Mujeres sin Miedo seguimos exigiendo libertad incondicional a l@s pres@s polític@s del Altiplano y del Molino de las Flores sin pago de fianzas, justicia para las mujeres vejadas y violadas, castigo a los responsables del asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, exculpación y permiso de regreso a los extranjeros expulsados, devolución de las fianzas, reparación de los daños y castigo ejemplar a los culpables del operativo. ¡Otro Atenco, nunca más!
Mujeres sin Miedo. Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Giovanna Cavasola, Mercedes Hernández y Humberto Robles, Elena Poniatowska Amor, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Lourdes González, Marisela Ortiz. Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Comité Cerezo México, Grupo de Tecnología Alternativa SC, Frente de Mujeres Rosa Luxemburgo; Mireya Rodríguez Corona, Alma Juárez Altamirano, Saula Martínez Ledezma, Nayelli Ruiz Zarate; Jenny Escobar Iglesias, de Mujeres de Negro Uruguay; Andrea Caraballo, Ana de León y Natalia Castelgrande del colectivo Contra-Impunidad de Uruguay; Isabel Pérez, periodista uruguaya. http://mujeressinmiedo.blogspot.com
Solidaridad con zapatistas presos
Compañeros Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez:
Nos dirigimos a ustedes con todo respeto y cariño. Sabemos que han estado presos hace casi 12 años en Tlacotalpa, Tabasco, acusados injustamente, y perseguidos por ser zapatistas. Sabemos que tienen diabetes y no los han atendido, y que ayunaron durante la pasada huelga de hambre de los compas en Chiapas. Sabemos que decidieron prolongar su huelga de hambre, y que fueron trasladados al penal de Yajalón, Chiapas.
Los apoyamos, creemos con el corazón que su causa es justa y queremos su libertad inmediata, así como la de los que continúan presos en Chiapas y han sido agredidos, como los compañeros de La Voz de los Llanos.
Claudia Asúnsolo Rivera, Espacio Social y Cultural de La Karakola, Juventino Hernández Martínez e Itzel Mariana Rodríguez Reyes
Les molestó que no cayeran en su provocación y los sacaron de sus casas: líder campesino
Arrestan ilegalmente a nueve partidarios de la APPO que se enfrentaron con priístas
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Ampliar la imagen Pobladores de San Juan Bautista Guelache mantuvieron cerrados los accesos a su cabecera municipal en protesta por la elección por el sistema de usos y costumbres programada para el 4 de mayo. Pobladores de San Juan Bautista Guelache mantuvieron cerrados los accesos a su cabecera municipal en protesta por la elección por el sistema de usos y costumbres programada para el 4 de mayo. Foto: Notimex
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. Nueve simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se enfrenatron con priístas en el municipio de Santa María Temaxcaltepec, región de la Costa, fueron detenidos por policía preventivos del estado.
Florentino López Martínez, dirigente del Frente Popular Revolucionario, agrupado en la APPO, expuso que el comisariado de bienes comunales realizaba un tequio (trabajo comunitario) en el pueblo cuando priístas y antorchistas, dirigidos por Ponciano Torres Quintas y Andrés Rural Quintas, los despojaron del camión de volteo y la retroexcavadora con la que laboraban.
Los pobladores, agregó, se retiraron a sus comunidades para no caer en la provocación de “los grupos reaccionarios que obedecen al ex edil de Santos Reyes Nopala, Fredi Gil Pineda Gopar, conocido golpeador convertido en munícipe durante 2004 como pago de favores por sus sucios y oscuros servicios al PRI”.
Expuso que “como no les resultó la provocación, cerca de las 20 horas este grupo rodeó el domicilio de Alejandro Salinas Cortés, comisariado de bienes comunales. Después arribó una patrulla de la policía preventiva estatal cuyos tripulantes ingresaron al hogar y detuvieron a su dueño, arbitraria e ilegalmente, con violencia, para llevárselo como delincuente”.
Dirigidos por Ponciano Torres Quintas y Andrés Rural Quintas, los policías fueron también a otras casas para detener, sin orden de captura, a Petronilo de la Lid Cortés, Juan Reyes Iris, Lauro Acacia Hernández, Diego Irlanda Salinas, Donaciano Salinas Mendoza, Bruno Acacia Zurita, Moisés Martínez y Marcelo Hernández Velasco.
“Los compañeros fueron trasladados a los separos de la policía Preventiva de Puerto Escondido”, indicó. Exigieron su libertad y que los organismos de defensa de derechos humanos emitan las recomendaciones necesarias al gobierno del estado por las graves violaciones a esas garantías.
Guelache: detienen a funcionarios
Pobladores de San Juan Bautista Guelache, distrito de Etla, cerca de la capital del estado, retuvieron a tres integrantes del Consejo Municipal Electoral (CME) en protesta por la cancelación de elecciones extraordinarias que se iban a realizar hoy bajo el régimen de usos y costumbres, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Saúl González Vidal y Víctor María Trinidad Montero, presidente y secretario del CME, así como al administrador de la comunidad, Gerardo Narciso García Díaz, aparentemente decretaron la suspnesión de los comicios y esto provocó el enojo de decenas de habitantes.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=estados&article=024n1est
La tortura no funciona, como muestra la historia
Parece que la CIA y sus matones a sueldo están convencidos de que sí es efectiva
Robert Fisk
“La tortura funciona”, alardeó un miembro de las fuerzas especiales estadunidenses, coronel obviamente, a un colega mío hace un par de años. Parece que la CIA y sus matones a sueldo en Afganistán e Irak aún están convencidos de eso. No existe evidencia de se haya dejado de entregar a prisioneros a quienes los golpean, los someten a ahogamientos simulados y les insertan tubos de metal, o que hayan terminado los casos en que algún prisionero muera a consecuencia de la tortura. ¿Por qué otra razón habría de admitir la CIA, en enero, que había destruido videos de prisioneros a los que casi habían ahogado con la técnica de waterboarding, antes de que éstas pudieran ser vistas por investigadores estadunidenses?
Con todo, hace unos días, me encontré un grabado medieval en que un prisionero está atado a una silla de madera, con una manguera de cuero metida hasta la garganta, cuyo otro extremo sale de una primitiva máquina de bombeo, que es operado por un torturador de horrenda y escasa vestimenta. Los ojos del prisionero están desorbitados por el terror mientras siente que se ahoga ante la vista de los inquisidores españoles, que no muestran la mínima compasión por él. ¿Quién dijo que el waterboarding es nuevo? Los estadunidenses sólo imitan a sus predecesores de la Inquisición.
Encontré otra imagen en un periódico canadiense que muestra a un prisionero bajo interrogatorio, en lo que sospecho era la Alemania medieval. En este caso, está amarrado de espaldas al borde externo de una rueda. Dos encapuchados lo atormentaban. Uno utiliza un fuelle para avivar el fuego que está bajo la rueda mientras el otro le da vueltas. La rueda gira de manera que los pies del prisionero pasan entre las llamas regularmente.
Los ojos del pobre hombre, desnudo salvo por una tela que cubre la parte inferior de su cuerpo, están transidos de dolor. Dos curas están junto a él, uno de ellos cubierto con la capucha de su hábito; el otro lleva una túnica sobre su sobrepelliz y usa papel y pluma para escribir las palabras del prisionero.
Anthony Grafton, quien trabaja en un libro sobre la magia durante el Renacimiento en Europa, dice que durante los siglos XVI y XVII se usaba sistemáticamente la tortura con todo sospechoso de brujería, y que sus palabras eran anotadas por notarios calificados, el equivalente, supongo, de funcionarios y testigos de la CIA, que en esa época no se engañaban diciendo que esto no era tortura; y habla abiertamente del “aliciente” que provenía de los muchachos encargados de darle vuelta a la rueda sobre el fuego.
Como recuerda Grafton, “el pionero en el estudio de las usanzas medievales, Henry Charles Lea, escribió largamente sobre las formas en que los inquisidores usaron la tortura para hacer que prisioneros confesaran que practicaban la herejía, tanto en opinión como en acción. Él, que era un hombre iluminado y escribía sobre lo que observaba en una época iluminda, veía con horror estas prácticas bárbaras con una claridad que le envidiaría cualquiera que hoy lee comunicados públicos”.
En la Edad Media había personas entrenadas para usar el dolor como método de interrogatorio, así como último castigo antes de la muerte. A los hombres que iban a ser “colgados, desangrados y descuartizados” en el Londres medieval, por ejemplo, se les mostraban los “instrumentos” antes de que su sufrimiento comenzara, normalmente siendo eviscerados delante de una multitud de mirones.
La mayoría de los torturados en el medievo de todos modos eran ejecutados una vez que se obtenía de ellos la información que exigían sus interrogadores. Estas inquisiciones, con detalles sobre la tortura que las acompañó, eran hechas públicas y ampliamente diseminadas para que el público entendiera la amenaza que los prisioneros representaron y el poder que detentaban quienes los sometieron al tormento. No había destrucción de videos. Según Grafton, los hechos se promocionaban mediante panfletos ilustrados y canciones, entre otras cosas.
Ronnie Po-chia Hsia y los académicos italianos Diego Quaglioni y Anna Esposito han estudiado la Inquisición de Trento, Italia, en el siglo XV, cuyas víctimas fueron sobre todo judíos. En 1475, tres hogares judíos fueron acusados de asesinar a un niño cristiano llamado Simón con el supuesto fin de llevar a cabo un “ritual” en que se usaba sangre para hacer “matzo”, o pan. Esta “calumnia de sangre” era, desde luego, una total falsedad, pero en partes de Medio Oriente se cree aún que este ritual existe, lo cual es aterrador si se piensa que era una creencia arraigada en la Europa del siglo XV.
Como era usual, el podestà, un alto funcionario de la ciudad, era el interrogador, quien aceptó evidencia externa como principales pruebas de culpabilidad. Aún así, la ley de Roma exigía confesiones para dictar condena.
Grafton narra que cuando las respuestas de un prisionero no satisfacían al podestà, el torturador ataba sus manos detrás de la espalda y de ahí lo levantaba hacia el techo con una polea. “Luego, según las órdenes del podestà el verdugo lo hacía saltar o bailar soltándolo y volviéndolo a jalar repetidamente, dislocándole los hombros y provocándole un dolor inimaginable”.
Cuando uno de los miembros de las familias judías de Trento, Samuel, preguntó al podestà dónde había escuchado que los judíos usaban sangre de cristianos, el funcionario respondió, mientras Samuel colgaba de la cuerda, que lo escuchó de otros judíos. Samuel dijo que estaba siendo torturado injustamente. “La verdad, la verdad”, gritó el podestà, y Samuel fue hecho “saltar” unos dos metros y medio, y dijo a su interrogador: “Dios me socorra y la verdad me ayude”. Después de 40 minutos, el prisionero fue devuelto a su celda.
Una vez destrozados, por supuesto, los prisioneros judíos confesaron. Después de otra sesión de tortura, Samuel denunció a otro judío. Subsecuentes tormentos finalmente lo quebrantaron al grado de que describió el ritual asesino y la forma en que supuestamente lo llevaron a cabo y culpó a otros dos de este crimen inexistente.
Dos mujeres torturadas lograron exonerar a los niños, pero de todas formas, según Grafton, “acusaron a sus seres queridos, amigos y miembros de otras comunidades judías”. Así, la tortura obligó a civiles inocentes a confesar crímenes fantásticos.
El historiador de Oxford Lyndal Roper encontró que los torturados llegaron a reconocer su culpabilidad.
La conclusión de Grafton no tiene respuesta. La tortura no sirve para obtener la verdad. Consigue que la gente más ordinaria diga lo que sea que el torturador le ordena. Los hombres que padecieron el waterboarding de la CIA bien pudieron haber confesado que podían volar y que eran cómplices del diablo. Y quién sabe si la CIA no acabaría creyéndoles.
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=sociedad&article=032n1soc
Crisis de autoridad y hartazgo ciudadano
En los últimos dos días se han producido diversos hechos violentos entre civiles y miembros de corporaciones policiacas en Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En la primera de esas entidades, habitantes de la comunidad indígena de Tarícuaro, municipio de Nahuatzen, golpearon a dos elementos de la policía que intentaban contener protestas contra un funcionario de la alcaldía local, al que acusan de prepotencia y de quien pedían su cese. En Oaxaca, pobladores de Santa María Temaxcaltepec fueron detenidos por agentes preventivos tras una confrontación con miembros de organizaciones vinculadas con el partido gobernante en ese estado, el Revolucionario Institucional (PRI). En Rómulo Calzada, Chiapas, los pobladores desarmaron y, hasta la noche de ayer, mantenían “retenidos” a elementos de la policía estatal tras un enfrentamiento entre civiles y uniformados que cobró como saldo una persona muerta y varias heridas.
A primera vista, estos hechos pudieran parecer inconexos y poco significativos, pero no lo son. En efecto, este tipo de enfrentamientos –reproducidos, en los últimos años, en casi todo el país– responden a causas distintas y se originan en circunstancias disímiles; sin embargo, todos ellos tienen un denominador común: el hartazgo de la población ante la ineficacia y los abusos de las presuntas fuerzas del orden público, a su vez síntoma de la descomposición y el agotamiento que acusa el modelo de mando-obediencia sobre el cual está fincada la trama estatal.
