Indice la Jornada, domingo 13 de abril de 2008

1- *Autoridades de Tabasco ofrecieron liberarlos si "pedían perdón al
gobernador"
Resurge caso de dos zapatistas presos por consigna política del ex
presidente Zedillo

2- **Serán llevados ante la justicia quienes promueven la secesión de
Santa Cruz: La Paz
Reconoce el gobierno de Bolivia la autonomía de cinco pueblos indígenas

3- **Piden libertad de presos chiapanecos

4- **Immanuel Wallerstein
Wall Street realmente se fundamenta en la codicia

*
*Autoridades de Tabasco ofrecieron liberarlos si "pedían perdón al
gobernador"
Resurge caso de dos zapatistas presos por consigna política del ex
presidente Zedillo*

? Llevan más de 11 años recluidos por un asesinato que no han podido
acreditarles

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen En imagen de archivo, plantón de familiares de los
reos frente al palacio de gobierno de Villahermosa, Tabasco En imagen de
archivo, plantón de familiares de los reos frente al palacio de gobierno
de Villahermosa, Tabasco Foto: Luis López

Tacotalpa, Tab. 12 de abril. Luego de 11 años y nueve meses tras las
rejas, acusados de un asesinato que según está demostrado no cometieron,
don Ángel y don Francisco sostienen que no se van a rendir. "Mi lucha es
justa. No debo ningún crimen", dice, apacible, Ángel Concepción Pérez
Gutiérrez. Su padre, Francisco Pérez Vázquez, lo acompaña, pero casi no
toma la palabra. Será su hijo quien lo haga, en "castilla" más fluido.
Son choles, de Chiapas. Son zapatistas.

Aunque la justicia de Tabasco nunca probó las acusaciones que pesaban
sobre los dos indígenas de la comunidad Huapacal, del ejido chiapaneco
de Tuitzol, los sentenció por consigna política zedillista y del
entonces gobernador Roberto Madrazo Pintado, pactada en agosto de 1996
con su homólogo chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro, y consumada en 2000,
cuando se dictó pena de 25 años para los dos campesinos y luchadores
sociales, parte de la autoridad agraria de su comunidad y en resistencia
zapatista.

Han desfilado tres gobernadores más en Chiapas y otros tantos en
Tabasco, y los seis han permitido que la demostrada injusticia siga; los
primeros por indolencia u olvido (aunque no ha faltado quien se los
recuerde); los segundos, por decisión política. En los acontecimientos
del 16 de noviembre de 1995 murió un tabasqueño, y los chiapanecos
tenían que pagar. Y como estaban las cosas en 1996, si eran zapatistas
mejor. Más en la zona norte, donde el gobierno y Paz y Justicia libraban
una auténtica guerra contra las comunidades choles en resistencia.

El 26 de agosto de 1996, los gobernadores sellaron un pacto que incluyó
lo siguiente: las tierras en disputa entre los ejidos Tuitzol (de
Chiapas) y Agua Blanca (de Tabasco) quedaron en manos de los primeros, a
quienes pertenecían desde los años 30. A los segundos se indemnizó con
un millón 226 mil pesos, se les "perdonó" el asesinato del indígena
chiapaneco Vicente Pérez Pérez y se castigó a don Ángel y don Panchito,
como los conocen en la cárcel, por la muerte de Florentino Hernández
López, siendo que no estuvieron en el lugar de los hechos. Y que el
único "testigo", Eulalio Hernández López, habría sido quien ultimó a
Pérez Pérez.

Esa muerte "nunca se investigó", sostiene Ángel, apoyado en la reja del
área de visita de la cárcel municipal de Tacotalpa. En sentido estricto,
el otro asesinato tampoco. De cuatro testigos presenciales, el juez sólo
consideró al que era tabasqueño, hijo del occiso Florentino Hernández. A
los otros tres, de Huapacal (Chiapas), el magistrado los desautorizó
"por ser familiares" de Vicente: Belisario y Lorenzo Pérez Pérez, y
Andrés Pérez Torres. (Ver los argumentos de la defensa y de la junta de
buen gobierno zapatista de la zona norte en La Jornada, 21 y 27 de marzo).

Esta "cátedra" de justicia a la mexicana, que ya despertó el interés de
Amnistía Internacional, el relator de la Organización de las Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, fue
rematada en 2001 por el gobernador interino de Tabasco, Enrique Priego,
quien interrogado sobre el asunto dijo, según recuerda Ángel: "en este
estado no hay indígenas, y menos zapatistas".

Más allá del racismo y la ignorancia que revelaba, con tal frase canceló
la posibilidad de trasladarlos a un penal de Chiapas, donde el ex
gobernador Pablo Salazar Mendiguchía hubiera podido corregir la
injusticia. Pero éste no mostró interés. Se sabe, incluso, que notificó
a su contraparte tabasqueña que en los centros de readapatación social
de Chiapas "no había cupo".

La reciente participación de don Ángel y don Francisco en la huelga de
hambre y ayuno en tres cárceles de Chiapas, aunque limitada por su
estado de salud, volvió a llamar la atención sobre el caso. Además, la
parroquia de Tila envió una carta al gobernador Andrés Granier Melo en
favor de los indígenas. Granier al fin se dio por enterado y el 7 de
abril envió a esta cárcel a Carlos Cabrera Zetina, funcionario de la
Consejería Jurídica del gobierno del estado, para decir a los presos que
el Tribunal Superior de Justicia podría liberarlos "si pedían perdón
al gobernador".

Ángel, con diabetes descontrolada desde hace cuatro años (el gobierno
municipal de Tacotalpa no le compra sus medicamentos desde hace tres
años ni le da atención médica), con su padre que padece insuficiencia
renal al lado, dice algo que suena conocido:

"¿De qué vamos a pedir perdón?" Y agrega: "Es el gobierno de Tabasco el
que debe pedir disculpas al pueblo de Chiapas por encarcelar sin motivo
a sus indígenas". Recalca: "No a mí ni a mi papá, sino al pueblo de
Chiapas".

El gobernador Juan Sabines Guerrero tampoco ha actuado. Más allá de un
par de recientes dichos en privado (uno ante la Comisión Internacional
de Observación de los Derechos Humanos y otro ante abogados del Frayba),
ofreciéndose a gestionar el traslado de don Ángel y don Francisco a su
entidad de origen, no ha hecho nada.

Para los dos campesinos choles la vida no se ha detenido. Las recientes
inundaciones de Tabasco afectaron también el inmueble, y los reclusos
tuvieron que ser trasladados al piso superior, en casi completo abandono
durante cuatro días. Pero aún con la perspectiva de otros 14 años en
esta cárcel municipal, Ángel, padre de ocho hijos (los mayores, casados;
el menor, de dos años y tres meses) asienta: "No nos damos por vencidos.
Somos inocentes y vamos a luchar por nuestra libertad hasta el último día".
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/13/index.php?section=politica&article=016n1pol

*Serán llevados ante la justicia quienes promueven la secesión de Santa
Cruz: La Paz
Reconoce el gobierno de Bolivia la autonomía de cinco pueblos indígenas*

? Expresa el vicepresidente su respaldo a chiquitanos, ayoreos,
yucararés, moxeños y guarayos

? Preparan protestas contra separatistas el 4 de mayo, cuando se
realizará el referendo cruceño

Rosa Rojas (Corresponsal y agencias)

La Paz, 12 de abril. El gobierno boliviano de Evo Morales reconoció la
autonomía de cinco pueblos indígenas en Santa Cruz, con lo que se
anticipó al referendo autonómico en ese departamento promovido por sus
autoridades y organismos empresariales, programado para el 4 de mayo.

Lo anterior fue interpretado así por medios de prensa locales, luego que
los líderes de los pueblos autóctonos chiquitano, ayoreo, yuracaré,
moxeño y guarayo presentaron los estatutos sobre autonomía al
vicepresidente Álvaro García Linera, quien les expresó el respaldo legal
del gobierno central.

"Estamos aquí ante un momento histórico de la república, la constitución
de las primeras autonomías indígenas de nuestro territorio", aseveró el
funcionario, y subrayó que "en términos legales la autonomía se pone en
marcha hoy" y que se estudia la asignación de recursos para su puesta en
vigencia inmediata.

Destacó que las autonomías indígenas ya están reconocidas en la ley del
7 de noviembre de 2007 que recoge la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que al ser ratificada por
el Congreso Nacional "la autonomía indígena es la primera legalizada" en
esa cámara por unanimidad.

En acto efectuado en la sede de la Confederación Indígena del Oriente
Boliviano (CIDOB), en la ciudad de Santa Cruz, García Linera acotó que
la autonomía departamental es necesaria también para Bolivia, y será
legítima sólo "en el momento en el que aprobemos una nueva Constitución".

En esa perspectiva, el vicepresidente boliviano reiteró que el referendo
de autonomía que llevarán a cabo las autoridades de Santa Cruz carece de
valor legal, y advirtió que impulsores y organizadores "tendrán que
asumir los procesos" ante la justicia a que serán sometidos después del
4 de mayo.

Morales llamó a efectuar concentraciones en las capitales de los
departamentos "por la unidad del país" el próximo 4 de mayo, cuando se
realizará en Santa Cruz el referendo sobre su Estatuto Autonómico
Departamental. "Autonomía con igualdad sí, estatuto con división no",
resaltó.

Añadió que no declarará estado de sitio el 4 de mayo porque dicho
referendo será sólo "una encuesta" sin valor legal, citó la estatal
Agencia Boliviana de Información. Tanto el Congreso como la Corte
Nacional Electoral han establecido que esa consulta "es ilegal e
inconstitucional".

La oposición de derecha, con epicentro en Santa Cruz, trata de imponer
autonomías sólo para departamentos que le permitan desligarse del
gobierno central en áreas sensibles, frente al proyecto de Evo Morales
que busca "refundar" el país mediante una nueva Constitución
plurinacional, lo que derivó en un enfrentamiento.

El vicepresidente de CIDOB, Pedro Nuni, informó a este diario que
emprenderán una marcha de unos 200 kilómetros a partir del 20 de abril,
desde la comunidad de San Ramón hasta la capital cruceña, para protestar
contra el estatuto de autonomía de Santa Cruz, que, dijo, no reconoce
las autonomías indígenas.

Desde Bruselas, la Unión Europea expresó su inquietud por el "riesgo
de violencia" que prevalece desde hace meses en el país altiplánico, por
lo que se puso a disposición del gobierno de La Paz y de la oposición
política para "facilitar una aproximación" entre las partes que permita
un acuerdo consensuado respecto de la reforma constitucional y de las
autonomías departamentales.