Ese modelo se encuentra en la base de las teorías del contrato social, y tiene su factor fundamental en la cesión de una parte de las libertades ciudadanas al Estado, a fin de que éste provea bienestar y seguridad a la población. Ello sustenta, entre otras cosas, la caracterización del Estado como detentador del monopolio de la fuerza y hasta de la violencia legítima, pero durante muchos años ese modelo ha sido empleado por las propias autoridades para justificar las relaciones verticales de dominación y la represión violenta de sectores de la ciudadanía que expresan voces disidentes a los designios gubernamentales. Así, los hechos referidos son también botones de muestra de cuán poco representada se ve la población en sus autoridades, paradójicamente en zonas del país donde las condiciones sociales imperantes ameritarían un mayor compromiso de cercanía y solidaridad para con los habitantes.
Por lo demás, las manifestaciones de violencia entre civiles y policías son a su vez síntoma de la desatención que sufren sistemáticamente en nuestro país centenas de expresiones sociales y políticas marginales, que no entran en la agenda de los gobiernos municipales y estatales, ni mucho menos en la federal, y no cobran importancia ante los ojos de la sociedad hasta que estallan en forma violenta.
Finalmente, debe recordarse que por lo general este tipo de conflictos tienden a crecer en magnitud y nivel de conflagración y que sus soluciones tienden a complicarse conforme pasa el tiempo y en la medida en que los gobiernos se empeñan en desoír las demandas ciudadanas, en descalificarlas antes que atenderlas y en apagar las manifestaciones de descontento por medio del uso de la fuerza pública. En los casos comentados, mal harían las autoridades si no mostraran disposición al diálogo y al reconocimiento de quienes, en última instancia, justifican la existencia de su estructura y de sus cargos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=opinion&article=002a1edi
“Desolador”, el panorama de los derechos humanos en México: AI
2- Una cruz en memoria de los caídos
3- Pagando 8 mil pesos, Doroteo Blas Marcelo evitará pisar la cárcel
Sentencian a tres años de prisión a policía estatal que abusó de mujeres de Atenco
4- Rechaza Nadín Reyes registrar su ADN en la SIEDO
5- Las personas que dejaron el predio buscan más problemas: JBG
Zapatistas de 24 de Diciembre ahora enfrentan incendios provocados
6- Asegura la Feadp que ya fueron libradas las peticiones de aprehensión
Ordenan detención de Kamel Nacif y policías poblanos por caso Lydia Cacho
7- Los de Abajo
8- Exigen reparación del daño por la agresión en Atenco
9- Solidaridad con zapatistas presos
10- Les molestó que no cayeran en su provocación y los sacaron de sus casas: líder campesino
Arrestan ilegalmente a nueve partidarios de la APPO que se enfrentaron con priístas
11- La tortura no funciona, como muestra la historia
12- Crisis de autoridad y hartazgo ciudadano
A dos años de la represión en San Salvador Atenco el Estado no reconoce los abusos
“Desolador”, el panorama de los derechos humanos en México: AI
■ El organismo internacional exige justicia para 26 mujeres víctimas de tortura sexual
■ La impunidad sigue siendo cosa de todos los días en el país, sostiene Alberto Herrera Aragón
Emir Olivares Alonso
Ampliar la imagen Isabel Cruz, Alberto Herrera Aragón y Tonio Tessada, durante una conferencia para informar sobre las solicitudes que Amnistía Internacional ha hecho al Estado mexicano sobre los hechos en San Salvador Atenco Isabel Cruz, Alberto Herrera Aragón y Tonio Tessada, durante una conferencia para informar sobre las solicitudes que Amnistía Internacional ha hecho al Estado mexicano sobre los hechos en San Salvador Atenco Foto: Francisco Olvera
En México existe un panorama “desolador” en materia de derechos humanos, pues no hay coherencia entre la política internacional en defensa de esas garantías y la que se aplica en el ámbito nacional; el caso paradigmático es la violencia ejercida en San Salvador Atenco, en particular contra las mujeres, donde el Estado ejecutó actos de “tortura” que continúan “en la impunidad”, aseguró Amnistía Internacional (AI) sección México.
A dos años de la violación a los derechos humanos de habitantes de ese municipio, incluida la tortura sexual contra al menos 26 mujeres –cometida por elementos policiacos–, el organismo internacional realizó una campaña para exigir a las autoridades mexicanas justicia para ellas por medio de la presión de activistas de diversos países.
Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de AI-México, señaló que el objetivo de la campaña es aprovechar “la preocupación” que tiene el gobierno del país sobre cómo es vista en el ámbito internacional su labor en defensa de los derechos humanos.
En conferencia de prensa, se informó que a dos años de las agresiones contra mujeres en Atenco no existen policías consignados por delitos graves. Herrera Aragón indicó que mientras el Estado mexicano no reconozca públicamente que incurrió en abusos, y no se emprendan medidas que se traduzcan en reformas estructurales para garantizar los derechos humanos, no habrá justicia para las víctimas, además de que situaciones como las de Atenco continuarán presentándose.
En el llamado que hace, AI refiere que “la violación a los derechos humanos, el desigual acceso a la justicia y la impunidad no son tolerables en una sociedad civil comprometida con el respeto a toda persona y a la dignidad humana”.
En México, Estados Unidos, Italia, España, Alemania y Bélgica se acumulan cientos de firmas dirigidas al titular de la Procuraduría General de la Repú- blica, Eduardo Medina Mora, como medida de presión ante la impunidad. Asimismo, se esperan los documentos, escritos o vía electrónica, de activistas de Dinamarca, Polonia, Canadá, Finlandia, Francia, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rusia, Suiza y Suecia; además de países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
“La palabra impunidad sigue siendo cosa de todos los días en México, en especial en el caso Atenco. Por ello, la solidaridad internacional permitirá darle relevancia al caso y todas estas voces llegarán al escritorio de Medina Mora”, aseguró el director de AI-México.
Por su parte, Jaqueline Sáenz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –ONG que recientemente acompañó la denuncia que 11 mujeres agredidas sexualmente realizaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–, señaló que hasta la fecha no hay autoridades ni policías consignados por delitos graves en ese caso, y solamente 21 han sido llamados por la justicia del estado de México por ilícitos menores como abuso de autoridad y actos libidinosos; 15 de ellos ya fueron exculpados, mientras que el resto enfrentan el proceso en libertad debido a que los delitos que se les achacan no son graves.
“Las mujeres no han recibido una reparación integral del daño ni han alcanzado justicia, por lo que exigimos que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) consigne a los responsables de la tortura sexual”, señaló la abogada.
Agregó que “existe la esperanza” de que con la presión internacional se logre justicia, como se dio con la liberación, hace unos meses, de la indígena mazahua Magdalena García Durán, detenida en Atenco y declarada por AI como presa de conciencia, por lo que hubo una amplia campaña internacional por su liberación.
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Una cruz en memoria de los caídos
Javier Salinas Cesáreo, corresponsal
San Salvador Atenco, Méx., 2 de mayo. A dos años de la incursión de las fuerzas federales y estatales en San Salvador Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) colocó una cruz en la zona del cerro de Huatepec, como ofrenda para los tres activistas y simpatizantes asesinados a lo largo de siete años de resistencia.
Fue justo en medio de las tierras de cultivo en las que en 2001 el gobierno federal intentó construir el aeropuerto alterno de la ciudad de México, donde los atenquenses colocaron este viernes una enorme cruz hecha de troncos en memoria de Jesús Enrique Espinoza, asesinado por la policía estatal en 2002, de Alexis Benhumea, estudiante que murió por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la policía, y de Francisco Javier Cortés, el adolescente abatido en el tiroteo de mayo de 2006.
Para el FPDT la colocación de la imagen tuvo otro mensaje: recordarle al gobierno federal que esas tierras son de los campesinos y que no permitirán un nuevo intento de “despojo” para un proyecto aeroportuario o para ampliar la mancha urbana.
“No estamos todos”
Desde temprano los atenquenses se congregaron en la explanada principal del poblado. Acompañados de integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, partieron en caravana con rumbo a los cerros Huatepec y Tepetzingo.
“Peña Nieto, asesino, que matas campesinos” y “no estamos todos, faltan los presos y presas”, fueron las consignas que bajo el intenso calor y en medio de sus tierras corearon los compesinos para reafirmar su vocación de lucha.
Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT y esposa de Ignacio del Valle Medina, preso en la cárcel de La Palma, señaló que a dos años de la represión el movimiento sigue y ahora más que nunca luchará por conseguir la libertad de sus 16 compañeros que aún se encuentran presos en los penales de Molino de Flores y La Palma.
Denunció que el acoso y hostigamiento de los gobiernos federal y estatal no ha cedido, pues al menos seis de sus compañeros, algunos con sus familias, se encuentran en el exilio desde mayo de 2006, porque pesan sobre ellos órdenes de aprehensión.
“Nuestro movimiento no cederá hasta que Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Eduardo Medina Mora y Wilfrido Robledo, los autores de la represión, sean castigados”, dijeron.
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Pagando 8 mil pesos, Doroteo Blas Marcelo evitará pisar la cárcel
Sentencian a tres años de prisión a policía estatal que abusó de mujeres de Atenco
Israel Dávila (Corresponsal)
Toluca, Méx. 2 de mayo. Doroteo Blas Marcelo, elemento de la Agencia de Seguridad Estatal, fue condenado este viernes a tres años y dos meses de prisión por el delito de actos libidinosos cometidos contra las mujeres detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006. No obstante, el uniformado no tendrá que pisar la cárcel pues, al estar tipificado como delito no grave en el Código Penal mexiquense, la pena es conmutable por el pago de 8 mil 427 pesos.
La resolución la dictó hoy el juez primero de Tenango, Tomás Santana Malváez, quien consideró que se pudo acreditar la responsabilidad de Blas Marcelo en abusos de orden sexual contra las detenidas.
Doroteo Blas Marcelo fue el único policía estatal consignado por la procuraduría mexiquense por los ataques sexuales contra al menos 26 de las mujeres detenidas en los operativos de Atenco.
Estos abusos fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuya recomendación exigió a las autoridades estatales hacer una investigación más profunda y encontrar a los responsables.
La procuraduría estatal mantiene detenida la investigación con el pretexto de que si las víctimas no colaboran para identificar a sus agresores, difícilmente se podrá castigar a los responsables.
De acuerdo con los relatos de las víctimas, los abusos se cometieron durante el trayecto de San Salvador Atenco al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, que duró más de seis horas, cuando la distancia entre ambos lugares no es mayor a 120 kilómetros.
Las víctimas fueron obligadas por los policías que realizaban el traslado a ponerse los suéteres en la cabeza para impedir ser reconocidos. Aquella que no obedecía, se le propinaba una paliza, dijo una de las mujeres detenidas.
A dos años de los acontecimientos, a Blas Marcelo se le imputó la comisión de actos libidinosos, delito tipificado en el articulo 270 del Código Penal mexiquense como la menor de las faltas de orden sexual.
El ahora sentenciado nunca pisó la cárcel durante el proceso que se le instruyó, gracias a un amparo que le concedió la justicia federal para evitar ser detenido.
Al igual que 21 policías más que fueron consignados por abuso de autoridad, fue asesorado por la Agencia de Seguridad Estatal durante el proceso.
En febrero pasado el mismo juez exoneró a 16 policías estatales. En aquella resolución, el juez Tomás Santana dio cumplimiento a un amparo directo otorgado por la justicia federal en que se consideró que no había responsabilidad de los uniformados por la mala integración del expediente que turnó la procuraduría mexiquense.
Solo cuatro efectivos –uno de policía estatal y tres municipales de Texcoco– siguen sometidos a proceso penal por abuso de autoridad, aunque están a la espera de que se resuelva un amparo para ser absueltos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=004n2pol
Rechaza Nadín Reyes registrar su ADN en la SIEDO
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecido desde mayo del año pasado, afirmó que se rehusó a dar una muestra de sangre o de saliva para registrar su ADN en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República, ante un eventual descubrimiento de los restos del padre, porque no ha tenido acceso a las investigaciones realizadas tras la detención de dos policías oaxaqueños, presuntamente vinculados con los hechos.
Acudió, junto con Margarita Cruz Sánchez, hermana de otro de los desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y estuvieron en disposición de colaborar, “siempre y cuando tuviéramos información clara y precisa de los avances en la investigación, conocer por qué se realizaría la prueba y bajo que estándares, así como tener acceso a la averiguación previa, pero la respuesta del agente del Ministerio Público, Alejandro Hernández, fue negativa”, señaló.
Consideró que la actuación de Hernández deja al descubierto la faramalla del estado “pues lo que pretende es utilizar de manera sospechosa las muestras, situación que nos hace desconfiar plenamente de la veracidad de sus actuaciones”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=004n3pol
Las personas que dejaron el predio buscan más problemas: JBG
Zapatistas de 24 de Diciembre ahora enfrentan incendios provocados
Hermann Bellinghausen (Enviado)
La Realidad, Chis. 2 de mayo. Después del retiro de los miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES) de tierras de la comunidad zapatista 24 de Diciembre, lo cual ocurrió el pasado primero de abril, el nuevo peligro de provocación son los incendios intencionales, que en esta época de Cuaresma (sequía) se propagan muy fácilmente. La junta de buen gobierno (JBG) Hacia la esperanza, en entrevista, señala que se han evitado ya varios conatos de fuego, los cuales al parecer se dan de forma deliberada.
Ya se registró uno, causado por los policías estatales preventivos que siguen acampados en los alrededores del poblado zapatista. El siniestro estuvo a punto de salir de control, cuando los policías permitieron que se expandiera. “Para apagarlo tuvieron que actuar mujeres, niños y hombres de 24 de Diciembre. Destruyó una hectárea de bosque”, dice la JBG.
“No sabemos qué siguen ‘vigilando’ esos policías, si los de UES ya quitaron sus casas. Creemos que los policías deben irse. Su presencia sigue siendo provocación”, añade la junta zapatista.
Como son provocación los repetidos fuegos provocados por desconocidos, que mantienen en guardia a las familias zapatistas. “Pensamos que las personas que dejaron el predio, porque el gobierno les dio dinero, siguen buscando problema”.
La JBG aclara que no realizó ninguna negociación con el gobierno de Chiapas. “El pago de una elevada suma de dinero a los invasores de la UES, habitantes de Nuevo Momón, fue decisión de Juan Sabines. Allá él, si quiso pagar de nuevo esas tierras, que ya estaban muy bien pagadas” (a su antiguo propietario, el general y ex gobernador Absalón Castellanos Domínguez).
Si bien la prensa oficialista respaldó a los invasores de la UES y acusó a los zapatistas de “invadir” esas 525 hectáreas, es sabido que la ex finca fue recuperada por las bases del EZLN después del levantamiento de 1994. También, que las 31 familias que se iban a asentar allí desde entonces sufrieron persecusión y exilio durante más de una década, al instalarse en el viejo Rancho Momón, un campamento militar que no sólo sigue allí, sino que acapara el agua, y apoyó abiertamente a los invasores para construir su “poblado” Nuevo Gracias a Dios, nunca realmente habitado.
La gente de 24 de Diciembre nació en esa misma tierra, pero fue expulsada por la invasión militar de 1995, y miembros de la UES en Nuevo Momón se adueñaron de sus antiguas tierras y viviendas. Perseguidos y amenazados, finalmente tomaron posesión del predio el 24 de diciembre de 2006. Enseguida comenzó la “disputa”, promovida por miembros de la UES.
En algún momento, Arturo Jiménez, líder de dicha organización en Cruz del Rosario, “desconoció” a los invasores, pero nunca hubo intentos por disuadir al grupo de sus acciones de provocación y despojo. “Pensamos que (Jiménez) habló por el boicot de la sociedad civil contra los Cafés de la Selva, que sí les causó pérdidas.
“Los de 24 de Diciembre al fin han comenzado a construir su escuela, una casa de salud y están instalando tubería para que llegue un poco de agua.” La JBG de La Realidad describe que sólo tienen acceso a un pequeño pozo, que no da a las familias más de 30 litros de agua por día.
Así, esas tierras, recuperadas por los rebeldes hace 14 años, y pagadas dos veces por el gobierno, siguen escatimadas a las familias tojolabales, tanto por la permanencia del Ejército y la policía estatal, como por los intentos de sabotaje del mismo grupo que fue “indemnizado”, con creces y sin derechos reales, por el gobierno.
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Asegura la Feadp que ya fueron libradas las peticiones de aprehensión
Ordenan detención de Kamel Nacif y policías poblanos por caso Lydia Cacho
Gustavo Castillo García
El juzgado primero de lo penal con sede en Cancún, Quintana Roo, habría librado órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de influencia en contra del empresario Kamel Nacif, y por abuso de autoridad en contra de los policías del estado de Puebla que trasladaron en diciembre de 2005 de ese centro turístico a la capital poblana a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, según mandos de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas (Feadp) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, miembros del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), en el que participa Lydia Cacho, indicaron que el asunto sigue en estudio en el juzgado, pues el expediente se compone de 21 tomos de alrededor de 500 páginas cada uno.
En ese contexto, funcionarios de primer nivel de la PGR señalaron que hasta el momento en el círculo cercano a Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia, no se ha tenido ningún reporte oficial, y que el seguimiento del caso lo tiene la Feadp.
De acuerdo con la información obtenida, la petición de orden de aprehensión contra Kamel Nacif se sustenta en que una camioneta de su propiedad y varios de sus empleados apoyaron a los policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en el traslado de la periodista.
A pesar de que los mandamientos judiciales se hubieran librado, la PGR ya nada tiene que ver con el caso, pues una vez que consignó el expediente a un juez federal, éste se declaró incompetente y un tribunal determinó que en el asunto debía entender un juzgado del fuero común, por lo que las órdenes de captura deben ser cumplimentadas por agentes quintanarroenses, o bien, si esas autoridades emiten una alerta a las policías del país, entonces cualquier otra corporación puede realizar las aprehensiones.
Sin embargo, como los delitos por los que se solicitaron las órdenes de captura no están tipificados como graves, todos los inculpados pueden presentarse amparados ante las autoridades quintanarroenses.
Según las fuentes oficiales consultadas, existe la posibilidad de que los presuntos responsables de haber violado las garantías de la periodista Lydia Cacho acudan amparados ante el juez primero de lo penal la semana próxima y de inmediato soliciten que se les fije fianza para enfrentar el proceso en libertad.
Como se recordará, estas peticiones de captura tienen su origen en el expediente 02/FEADP/06 y la averiguación previa FEVIM/02/03-2006, en razón de las denuncias que presentó la periodista Lydia Cacho en contra del empresario José Kamel Nacif Borge; el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda, y los agentes que participaron en el traslado de la informadora desde Cancún hasta Puebla.
El contenido del libro Los demonios del Edén, en que Cacho Ribeiro denuncia la existencia de una red de pederastia que involucra al estadunidense Jean Succar Kuri y supuestamente la complicidad de Kamel Nacif, fue el motivo para que el empresario textilero presentara una demanda por difamación contra la autora y autoridades de Puebla la aprehendieran y encarcelaran unos días en un Centro de Readaptación Social.
Sin embargo, la periodista decidió revelar una red de complicidades en su detención y por ello interpuso la denuncia en contra de funcionarios poblanos.
En el caso, el Ministerio Público Federal determinó que no existieron responsabilidades penales por parte del mandatario poblano, Mario Marín, y la procuradora de justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=politica&article=011n1pol
Los de Abajo
Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx
■ Resistencia cotidiana
La pregunta de cómo resisten los zapatistas tiene múltiples respuestas. Una se encuentra en el poblado 24 de Diciembre, en la Selva Lacandona. “Sólo muertos nos sacan de aquí. Esta tierra es nuestra y aquí nos quedamos”, declararon los pobladores hace más de un año, cuando empezaron las agresiones en su contra para desalojarlos de 525 hectáreas de tierras recuperadas.
Las 31 familias de 24 de Diciembre, todas bases de apoyo del EZLN, resistieron y ganaron gracias al apoyo de cientos de zapatistas de la región que sostuvieron un plantón alrededor del predio amenazado por la Unión de Ejidos de la Selva (UES). Se defendieron con el cuerpo y con organización, sin responder a la violencia física, a la quema de milpas y cafetales, las amenazas de muerte, los disparos al aire y demás provocaciones solapadas por los campamentos del Ejército federal y la policía estatal que se encuentran a su alrededor. Sus compañeros hicieron guardia las 24 horas de día, durante nueve meses, para que ellos pudieran salir a sembrar y a hacer otras tareas. Los zapatistas de la selva fronteriza llegaron por turnos al plantón desde comunidades lejanas. Su misión fue cuidar las casas y las familias y ponerse en medio para que los pobladores de 24 de Diciembre no respondieran a las agresiones.
La resistencia cotidiana –o la cotidianidad de la resistencia– es invisible. No ocupa un lugar en los noticiarios y sus protagonistas no dictan cátedras; están ahí nomás, cuidando el terreno y poniéndolo todo, no sólo para tener un lugar para sembrar, sino para construir autonomía y seguir decidiendo su destino. Nueve meses después de que empezaron las guardias para defender la comunidad, la UES aceptó una indemnización del gobierno estatal y retiró el poblado fantasma que creó en las mismas tierras para disputar su propiedad.
La batalla en 24 de Diciembre se ganó también gracias al boicot que organizaron personas y colectivos a los locales de Café de la Selva, cuyo socio y principal distribuidor es la UES. La campaña se dirigió a los consumidores, instándolos a no consumir café proveniente de quienes hostigan a un poblado en resistencia. La solidaridad nacional e internacional tuvo papel preponderante.
Esta semana se levantaron el plantón zapatista y el boicot al Café de la Selva. Hay otros poblados zapatistas amenazados y en todos se resiste con organización y solidaridad, sin más armas que la firme voluntad de un pueblo para construir un mundo donde quepan muchos mundos.
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Exigen reparación del daño por la agresión en Atenco
A dos años de la brutal represión contra el pueblo de San Salvador Atenco, las Mujeres sin Miedo seguimos exigiendo libertad incondicional a l@s pres@s polític@s del Altiplano y del Molino de las Flores sin pago de fianzas, justicia para las mujeres vejadas y violadas, castigo a los responsables del asesinato de los jóvenes Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago, exculpación y permiso de regreso a los extranjeros expulsados, devolución de las fianzas, reparación de los daños y castigo ejemplar a los culpables del operativo. ¡Otro Atenco, nunca más!
Mujeres sin Miedo. Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Carmen Huete, Francesca Guillén, Giovanna Cavasola, Mercedes Hernández y Humberto Robles, Elena Poniatowska Amor, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Lourdes González, Marisela Ortiz. Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Comité Cerezo México, Grupo de Tecnología Alternativa SC, Frente de Mujeres Rosa Luxemburgo; Mireya Rodríguez Corona, Alma Juárez Altamirano, Saula Martínez Ledezma, Nayelli Ruiz Zarate; Jenny Escobar Iglesias, de Mujeres de Negro Uruguay; Andrea Caraballo, Ana de León y Natalia Castelgrande del colectivo Contra-Impunidad de Uruguay; Isabel Pérez, periodista uruguaya. http://mujeressinmiedo.blogspot.com
Solidaridad con zapatistas presos
Compañeros Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez:
Nos dirigimos a ustedes con todo respeto y cariño. Sabemos que han estado presos hace casi 12 años en Tlacotalpa, Tabasco, acusados injustamente, y perseguidos por ser zapatistas. Sabemos que tienen diabetes y no los han atendido, y que ayunaron durante la pasada huelga de hambre de los compas en Chiapas. Sabemos que decidieron prolongar su huelga de hambre, y que fueron trasladados al penal de Yajalón, Chiapas.
Los apoyamos, creemos con el corazón que su causa es justa y queremos su libertad inmediata, así como la de los que continúan presos en Chiapas y han sido agredidos, como los compañeros de La Voz de los Llanos.
Claudia Asúnsolo Rivera, Espacio Social y Cultural de La Karakola, Juventino Hernández Martínez e Itzel Mariana Rodríguez Reyes
Les molestó que no cayeran en su provocación y los sacaron de sus casas: líder campesino
Arrestan ilegalmente a nueve partidarios de la APPO que se enfrentaron con priístas
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Ampliar la imagen Pobladores de San Juan Bautista Guelache mantuvieron cerrados los accesos a su cabecera municipal en protesta por la elección por el sistema de usos y costumbres programada para el 4 de mayo. Pobladores de San Juan Bautista Guelache mantuvieron cerrados los accesos a su cabecera municipal en protesta por la elección por el sistema de usos y costumbres programada para el 4 de mayo. Foto: Notimex
Oaxaca, Oax., 2 de mayo. Nueve simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que se enfrenatron con priístas en el municipio de Santa María Temaxcaltepec, región de la Costa, fueron detenidos por policía preventivos del estado.
Florentino López Martínez, dirigente del Frente Popular Revolucionario, agrupado en la APPO, expuso que el comisariado de bienes comunales realizaba un tequio (trabajo comunitario) en el pueblo cuando priístas y antorchistas, dirigidos por Ponciano Torres Quintas y Andrés Rural Quintas, los despojaron del camión de volteo y la retroexcavadora con la que laboraban.
Los pobladores, agregó, se retiraron a sus comunidades para no caer en la provocación de “los grupos reaccionarios que obedecen al ex edil de Santos Reyes Nopala, Fredi Gil Pineda Gopar, conocido golpeador convertido en munícipe durante 2004 como pago de favores por sus sucios y oscuros servicios al PRI”.
Expuso que “como no les resultó la provocación, cerca de las 20 horas este grupo rodeó el domicilio de Alejandro Salinas Cortés, comisariado de bienes comunales. Después arribó una patrulla de la policía preventiva estatal cuyos tripulantes ingresaron al hogar y detuvieron a su dueño, arbitraria e ilegalmente, con violencia, para llevárselo como delincuente”.
Dirigidos por Ponciano Torres Quintas y Andrés Rural Quintas, los policías fueron también a otras casas para detener, sin orden de captura, a Petronilo de la Lid Cortés, Juan Reyes Iris, Lauro Acacia Hernández, Diego Irlanda Salinas, Donaciano Salinas Mendoza, Bruno Acacia Zurita, Moisés Martínez y Marcelo Hernández Velasco.
“Los compañeros fueron trasladados a los separos de la policía Preventiva de Puerto Escondido”, indicó. Exigieron su libertad y que los organismos de defensa de derechos humanos emitan las recomendaciones necesarias al gobierno del estado por las graves violaciones a esas garantías.
Guelache: detienen a funcionarios
Pobladores de San Juan Bautista Guelache, distrito de Etla, cerca de la capital del estado, retuvieron a tres integrantes del Consejo Municipal Electoral (CME) en protesta por la cancelación de elecciones extraordinarias que se iban a realizar hoy bajo el régimen de usos y costumbres, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Saúl González Vidal y Víctor María Trinidad Montero, presidente y secretario del CME, así como al administrador de la comunidad, Gerardo Narciso García Díaz, aparentemente decretaron la suspnesión de los comicios y esto provocó el enojo de decenas de habitantes.