Similar preocupación manifestaron Colombia, Ecuador y Perú, que llamaron
a las partes a actuar dentro del "respeto a las normas constitucionales
y legales vigentes en el país" andino.

Además, saludaron la decisión del presidente Morales en favor del
diálogo para una salida democrática y constitucional.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/13/index.php?section=mundo&article=027n1mun

*Piden libertad de presos chiapanecos
*
Los abajo firmantes manifestamos nuestro incondicional apoyo al proyecto
de iniciativa de ley de amnistía que ha presentado el Frente Nacional
contra la Represión, publicado en este prestigiado periódico el día 3 de
abril, en virtud de ser un instrumento que ayudaría a cesar la represión
sobre los ciudadanos de nuestro país, que ante la debacle económica,
política y social creada por el sistema capitalista mundial, a través de
gobiernos neoliberales como el de Felipe Calderón, han protestado de
diversas formas (incluso la armada) que han sido criminalizadas por
medio de códigos penales y reformas constitucionales antidemocráticas,
llevándolos a ser privados de su libertad mediante confesiones
arrancadas bajo torturas, como es el caso de los compañeros indígenas
chiapanecos presos, algunos de los cuales se encuentran en huelga de
hambre, y que sólo han recibido como respuesta una liberación parcial,
selectiva y discriminatoria por parte del gobierno de Chiapas.

Por una ley de amnistía general y por leyes estatales que liberen a
todos los presos políticos del país.

Próspero López Cárdenas, Lucio Leyva Contreras, Cruz Velázquez Galindo,
Silvia Sánchez González, David Josué Aragón Gómez, Agustín Pérez
Carrillo, Carlos Durand Alcántara y Octavio Lóysaga de la Cueva

*Immanuel Wallerstein
Wall Street realmente se fundamenta en la codicia*

No soy yo quien dice que Wall Street realmente se fundamenta en la
codicia sino Stephen Raphael. ¿Y quién es Stephen Raphael? Es un antiguo
miembro de la junta directiva de Bear Stearns, el banco de Wall Street
que colapsó el mes pasado. ¿Y dónde dijo esto Raphael? En una entrevista
con el Wall Street Journal, más o menos el periódico de casa en Wall
Street. ¿Cuál era el punto que quería plantear Raphael? Quería explicar
(¿o la idea era excusar?) el colapso de la firma. "Esto pudo ocurrirle a
cualquier firma", dijo.

Sí, en efecto pudo haber sido así. Y así fue. Entretanto, en el momento
en que esto ocurría, el presidente de la junta, Jimmy Caines, muy
quitado de la pena jugaba bridge en un torneo. Algo no muy listo por
parte de un banquero codicioso. El resultado es que perdió casi toda su
fortuna personal, y otra voraz firma, JP Morgan Chase, llegó como buitre
y liquidó a su víctima. Ah, incidentalmente, 14 mil empleados de Bear
Stearns están, o muy pronto estarán, sin empleo.

¿Es entonces el capitalismo únicamente codicia? No, hay otras cuestiones
relativas a éste, pero la codicia juega un gran papel. Y la codicia, por
definición, trabaja por algo a expensas de otros. Así que algunas
compañías van a la bancarrota en estos días –en Wall Street, y en todo
el resto del mundo– y otras no. Estados Unidos como país va a la
bancarrota y otros no. Estados Unidos no le llama bancarrota, pero esa
es la verdad.

¿Es siempre así? No. No siempre. Sólo la mitad del tiempo. Revisemos
cómo fue que Wall Street y Estados Unidos se metieron en este vericueto
particularmente desastroso. Todo comenzó bien, para Wall Street y
Estados Unidos, en 1945. La guerra había terminado. La guerra estaba
ganada. Y Estados Unidos era la única potencia industrial cuyas fábricas
estaban intactas, no las habían afectado los daños de tiempos de guerra.
En otras muchas partes había ciudades destruidas, y hambre real en
Europa y Asia.

Estados Unidos estaba empeñado en hacerlo bien, y lo hizo bien, muy
bien. Podía producir más que nadie en el mundo, y obtener las
recompensas. Hizo un trato con la Unión Soviética (retóricamente le
llamamos Yalta) con el fin de que no hubiera guerras nucleares que
pudieran realmente dañar a Estados Unidos. Y en casa, los grandes
manufactureros hicieron un trato con los grandes sindicatos para que no
hubiera huelgas destructivas que interfirieran con la lucrativa
producción. Se avizoraron tiempos promisorios, y el nivel de vida creció
de forma dramática. De hecho, los años posteriores a la guerra
resultaron ser bastante promisorios para casi todo el mundo. Fue el
momento de la mayor expansión de la producción, de la ganancia, de la
población, y sí, de bienestar general en la historia de la
economía-mundo capitalista. Los franceses llamaron a esa época "los
gloriosos 30 años".

¿Deben terminar todas las cosas buenas? Bueno, cíclicamente, en los 500
años del sistema-mundo moderno, me temo que esto ha sido siempre cierto.
Cuando todo el mundo comienza a sacar ventaja de la expansión económica,
la tasa de ganancia tiene que bajar. La ganancia de la producción
depende de la relativa monopolización de las industrias principales.
Pero si muchos países tienen acereras o fábricas automotrices (las
industrias principales de ese tiempo), hay mucha competencia. Y pese a
todos los lemas sin sentido, la competencia no es buena para los
capitalistas. Reduce las ganancias.

Y cuando se le pega muy fuerte a las ganancias, el sistema-mundo entra
en uno de sus etapas periódicas de estancamiento. Esto ocurrió cerca de
1970. Y, en caso de que nadie lo haya notado, las cosas no han sido muy
promisorias desde entonces, pese a que de nuevo se invocan lemas sin
sentido. ¿Qué ocurre en un periodo de estancamiento económico mundial?
Las fábricas se comienzan a mover fuera de sus anteriores enclaves (como
Estados Unidos, pero también Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón) a
otros países (como Corea del Sur, India, Brasil y Taiwán) en busca de
menores costos de producción. Parece bueno para los nuevos lugares del
acero y la producción de automóviles, pero significa despidos en los
antiguos centros de producción.

Pero esas fábricas fugitivas no son toda la historia. ¿Qué hacen los
grandes capitalistas, si quieren hacer dinero, en tiempos de menores
ganancias procedentes de la producción? Empiezan a mover su dinero de
las empresas productivas a las financieras. Es decir, empiezan a
especular. Y, en tiempos de especulación, la codicia no conoce límites.
Así tenemos los llamados "bonos de desecho" (de muy alto riesgo pero de
grandes rendimientos) las "adquisiciones forzadas" (conocidas en inglés
como takeovers), "hipotecas abiertas" y "fondos de cobertura" y todos
esas cosas curiosas con nombres curiosos. Parece que aun Robert Rubin,
una de las personas realmente grandes en el mundo de las finanzas,
admitió recién que en realidad él no sabe lo que es un "liquidity put"
(una especie de "rembolso asegurado").

La historia que subyace –desde 1970 en adelante– es una de
endeudamiento, una deuda más y más grande. Las corporaciones, los
individuos, los estados, piden prestado. Todos viven por arriba de sus
ingresos reales. Y, si uno se halla en situación de pedir prestado (eso
que se llama crédito), uno puede vivir con mucho lujo. Pero las deudas
tienen un lado difícil. En algún punto, se espera que uno reintegre su
deuda, que pague. Si no lo hace, hay una "crisis de deuda" o
"bancarrota" o, si uno es un país con divisas, que ocurra un descenso
dramático en la tasa de cambio.

Eso es lo que conocemos como burbuja. Si uno infla un globo lo
suficiente, no importa que tan bien nos haga sentir, en algún punto el
globo revienta. Y todo mundo está asustado, como debería estar. Cuando
la burbuja realmente reviente, será muy doloroso. La cosa es que es
mucho más doloroso para algunos que para otros, aunque sea doloroso para
todos.

En algún momento, puede que para Estados Unidos resulte ser lo más
doloroso, como país, para los capitalistas, y sobre todo para los
ciudadanos ordinarios. Parece que Estados Unidos no ha gastado más que
miles de millones sino billones de dólares en algunas guerras en Medio
Oriente que ha estado perdiendo. Y parece que el país más rico del mundo
no tiene en sus arcas billones de dólares. Así que los ha pedido
prestados. Y parece que su crédito en 2008 no es tan bueno como lo era
en 1945. Parece que los acreedores de hoy están renuentes de "ponerle
dinero bueno al malo". Y parece que Estados Unidos podría ir a la
bancarrota, como Bear Stearns.

¿Acaso serán China o Qatar o Noruega, o una combinación de ellos,
quienes compren Estados Unidos a dos dólares o aun a 10 dólares por
acción? Qué pasará con todos esos juguetes extremadamente caros que
Estados Unidos sigue comprando, bases militares en cientos de países,
esos aeroplanos y esos buques y esos armamentos que constantemente pide
Estados Unidos que le traigan para sustituir los juguetes de ayer?
¿Quién va a alimentar a la gente en las filas de comida de los
desempleados? Regresen la década que viene, y déjenme saber.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/13/index.php?section=opinion&article=030a1mun

Indice la Jornada, sábado 12 de abril de 2008

1- *"Sigue vivo", ánimo durante dos días de actividades en caracoles
Con música y deporte recuerdan a Zapata a 89 años de su muerte

2- **Exige la OCEZ la liberación de cinco labriegos

3- Dos listas electorales trotskistas se disputan el emblema de la hoz y
el martillo
Lucha la izquierda en Italia por sobrevivir ante el rechazo popular a
sus políticas de gobierno

4- **El asesinato reciente de 3 líderes indígenas, muestra de la
violencia cotidiana en Oaxaca
Mediante crímenes, Ulises Ruiz busca frenar la lucha de pueblos
indígenas: organizaciones

5- **Condena la Unesco el asesinato de dos locutoras de la radio trique

6- **Los de Abajo

7- **Raúl Zibechi
Guardia Indígena

8- **Miguel Concha
Amicus curiae en Guerrero

9- **Silvia Ribeiro*
Combatiendo los TLC
*

*"Sigue vivo", ánimo durante dos días de actividades en caracoles
Con música y deporte recuerdan a Zapata a 89 años de su muerte*

? Si se gana en el juego, también se podrá hacerlo en la lucha, resaltan

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Caracol de Morelia, en imagen de archivo Caracol de
Morelia, en imagen de archivo Foto: José Núñez

Caracol de Morelia, Chis., 11 de abril. "Zapata vive, no está muerto",
dice con sencillez casi tímida el representante del concejo autónomo del
municipio 17 de Noviembre, quien habla ante centenares de indígenas
zapatistas, en su mayoría jóvenes. Inclusive las parejas son jóvenes,
así que hay bastante niño chico. Han celebrado durante dos días a
"nuestro general Emiliano Zapata", como le dicen, con torneos relámpago
de basquetbol para hombres y mujeres, y de futbol.

"Nuestros antepasados celebraban sus fiestas haciendo deporte. Y así
también nosotros", va hilvanando un original discurso sobre el esfuerzo
en el juego y la lucha de Zapata. "Si unos equipos alcanzaron a ganar en
los torneos, son luchadores que pueden alcanzar otras cosas. No es tan
fácil, pero no es tan difícil".

El 89 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata es recordado "en los cinco
caracoles zapatistas, en regiones y municipios", agrega el representante
del concejo autónomo. A este caracol, Torbellino de nuestras palabras,
llegaron los responsables de decenas de comunidades, jóvenes estudiantes
de secundaria, niños, mujeres tzeltales y tojolabales. Y también está la
junta de buen gobierno Corazón del arcoiris de la esperanza.

Alegría sin alcohol

Una vez más, y como siempre, llama la atención una fiesta indígena,
concurrida y alegre, donde nadie está borracho. Bailarán hasta el
amanecer un interminable número de cumbias y pasitos gruperos. El orador
menciona que el alcohol no permite hacer deporte, y hacerlo bien. Lo
mismo con la lucha.

El programa cultural previo incluyó unos 20 números, muchos de ellos a
cargo de niños de distintas edades: canciones, "bonitas poesías",
bailables, vivas y declamaciones, todo un mosaico de la educación
primaria en las escuelas autónomas. Ya vienen bien plantados desde
chiquitos.

El concejo municipal autónomo de 17 de Noviembre pide disculpas. "Ser
autoridad es ser capaz de llegar a un acuerdo con el pueblo para todo. Y
nosotros hacemos hasta lo posible para cumplir nuestros trabajos".
Procede a entregar premios (balones) a los equipos de los distintos
pueblos "que alcanzaron algún lugar" en los torneos. "Quisimos premiar
hasta el cuarto lugar, pero no se pudo. Y es que tenemos que saber que
estar en resistencia significa muchas cosas". Y de eso es la disculpa:
de que no se pudo dar premio a los cuartos lugares. Participaron 20
equipos de basquetbol, de hombres y de mujeres, y 10 de futbol.

En la noche, grupos de chavos se corretean por las laderas y retozan con
más bullicio que rudeza. Al bailar "el pasito del alacrán" las muchachas
muestran una picardía que quién las viera. También los niños bailan.
Todos en una compacta masa humana sobre la cancha de básquet.

En los municipios zapatistas el 10 de abril comenzó a las seis de la
mañana con actos para izar la bandera nacional y la del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional a media asta, y se siguió con juegos y
bailes hasta la mañana siguiente. No se comportan como quien conmemora a
un muerto; más bien como si Emiliano Zapata estuviera vivo. En ellos,
que bailando vieron el amanecer.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=politica&article=018n1pol

*Exige la OCEZ la liberación de cinco labriegos*

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 11 de abril. Luego de caminar 10 kilómetros
desde la cabecera municipal de Venustiano Carranza hasta el centro de
esta capital, cientos de integrantes de la Organización Campesina
Emiliano Zapata (OCEZ) se plantaron frente a las oficinas centrales del
gobierno estatal, al que exigen la libertad de cinco labriegos de esa
localidad conurbada.

Los manifestantes, incluidos mujeres y niños, advirtieron que se
quedarán allí hasta ver libres a Ángel Hidalgo Espinosa, los hermanos
Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales, y José Arnulfo Díaz Vázquez,
detenidos desde 2003.

"La detención y sentencia de 300 años de cárcel de nuestros compañeros
es injusta e ilegal", sostuvieron, e hicieron hincapié en que cuatro de
los detenidos fueron acusados de dar muerte a ocho personas con quienes
disputaban un predio, y el quinto por haber efectuado manifestaciones
para pedir su libertad.

Irregularidades en los procesos

Reiteraron las inconsistencias e irregularidades en los procesos penales
y dijeron que un jurista podría dar cuenta de ellas.

Una comisión fue recibida por el subsecretario de Relaciones Políticas
del gobierno estatal, Seth Vázquez Hernández, quien les dijo que "en la
semana del 14 al 18 de abril podrían ser recibidos por el secretario de
Gobierno, Antonio Morales Messner" para que expongan su demanda.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=politica&article=018n2pol

*Dos listas electorales trotskistas se disputan el emblema de la hoz y
el martillo
Lucha la izquierda en Italia por sobrevivir ante el rechazo popular a
sus políticas de gobierno*

Luis Hernández Navarro (Enviado)

Padua, 11 de abril. Es la fuerza de los símbolos. Entre las listas
electorales que buscan el voto en las elecciones del 13 y 14 de abril en
Italia hay dos que tienen como emblema la hoz y el martillo. Dos de
ellas, Izquierda Crítica y el Partido Comunista del Trabajo, son
pequeños desprendimientos trostkistas de Refundación Comunista.
Curiosamente, ni Refundación ni el Partido de los Comunistas Italianos
utilizarán ese logo. Su imagen común, la que comparten con sus aliados
de Izquierda Democrática y los Verdes, es un arcoiris.

No es un asunto pequeño. En un país en que, antes de disolverse, el
Partido Comunista tuvo tanta fuerza, hay muchos posibles votantes que
están dispuestos a dar su sufragio a quien siga reivindicando la hoz y
el martillo. Hay quien sostiene que reivindicar el emblema es
rehabilitar la propia cultura; abandonarlo, en cambio, es renunciar a la
propia historia.

La izquierda del arcoiris no la tiene fácil. Lucha por su sobrevivencia.
Necesita evitar que le suceda lo que le pasó a Izquierda Unida en España
y al Partido Comunista y la izquierda radical en Francia. Estas
agrupaciones pasaron a ser fuerzas casi testimoniales después de haber
tenido una indudable influencia electoral.

Promotora de la candidatura de Fausto Bertinotti, con una dirección
provisional, la izquierda del arcoiris se enfrenta tanto a una fuerte
corriente en favor del voto útil que llama a votar por el Partido
Democrático (PD) para evitar el triunfo del derechista empresario Silvio
Berlusconi, como al desencanto y desilusión de una parte de su militancia.

Las fuerzas que la integran, pero sobre todo Refundación Comunista,
viven el duelo por la muerte del gobierno Prodi, y el vacío de haber
participado en él como sus principales soportes, aun a costa de
renunciar a impulsar su propio programa, sin obtener a cambio ninguna
transformación significativa de la cuestión social. Además, según Silvio
Berlusconi, las mujeres de su coalición son más guapas y mejor
preparadas que las de izquierda.

De acuerdo con Bertinotti, el Arcoiris no es una mera coalición
electoral sino un nuevo sujeto político de la izquierda constituido
desde la base, que nace contra el modelo estadunidense que esteriliza el
conflicto social. Importantes intelectuales como Pietro Ingrao, Rossana
Rossanda, Mario Tronti, Marco Belloccio y Paolo Rossi han firmado un
desplegado dando cuatro razones para votar por ella y criticar al voto
útil en favor de los partidos más grandes, reivindicando que el suyo es
un voto útil a la democracia y al renacimiento de otra política, y
advirtiendo sobre los riesgos del bipartidismo. Sostienen que votar por
el Arcoiris es sufragar por la esperanza a la que no se puede renunciar.

Sin embargo, el desánimo existe y no es exclusivo de la militancia de
izquierda. La economía del país está estancada. Los salarios son los más
bajos de Europa. El trabajo precario está extendido y el desempleo entre
los jóvenes de menos de 25 años supera 27 por ciento. Los precios de los
alimentos son cada vez mayores. Los ferrocarriles que no son de alta
velocidad funcionan mal. Alitalia, la principal línea aérea, se
encuentra al borde de la bancarrota y no logra ser vendida. La evasión
fiscal es altísima. Sus políticos son los de mayor edad del viejo
continente: su promedio es 61 años. Y, por si fuera poco, se ha abierto
un escándalo al descubrirse vinos adulterados y queso mozzarella, uno de
los más emblemáticos productos de exportación de un país que se precia
por la calidad de su comida, contaminado.

Culpa de la contaminación del queso la tiene las montañas de basura que
se apilan en Nápoles, que provoca una crisis regional. El alcalde de la
ciudad ha comenzado la limpieza de varias zonas contaminadas y anunció
que enviara los deshechos a Alemania. Entre 100 mil y 160 mil toneladas
de desperdicios viajarán a ciudades como Westfalia, Hamburgo, Sajonia y
Baviera, por 30 millones de euros.

En ese ambiente, las propuestas de cambio y renovación han navegado con
fortuna. Todos las enarbolan como parte de su marketing electoral. "La
lucha de clases pertenece al pasado", ha dicho Walter Veltroni, el
candidato del PD. Sin embargo, otros son menos optimistas. Es el caso
del politólogo Marco Revelli. Para él, Italia se dirige hacia la
transformación oligárquica de la democracia representativa, una
forma "moderna" de despotismo. Los partidos políticos se han convertido
en grandes formaciones mediáticas capaces de crear eventos mediáticos,
que terminan por convertir a los ciudadanos en espectadores de la selva
de micrófonos. El espacio público se ha transformado como resultado de
la globalización, convirtiéndose en espacio privado.

Por supuesto, cada quien interpreta esta necesidad de cambio como
quiere. Algunos, por ejemplo, haciendo retroceder la manecillas del
reloj de la historia. Es el caso del Partido contra el Aborto, que
considera un crimen la suspensión del embarazo –legalizada en Italia
hace mas de 25 años– y la píldora del día siguiente. Está dirigido por
Giuliano Ferrara, un antiguo militante del Partido Comunista, informante
confeso de la CIA, ateo pero admirador de Benedicto XVI. Durante sus
actos de campaña ha tenido que enfrentar la ira airada de multitud de
mujeres jóvenes, que interrumpen sus discursos con consignas y silbatos.