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La tortura no funciona, como muestra la historia
Parece que la CIA y sus matones a sueldo están convencidos de que sí es efectiva
Robert Fisk
“La tortura funciona”, alardeó un miembro de las fuerzas especiales estadunidenses, coronel obviamente, a un colega mío hace un par de años. Parece que la CIA y sus matones a sueldo en Afganistán e Irak aún están convencidos de eso. No existe evidencia de se haya dejado de entregar a prisioneros a quienes los golpean, los someten a ahogamientos simulados y les insertan tubos de metal, o que hayan terminado los casos en que algún prisionero muera a consecuencia de la tortura. ¿Por qué otra razón habría de admitir la CIA, en enero, que había destruido videos de prisioneros a los que casi habían ahogado con la técnica de waterboarding, antes de que éstas pudieran ser vistas por investigadores estadunidenses?
Con todo, hace unos días, me encontré un grabado medieval en que un prisionero está atado a una silla de madera, con una manguera de cuero metida hasta la garganta, cuyo otro extremo sale de una primitiva máquina de bombeo, que es operado por un torturador de horrenda y escasa vestimenta. Los ojos del prisionero están desorbitados por el terror mientras siente que se ahoga ante la vista de los inquisidores españoles, que no muestran la mínima compasión por él. ¿Quién dijo que el waterboarding es nuevo? Los estadunidenses sólo imitan a sus predecesores de la Inquisición.
Encontré otra imagen en un periódico canadiense que muestra a un prisionero bajo interrogatorio, en lo que sospecho era la Alemania medieval. En este caso, está amarrado de espaldas al borde externo de una rueda. Dos encapuchados lo atormentaban. Uno utiliza un fuelle para avivar el fuego que está bajo la rueda mientras el otro le da vueltas. La rueda gira de manera que los pies del prisionero pasan entre las llamas regularmente.
Los ojos del pobre hombre, desnudo salvo por una tela que cubre la parte inferior de su cuerpo, están transidos de dolor. Dos curas están junto a él, uno de ellos cubierto con la capucha de su hábito; el otro lleva una túnica sobre su sobrepelliz y usa papel y pluma para escribir las palabras del prisionero.
Anthony Grafton, quien trabaja en un libro sobre la magia durante el Renacimiento en Europa, dice que durante los siglos XVI y XVII se usaba sistemáticamente la tortura con todo sospechoso de brujería, y que sus palabras eran anotadas por notarios calificados, el equivalente, supongo, de funcionarios y testigos de la CIA, que en esa época no se engañaban diciendo que esto no era tortura; y habla abiertamente del “aliciente” que provenía de los muchachos encargados de darle vuelta a la rueda sobre el fuego.
Como recuerda Grafton, “el pionero en el estudio de las usanzas medievales, Henry Charles Lea, escribió largamente sobre las formas en que los inquisidores usaron la tortura para hacer que prisioneros confesaran que practicaban la herejía, tanto en opinión como en acción. Él, que era un hombre iluminado y escribía sobre lo que observaba en una época iluminda, veía con horror estas prácticas bárbaras con una claridad que le envidiaría cualquiera que hoy lee comunicados públicos”.
En la Edad Media había personas entrenadas para usar el dolor como método de interrogatorio, así como último castigo antes de la muerte. A los hombres que iban a ser “colgados, desangrados y descuartizados” en el Londres medieval, por ejemplo, se les mostraban los “instrumentos” antes de que su sufrimiento comenzara, normalmente siendo eviscerados delante de una multitud de mirones.
La mayoría de los torturados en el medievo de todos modos eran ejecutados una vez que se obtenía de ellos la información que exigían sus interrogadores. Estas inquisiciones, con detalles sobre la tortura que las acompañó, eran hechas públicas y ampliamente diseminadas para que el público entendiera la amenaza que los prisioneros representaron y el poder que detentaban quienes los sometieron al tormento. No había destrucción de videos. Según Grafton, los hechos se promocionaban mediante panfletos ilustrados y canciones, entre otras cosas.
Ronnie Po-chia Hsia y los académicos italianos Diego Quaglioni y Anna Esposito han estudiado la Inquisición de Trento, Italia, en el siglo XV, cuyas víctimas fueron sobre todo judíos. En 1475, tres hogares judíos fueron acusados de asesinar a un niño cristiano llamado Simón con el supuesto fin de llevar a cabo un “ritual” en que se usaba sangre para hacer “matzo”, o pan. Esta “calumnia de sangre” era, desde luego, una total falsedad, pero en partes de Medio Oriente se cree aún que este ritual existe, lo cual es aterrador si se piensa que era una creencia arraigada en la Europa del siglo XV.
Como era usual, el podestà, un alto funcionario de la ciudad, era el interrogador, quien aceptó evidencia externa como principales pruebas de culpabilidad. Aún así, la ley de Roma exigía confesiones para dictar condena.
Grafton narra que cuando las respuestas de un prisionero no satisfacían al podestà, el torturador ataba sus manos detrás de la espalda y de ahí lo levantaba hacia el techo con una polea. “Luego, según las órdenes del podestà el verdugo lo hacía saltar o bailar soltándolo y volviéndolo a jalar repetidamente, dislocándole los hombros y provocándole un dolor inimaginable”.
Cuando uno de los miembros de las familias judías de Trento, Samuel, preguntó al podestà dónde había escuchado que los judíos usaban sangre de cristianos, el funcionario respondió, mientras Samuel colgaba de la cuerda, que lo escuchó de otros judíos. Samuel dijo que estaba siendo torturado injustamente. “La verdad, la verdad”, gritó el podestà, y Samuel fue hecho “saltar” unos dos metros y medio, y dijo a su interrogador: “Dios me socorra y la verdad me ayude”. Después de 40 minutos, el prisionero fue devuelto a su celda.
Una vez destrozados, por supuesto, los prisioneros judíos confesaron. Después de otra sesión de tortura, Samuel denunció a otro judío. Subsecuentes tormentos finalmente lo quebrantaron al grado de que describió el ritual asesino y la forma en que supuestamente lo llevaron a cabo y culpó a otros dos de este crimen inexistente.
Dos mujeres torturadas lograron exonerar a los niños, pero de todas formas, según Grafton, “acusaron a sus seres queridos, amigos y miembros de otras comunidades judías”. Así, la tortura obligó a civiles inocentes a confesar crímenes fantásticos.
El historiador de Oxford Lyndal Roper encontró que los torturados llegaron a reconocer su culpabilidad.
La conclusión de Grafton no tiene respuesta. La tortura no sirve para obtener la verdad. Consigue que la gente más ordinaria diga lo que sea que el torturador le ordena. Los hombres que padecieron el waterboarding de la CIA bien pudieron haber confesado que podían volar y que eran cómplices del diablo. Y quién sabe si la CIA no acabaría creyéndoles.
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
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Crisis de autoridad y hartazgo ciudadano
En los últimos dos días se han producido diversos hechos violentos entre civiles y miembros de corporaciones policiacas en Michoacán, Oaxaca y Chiapas. En la primera de esas entidades, habitantes de la comunidad indígena de Tarícuaro, municipio de Nahuatzen, golpearon a dos elementos de la policía que intentaban contener protestas contra un funcionario de la alcaldía local, al que acusan de prepotencia y de quien pedían su cese. En Oaxaca, pobladores de Santa María Temaxcaltepec fueron detenidos por agentes preventivos tras una confrontación con miembros de organizaciones vinculadas con el partido gobernante en ese estado, el Revolucionario Institucional (PRI). En Rómulo Calzada, Chiapas, los pobladores desarmaron y, hasta la noche de ayer, mantenían “retenidos” a elementos de la policía estatal tras un enfrentamiento entre civiles y uniformados que cobró como saldo una persona muerta y varias heridas.
A primera vista, estos hechos pudieran parecer inconexos y poco significativos, pero no lo son. En efecto, este tipo de enfrentamientos –reproducidos, en los últimos años, en casi todo el país– responden a causas distintas y se originan en circunstancias disímiles; sin embargo, todos ellos tienen un denominador común: el hartazgo de la población ante la ineficacia y los abusos de las presuntas fuerzas del orden público, a su vez síntoma de la descomposición y el agotamiento que acusa el modelo de mando-obediencia sobre el cual está fincada la trama estatal.
Ese modelo se encuentra en la base de las teorías del contrato social, y tiene su factor fundamental en la cesión de una parte de las libertades ciudadanas al Estado, a fin de que éste provea bienestar y seguridad a la población. Ello sustenta, entre otras cosas, la caracterización del Estado como detentador del monopolio de la fuerza y hasta de la violencia legítima, pero durante muchos años ese modelo ha sido empleado por las propias autoridades para justificar las relaciones verticales de dominación y la represión violenta de sectores de la ciudadanía que expresan voces disidentes a los designios gubernamentales. Así, los hechos referidos son también botones de muestra de cuán poco representada se ve la población en sus autoridades, paradójicamente en zonas del país donde las condiciones sociales imperantes ameritarían un mayor compromiso de cercanía y solidaridad para con los habitantes.
Por lo demás, las manifestaciones de violencia entre civiles y policías son a su vez síntoma de la desatención que sufren sistemáticamente en nuestro país centenas de expresiones sociales y políticas marginales, que no entran en la agenda de los gobiernos municipales y estatales, ni mucho menos en la federal, y no cobran importancia ante los ojos de la sociedad hasta que estallan en forma violenta.
Finalmente, debe recordarse que por lo general este tipo de conflictos tienden a crecer en magnitud y nivel de conflagración y que sus soluciones tienden a complicarse conforme pasa el tiempo y en la medida en que los gobiernos se empeñan en desoír las demandas ciudadanas, en descalificarlas antes que atenderlas y en apagar las manifestaciones de descontento por medio del uso de la fuerza pública. En los casos comentados, mal harían las autoridades si no mostraran disposición al diálogo y al reconocimiento de quienes, en última instancia, justifican la existencia de su estructura y de sus cargos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/03/index.php?section=opinion&article=002a1edi
sexta-feira, 2 de maio de 2008
Denuncia local: Organizaciones y ejidatarios sobre Procede
Compañeros y compañeras:
Por solicitud de los firmantes les compartimos este pronunciamiento que
plantea la palabra de organizaciones sociales y ejidatarios sobre su
derechosa la tierra y el territorio y cómo el Procede los afecta.
Saludos fraternos
Area de Comunicación
__________________________________________________________
Ejido Napité, Municipio de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, 27 de Abril de 2008
A los gobiernos estatal y federal
A los Tribunales Agrarios
A la Secretaria de la Reforma Agraria
A la Procuraduría Agraria
A los medios de comunicación
Las organizaciones sociales y ejidatarios abajo firmantes de las
comunidades de: Ejido Napité, Amparo Aguatinta, Ranchería los Laureles,
Benito Juárez, Aguacatenango, Col. Nueva esperanza, Barrio Madronal,
Sabinalito, San Antonio Ogotsil y Santa Martha, de los municipios de San
Cristóbal de Las Casas, Amatenango del Valle, Venustiano Carranza,
Socoltenango, Frontera Comalapa, Comitán y Ocosingo, reunidos los días
25, 26 y 27 en el ejido Napité para tratar los problemas que atenta
contra nuestros derechos como pueblos indígenas y campesinos por la
implementación del PROCEDE, ahora ya conocido como FANAR damos nuestra
palabra.
Después de platicar la realidad que viven nuestras comunidades y ejidos
por este programa vemos y *analizamos* *lo siguiente*:
1. El programa PROCEDE y FANAR y sus promotores, funcionarios de la
Secretaria de la Reforma Agraria, lograron que los ejidos lo aprobaran
valiéndose de engaños o a partir de ocultar información, pues siempre
nos dijeron de las ventajas pero nunca hablaron de las consecuencias que
la implementación de dicho programa traería en prejuicio de los
ejidatarios y comuneros.
2. En varios ejidos ha tenido como consecuencia la venta de tierras y el
crecimiento del número de ejidatarios. Las ventas han dejado sin
patrimonio a familias completas. Por otro lado los nuevos ejidatarios no
asumen ningún compromiso con nuestras asambleas ejidales, encargadas de
ordenar los trabajos y compromisos para el desarrollo de nuestras
comunidades, teniendo como consecuencia la poca participación y
compromiso con el bien común.
3. En todas nuestras comunidades antes mencionadas, hemos visto que el
pago de impuestos por la tierra, ahora de la propiedad, ha venido
aumentando cada año, los funcionarios que promovieron el PROCEDE habían
dicho que iba a ser más barato, pero en los hechos hemos comprobado que
no es así, cada año va en aumento.
4. En muchos ejidos el crecimiento del número de propietarios,
ejidatarios, ha traído como consecuencia la reducción de los terrenos
aprovechables y la explotación de recursos como el agua, de forma
particular y ya no colectiva como era anteriormente, generando división
al interior de las comunidades. También ha traído como consecuencia que
los viejos ejidatarios repartan tierras a sus hijos, quedando ellos sin
terreno para vivir.
5. Se está afectando la seguridad de la familia, pues en los nuevos
títulos de propiedad ya no se contempla a los sucesores de derechos,
hijos y esposa, teniendo como consecuencia que para cualquier trámite
para heredar la tierra se tenga que hacer un nuevo trámite legal,
generando costo económico para las familias indígenas y campesinas
6. Se han afectado nuestras formas e instituciones internas para
resolver los asuntos internos de uso de la tierra, la Asamblea ejidal ha
quedado como una instancia secundaria, ahora los ejidatarios pasan por
encima de la asamblea para vender sus tierras, sin que se contemple el
interés colectivo.
7. No hemos recibido ningún beneficios a partir de la implementación del
PROCEDE, al contrario, nos vemos cada día más amenazados por intereses
particulares que quieren comprar nuestras tierras, nuestra agua,
nuestros bosques y desaparecer nuestras formas internas de organización.