Lo nuevo, según Il Cavaliere Berlusconi, consiste en "invitar" al jefe
de Estado italiano, Giorgio Napolitano, a renunciar al cargo para el que
fue nombrado por siete años, y ofrecer a la centroizquierda ocupar, a
cambio, la presidencia de una de las cámaras. Cambio de verdad o
continuidad disfrazada de cambio, Italia se juega en estas elecciones la
posibilidad de salir del estancamiento.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=mundo&article=029n1mun

*El asesinato reciente de 3 líderes indígenas, muestra de la violencia
cotidiana en Oaxaca
Mediante crímenes, Ulises Ruiz busca frenar la lucha de pueblos
indígenas: organizaciones*

? Hostigamiento y detención de activistas configuran una política
parapolicial y represiva, dicen

Emir Olivares y Octavio Vélez (Reportero y corresponsal)

Organizaciones sociales e indígenas de Oaxaca denunciaron que el
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz "busca frenar la lucha legítima de
nuestros pueblos" mediante una política de estado basada en secuestros,
arrestos y asesinatos de luchadores sociales.

En un documento emitido por el municipio autónomo de San Juan Copala, la
Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de México, autoridades
de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos
Indígenas, entre otros, se denuncia que recientemente fueron asesinados
los líderes indígenas Plácido López, Lauro Juárez y Rosalino Díaz, lo
que "muestra la violencia cotidiana que se vive en nuestro estado.

Las organizaciones oaxaqueñas denunciaron también detenciones
arbitrarias de luchadores sociales como Pedro Castillo, Flavio Sosa
Villavicencio, Adán Mejía, Miguel Ángel García, Constantino Castro
López, entre otros, quienes "se encuentran injustamente detenidos, por
lo que exigimos su inmediata liberación". Además, demandaron la
cancelación de órdenes de arresto libradas contra decenas de dirigentes
indígenas y sociales.

"La impunidad, la fabricación de culpables y la indiscriminada
liberación de órdenes de aprehensión y otros actos de hostigamiento
contra líderes sociales y comunitarios, configuran en Oaxaca una
política parapolicial y represiva de las garantías constitucionales,
derechos humanos y garantías de derechos indígenas", señalan.

Asimismo exigieron presentar con vida a las indígenas triques Virginia y
Daniela Ortiz García, desaparecidas en julio de 1997; que la PGR
intervenga "inmediatamente" en los crímenes referidos y cese la
represión que el gobierno de Ulises Ruiz encabeza contra los movimientos
sociales en la entidad.

En este contexto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo denunció que elementos del Ejército Mexicano ocuparon hoy el
municipio de Matías Romero e instalaron un reten en la colonia Rincón
Viejo, Santa María Petapa, para indagar las actividades de los
integrantes de esa organización.

Carlos Beas Torres, coordinador de Programas de la agrupación, dijo que
los soldados arribaron a las 13 horas a la colonia Rincón Viejo cuando
se encontraban reunidos en las oficinas varios campesinos de San Juan
Guichicovi, Matías Romero, Barrio de la Soledad y Santa María Petapa,
afectados por la ampliación del tendido eléctrico Juchitán,
Oaxaca-Acayucan, Veracruz, de la Comisión Federal de Electricidad.

Mencionó que los militares interrogaron en forma prepotente y grosera a
los vecinos de la colonia sobre las actividades de la Ucizoni. A pesar
de esto, destacó que unos mil integrantes de la organización y
profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, así como vecinos de las colonias populares y trabajadores del
sector salud marcharon por las calles de Matías Romero, para demandar
mejoras en el servicio del Hospital IMSS-Oportunidades.

Beas Torres condenó el uso de tropas en tareas propias de los cuerpos
policiacos pues además de violar la Constitución Federal, la falta de
preparación de los militares los lleva con facilidad a violar las
garantías constitucionales y los derechos humanos de la población civil.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=estados&article=031n1est

*Condena la Unesco el asesinato de dos locutoras de la radio trique
*
AFP, Octavio Vélez y Emir Olivares, agencia, reportero y corresponsal

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Koichiro Matsuura, expresó su "más
firme repulsa por los asesinatos perpetrados contra Felicitas Martínez
Sánchez y Teresa Bautista Merino, locutoras de la radio trique La voz
que rompe el silencio", quienes el pasado 7 de abril fueron emboscadas
cuando se dirigían a cubrir el Encuentro Estatal por la Defensa de los
Derechos de los Pueblos de Oaxaca, en la capital del estado.

"Matar periodistas es un crimen odioso que causa un grave perjuicio a la
sociedad, pues socava el derecho democrático de los ciudadanos a debatir
las cuestiones de interés común disponiendo de información suficiente, y
adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa", dijo Koichiro
Matsuura, según un despacho de la agencia AFP fechado en París, Francia.

En este contexto, el municipio autónomo de San Juan Copala, autoridades
de Yosotatu, el Centro de Orientación y Asesoría de los Pueblos
Indígenas, y la Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste de
México, responsabilizaron de este crimen a "una banda de pistoleros
ligada al Partido Unidad Popular (de registro local)".

Exigieron una investigación clara e imparcial y el castigo a los autores
materiales e intelectuales; además demandaron la intervención de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra
Periodistas, de la Procuraduría General de la República, y de la
visitaduría que investiga los atentados contra comunicadores de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste Mexicano, integrada
por 16 estaciones de Oaxaca y del sur de Veracruz, señaló que este grave
atentado "contraviene los principios de libertad de expresión y acceso a
los medios de comunicación indígenas reconocidos en nuestra Constitución
y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos como el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Americana de Derechos Humanos y la recientemente publicada Declaración
Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas".

En un comunicado expuso que el ataque a un comunicador es también contra
la sociedad en general, pero además afrenta a un pueblo indígena con
historia, atenta contra su lengua y sus tradiciones y evidencia la
intolerancia de ciertos grupos de poder contra la autodeterminación
ejercida desde los propios grupos indígenas.

Destacó que la responsabilidad del Estado mexicano en estos hechos debe
contemplar una investigación seria, exhaustiva e imparcial y contener
medidas concretas para garantizar la seguridad de los colaboradores de
La Voz, quienes después del atentado han dejado de transmitir.

Urge, señaló, que las autoridades federales asuman su responsabilidad en
este asunto e intervengan, en la medida de su marco legal,
coordinadamente con las autoridades de Oaxaca, la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Contra Periodistas y que la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada no eluda su
compromiso en este caso.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=estados&article=031n2est

*Los de Abajo*

Gloria Muñoz Ramírez
losylasdeabajo@yahoo.com.mx

? El Kilombo

En el número 324 de la calle Geer, en Durham, Carolina del Norte, se
abre un espacio autónomo con una auténtica y creciente participación de
la comunidad "de color"; es decir, trabajadores, estudiantes, niños y
niñas de origen latino, asiático y afroamericano. Se trata de El
Kilombo, un modesto centro comunitario en el que la gente del barrio
organiza círculos de estudio en inglés y en español, una librería con
temática autónoma y radical, clases de inglés y computación, internet
gratis, programas de salud, un proyecto de agricultura autosustentable y
otros programas que se construyen de acuerdo con las necesidades y
demandas de la población.

En la pasada década, Carolina del Norte ha cambiado su rostro y se ha
convertido, junto con Georgia, en el estado con mayor crecimiento de la
población latinoamericana en EU. "Es un fenómeno extremadamente nuevo;
existen muy pocas instituciones oficiales para nuestra población.
Pensamos que exactamente por estas características, y además por la
presencia mayoritaria de hermanos afroamericanos, esta región es ideal
para organizarse desde abajo y a la izquierda", señala Álvaro.

De acuerdo con estadísticas oficiales (siempre limitadas), en Carolina
del Norte hay cerca de 700 mil migrantes, de los cuales 73 por ciento
son mexicanos, la mayoría indocumentados. Vienen de Puebla, Veracruz,
Guerrero, Michoacán, estado de México, DF y San Luis Potosí,
principalmente, y se dedican a la agricultura, jardinería, albañilería y
pintura, entre otras actividades con las que contribuyen a la economía
del estado.

El Kilombo abrió sus puertas en 2006 y se define como un colectivo al
que "llegamos todos con el deseo compartido de vivir de forma diferente
y de actuar políticamente; además de una insatisfacción común con las
campañas monotemáticas y la serie de intervenciones caritativas muy
particulares de las ONG y de la izquierda tradicional".

Hoy, en este pequeño espacio de libertad, crece el espíritu comunitario
entre una población fragmentada desde arriba, en la que es un desafío la
convivencia y lucha común entre latinos, afroamericanos, asiáticos,
chicanos y otros estadunidenses.

Inspirado en diversos movimientos autónomos, entre ellos la experiencia
de las comunidades zapatistas, El Kilombo responde a necesidades
concretas de la comunidad, a partir de la organización desde abajo, con
decisiones tomadas en asamblea. Se trata, indican, de "crear espacios en
donde podamos formar nuevas relaciones sociales".
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=018o1pol

*Raúl Zibechi
Guardia Indígena*

En las montañas del norte del departamento del Cauca, en la cordillera
central de Colombia, a unos 100 kilómetros al sur de Cali, se viene
desarrollando desde hace varias décadas una de las más notables
experiencias de construcción de un mundo diferente al hegemónico. La
región está atravesada de múltiples conflictos: terratenientes con
extensas plantaciones de caña contra pequeños campesinos,
multinacionales buscando explotar minerales que necesitan expulsar
pueblos enteros, narcotraficantes aliados con paramilitares contra todos
lo que se interpongan en sus negocios y, finalmente, la eterna guerra
colombiana, cuyo último gran capítulo cumplió esta semana 60 años, al
celebrarse un nuevo aniversario del asesinato del líder liberal Jorge
Eliécer Gaitán.

En medio de esa guerra parece un milagro que los indígenas del norte del
Cauca sigan adelante con sus proyectos de vida y esperanza. En una
pequeña superficie de 190 mil hectáreas entre los mil 200 y los 4 mil
metros sobre el nivel del mar, de las que sólo 10 mil son planas, algo
más de 110 mil personas (85 por ciento indios nasa, 5 por ciento
guambianos y 10 por ciento afros y mestizos) han puesto en marcha una
experiencia única en Sudamérica, que tiene sin embargo mucho en común
con el neozapatismo de Chiapas y su construcción de un mundo nuevo. Vale
decir que 80 por ciento de esas tierras han sido recuperadas a los
terratenientes a lo largo de más de 30 años de luchas, en los que la
violencia se ha cobrado miles de vidas indígenas.

En esa región, 25 mil familias viven en 304 veredas, pequeños pueblos
rurales, y se autogobiernan por medio de 18 cabildos, autoridad indígena
tradicional reconocida en la Constitución de 1991, pero acosada por el
Estado y sus fuerzas armadas. La estructura de poder se fue construyendo
de abajo arriba: asambleas de las veredas eligen alguaciles que
acompañan a los gobernadores de los cabildos, que son elegidos a su vez
por grandes asambleas en cada uno de los resguardos indígenas. Los
cabildos son formas de poder indígena enraizados en territorios o
resguardos.

Los nasa ("gente", en lengua originaria) buscan afirmar la justicia
comunitaria, la educación y la salud propias, el control sobre el
territorio y el autogobierno. "Eso es para nosotros el mandar
obedeciendo", dice Ezequiel Vitonás, veterano dirigente nasa que fue
gobernador y ahora acompaña el proceso que encabeza la Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). En sus territorios
autogobernados han construido proyectos trascendentales, como el Espacio
de Formación de Derecho Propio, una escuela de la que este año saldrán
los primeros 60 consejeros jurídicos que trabajarán "para ejercer
autonomía desde el derecho propio". La escuela fue una decisión de las
comunidades para fortalecer el autogobierno ante las amenazas externas,
pero también para apoyar a las autoridades promoviendo evaluaciones
colectivas para superar los conflictos internos.

Otro espacio notable es el Centro de Educación, Capacitación e
Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad (CECIDIC),
definido como "un lugar de encuentro de la comunidad nasa", que funciona
en una finca recuperada de 68 hectáreas en el resguardo de San
Francisco. El centro depende de los cabildos y fue construido por medio
de grandes mingas comunitarias. Aunque el pueblo nasa puso en pie
proyectos de educación bilingüe desde 1980, el CECIDIC trabaja en la
formación para una educación propia que exprese un modelo educativo
nuevo. Unos 800 jóvenes se forman en el bachillerato agrícola con
énfasis en lo ambiental y en la organización comunitaria y otros 150
participan en carreras universitarias como etnoeducación, tecnología en
agroindustria, economía y ciencias sociales. Los estudiantes aprenden
trabajando en el sector agrosilvopastoril, en la escuela de artes y
oficios y en las escuelas de animadores comunitarios.

Pero la experiencia más notable es quizá la Guardia Indígena, definida
como "un instrumento de resistencia frente a la injusticia", como
"comunidad al servicio de la comunidad y defensa de nuestro territorio".
Ante la agudización del conflicto armado y una serie de asesinatos
cometidos por paramilitares, las comunidades y los cabildos decidieron
recomponer sus intrumentos de seguridad, entre ellos la Guardia
Indígena, que fue reconocida por las autoridades nasa en una gran
asamblea realizada en el resguardo de Tacueyó, en mayo de 2001. No tiene
carácter militar y sus miembros se identifican por el tradicional bastón
de mando de las autoridades indígenas.

Cada vereda elige en asamblea 10 guardias y un coordinador, lo que suma
algo más de 3 mil guardias indígenas coordinados en cada resguardo. Se
pueden ver mujeres y varones desde 12 hasta 50 años. La formación
política es el aspecto más importante, ya que la guardia se considera
más educativa que represiva. Todos los meses realizan talleres
obligatorios, que suelen durar tres días y que luego cada coordinador
replica en su vereda. Los guardias con los que fue posible conversar
aseguran que no actúan como policías y que, por el contrario, se
consideran "formadores de organización, protectores de la comunidad y
defensores de la vida sin involucrarnos en la guerra". Por cierto, tanto
las fuerzas armadas del Estado como las FARC se sienten incómodas, por
decir lo menos, con esos comuneros que en grandes grupos se reúnen para
proteger a su pueblo.

Los cabildos y la Guardia Indígena definieron "sitios de asamblea
permanente" donde las comunidades se congregan en situaciones de
emergencia, sobre todo durante los frecuentes enfrentamientos armados en
una de las regiones más violentas de Colombia. Ellos los definen como
"sitios de resistencia indígena, espacios para la protección, la
reflexión y el análisis comunitario". En el proceso nasa es muy firme la
apuesta a no ingresar en la guerra y resistir juntos. Pero se han
propuesto hacerlo "respetando la diversidad y la diferencia", o sea, sin
llegar a convertirse en fotocopia de los actores que en seis décadas
asesinaron a más de un millón de colombianos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=021a2pol

*Miguel Concha
Amicus curiae en Guerrero*

Organizaciones civiles extranjeras y mexicanas de derechos humanos y
ambientales denunciaron nuevamente la semana pasada violaciones
internacionales por la implementación del proyecto hidroeléctrico de La
Parota. Ello se suma a la solicitud que los relatores especiales de la
ONU sobre la Vivienda Adecuada y sobre la Situación de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas hicieron
en marzo pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que
el gobierno suspenda ese proyecto hasta garantizar la protección del
medio ambiente y los derechos humanos de las personas afectadas.

En junio de 2006 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de la ONU invitó al gobierno a atender esta situación. En marzo de ese
mismo año el Tribunal Latinoamericano del Agua había recomendado la
cancelación de la hidroeléctrica.

La Parota es un proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), que plantea la construcción de una gran presa en la
cuenca del río Papagayo, a menos de 50 kilómetros de Acapulco, con una
cortina de 192 metros de alto, que inundaría una área aproximadamente
igual a Guadalajara.

La CFE lo califica como una "alternativa viable, para contribuir a la
satisfacción de la demanda de energía eléctrica en el área central del
país". Sin embargo, las evidencias de los problemas ambientales y de
derechos humanos exigen una evaluación integral de las alternativas y de
la forma de su implementación. Desde 2003 se creó el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), un grupo de
comuneros afectados que suman más de 15 mil habitantes de los ejidos de
Los Huajes, La Palma, Dos Arroyos y Bienes Comunales de Cacahuatepec,
quienes han defendido sus derechos por medio de acciones legales y
políticas para proteger sus tierras y el agua que han usado por décadas.
Argumentan que la obra fue autorizada sin consulta ni información
adecuada, que no conocen estudios integrales de los impactos de la presa
y la manera de evitarlos, mitigarlos y compensarlos. Existen, además,
riesgos sísmicos, afectaciones a la calidad de agua, potencial deterioro
de la salud de las personas en la zona y daños ambientales irreparables
que no han sido adecuadamente evaluados. Por ello el Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA), junto con el CECOP, presentaron una demanda
de amparo el año pasado contra la CFE, la Comisión Nacional del Agua
(CNA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
por la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley
General de Equilibrio Ecológico, en virtud de que no prevén el derecho
de audiencia a las partes afectadas, y con ello violan los artículos 14
y 16 de la Constitución.

Dada la gravedad para los derechos humanos, la juez Livia Lizbeth
Larumbe, del octavo juzgado de distrito en Acapulco, otorgó el 14 de
agosto de 2007 la suspensión provisional de todas las obras del
proyecto, y el 13 de septiembre la suspensión definitiva de las
actividades de la CFE, hasta el final del proceso judicial. Por ello a
la fecha la CFE se encuentra legalmente impedida para ejecutar cualquier
obra que tienda a la materialización del proyecto. Sin embargo, el 31 de
octubre de 2007 la misma juez dicta otra sentencia, en la que resuelve
ilegalmente sobreseer el juicio de amparo, por considerar que todavía no
hay afectación directa a los comuneros. Esta acción fue apelada y está
pendiente de resolución ante un tribunal colegiado de Guerrero.
Considerando la importancia del caso para el país, se le pedirá a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo atraiga y lo resuelva.

Justamente por su gran relevancia nacional y mundial, más de 10
organizaciones nacionales e internacionales presentaron el pasado 27 de
marzo un escrito de amicus curiae (amigos de la corte) ante el tribunal
de Acapulco. La figura del amicus es un medio de participación ciudadana
en torno a temas y problemas de interés público, que internacionalmente
se usa para que personas expertas aporten a los jueces elementos
esenciales en un proceso, sobre todo cuando se trata de proteger
derechos humanos.

El amicus de La Parota, novedoso en México, destaca las más importantes
violaciones de derechos humanos y ambientales contenidos en tratados
internacionales, como la Convención Americana, el Protocolo de Derechos
Económicos Sociales y Culturales, la Convención sobre la Biodiversidad,
y las recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas. Las
organizaciones llaman la atención sobre el riesgo de que la
implementación de La Parota no tenga en cuenta experiencias nefastas en
otros países, ni las medidas y acciones existentes para evitarlos.
Recuerdan que a escala mundial ya no se construyen en los países más
desarrollados represas de este tamaño, y que incluso la Comisión Mundial
de Represas, organizada con el respaldo del Banco Mundial, recomendó
evitar construirlas e implementar opciones alternativas.

Por lo anterior, las organizaciones piden al tribunal ordenar al
gobierno atender las normas internacionales, considerar todas las
alternativas posibles, aprender de las experiencias mundiales, respetar
los derechos humanos de los afectados y proteger el ambiente de todos
los mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=022a2pol

*Silvia Ribeiro*
Combatiendo los TLC
*
Desde hace algo más de una década, los tratados de libre comercio o TLC
se han expandido como plaga por todo el mundo, condicionando gran parte
de nuestra vida cotidiana.

Más allá de solamente regular el comercio de mercancías entre países, se
han convertido en verdaderos factores de transformación de paradigmas (y
realidades) dentro de cada país, haciendo posible la privatización de
aspectos y recursos vitales para las sociedades, que si se hubieran
planteado separadamente, probablemente nunca se hubieran podido concretar.

Planteados en paquete y formulaciones aparentemente técnicas que la
mayoría no entiende, han logrado ahondar significativamente los abismos
de desigualdad dentro y entre las sociedades. Si la Organización Mundial
de Comercio es un arma poderosa para imponer regulaciones y privilegios
a favor de pocas trasnacionales y menos países (una "constitución del
mundo" como la llamara Renato Ruggiero, entonces director de la OMC), la
mayoría de los TLCs bilaterales o regionales han ido mucho más lejos en
temas puntuales, además de incluir otros que ni siquiera estaban en
consideración en este organismo global. Gracias a la cláusula de "nación
más favorecida" que la OMC impone a sus miembros, las condiciones que un
país acepta en cualquier tratado, incluso bilateral entre países del
Sur, se extienden automáticamente a cualquier otro país con el que tiene
firmado un TLC.

A través de los TLC, las empresas transnacionales han podido aumentar
exponencialmente sus ganancias, no sólo por la ampliación territorial de
sus mercados, sino al lograr convertir en mercancía recursos naturales y
aspectos vitales para la sobrevivencia, como la biodiversidad y los
conocimientos sobre ella, el agua y los servicios necesarios para poder
disfrutarla, los medicamentos, la educación y la atención a la salud,
entre otros. Pero también en todo el mundo existen luchas de resistencia
a estos tratados, desde sectores, temas y formas de organización
diversas, tal como en realidad es el mundo y opuesto a la uniformidad
que quisieran lograr las transnacionales para que todos seamos simples
compradores de sus productos y servicios.