8. El PROCEDE y su forma para llevarlo a cabo, fue una simulación de
consulta y participación, pues al no tener la información completa, ni
acercar la información de manera apropiada a nuestra cultura, se omitió
la responsabilidad del Estado mexicano de consultar a los pueblos
indígenas por ser los más afectados con esta política pública para el
campo mexicano.
9. El PROCEDE ha permitido que avance la idea de la tierra como
mercancía y no como medio de reproducción de los pueblos indígenas y
campesinos, poniendo en riesgo el futuro de los mismos y de los recursos
naturales que se encuentran dentro de nuestros territorios.
10. Se ha generado división entre los ejidos y comunidades entre quienes
nos oponemos a que siga el PROCEDE y el avance de las consecuencias
negativas, con aquellos que están a favor porque quieren vender o sólo
quieren seguir recibiendo el dinero que dan los gobiernos por medios de
sus programas de gobierno como Procampo, Oportunidades, apoyos a
cafetaleros, lo que ha venidos desgastando la organización interna de
las comunidades, ejidos y comuneros.
Nosotros, cómo pueblos indígenas y campesinos, valoramos mucho nuestra
madre tierra y el territorio y los recursos naturales y estamos buscando
mecanismos de conservación desde el interior de nuestras comunidades,
por eso *rechazamos* y *denunciamos* *lo siguiente:*
1. Rechazamos el nuevo programa FANAR y el maíz transgénico.
2. Rechazamos cualquier programa ambientalista como Pro Árbol que se
está implantando sin información completa de sus implicaciones y mucho
meno el uso que se le puede dar posteriormente
3. Rechazamos que los programas de gobierno Oportunidades, Procampo y
Seguro Popular se apliquen bajo condiciones de forma discriminatoria y
sin respeto a la libre determinación de las comunidades; y que sirvan
para favorecer la privatización de las tierras ejidales y comunales, y
los servicios públicos.
4. Rechazamos los desalojos de tierras.
5. Rechazamos que el Estado vea como mercancía nuestras tierras y
territorio.
6. Rechazamos la privatización de PEMEX.
7. Rechazamos los decretos expropiatorios en la Selva Lacandona.
8. Rechazamos el TLCAN y el ASPAN.
9. Rechazamos la monopolización comercial de las empresas como Wallmart,
Chedrahui?
10. Rechazamos el Programa de Reconversión al Campo que afecten nuestra
soberanía alimentaria.
*Por todo lo anterior, nuestras comunidades exigen:*
* *
1. Que se detengan todos los trámites relacionados con el PROCEDE que
van en prejuicio de los ejidos y pueblos indígenas.
2. Que no se siga condicionando los programas de apoyo al campo y
combate a la pobreza a que los ejidos entremos dentro del PROCEDE.
3. Que se reconozcan los certificados agrarios previos a la titulación
del PROCEDE, pues en ellos sí están mencionados los sucesores de
derechos agrarios.
4. Que se detengan todos los aumentos del pago de impuestos en los
ejidos y comunidades incorporados al PROCEDE.
5. De manera urgente atender la demanda de nuestras comunidades, pues
muchas padecemos la división y la perdida de nuestras tierras.
6. Trato digno y respetuoso por parte de los funcionarios de la Reforma
Agraria y autoridades municipales, quienes muchas veces han abusado de
nuestro desconocimiento del programa PROCEDE para abusar de nuestra
confianza.
7. Que se vaya a una consulta nacional con información apropiada para
cada pueblo indígena y para el sector campesino, sobre la desaparición o
no del PROCEDE.
8. Que se realice una reforma agraria que vea por el beneficio de los
pueblos indígenas y campesinos, para lo cual se de la participación
activa de las organizaciones y Pueblos indígenas y campesinos.
9. Que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar las condiciones
necesarias para el desarrollo armónico y humano de los pueblos indígenas
y campesinos de México.
10. Exigimos respeto a nuestra madre tierra, territorio y recursos
naturales. Respeto a nuestra autodeterminación, a nuestros derechos como
pueblos indígenas; a la libre expresión, asociación y manifestación.
*Atentamente:***
**
Feliciano Díaz Gómez, Ejido Napité, cargo Diácono.
Margarita Hernández López, Ejido Napité, Municipio San Cristóbal de Las
Casas
Ernestina Hernández Gómez, Ejido Napité
Petrona Gómez Álvarez, Ejido Napité
José Luis Pérez Pérez, Amparo Aguatinta**
José Alfredo Hernández García, Ranchería Los Laureles**
Pedro Gómez Zepeda, Benito Juárez, Mpio. de Amatenango, Promotor de DH y
parte de La Otra Campaña
Juan Méndez Hernández, Promotor DH Ejido Aguacatenango Municipio de
Venustiano Carranza
Martín Méndez Hernández, Col. Nueva Esperanza, Mpio. De Socoltenango
Mateo Méndez Hernández, Col. Nueva Esperanza, Mpio. De Socoltenango
Prisciliano López Gómez, Barrio Madronal, Mpio. De Amatenango del Valle,
Promotor de DH
Bulmaro Vázquez Silva de Sabilanito. Comité de DH de Comalapa, Municipio
de Frontera Comalapa
José Gilberto López Pérez, San Antonio Ogotzil, Mpio. De Comitán
Francisco Hernández García, Ranchería Los Laureles
Santos Gómez López, Ejido Napité
Rosario Velasco Pérez, Ejido Napité
Lucio Gómez López, Ejido Napité
Esteban Pérez Entzin, Consejo de Vigilancia, Ejido Napité
Carlos Gómez Díaz, de Napité, vive en SCL, Coordinador de Pueblo Creyente
Andrea Díaz López, de Napité, vive en SCLC, miembro de Pueblo Creyente
Lina Gómez Bautista, Amatenango
Francisco Díaz Gómez, Ejido Napité
Gregorio Pérez Sántiz, Ejido Napité
Gloria Gómez Hernández, Ejido Napité
Guadalupe Gómez López, Ejido Napité
Alejandro Velasco, Mayordomo de la Iglesia de Napité
Benito Hernández López, Ejido Napité
Santiago Deara Lopez Santa Martha, ARIC Unión de Uniones independiente y
Democrática de Ocosingo
Fausto Gómez Hernández, Ejido Napité, Prom. DDHH
Indice la Jornada, viernes 2 de mayo de 2008
1- “Jamás vamos a negociar nuestras tierras”, asegura Trinidad Ramírez del Valle
A dos años de la represión, se mantiene vivo el espíritu de resistencia en Atenco
2- Se resuelve el conflicto por la posesión de las tierras indígenas
Retorna la paz en 24 de Diciembre
3- Clima de agresión en Cruztón
4- AI demanda justicia a Medina Mora
5- “Terribles”, las condiciones impuestas por Juan Camilo Mouriño, señala Rosario Ibarra
Aclarar si quiere diálogo, pide al gobierno el grupo de mediación que propuso el EPR
6- Astillero
7- Luis Javier Garrido
La inconstitucionalidad
8- Contra la represión
“Jamás vamos a negociar nuestras tierras”, asegura Trinidad Ramírez del Valle
A dos años de la represión, se mantiene vivo el espíritu de resistencia en Atenco
■ Este domingo marcharán del Ángel de la Independencia a la Corte para pedir un fallo honesto
Blanche Petrich
Ampliar la imagen En imagen del 18 de agosto de 2003, ejidatarios de San Salvador Atenco En imagen del 18 de agosto de 2003, ejidatarios de San Salvador Atenco Foto: María Luisa Severiano
Trinidad Ramírez del Valle recorre los foros que el movimiento popular abre al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco, para cerrar el paso a la desmemoria. A dos años de la violenta incursión policiaca en esa localidad del estado de México, los atenquenses se preparan para la conmemoración. “Que nadie olvide esta historia que iniciaron unos campesinos que empezaron por luchar por sus tierras, pero a los que les fue creciendo la visión hasta entender que para lograr un cambio profundo es necesaria la unidad, la organización y la claridad de objetivos”.
El lunes estuvo en el auditorio Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, frente a una sala semivacía, sin la presencia de la otra oradora anunciada para ese acto, la senadora Rosario Ibarra. Con su ropa humilde y el simbólico machete en un puño, esta mujer que tiene al marido en la cárcel –Ignacio del Valle, el líder del FPDT que ha sido sentenciado a más de 60 años de prisión– y a una hija prófuga de una orden de aprehensión federal, América del Valle, habla de lo que, a dos años del duro golpe represivo, mantiene “en pie” la resistencia de su pueblo.
“Sin dejar de resistir un solo día, logramos sacar a 15 de nuestros compañeros (entre ellos su hijo César) de la cárcel. Eso le demuestra a la nación que la razón está de nuestro lado; que los otros 16 compañeros que siguen presos deben ser salir sin cargos, porque son inocentes”. Se declara “orgullosa” de los que aún están en prisión o prófugos: “Ellos están libres en su pensamiento y en sus convicciones”.
Sin estudios, forzada por los hechos a ponerse al frente del movimiento atenquense cuando su organización y su familia fueron desmembradas, Antonia Trinidad Ramírez despliega su vena de líder natural. Propone que entre el vasto abanico de la izquierda mexicana “empecemos a aprender a escucharnos, a ponernos de acuerdo para echarle montón y defender lo nuestro. ¡Tantas cosas que nos están arrebatando y nosotros dividiéndonos!”
Es obligada la referencia, en su discurso ante un puñado de estudiantes, al nuevo proyecto de construir un aeropuerto internacional en terrenos federales, justamente en la zona de Texcoco donde, hace cuatro años, el movimiento popular de los atenquenses hizo naufragar el megaproyecto del gobierno de Vicente Fox. “Lo dijimos en 2001 y lo decimos ahora: no al aeropuerto, jamás vamos a negociar nuestras tierras. Los hoteles y las cadenas comerciales no nos van a dejar ningún beneficio. Eso no lo entiende la sociedad, porque los medios de comunicación no nos dan la palabra. Pero eso no nos quita que tengamos la razón de nuestro lado.”
Este viernes 2 de mayo el FPDT empezará la conmemoración anual colocando una cruz entre los cerros Huetepec y Tepetzingo. El 3 de mayo, justo la fecha en que se inició la agresión, colocarán una ofrenda en memoria de Alexis Benhumea, el joven universitario que murió a consecuencia de una herida provocada por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la policía, y Francisco Javier Cortés, un adolescente abatido en el tiroteo.
En Atenco estarán el líder de la APPO Flavio Sosa y los padres de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por el ejército colombiano en la incursión del primero de marzo en Ecuador. El cuatro de mayo marcharán del Ángel de la Independencia a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que próximamente deberá emitir un fallo sobre los hechos de San Salvador Atenco.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n1pol
Se resuelve el conflicto por la posesión de las tierras indígenas
Retorna la paz en 24 de Diciembre
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Las Margaritas, Chis., 1º de mayo. “Pues es tiempo de defender lo que nos corresponde y así lo estamos haciendo”, proclamó la junta de buen gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el caracol zapatista de La Realidad. Esto al informar que, tras resolverse el conflicto por las tierras de la comunidad 24 de Diciembre, en el municipio autónomo San Pedro de Michoacán, levantó el plantón de bases zapatistas que durante nueve meses resguardó la comunidad, amenazada de desalojo y agredida varias veces por vecinos de los ejidos Nuevo Momón y Cruz del Rosario, miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES).
Así, también llama a dar por terminado el boicot que realizó la sociedad civil contra la cadena de franquicias de Café de la Selva, distribuidor y promotor del grano de la UES, la cual es en parte propietaria de dicha red comercial y que a lo largo del conflicto con los zapatistas nunca emitió una postura al respecto, siendo que miembros suyos, de manera ilegítima, pretendieron invadir las tierras de los zapatistas.
En un escenario que aún incluye una base militar permanente (precisamente en el manantial de esos parajes) en el predio reclamado por los zapatistas y “recuperado” desde 1994, así como la permanente presencia de la Policía Estatal Preventiva, ya desapareció el fugaz “poblado” Gracias a Dios. Edificado en 2007 por ejidatarios de la UES con ayuda de las tropas federales, que pretendía disputar a los zapatistas las tierras, que pertenecieron durante décadas a la familia Castellanos Domínguez (el finquero propietario en enero de 1994 era el general Absalón, de dicha familia), y a partir de entonces fueron recuperadas por los peones y pobladores de la finca, como bases que eran del EZLN.
“Después de un año y ocho meses de amenazas y provocaciones (desde) que decidimos entregar las tierras a nuestros compas de 24, y después de nueve meses de plantón con la participación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, y viendo los buenos resultados que tuvimos con nuestros compas de 24 de Diciembre, hemos decidido a que se suspenda el boicot al Café la Selva”, dice la JBG en una comunicación al Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), que promovió el boicot en la ciudad de México, Guadalajara, Barcelona y otras capitales donde hay sucursales de las cafeterías.
La JBG apunta: “Aunque a algunos no muy les pareció (el boicot), los resultados están y hoy podemos decir que, gracias a la participación de muchos hombres y mujeres, colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales, hemos logrado que el primero de abril se retiraran pacífica y definitivamente los de la UES y a partir de esa fecha pueden vivir y trabajar dignamente nuestros compas sin problema alguno”.
Destaca que el plantón en defensa del poblado, en el cual participaron centenares de bases zapatistas de la cañada tojolabal, la frontera y la selva tzeltal, “dio resultado a los nueve meses; no es coincidencia: para los zapatistas la tierra es nuestra madre”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n2pol
Clima de agresión en Cruztón
Hermann Bellinghausen, enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis. 1º de mayo. Luego de la violenta incursión policiaca y parapoliciaca ocurrida el pasado 27 de abril en la comunidad Cruztón (municipio Venustiano Carranza), la junta de buen gobierno de Oventic denunció el trato “degradante e injusto, con exceso de amenaza con armas, el maltrato verbal y las groserías a los habitantes de la comunidad”.