El documento "Combatiendo los TLC", publicado por Grain, Biothai y el
colectivo Bilaterals.org en febrero del 2008, intenta dar cuenta de este
panorama, incluyendo contexto, temas, situación y resistencias que a lo
largo y ancho del mundo han suscitado estos acuerdos
(www.combatiendolostlc.org).

Por ejemplo, informa que según datos del Banco Mundial, al 2004 había un
total de 229 TLC vigentes en el mundo, y 174 países habían firmado al
menos uno. Un cifra conservadora, que no incluye los TLC firmados que no
han entrado en vigor, ni los que están en negociación. El TLCAN (Estados
Unidos, Canadá y México) es el principal precursor de las nuevas
generaciones de estos tratados, así como ahora la Alianza para la
Seguridad y Prosperidad en América del Norte (ASPAN) es una cabecera de
puente al agregar nuevos temas.

En la mayoría de estos acuerdos se repiten ciertos aspectos claves, que
incluyen entre otros: acceso a los mercados agrícolas (en la práctica,
para las trasnacionales) desmantelando la producción nacional,
fundamentalmente la campesina y de pequeña escala; protección y
privilegios a las inversiones de las empresas trasnacionales,
permitiendo que éstas puedan demandar directamente a los estados (México
ya ha sufrido desde 1996 más de 15 demandas de este tipo, por más de
1,700 millones de dólares del erario público), obligación de adoptar
leyes de propiedad intelectual con gran impacto negativo en el acceso a
medicinas para los países y sectores más pobres; obligación de imponer
propiedad intelectual a seres vivos, primero microorganismos y ahora
también plantas y animales, incluyendo genes humanos; liberalización de
los servicios financieros que facilitan los movimientos de capital
especulativo; conversión de los "servicios" en mercancías, obligando a
los estados a permitir la privatización de la educación, atención de la
salud, sistemas de agua y energía, comunicaciones y transportes;
redefinición de las funciones y bienes ambientales de la biodiversidad y
los ecosistemas en "servicios ambientales" que de esta forma pasan
también a ser mercancías.

Además de importantes datos para el análisis, el documento aporta un
panorama de las luchas contra estas imposiciones en el mundo, relatadas
por sus protagonistas. Finalmente ofrece algunos de los muchos
aprendizajes de estas batallas. Por ejemplo, los impactos de la
cooptación a través de la "participación" de sectores sociedad civil
dentro de las negociaciones, la trampa de "tener que presentar
alternativas", cuando lo único sensato es decir "no" antes propuestas
que nadie pidió y sólo interesan a las grandes empresas. Mucho más que
un informe coyuntural, una lectura necesaria para entender y pensar la
resistencia.

*Investigadora de Grupo ETC
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/12/index.php?section=opinion&article=025a1eco

Indice la Jornada, viernes 11 de abril de 2008

1- *Repudian asesinato de activista en Chihuahua y carestía de insumos
Conmemoran a Zapata con protestas en varias entidades

2- **Durante el funeral insisten en que la SRA causó conflicto agrario
Arraigan a dos presuntos implicados en asesinato de indígena en Chiapas

3- **Resistencia con causas

4- **Al presidente Rafael Correa

5- **Condenan crímenes

6- **Jaime Martínez Veloz
Chiapas: justicia para la reconciliación social

7- **Luis Javier Garrido
El saqueo*

*Repudian asesinato de activista en Chihuahua y carestía de insumos
Conmemoran a Zapata con protestas en varias entidades*

? Bloquean la Autopista del Sol y el puente internacional a Guatemala

? Alertan sobre el declive de la actividad agrícola en Michoacán y NL

De los corresponsales

Ampliar la imagen En el monumento a Zapata, en Buenavista, Morelos,
integrantes del Movimiento de los 13 pueblos exigieron respetar el
derecho a un medio ambiente sano y frenar la autorización indiscriminada
de conjuntos habitacionales. Mientras, las viudas del movimiento
zapatista recibieron del gobierno federal sólo mil pesos de sus
pensiones atrasadas y realizaron una manifestación silenciosa en Cuautla
En el monumento a Zapata, en Buenavista, Morelos, integrantes del
Movimiento de los 13 pueblos exigieron respetar el derecho a un medio
ambiente sano y frenar la autorización indiscriminada de conjuntos
habitacionales. Mientras, las viudas del movimiento zapatista recibieron
del gobierno federal sólo mil pesos de sus pensiones atrasadas y
realizaron una manifestación silenciosa en Cuautla Foto: Guillermo Luna
/ La Jornada Morelos

Ampliar la imagen Un grupo de campesinos bloqueó la delegación de la
Sagarpa en Sonora en demanda de apoyos para el pago de energía eléctrica
y permisos de usos de agua Un grupo de campesinos bloqueó la delegación
de la Sagarpa en Sonora en demanda de apoyos para el pago de energía
eléctrica y permisos de usos de agua Foto: Ulises Gutiérrez

Ampliar la imagen Mientras, más de 200 personas se reunieron este jueves
en los límites de Hidalgo con Veracruz, para acordar una serie de
actividades que reflejen la permanente lucha por la tierra Mientras, más
de 200 personas se reunieron este jueves en los límites de Hidalgo con
Veracruz, para acordar una serie de actividades que reflejen la
permanente lucha por la tierra Foto: Carlos Camacho

El 89 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata se convirtió ayer en
ocasión para que miles de campesinos protestaran por los altos costos de
los insumos agrícolas y exigieran al gobierno tierras, liberar a presos
por conflictor agrarios y justicia para los asesinados, entre ellos
Armando Villarreal Marta, dirigente de la Organización Agrodinámica
Nacional, ultimado el 12 de marzo.

La manifestación más numerosa se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
donde se unieron campesinos que pidieron tierras, cañeros que
denunciaron fraudes de dirigentes de la Confederación Nacional Campesina
(CNC), estudiantes que piden que se mantenga la matrícula de sus
escuelas y colonos que demandan la regularización de sus solares.

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo informó que bloqueó el
puente fronterizo internacional de Talismán, que comunica Chiapas con
Guatemala, y las carreteras que van de la cabecera municipal de
Altamirano hacia Ocosingo y Comitán.

Un contingente de unos 500 integrantes de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Guerrero protestó en Chilpancingo y bloqueó una hora la
Autopista del Sol. Luego se trasladaron al palacio de gobierno, donde
fueron recibidos en audiencia, pero no se resolvieron sus demandas.

Mientras, 700 afiliados al Movimiento Socialista de la Sierra del Sur y
de la Organización Campesina de la Sierra del Sur marcharon en
Chilpancingo para exigir que baje el precio de los fertilizantes, señaló
su dirigente, Ranferi Hernández Acevedo.

Una tercera columna, en la que participaron miembros de la CNC, la
Central Campesina Independiente y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala
(CNPA), entre otras organizaciones, protestaron fuera de la delegación
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).

En Ciudad Juárez, Chihuahua, cientos de personas marcharon para exigir
justicia por el homicidio de Armando Villarreal Martha, y en protesta
por la detención, ocurrida el 3 de abril, del también líder campesino
Carlos Chávez y de la activista Cipriana Jurado, por participar en un
bloqueo en el puente internacional de esta ciudad.

En Durango, integrantes de la Organización de Defensa Campesina Plan de
Ayala ocuparon más de una hora las oficinas de la Sagarpa y de la
Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado porque, denunció su
dirigente, Sergio Silva, sólo se entregan apoyos del programa de sequía
a productores cenecistas.

Otras 40 personas bloquearon dos horas la entrada de la delegación de la
Sagarpa en Sonora para exigir apoyos a los productores de maíz y otros
cultivos debido a las altas tarifas de electricidad para riego, según
Jaime Moreno Berry, dirigente de la CNPA en la entidad.

Destacó que a los agricultores les cobran una tarifa de 120 pesos por
por hora, en lugar de los 20 que se pagan en otras entidades
beneficiadas con programas de subsidio. También se quejó de los altos
costos del agua de riego y exigió al gobierno federal políticas en favor
de los campesinos.

En Múgica, Michoacán, Roberto Hule Calderón, presidente del comisariado
ejidal de Nueva Italia, considerado el ejido más grande del país,
entregó al gobernador Leonel Godoy Rangel un documento en el cual señala
que los altos costos de los insumos, la falta de mercado y los problemas
de comercialización provocaron que de las 735 huertas de mango de las
variedades Haden, Tommy Atkins y ataúlfo que había en 2007, sólo queden
536, que suman 2 mil 300 hectáreas.

Bajo un intenso sol se reunieron en Tecoluco de Jalpan, municipio de
Huautla, Hidalgo, dirigentes campesinos y luchadores sociales de esa
entidad, de Veracruz, San Luis Potosí, Michoacán, Chiapas y Guerrero, y
acordaron demandar la entregar de "presos políticos".

Convocados por el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata,
más de 200 personas participaron en actividades políticas y culturales.
Ramiro Díaz Baltasar, vocero de la agrupación, recordó que en tres
décadas se ha asesinado a 100 integrantes de esa organización y detenido
a 500.

En Nuevo León, la falta de lluvias hizo que se perdiera más de 80 por
ciento de los cultivos del ciclo otoño-invierno 2007 y fue imposible
sembrar una sola hectárea de temporal en el periodo temprano 2008, que
cerró el pasado 31 de marzo, aseguró Sergio Vázquez Carrera, presidente
local de la CNC.

Ángeles Mariscal, Elio Henríquez, Sergio Ocampo, Saúl Maldonado, Ulises
Gutiérrez, Rubén Villalpando, Ernesto Martínez, Carlos Camacho, David
Carrizales y La Jornada Morelos
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=estados&article=034n1est

*Durante el funeral insisten en que la SRA causó conflicto agrario
Arraigan a dos presuntos implicados en asesinato de indígena en Chiapas*

Ángeles Mariscal y Elio Henríquez (Corresponsal)

El Ministerio de Justicia de Chiapas arraigó a Agustín Pérez García y
Nicolás Pérez Gómez –este último padre del alcalde de Chalchihuitán,
Domingo Pérez Luna– por su presunta participación en el homicidio del
indígena Antonio Jiménez Ruiz, a raíz de un conflicto de tierras entre
los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

Antonio fue sepultado este jueves en la comunidad de Majomut, en una
ceremonia en la cual se demandó justicia y se insistió en que la
Secretaría de la Reforma Agraria es responsable indirecta del asesinato,
pues generó la controversia por 885 hectáreas hace 34 años al ejecutar
mal una resolución presidencial.

Fuentes no oficiales sostuvieron que las autoridades agrarias ofrecieron
al ayuntamiento de Chenalhó ocho millones de pesos de indemnización por
el territorio que perdería si el fallo del Tribunal Unitario Agrario,
encargado de dirimir el conflicto, favorece a Chalchihuitán. Indicaron
que autoridades y pobladores de Chenalhó rechazaron la propuesta y
reiteraron su exigencia de que les entreguen las tierras.

Durante el sepelio varias personas tomaron la palabra para asegurar que
el homicidio de Jiménez Ruiz fue "'una agresión al municipio de
Chenalhó" y exigir que los responsables materiales e intelectuales sean
encarcelados.

"Antonio lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de defender las 855
hectáreas que la SRA le dio a Chalchihitán, no sólo las cuatro hectáreas
de la parcela que él compartía con otros tres hermanos", comentó una
hermana del difunto.

Autoridades de Chenalhó pidieron al gobierno de Chiapas solucionar el
conflicto para evitar más hechos de sangre y divisiones. También
insistieron en que se indemnice a la viuda, Angelina Jiménez, quien
quedó a cargo de cinco niños y de su suegra, también viuda. Se informó
que el gobierno estatal proporcionó unos 15 mil pesos para el funeral
del tzotzil.

Desde el miércoles, habitantes de Chalchihuitán han vuelto a viajar a
San Cristóbal de las Casas, la principal ciudad de Altos de Chiapas, lo
que habían suspendido para evitar pasar por Chenalhó. Mientras, eientos
de policías estatales permanecen en ambos municipios.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=estados&article=035n2est

*Resistencia con causas*

En menos de dos días, la iniciativa de reformas enviada el martes por el
Ejecutivo federal al Senado, con la que el grupo en el poder pretende
legalizar y ampliar la inversión privada en la industria petrolera,
generó acciones de resistencia que expresan el sentir de amplios
sectores de la sociedad en torno a la necesidad de preservar
íntegramente el carácter nacional de los yacimientos de hidrocarburos y
los procesos de prospección, extracción, refinación y transporte del
petróleo.

El descontento, que se expresa tanto en los salones de plenos de las
cámaras legislativas como en las calles, no se origina únicamente en el
empeño calderonista por entregar a particulares segmentos enteros de la
industria petrolera, sino también en las argumentaciones falaces y las
maneras antidemocráticas empleadas por el gobierno federal para imponer
una privatización a la que ni siquiera se atreve a llamar por su nombre,
y para eludir un debate que de antemano tiene perdido. El discurso
oficial ha sido incapaz de concebir un solo argumento verosímil para
justificar el empecinamiento privatizador. El presunto "tesoro de las
aguas profundas" no es la única vía posible para sostener o incrementar
la producción de crudo y la tecnología para ello puede obtenerse por
vías que no impliquen cesión de atribuciones constitucionales exclusivas
de la nación; las formas presentadas en la iniciativa para "fortalecer
a Pemex" son en realidad, a la vista del sentido común, estrategias para
debilitar a la paraestatal; por lo demás, resulta insostenible el
alegado propósito oficial de emplear la renta petrolera en el desarrollo
nacional y en el combate a la pobreza, pues nada garantiza que la actual
administración –cuyo principal funcionario fue secretario de Energía
de la anterior– no vaya a dilapidar o a desaparecer los recursos
derivados de las exportaciones de crudo, como hizo el foxismo. Asimismo,
el aserto gubernamental de que la iniciativa de reforma energética "no
implica la privatización de Pemex" es una trampa argumental adicional,
pues el propósito real es mucho más grave y cuestionable: lo que se
pretende privatizar, en principio, son funciones sustanciales de la
empresa, la cual iría reduciéndose, de prosperar el intento, hasta ser
una suerte de agencia que repartiría contratos, y ni siquiera al mejor
postor, sino, previsiblemente –por algo la iniciativa busca ampliar los
márgenes de discrecionalidad y el ámbito de las adjudicaciones
directas–, a los consorcios con mayor capacidad de cabildeo, presión
política y compra de funcionarios públicos.

Tales subterfugios han puesto sobre la mesa, así sea en forma
involuntaria, el verdadero sentido en el que debe desarrollarse la
discusión sobre el futuro de nuestra industria petrolera: antes incluso
de analizar si es conveniente transferirla, en todo o en partes, a manos
privadas, debe someterse a la consideración de la sociedad si es
correcto que la administración pública financie sus propias
ineficiencias, sus dispendios y su corrupción con cargo a la factura
petrolera, y si no resulta pertinente, en cambio, exigir a los
gobernantes que establezcan una recaudación fiscal eficiente y justa y
empiecen a desempeñarse con probidad, productividad y un espíritu de
verdadera austeridad republicana.

Más allá del empeño oficial por confundir a la opinión pública –y de las
campañas mediáticas, particularmente televisivas, lanzadas en horas
recientes para criminalizar la protesta social y atizar contra ella
ánimos de linchamiento–, el grupo en el poder ha pretendido operar su
intento de desnacionalización petrolera con un estilo característico: a
espaldas de la sociedad, y en los márgenes de una legalidad que se
justifica a sí misma con el cumplimiento del estricto formalismo y con
el sello de recibido en los documentos, es decir, de la misma manera en
que instauró la actual presidencia. Fieles a ese estilo, los gobernantes
en turno han tratado por todos los medios posibles de evitar el debate
nacional en torno a una reforma que a todas luces lo amerita y lo exige,
porque lesiona uno de los principios de base del México contemporáneo y
vulnera, con adulteraciones a leyes secundarias, el texto constitucional.

"Lo que ocurra en el Congreso para nosotros es lo relevante", dijo
anteayer Juan Camilo Mouriño, en un intento por descalificar las
movilizaciones populares en rechazo a la privatización parcial de la
industria petrolera. Se equivoca rotundamente: ante un tema de tal
trascendencia, lo relevante es lo que ocurre en el país (que es lo que
explica los sucesos de ayer en ambas cámaras), y uno de los puntos
medulares de la presente coyuntura es la exasperación de diversos
sectores nacionales ante el ensayo de una privatización que coronaría,
de salir avante, el largo ciclo de transferencias de lo público a lo
privado, que se inició hace cinco lustros y que ha dejado una pavorosa
secuela de depredación, de corrupción y, a la postre, de desintegración
nacional. A ese estado de ánimo debe añadirse el agravio causado por un
ejercicio insensible, tramposo y arrogante del poder público. Tales son,
en última instancia, los combustibles que alimentan la resistencia a la
privatización.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=002a1edi

*Al presidente Rafael Correa*

Al darle la bienvenida a nuestro país, en una coyuntura particularmente
compleja y difícil para los mexicanos, para los ecuatorianos y para toda
la América Latina, queremos expresarle, en primer lugar, nuestro
reconocimiento por las posiciones firmes y progresistas que ha asumido
desde el inicio de su mandato, alentando e impulsando la organización
social y política y los intereses de las grandes mayorías populares.
Confiamos en que, a diferencia de otros mandatarios latinoamericanos,
mantendrá en alto la dignidad y los principios que animan las grandes
causas de nuestros pueblos.

Enseguida, queremos advertirle sobre los objetivos reales de la actual
política exterior de México –claramente alineados con los de Washington–
para priorizar e inclusive intentar abrir nuevos espacios a los
proyectos neoliberales y neocoloniales, así como para proteger las
inversiones estadunidenses asociadas a las de nuestras oligarquías con
mecanismos jurídicos y militares que pretenden embarcarnos en
guerras "preventivas" y "antiterroristas". El Plan Colombia trasladado a
México como Plan Mérida no tiene otro significado.

Queremos también agradecer su intervención para rescatar con vida y
asilar a nuestra compatriota Lucía Morett, sobreviviente del artero
ataque en el que se derramó la sangre de jóvenes mexicanos, organizado y
perpetrado con toda evidencia por mandos militares de Estados Unidos,
con la subordinada participación de tropas colombianas en flagrante
violación de la soberanía de Ecuador. Sabemos que la suya, como todas
las visitas de Estado, implica protocolos y limitaciones ineludibles,
pero nada impide que lleve usted a su patria el saludo fraternal y
solidario del pueblo de México al pueblo ecuatoriano. ¡No nos harán
pelear entre hermanos! ¡Es la hora de la unidad latinoamericana!

Por Paz con Democracia: Miguel Álvarez, Guillermo Briseño, Alicia
Castellanos, Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Carlos Fazio, Jorge
Fernández Souza, Víctor Flores Olea, Magdalena Gómez, Óscar González,
Dolores González, Gilberto López y Rivas, Higinio Muñoz, Manuel Pérez
Rocha, Pablo Romo y Rafael Reygadas

*Condenan crímenes*

Dos nuevos crímenes ensangrientan Oaxaca: el 7 de abril fueron
asesinadas de forma artera dos locutoras triquis de la radiodifusora
comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Teresa Bautista Merino y
Felícitas Martínez Sánchez, mientras viajaban en un automóvil particular
en la región mixteca. Esto corresponde sin lugar a dudas a un crimen de
Estado. A la lucha pacífica y a la participación ciudadana, las fuerzas
represivas responden con la represión y la muerte, pensando poder
adormecer las conciencias y acallar así la disidencia. Obtiene el efecto
contrario: en todas partes crecen el repudio a la violencia
gubernamental y la solidaridad con la lucha de los pueblos de Oaxaca.
Nos unimos al dolor y a la rabia que embargan a nuestras hermanas
triquis y exigimos el fin del terrorismo estatal.

Víctor Martínez Pizano, Colibrí Colectivo Libertario

*Jaime Martínez Veloz
Chiapas: justicia para la reconciliación social
*
Durante la última visita a Chiapas de la primera Comisión de Concordia y
Pacificación (Cocopa) en abril de 1997, ésta visitó el penal de Cerro
Hueco en Tuxtla Gutiérrez para escuchar testimonios y quejas de
indígenas cuyos familiares habían sido heridos y asesinados, y que, en
el colmo del cinismo gubernamental, habían sido culpados injustamente de
los ilícitos que habían sufrido en carne propia durante la bárbara
acción criminal en contra de simpatizantes y bases de apoyo zapatistas
de la comunidad de San Pedro Nichtalacum, municipio de El Bosque. Desde
entonces, y aun desde antes, las injusticias en la procuración y
administración de justicia ya eran parte de la cotidianeidad chiapaneca.