La JBG suscribe el testimonio de los campesinos agredidos (La Jornada, 29 de abril) y destaca que en Cruztón habitan 28 familias adherentes a la otra campaña, dos de bases de apoyo zapatistas y 14 del PAN; estas últimas se mantienen al margen del problema con invasores “legalizados” de Teopisca y el ejido Nuevo León. Todo esto ocurre en la zona cañera, fuera de la habitualmente considerada “zona de conflicto”. La junta condena “enérgicamente” las “actitudes violentas del mal gobierno a través de corporaciones policiacas”, que con esto “contradice lo que tanto habla de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz”, y respalda los reclamos de Cruztón, a cuyos pobladores pertenecen esas tierras desde hace 20 años.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n3pol
AI demanda justicia a Medina Mora
Víctor Ballinas
Amnistía Internacional (AI) sección México demandó el miércoles al procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, que demuestre su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Para ello es necesario que apoye a la fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), para que concluya la investigación y proceda contra los responsables del ultraje a 26 mujeres de San Salvador Atenco hace dos años.
El director ejecutivo de AI sección México, Alberto Herrera, entregó en la PGR una misiva al titular de esa dependencia, en la que le recuerda que hace dos años en San Salvador Atenco, estado de México, fueron detenidas 47 mujeres, las cuales –en su mayoría– fueron sometidas a tortura y otras formas de maltrato:
“Al menos 26 de ellas fueron víctimas de violencia sexual, ultrajes y humillaciones sexuales. Bajo estándares internacionales de derechos humanos, este tipo de actos a manos de agentes del Estado implica una forma grave de tortura.”
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n4pol
“Terribles”, las condiciones impuestas por Juan Camilo Mouriño, señala Rosario Ibarra
Aclarar si quiere diálogo, pide al gobierno el grupo de mediación que propuso el EPR
Blanche Petrich
Ampliar la imagen Integrantes del Ejército Popular Revolucionario, en imagen de archivo Integrantes del Ejército Popular Revolucionario, en imagen de archivo Foto: La Jornada
El grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno pidió a la Secretaría de Gobernación (SG) que “precise” su respuesta y defina si las condiciones que planteó en su comunicado del lunes pasado “son impedimentos para el proceso del diálogo” planteado.
Luego de una reunión de tres horas en la sede de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), el obispo Samuel Ruiz, la senadora Rosario Ibarra, los intelectuales Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y los dirigentes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández resolvieron emitir un breve comunicado en el que puntualizan que la figura de “testigo social” que la SG propone en lugar de una mediación “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.
El grupo “necesita saber si el gobierno quiere dialogar o no. Si persiste en las condiciones expresadas en su comunicado del 29 de abril, entenderemos que no quiere”, comentó el antropólogo López y Rivas.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, por su parte, describió la coyuntura como “una rendijita, nada más. Ojalá que por ahí pueda pasar la luz de la esperanza para todos los desaparecidos y sus familias. Pero objetivamente yo no veo voluntad política. Las condiciones que impuso el señor Juan Camilo Mouriño son terribles y expresan su poca disponibilidad de hablar sobre el tema de la desaparición forzosa”.
El grupo propuesto para la mediación, informó por su parte el penalista Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas, tiene el objetivo principal de facilitar la aparición con vida de los dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados en mayo del año pasado en Oaxaca.
“Es un punto que merece toda la atención y es el compromiso central del FNCR”, manifestó. El frente es el único grupo propuesto por el EPR como parte de la mediación.
Las supuestas investigaciones en torno al secuestro de Amaya y Cruz reflejan, en opinión Ibarra, “la insensibilidad y complicidad histórica de las autoridades”.
Añadió: “el gobierno ha dicho que ya están muertos, incluso pidieron que una hija y una hermana de las víctimas que comparecieran para hacer exámenes de ADN con unos cadáveres que aparecieron por ahí. ¿Qué se puede esperar?”
En la reunión de ayer, concluyó la legisladora, “todos expresamos nuestra mejor disposición. Queremos servir en algo para la causa de la lucha contra las desapariciones forzosas”.
López y Rivas advirtió, por otra parte, que, sin ánimo de confrontación, “no podemos dejar de apuntar el contenido tan farragoso del comunicado de Gobernación. En particular, es inadmisible la condición de testigos sociales. En este caso, la mediación es indispensable, no sólo para facilitar el acercamiento, sino para ofrecer un mínimo de garantías contra una eventual traición. Todavía todos tenemos en mente la detención del mensajero del EZLN (Javier Elorriaga) en 1996, cuando llevaba una respuesta al secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma) y fue detenido por órdenes del ex presidente Ernesto Zedillo”
También expresó su sorpresa por las declaraciones del presidente panista, Germán Martínez, que “echó de cabeza” a Mouriño y desnudó la verdadera intención del gobierno al decir que de lo que se trata es de exigir la rendición del EPR.
“No podemos hacer caso omiso de algunos analistas, sicarios mediáticos, que ya empezaron a atacar a la mediación. Entre otras cosas, han dicho que Rosario Ibarra está relacionada con las FARC colombianas, que don Samuel Ruiz fue el fundador del EZLN y a mí me describen como ex agente de la KGB”.
El próximo jueves el grupo sesionará nuevamente. Su comunicado, de apenas una cuartilla, es dirigido al Partido Democrático-Ejército Popular Revolucionario y al gobierno federal. Expresa la disposición de los firmantes de realizar labores de intermediación y destaca “la gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, de toda iniciativa que dé cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=014n1pol
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Atenco, dos años después
El primer ensayo de represión federal a gran escala y con garantía de impunidad de las tres décadas y media recientes se produjo dos años atrás, con Vicente Fox como presidente y Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México. Durante dos días, el 3 y el 4 de mayo de 2006 (dos meses antes del fraude electoral calderónico), se aplicó en Texcoco y en San Salvador Atenco una estrategia de ejemplarizante agresión desde el poder a grupos sociales insumisos. La ruptura del estilo socarrón con que Fox había sobrellevado las luchas sociales durante su mandato tuvo como ingrediente fundamental al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, político de extrema derecha que alentó la guerra laboral contra el cacique minero Napoleón Gómez Urrutia (y desenlaces violentos como el de Ciudad Lázaro Cárdenas, con muertos y heridos) y el empleo de grupos federales de elite, conminados a violar y arrasar a los herejes izquierdistas, contra movimientos como los de Atenco y Oaxaca.
Dos años después de que el país entero vio a través de medios de comunicación electrónica el tamaño de la barbarie cometida contra habitantes de pueblos en defensa de sus tierras, la situación de los agraviados es peor. En una nación con sus calles llenas de funcionarios corruptos sin castigo y de delincuentes de altos vuelos (no explícitamente gubernamentales) intencionalmente mal procesados para que sus caros abogados los puedan liberar, tres dirigentes del movimiento con sede en San Salvador Atenco han sido condenados a 67 años y medio de cárcel y 13 de sus compañeros también están en prisión. El grueso expediente de violaciones y delitos cometidos por policías federales y estatales no ha servido para que esos delincuentes con uniforme o placa sean castigados más que en mínima dosis y por infracciones menores, apenas para dar apariencia de que algo se castiga en ese ámbito oficial.
Los responsables intelectuales también gozan de impunidad. Vicente Fox y su esposa Marta pasean por el mundo su condición de nuevos ricos e incluso se esmeran en días recientes en dar muestra de una vida aparentemente despreocupada, entre actos de caridad –migajas del enorme pastel que se llevaron– y preparación de cursos en el monumento a la corrupción llamado Centro Fox. Peña Nieto sigue despilfarrando el dinero del estado de México en formas de promoción personal con miras a la elección presidencial de 2012, ya que cree posible que la desmemoria abonada a golpe de espots televisivos le permita llevar a Los Pinos la escuela de depredación y frivolidad de la que proviene, que es la de Arturo Montiel, otro saqueador sin castigo.
Para recordar lo que ha sucedido en estos tiempos de oprobio, y para reavivar la llama de esperanza y lucha por la justicia, se realizará una jornada la cual se ha denominado “por los presos y perseguidos políticos de Atenco y de todo el país”. Mañana, a las 10 de la mañana, se colocará en Atenco una ofrenda en recuerdo de Alexis Benhumea, el estudiante caído dos años atrás, y del adolescente Francisco Javier Cortés, y a partir de las 12 horas se realizará un acto político cultural en el que habrá presencias solidarias provenientes de diversas partes del país (en su condición personal y solitaria de tecleador astillado, el autor de estas líneas también participará con la emisión de algunas palabras). Luego, el domingo 4, se realizará la Marcha por la libertad, que saldrá a las 7 de Atenco hasta la autopista Peñón-Texcoco y, en autobuses, llegará al Ángel de la Independencia para caminar desde allí hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, más o menos a la una de la tarde, se realizará un mitin final. ¡Ah, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por decir algo sobre lo sucedido en Atenco: en una de esas establece que siempre sí hubo delitos sin castigo y da un plazo perentorio –unos 150 años, por ejemplo– para que se castigue a altos funcionarios involucrados en esos hechos!
Astillas
Ha salido libre y absuelto José Guadalupe Cruz Pacheco, encarcelado en Guanajuato por presión de la familia Fox y a causa de que el líder ejidal encabezó la demanda de que los terratenientes y caciques extranjerizantes de la comunidad de San Cristóbal devolvieran una parte de las muchas tierras que han arrebatado a los pobladores originales. En prisión, Cruz Pacheco fue golpeado, con saña propia de encargos pagados, por un reo común. Diputados federales que lo visitaron el pasado mes aseguraron que el ejidatario “fue privado de su libertad hace 14 meses sin un juicio justo, víctima de omisiones, negligencias y abuso de poder”. Los campesinos seguirán luchando para que los Fox les devuelvan 900 hectáreas despojadas… Tal como lo calculaba Bucareli con el comunicado de obstrucción que había presentado días atrás (condicionando un “diálogo” con el EPR a una virtual rendición), los cinco personajes dispuestos a intermediar entre esa guerrilla y el gobierno federal se declararon necesitados de precisión y claridad. Los posibles mediadores piden a Gobernación que puntualice “en qué medida los condicionamientos que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso de diálogo propuesto” y, obviamente, se declaran confusos respecto a que los pretendan convertir en “testigos sociales”. El eje Pinos-Bucareli, mientras tanto, se muestra muy contento de que medios de comunicación aliados hayan difundido, sin los matices del caso, que el gobierno aceptaba el diálogo con el EPR, sin analizar ni destacar el hecho de que esa “aceptación” era engañosa e inaceptable. Ahora, conforme al estilo de manipulación mediática sexenal, esas mismas voces se escandalizarán de que el grupo guerrillero y los mediadores propuestos no se acojan al generoso comunicado de aceptaciones condicionadas y antitéticas… Hoy, a partir de las 18 horas, en Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Club de Periodistas realizará un foro más sobre Pemex, ahora con el tema de Seguridad nacional y petróleo. Participarán el diputado y general Roberto Badillo Martínez y el doctor Juan Ramón Jiménez (maestro de la Facultad de Contaduría de la UNAM), con Celeste Sáenz de Miera y Jorge Santa Cruz como moderadores… ¡Feliz fin de semana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Luis Javier Garrido
La inconstitucionalidad
La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.
1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.
2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.
3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.
4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.
5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).
6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.
7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.
8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.
9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.
10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=019a1pol
Contra la represión
Para invitar a todos este viernes 2 de mayo a la presentación del video Rompiendo el cerco y la presencia de Ictus y sus rolas, en conmemoración de la brutal represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y por la liberación de los presos políticos. Los esperamos a partir de las 18 horas en Zapotecos No. 7, Col. Obrera. Tel. 57614236. Rincón Zapatista y Cyber Café y Cafetería Comandanta Ramona.
A dos años de la represión, se mantiene vivo el espíritu de resistencia en Atenco
2- Se resuelve el conflicto por la posesión de las tierras indígenas
Retorna la paz en 24 de Diciembre
3- Clima de agresión en Cruztón
4- AI demanda justicia a Medina Mora
5- “Terribles”, las condiciones impuestas por Juan Camilo Mouriño, señala Rosario Ibarra
Aclarar si quiere diálogo, pide al gobierno el grupo de mediación que propuso el EPR
6- Astillero
7- Luis Javier Garrido
La inconstitucionalidad
8- Contra la represión
“Jamás vamos a negociar nuestras tierras”, asegura Trinidad Ramírez del Valle
A dos años de la represión, se mantiene vivo el espíritu de resistencia en Atenco
■ Este domingo marcharán del Ángel de la Independencia a la Corte para pedir un fallo honesto
Blanche Petrich
Ampliar la imagen En imagen del 18 de agosto de 2003, ejidatarios de San Salvador Atenco En imagen del 18 de agosto de 2003, ejidatarios de San Salvador Atenco Foto: María Luisa Severiano
Trinidad Ramírez del Valle recorre los foros que el movimiento popular abre al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco, para cerrar el paso a la desmemoria. A dos años de la violenta incursión policiaca en esa localidad del estado de México, los atenquenses se preparan para la conmemoración. “Que nadie olvide esta historia que iniciaron unos campesinos que empezaron por luchar por sus tierras, pero a los que les fue creciendo la visión hasta entender que para lograr un cambio profundo es necesaria la unidad, la organización y la claridad de objetivos”.
El lunes estuvo en el auditorio Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, frente a una sala semivacía, sin la presencia de la otra oradora anunciada para ese acto, la senadora Rosario Ibarra. Con su ropa humilde y el simbólico machete en un puño, esta mujer que tiene al marido en la cárcel –Ignacio del Valle, el líder del FPDT que ha sido sentenciado a más de 60 años de prisión– y a una hija prófuga de una orden de aprehensión federal, América del Valle, habla de lo que, a dos años del duro golpe represivo, mantiene “en pie” la resistencia de su pueblo.
“Sin dejar de resistir un solo día, logramos sacar a 15 de nuestros compañeros (entre ellos su hijo César) de la cárcel. Eso le demuestra a la nación que la razón está de nuestro lado; que los otros 16 compañeros que siguen presos deben ser salir sin cargos, porque son inocentes”. Se declara “orgullosa” de los que aún están en prisión o prófugos: “Ellos están libres en su pensamiento y en sus convicciones”.
Sin estudios, forzada por los hechos a ponerse al frente del movimiento atenquense cuando su organización y su familia fueron desmembradas, Antonia Trinidad Ramírez despliega su vena de líder natural. Propone que entre el vasto abanico de la izquierda mexicana “empecemos a aprender a escucharnos, a ponernos de acuerdo para echarle montón y defender lo nuestro. ¡Tantas cosas que nos están arrebatando y nosotros dividiéndonos!”
Es obligada la referencia, en su discurso ante un puñado de estudiantes, al nuevo proyecto de construir un aeropuerto internacional en terrenos federales, justamente en la zona de Texcoco donde, hace cuatro años, el movimiento popular de los atenquenses hizo naufragar el megaproyecto del gobierno de Vicente Fox. “Lo dijimos en 2001 y lo decimos ahora: no al aeropuerto, jamás vamos a negociar nuestras tierras. Los hoteles y las cadenas comerciales no nos van a dejar ningún beneficio. Eso no lo entiende la sociedad, porque los medios de comunicación no nos dan la palabra. Pero eso no nos quita que tengamos la razón de nuestro lado.”
Este viernes 2 de mayo el FPDT empezará la conmemoración anual colocando una cruz entre los cerros Huetepec y Tepetzingo. El 3 de mayo, justo la fecha en que se inició la agresión, colocarán una ofrenda en memoria de Alexis Benhumea, el joven universitario que murió a consecuencia de una herida provocada por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por la policía, y Francisco Javier Cortés, un adolescente abatido en el tiroteo.
En Atenco estarán el líder de la APPO Flavio Sosa y los padres de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados por el ejército colombiano en la incursión del primero de marzo en Ecuador. El cuatro de mayo marcharán del Ángel de la Independencia a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que próximamente deberá emitir un fallo sobre los hechos de San Salvador Atenco.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n1pol
Se resuelve el conflicto por la posesión de las tierras indígenas
Retorna la paz en 24 de Diciembre
Hermann Bellinghausen (Enviado)
Las Margaritas, Chis., 1º de mayo. “Pues es tiempo de defender lo que nos corresponde y así lo estamos haciendo”, proclamó la junta de buen gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el caracol zapatista de La Realidad. Esto al informar que, tras resolverse el conflicto por las tierras de la comunidad 24 de Diciembre, en el municipio autónomo San Pedro de Michoacán, levantó el plantón de bases zapatistas que durante nueve meses resguardó la comunidad, amenazada de desalojo y agredida varias veces por vecinos de los ejidos Nuevo Momón y Cruz del Rosario, miembros de la Unión de Ejidos de la Selva (UES).
Así, también llama a dar por terminado el boicot que realizó la sociedad civil contra la cadena de franquicias de Café de la Selva, distribuidor y promotor del grano de la UES, la cual es en parte propietaria de dicha red comercial y que a lo largo del conflicto con los zapatistas nunca emitió una postura al respecto, siendo que miembros suyos, de manera ilegítima, pretendieron invadir las tierras de los zapatistas.
En un escenario que aún incluye una base militar permanente (precisamente en el manantial de esos parajes) en el predio reclamado por los zapatistas y “recuperado” desde 1994, así como la permanente presencia de la Policía Estatal Preventiva, ya desapareció el fugaz “poblado” Gracias a Dios. Edificado en 2007 por ejidatarios de la UES con ayuda de las tropas federales, que pretendía disputar a los zapatistas las tierras, que pertenecieron durante décadas a la familia Castellanos Domínguez (el finquero propietario en enero de 1994 era el general Absalón, de dicha familia), y a partir de entonces fueron recuperadas por los peones y pobladores de la finca, como bases que eran del EZLN.
“Después de un año y ocho meses de amenazas y provocaciones (desde) que decidimos entregar las tierras a nuestros compas de 24, y después de nueve meses de plantón con la participación de los municipios autónomos rebeldes zapatistas, y viendo los buenos resultados que tuvimos con nuestros compas de 24 de Diciembre, hemos decidido a que se suspenda el boicot al Café la Selva”, dice la JBG en una comunicación al Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (Capise), que promovió el boicot en la ciudad de México, Guadalajara, Barcelona y otras capitales donde hay sucursales de las cafeterías.
La JBG apunta: “Aunque a algunos no muy les pareció (el boicot), los resultados están y hoy podemos decir que, gracias a la participación de muchos hombres y mujeres, colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales, hemos logrado que el primero de abril se retiraran pacífica y definitivamente los de la UES y a partir de esa fecha pueden vivir y trabajar dignamente nuestros compas sin problema alguno”.
Destaca que el plantón en defensa del poblado, en el cual participaron centenares de bases zapatistas de la cañada tojolabal, la frontera y la selva tzeltal, “dio resultado a los nueve meses; no es coincidencia: para los zapatistas la tierra es nuestra madre”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n2pol
Clima de agresión en Cruztón
Hermann Bellinghausen, enviado
San Cristóbal de las Casas, Chis. 1º de mayo. Luego de la violenta incursión policiaca y parapoliciaca ocurrida el pasado 27 de abril en la comunidad Cruztón (municipio Venustiano Carranza), la junta de buen gobierno de Oventic denunció el trato “degradante e injusto, con exceso de amenaza con armas, el maltrato verbal y las groserías a los habitantes de la comunidad”.
La JBG suscribe el testimonio de los campesinos agredidos (La Jornada, 29 de abril) y destaca que en Cruztón habitan 28 familias adherentes a la otra campaña, dos de bases de apoyo zapatistas y 14 del PAN; estas últimas se mantienen al margen del problema con invasores “legalizados” de Teopisca y el ejido Nuevo León. Todo esto ocurre en la zona cañera, fuera de la habitualmente considerada “zona de conflicto”. La junta condena “enérgicamente” las “actitudes violentas del mal gobierno a través de corporaciones policiacas”, que con esto “contradice lo que tanto habla de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz”, y respalda los reclamos de Cruztón, a cuyos pobladores pertenecen esas tierras desde hace 20 años.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n3pol
AI demanda justicia a Medina Mora
Víctor Ballinas
Amnistía Internacional (AI) sección México demandó el miércoles al procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, que demuestre su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de acceso a la justicia y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Para ello es necesario que apoye a la fiscal especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), para que concluya la investigación y proceda contra los responsables del ultraje a 26 mujeres de San Salvador Atenco hace dos años.
El director ejecutivo de AI sección México, Alberto Herrera, entregó en la PGR una misiva al titular de esa dependencia, en la que le recuerda que hace dos años en San Salvador Atenco, estado de México, fueron detenidas 47 mujeres, las cuales –en su mayoría– fueron sometidas a tortura y otras formas de maltrato:
“Al menos 26 de ellas fueron víctimas de violencia sexual, ultrajes y humillaciones sexuales. Bajo estándares internacionales de derechos humanos, este tipo de actos a manos de agentes del Estado implica una forma grave de tortura.”
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=016n4pol
“Terribles”, las condiciones impuestas por Juan Camilo Mouriño, señala Rosario Ibarra
Aclarar si quiere diálogo, pide al gobierno el grupo de mediación que propuso el EPR
Blanche Petrich
Ampliar la imagen Integrantes del Ejército Popular Revolucionario, en imagen de archivo Integrantes del Ejército Popular Revolucionario, en imagen de archivo Foto: La Jornada
El grupo de mediación propuesto por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) para un eventual diálogo con el gobierno pidió a la Secretaría de Gobernación (SG) que “precise” su respuesta y defina si las condiciones que planteó en su comunicado del lunes pasado “son impedimentos para el proceso del diálogo” planteado.
Luego de una reunión de tres horas en la sede de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), el obispo Samuel Ruiz, la senadora Rosario Ibarra, los intelectuales Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y los dirigentes del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) Enrique González Ruiz y Juan de Dios Hernández resolvieron emitir un breve comunicado en el que puntualizan que la figura de “testigo social” que la SG propone en lugar de una mediación “resulta confusa, particularmente por su utilización en las licitaciones de entidades públicas”.
El grupo “necesita saber si el gobierno quiere dialogar o no. Si persiste en las condiciones expresadas en su comunicado del 29 de abril, entenderemos que no quiere”, comentó el antropólogo López y Rivas.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra, por su parte, describió la coyuntura como “una rendijita, nada más. Ojalá que por ahí pueda pasar la luz de la esperanza para todos los desaparecidos y sus familias. Pero objetivamente yo no veo voluntad política. Las condiciones que impuso el señor Juan Camilo Mouriño son terribles y expresan su poca disponibilidad de hablar sobre el tema de la desaparición forzosa”.
El grupo propuesto para la mediación, informó por su parte el penalista Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas, tiene el objetivo principal de facilitar la aparición con vida de los dirigentes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, secuestrados en mayo del año pasado en Oaxaca.
“Es un punto que merece toda la atención y es el compromiso central del FNCR”, manifestó. El frente es el único grupo propuesto por el EPR como parte de la mediación.
Las supuestas investigaciones en torno al secuestro de Amaya y Cruz reflejan, en opinión Ibarra, “la insensibilidad y complicidad histórica de las autoridades”.
Añadió: “el gobierno ha dicho que ya están muertos, incluso pidieron que una hija y una hermana de las víctimas que comparecieran para hacer exámenes de ADN con unos cadáveres que aparecieron por ahí. ¿Qué se puede esperar?”
En la reunión de ayer, concluyó la legisladora, “todos expresamos nuestra mejor disposición. Queremos servir en algo para la causa de la lucha contra las desapariciones forzosas”.
López y Rivas advirtió, por otra parte, que, sin ánimo de confrontación, “no podemos dejar de apuntar el contenido tan farragoso del comunicado de Gobernación. En particular, es inadmisible la condición de testigos sociales. En este caso, la mediación es indispensable, no sólo para facilitar el acercamiento, sino para ofrecer un mínimo de garantías contra una eventual traición. Todavía todos tenemos en mente la detención del mensajero del EZLN (Javier Elorriaga) en 1996, cuando llevaba una respuesta al secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma) y fue detenido por órdenes del ex presidente Ernesto Zedillo”
También expresó su sorpresa por las declaraciones del presidente panista, Germán Martínez, que “echó de cabeza” a Mouriño y desnudó la verdadera intención del gobierno al decir que de lo que se trata es de exigir la rendición del EPR.
“No podemos hacer caso omiso de algunos analistas, sicarios mediáticos, que ya empezaron a atacar a la mediación. Entre otras cosas, han dicho que Rosario Ibarra está relacionada con las FARC colombianas, que don Samuel Ruiz fue el fundador del EZLN y a mí me describen como ex agente de la KGB”.
El próximo jueves el grupo sesionará nuevamente. Su comunicado, de apenas una cuartilla, es dirigido al Partido Democrático-Ejército Popular Revolucionario y al gobierno federal. Expresa la disposición de los firmantes de realizar labores de intermediación y destaca “la gran importancia, en las difíciles condiciones que vive el país, de toda iniciativa que dé cauce a la búsqueda de la justicia desde la sociedad civil y que combata las desapariciones forzadas”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=politica&article=014n1pol
Astillero
Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
■ Atenco, dos años después
El primer ensayo de represión federal a gran escala y con garantía de impunidad de las tres décadas y media recientes se produjo dos años atrás, con Vicente Fox como presidente y Enrique Peña Nieto como gobernador del estado de México. Durante dos días, el 3 y el 4 de mayo de 2006 (dos meses antes del fraude electoral calderónico), se aplicó en Texcoco y en San Salvador Atenco una estrategia de ejemplarizante agresión desde el poder a grupos sociales insumisos. La ruptura del estilo socarrón con que Fox había sobrellevado las luchas sociales durante su mandato tuvo como ingrediente fundamental al entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal, político de extrema derecha que alentó la guerra laboral contra el cacique minero Napoleón Gómez Urrutia (y desenlaces violentos como el de Ciudad Lázaro Cárdenas, con muertos y heridos) y el empleo de grupos federales de elite, conminados a violar y arrasar a los herejes izquierdistas, contra movimientos como los de Atenco y Oaxaca.
Dos años después de que el país entero vio a través de medios de comunicación electrónica el tamaño de la barbarie cometida contra habitantes de pueblos en defensa de sus tierras, la situación de los agraviados es peor. En una nación con sus calles llenas de funcionarios corruptos sin castigo y de delincuentes de altos vuelos (no explícitamente gubernamentales) intencionalmente mal procesados para que sus caros abogados los puedan liberar, tres dirigentes del movimiento con sede en San Salvador Atenco han sido condenados a 67 años y medio de cárcel y 13 de sus compañeros también están en prisión. El grueso expediente de violaciones y delitos cometidos por policías federales y estatales no ha servido para que esos delincuentes con uniforme o placa sean castigados más que en mínima dosis y por infracciones menores, apenas para dar apariencia de que algo se castiga en ese ámbito oficial.
Los responsables intelectuales también gozan de impunidad. Vicente Fox y su esposa Marta pasean por el mundo su condición de nuevos ricos e incluso se esmeran en días recientes en dar muestra de una vida aparentemente despreocupada, entre actos de caridad –migajas del enorme pastel que se llevaron– y preparación de cursos en el monumento a la corrupción llamado Centro Fox. Peña Nieto sigue despilfarrando el dinero del estado de México en formas de promoción personal con miras a la elección presidencial de 2012, ya que cree posible que la desmemoria abonada a golpe de espots televisivos le permita llevar a Los Pinos la escuela de depredación y frivolidad de la que proviene, que es la de Arturo Montiel, otro saqueador sin castigo.
Para recordar lo que ha sucedido en estos tiempos de oprobio, y para reavivar la llama de esperanza y lucha por la justicia, se realizará una jornada la cual se ha denominado “por los presos y perseguidos políticos de Atenco y de todo el país”. Mañana, a las 10 de la mañana, se colocará en Atenco una ofrenda en recuerdo de Alexis Benhumea, el estudiante caído dos años atrás, y del adolescente Francisco Javier Cortés, y a partir de las 12 horas se realizará un acto político cultural en el que habrá presencias solidarias provenientes de diversas partes del país (en su condición personal y solitaria de tecleador astillado, el autor de estas líneas también participará con la emisión de algunas palabras). Luego, el domingo 4, se realizará la Marcha por la libertad, que saldrá a las 7 de Atenco hasta la autopista Peñón-Texcoco y, en autobuses, llegará al Ángel de la Independencia para caminar desde allí hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde, más o menos a la una de la tarde, se realizará un mitin final. ¡Ah, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por decir algo sobre lo sucedido en Atenco: en una de esas establece que siempre sí hubo delitos sin castigo y da un plazo perentorio –unos 150 años, por ejemplo– para que se castigue a altos funcionarios involucrados en esos hechos!
Astillas
Ha salido libre y absuelto José Guadalupe Cruz Pacheco, encarcelado en Guanajuato por presión de la familia Fox y a causa de que el líder ejidal encabezó la demanda de que los terratenientes y caciques extranjerizantes de la comunidad de San Cristóbal devolvieran una parte de las muchas tierras que han arrebatado a los pobladores originales. En prisión, Cruz Pacheco fue golpeado, con saña propia de encargos pagados, por un reo común. Diputados federales que lo visitaron el pasado mes aseguraron que el ejidatario “fue privado de su libertad hace 14 meses sin un juicio justo, víctima de omisiones, negligencias y abuso de poder”. Los campesinos seguirán luchando para que los Fox les devuelvan 900 hectáreas despojadas… Tal como lo calculaba Bucareli con el comunicado de obstrucción que había presentado días atrás (condicionando un “diálogo” con el EPR a una virtual rendición), los cinco personajes dispuestos a intermediar entre esa guerrilla y el gobierno federal se declararon necesitados de precisión y claridad. Los posibles mediadores piden a Gobernación que puntualice “en qué medida los condicionamientos que plantea en su comunicado son impedimentos para el proceso de diálogo propuesto” y, obviamente, se declaran confusos respecto a que los pretendan convertir en “testigos sociales”. El eje Pinos-Bucareli, mientras tanto, se muestra muy contento de que medios de comunicación aliados hayan difundido, sin los matices del caso, que el gobierno aceptaba el diálogo con el EPR, sin analizar ni destacar el hecho de que esa “aceptación” era engañosa e inaceptable. Ahora, conforme al estilo de manipulación mediática sexenal, esas mismas voces se escandalizarán de que el grupo guerrillero y los mediadores propuestos no se acojan al generoso comunicado de aceptaciones condicionadas y antitéticas… Hoy, a partir de las 18 horas, en Filomeno Mata 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Club de Periodistas realizará un foro más sobre Pemex, ahora con el tema de Seguridad nacional y petróleo. Participarán el diputado y general Roberto Badillo Martínez y el doctor Juan Ramón Jiménez (maestro de la Facultad de Contaduría de la UNAM), con Celeste Sáenz de Miera y Jorge Santa Cruz como moderadores… ¡Feliz fin de semana!
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=004o1pol
Luis Javier Garrido
La inconstitucionalidad
La estrategia para privatizar la industria petrolera mexicana fue diseñada por los think tanks de las corporaciones trasnacionales que buscan apoderarse de ella contando con la complicidad de los grupos mafiosos que se han apoderado del gobierno mexicano, y eso explica que sus redactores desdeñaran dos factores que la están haciendo inviable. Menospreciaron por un lado el hecho de que la Constitución Mexicana de 1917, que prohíbe de manera categórica esa privatización, aún está vigente, y que no se le puede dar la vuelta cambiando leyes secundarias, pues ello llevaría al país a una absoluta ilegalidad en la materia. Y, por el otro, subestimaron la respuesta del pueblo mexicano a su pretensión, de ahí su azoro ante el hecho de que sectores cada vez más numerosos estén llevando a cabo una movilización sin precedente en defensa del petróleo, la que a todas luces va a seguir creciendo.
1. El gobierno de facto ha sufrido una primera derrota en su tentativa de entregar los recursos petroleros de México al capital trasnacional al aceptar el Senado de la República el 25 de abril organizar una serie de foros de debate sobre la contrarreforma energética, como exigían Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Nacional de Resistencia Pacífica en Defensa del Petróleo, y ahora empieza a enfrentar la que ha de ser su derrota histórica de fondo en este asunto, pues los más amplios sectores de mexicanos están ya entendiendo la sinrazón histórica de esta pretensión, que configura un acto sin precedente de traición a México.
2. La primera etapa de la resistencia civil organizada por López Obrador, que se caracterizó por una creciente movilización popular y por la toma de las tribunas de las dos cámaras federales por legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), medida que fue imprescindible para el éxito del movimiento, terminó, en consecuencia, por un triunfo que fue festejado por más de medio millón de mexicanos que marcharon el domingo 27 del Ángel de la Independencia al Zócalo en una de las manifestaciones más alegres y vigorosas de los tiempos recientes, la que confirmó, por otro lado, el fracaso de la estrategia mediática del panismo y de las campañas neofascistas de difamación y mentira de Calderón.
3. Las cinco iniciativas de cambios legales en materia energética que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se le hagan a diversas leyes han sido revisadas por especialistas de diversas disciplinas y la casi totalidad de ellos han coincidido en estas semanas que son violatorias de los principios fundamentales de la Constitución Mexicana, y no sólo eso, sino que por su objetivo central, que es entregar a compañías extranjeras un bien estratégico patrimonio de los mexicanos, comprometen la soberanía nacional y hacen de México un objetivo militar de Estados Unidos, condenan por décadas a la pobreza a varias generaciones y cancelan de paso la viabilidad histórica de México como país.
4. La mayoría de los mexicanos ha entendido también, a pesar de los medios, que tras la tentativa de privatizar a la industria petrolera mexicana y destruir a Pemex se halla un negocio multimillonario en el que los grupos de neoempresarios enriquecidos durante el salinismo y aliados a la mafia delictiva de Mouriño y Calderón pretenden enriquecerse sin límites y, lo que es más grave, adueñarse por largo tiempo del aparato estatal mexicano.
5. En el aspecto jurídico, la cuestión es muy clara, y muy difícilmente la campaña de desinformación y de mentiras del gobierno va a conseguir confundir a los mexicanos. Los principios fundamentales de la Constitución mexicana de 1917 son un valladar para la pretensión oficial, pues ésta establece el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre sus recursos estratégicos y la prohibición tajante de otorgar concesiones y contratos en materia petrolera (artículo 27); también consagra la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros (artículo 25) y la obligación estatal de utilizar estos recursos para sustentar la soberanía nacional (artículo 28).
6. Las iniciativas de cambios “legales” de Calderón están todas permeadas en su esencia de un profundo desprecio a la legalidad constitucional del país, rasgo que comparten por igual los teóricos de la globalización neoliberal y los panistas, pues lo que buscan al abrir una vía seudojurídica para entregar los recursos petroleros de México a las compañías extranjeras es crear un régimen de facto para la industria petrolera sin importarles que éste contravenga el régimen jurídico.
7. La “clase política” representada en el Congreso de la Unión, y en particular la alianza PRI-PAN, que expresa los acuerdos Salinas-Calderón para sacar adelante la contrarreforma, no tiene por ello legitimidad para expedir leyes de tal importancia para el futuro del país, sobre todo cuando se busca pasar por encima de la Constitución; de ahí el reclamo de que el futuro de la industria petrolera mexicana sea sometido a una amplia consulta popular.
8. Es urgente por ello que en México se establezcan mecanismos de democracia semidirecta, como el plebiscito y el referendo, para que en lo sucesivo las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales no las hagan sólo las cámaras, sino que pasen a consulta de la ciudadanía, como es desde hace mucho tiempo el caso en varios países europeos y latinoamericanos.
9. Esta reforma constitucional debería hacerse previamente a cualquier otra tentativa de seguir tocando leyes fundamentales del país, y ante esto resulta significativo que el gobierno espurio, que pensó podría imponerse a los mexicanos por la manipulación de los medios, ahora se oponga a la democracia semidirecta y le tenga terror a la ciudadanía.
10. El destino de la industria petrolera de México es también el del país y no puede decidirse ahora por un grupo de legisladores, sino que debe someterse a la decisión de todos los ciudadanos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/02/index.php?section=opinion&article=019a1pol
Contra la represión
Para invitar a todos este viernes 2 de mayo a la presentación del video Rompiendo el cerco y la presencia de Ictus y sus rolas, en conmemoración de la brutal represión del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y por la liberación de los presos políticos. Los esperamos a partir de las 18 horas en Zapotecos No. 7, Col. Obrera. Tel. 57614236. Rincón Zapatista y Cyber Café y Cafetería Comandanta Ramona.
quinta-feira, 1 de maio de 2008
Comunicado Voz del Amate - Día del niño
A solicitud de los firmantes envíamos el siguiente comunicado de los
presos, de La Voz del Amate y presos políticos zapatistas, internos en
el cereso No 14 de Cintalapa, Chiapas.
presos, de La Voz del Amate y presos políticos zapatistas, internos en
el cereso No 14 de Cintalapa, Chiapas.
Más información en:
http://www.frayba.org.mx/index.php
http://chiapas.indymedia.org/
http://sipaz.wordpress.com/
____________________________________________________________________
Cintalapa de Figueroa, Cereso 14, El Amate, 30 de abril de 2008.
*A la opinión Pública*
*A los medios de comunicación estatales y nacionales*
*A los adherentes de la otra campaña*
*A los medios de comunicación alternativos*
*A los defensores de los derechos humanos*
*A las organizaciones no gubernamentales*
Compañeras y compañeros de todo el mundo reciba saludos de los presos políticos de la Voz del amate y del grupo zapatista, desde este lugar de
nuestra resistencia de lucha.
Un año más desde estas rejas contemplamos el espacio familiar por ser el día de los niños, a muchas de nuestras familias no tienen la
posibilidad de celebrar mucho menos de acercarse de ese día, más cuando nuestros hijos quedan abandonados, con más extremas pobrezas donde no
hay para ellos alimento, medicinas, educación y un lugar digno donde vivir.
Cuándo éramos libres y laborábamos en el campo le aportábamos a nuestras familias el sustento de vida y cuándo daba el recurso les comprábamos
algunos juguetes ya que como pobres hemos estado marginados por falta de empleo; en nuestras comunidades solamente se reflejan los efectos de la
crisis y más que celebrar el día del niño lo celebra en el campo sacando su faena de trabajo ocupándose en la aportación del gasto familiar
enseñando así a llevar a cabo la participación familiar y su autoformación social, desafortunadamente cuando reclamamos por una vida
mejor para nuestros hijos como escuelas, clínicas, tiendas de abasto populares y luz eléctrica.
Los servicios que como mexicanos tenemos derecho a participar para mejora de calidad de vida de nuestra comunidad, ahí nace la
inconformidad del sistema de gobierno que no tiene voluntad de solventar las peticiones del pueblo y nos manda sus ejércitos en una persecución a
la cacería de luchadores sociales que después pasamos a ser rehenes políticos dejando a nuestros hijos a condiciones más vulnerables,
rompiendo totalmente con nuestro tejido social.
En las grandes ciudades donde se dice haber todos los servicios existe un índice mayor de marginación ya que los empleados participan en la
oferta y la demanda en donde la mano del obra es calificado y mucho padres analfabetas no encuentran un fuente de trabajo con la protección
de la ley y corren siempre el riesgo de sobrevivir en este medio.
Para pagar la renta, la luz y el agua los niños tienen que participar y contribuir con los ingresos familiares porque muchos niños salen a
vender chicles por las calles, o limpiar parabrisas en las avenidas y muchos más en las esquinas pidiendo limosnas, otros por la misma pobreza
caen en las drogas y jamás regresan a sus hogares y otros son hijos de compañeros presos políticos encarcelados por luchar por una vida mejor
para nuestros hermanos obreros, por eso en este día celebramos a todos los niños que no tuvieron oportunidad de vivir de un México mejor del
cuál estamos dispuestos a defender hasta las ultimas consecuencias e derechos de los niños por una nueva generación.
Nunca más un México sin los niños.
*Atentamente*
*El movimiento de presos políticos de la Voz del Amate*
*y de presos zapatistas*
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