Durante las semanas pasadas, un grupo de presos en distintos penales de
Chiapas, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, realizaron
una huelga de hambre, reclamando su libertad. El movimiento de las
personas injustamente aprehendidas en Chiapas no habría tenido el
desenlace que tuvo, si no hubieran coincidido factores, como la justeza
de las demandas, la sociedad civil y la respuesta atingente de los tres
poderes en el estado. Sin alguno de estos elementos los resultados
hubieran sido diferentes.

Las solicitudes de las organizaciones sociales y civiles chiapanecas
para revisar los expedientes de personas con procesos penales permitió
conocer vicios y conductas de servidores públicos ajenas al derecho, la
razón y la ética. Personas procesadas a solicitud de denuncias anónimas,
testimonios falsos o prefabricados, invención de delitos, falsificación
de pruebas y múltiples irregularidades caracterizaban los expedientes de
quienes reclamaban estar presos por un delito que no cometieron.

Enfrentar una situación de esta naturaleza no era ni será fácil para
ningún gobierno, pero atreverse a revisar los casos denunciados y
reconocer el carácter estructural de un problema de esta naturaleza no
es un hecho menor, ni una acción que deba ser desestimada.

De inmediato, ante el reclamo de los presos en huelga de hambre,
surgieron voces acusando al gobierno de Chiapas de pretender poner en
libertad a supuestos delincuentes y asesinos, con el claro propósito de
inhibir cualquier iniciativa en favor de las personas injustamente
presas. La respuesta coordinada del ejecutivo estatal, del Congreso y
del Poder Judicial permitió crear medidas de carácter jurídico para
revisar no sólo el de las personas en huelga, sino de muchos otros
injustamente presos o presas. Así, se creó la mesa de reconciliación
para las organizaciones sociales de Chiapas, cuyo trabajo de revisión de
expedientes y reposición de procedimientos en algunos casos permitió
instrumentar medidas jurídicas que permitieron obtener la libertad de
145 personas injustamente detenidas en 11 penales del estado, las cuales
se suman a las 91 personas liberadas por razones similares el año
pasado. Existen casos pendientes en que el gobierno del estado se
comprometió a revisar de nueva cuenta expedientes o reponer el
procedimiento.

La solución en los casos revisados debe ser un paso en la consolidación
de un nuevo sistema de justicia, construido por las representaciones
institucionales y las organizaciones sociales, civiles, empresariales y
de profesionistas. El actual gobierno ha realizado modificaciones
legales importantes para avanzar hacia un mejor sistema en la
procuración, impartición y administración de justicia, pero la deuda
histórica tiene raíces profundas y causas multifactoriales.

Lo que pase o deje de pasar en Chiapas tiene repercusiones locales y
nacionales, pues el estado se ha convertido en referente nacional. Hoy
Chiapas sigue siendo de los estados con los más bajos índices de
desarrollo humano, pero tiene infraestructura y bases para el
desarrollo, con las que no contaba antes del levantamiento armado.
Gracias al EZLN, al empuje de la sociedad chiapaneca y la solidaridad
nacional, lo que sucede en Chiapas lo revisa escrupulosamente la
sociedad civil nacional e internacional. Es lamentable que en
reciprocidad, el EZLN no haya encontrado en las instituciones del Estado
mexicano, la respuesta a su justo reclamo en materia de los derechos y
cultura indígenas ni en los temas de agenda pendiente pactada durante
los diálogos de San Andrés Larráinzar.

El tema de justicia como reclamo original del levantamiento armado puede
ser el lugar de encuentro del gobierno, la sociedad civil y los pueblos
indígenas para avanzar en lo que debería ser la atención a una de las
principales causas del zapatismo. Tras la liberación de las personas
injustamente detenidas sigue una gran consulta en el estado para
realizar cambios estructurales en materia de justicia en la que
participen organismos de la sociedad y organizaciones defensoras de
derechos humanos que desde posiciones independientes se han constituido
en baluartes en la lucha por el respeto a los derechos de los más
humildes en Chiapas. Mucho se ha avanzado, pero falta mucho camino por
recorrer.

La solidez, experiencia y honestidad de las organizaciones de la
sociedad civil chiapaneca, la genuina preocupación social de los obispos
de la Diócesis de San Cristóbal, el papel de don Samuel Ruiz y la
voluntad política expresada en hechos por el gobierno de Juan Sabines
son factores para avanzar en la reconciliación social, la cual pasa por
la construcción de un nuevo sistema de justicia, diseñado y concebido
por todos los chiapanecos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=022a2pol

*Luis Javier Garrido
El saqueo*

Las modificaciones legales en materia de petróleo que Calderón y Mouriño
pretenden imponerle a México para despojarlo de su principal riqueza
estratégica han tensado a un pueblo que justamente está dispuesto a
defender su patrimonio.

1. La contrarreforma legal en materia petrolera, que desde el inicio de
su gobierno de facto Felipe Calderón busca imponer al Congreso,
pretendiendo abrir una vía metajurídica para entregar la industria
petrolera mexicana a los grandes consorcios multinacionales, ha generado
un escándalo nacional, pues, como ya se suponía desde antes de
conocerla, constituye un acto flagrante de traición a la patria.

2. La iniciativa privatizadora presentada el martes 10 en la Cámara de
Senadores por Georgina Kessel, la inepta fanática neoliberal que funge
como secretaria de Energía del gobierno de facto, no intenta modificar
los artículos 27 y 28 de la Constitución, pero sí busca transgredirlos
expidiendo una Ley Orgánica de Pemex y otra ley de una Comisión del
Petróleo, y modificando la Ley Reglamentaria del artículo 27, la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía, a fin de abrir supuestas vías metajurídicas para
entregar la industria petrolera a las multinacionales.

3. La iniciativa de Calderón está fracasando con estrépito, pues por un
lado no logró hacer pasar el engaño de que no pretende privatizar el
petróleo mexicano y, por el otro, no puede ocultar que es abiertamente
violatoria de la Constitución y que el marco seudojurídico en el que se
pretende hacer venir a México a las trasnacionales es completamente
anticonstitucional e ilegal y no les generaría seguridad jurídica
alguna, pues la Suprema Corte no tendría más que darle la razón a
quienes lo impugnaran, ya que tiene la responsabilidad indeclinable de
velar por la constitucionalidad de las leyes, y lo que se pretende es
burdamente darle la vuelta a la Constitución.

4. En la forma todo se ha iniciado mal para el gobierno, pues en su
mensaje televisado de 13 minutos un Calderón sudoroso y trémulo no hizo
más que hilvanar una sucesión interminable de mentiras, buscando
burlarse de los mexicanos al citar a Lázaro Cárdenas, pretendiendo
mentirosamente que no hay un afán privatizador en su iniciativa y
ofreciendo miles de beneficios imaginarios a los mexicanos si se tolera
entregar el tesoro de las aguas profundas a la Shell, a la Exxon Mobil
Corporation o a la Repsol-YPF, fue entendido como un nuevo agravio para
un pueblo al que Calderón en su estupidez pretendió tratar como ignorante.

5. En el fondo las cosas son aún mucho peores, pues el PRI le presentó a
Calderón en febrero tres condiciones para discutir la iniciativa y ésta
no cumple ninguna de las tres. Beltrones le pidió al espurio que la
reforma no implicara modificaciones a la Carta Magna y ésta hace algo
peor: pretende cínicamente violarla en leyes secundarias. Le demandó que
no fuera privatizadora y ésta no tiene otro objetivo que privatizar la
industria petrolera mexicana, "legalizando" los contratos de servicios
múltiples, estableciendo que las compañías privadas podrán realizar
tareas de transporte, almacenamiento y distribución, y ser propietarias
de ductos e instalaciones y operar la petroquímica. Le exigió, en fin,
que no legislara sobre los anticonstitucionales "contratos de riesgo",
luego llamados "de servicios múltiples", por los que Pemex ha cedido
funciones suyas a las trasnacionales, y lo que hace es pretender
legalizarlos y ampliarlos, creando además los llamados "contratos de
servicios ampliados".

6. La iniciativa del usurpador pretende además crearle a Pemex un
régimen de excepción arropado en la noción de "autonomía", buscando
situar a una empresa, que es patrimonio de la nación, fuera del control
del Congreso y de la sociedad y al margen de la legalidad, pues, entre
otras cosas, podría realizar según su mamotreto legaloide nada menos que
contratos reservados y licitaciones secretas, con los que los
desvergonzados Calderón, su protegido Mouriño y los cuñados parecen
querer beneficiarse sin límites.

7. La intención de los redactores de esos papasales seudo legales que se
presentaron a los senadores para su rápida aprobación es bien clara,
pues entendiendo Calderón y Mouriño que las modificaciones
constitucionales que les permitirían entregar Pemex a los consorcios
trasnacionales, y hacer ellos de paso el negocio del siglo, son casi
imposibles de alcanzar en el contexto actual, buscan modificar el marco
legal secundario aun a sabiendas de que los textos resultantes serían
absolutamente violatorios de la Constitución, porque lo que pretenden es
ya, desde ahora, dar entrada de hecho a las corporaciones extranjeras
para que realicen exploraciones y se apropien de ductos, de refinerías y
de plantas petroquímicas, y en especial del Golfo de México,
convirtiéndose México en un enclave estratégico para los halcones del
Pentágono y creándose así una situación de facto que sería
complicadísimo revertir, incluso al venir la decisión judicial que
declarase la inconstitucionalidad de esas leyes.

8. Esta práctica es la que se ha seguido en el pasado con empresas
generadoras de fluido eléctrico desde los años de De la Madrid o en el
caso del gas de la Cuenca de Burgos, cedido anticonstitucionalmente por
Calderón cuando era secretario de Energía a sus amigos de la Repsol-YPF,
dando como argumento los funcionarios neoliberales del gobierno que
sería más fácil modificar la Constitución que echar fuera a las
compañías extranjeras que están en México en abierta violación a la
Constitución.

9. Los senadores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional
se han resistido por esto a que la llamada "reforma energética" sea
discutida de manera abierta, porque la misma no entraña más que
disposiciones que están en oposición absoluta a la Constitución General
de la República, y que no puede ser aprobada en ninguno de sus aspectos
centrales, pues es violatoria de la Constitución.

10. La resistencia civil que se inició ayer jueves 10 en las dos Cámaras
federales con la toma de las tribunas y en las calles de la capital debe
conducir a que se haga respetar la Constitución y el principio de que
las leyes deben ser conforme a ésta. Lo otro es abrir la vía a la
ilegalidad absoluta y como consecuencia de ello a la insurrección
revolucionaria.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/11/index.php?section=opinion&article=023a1pol

Indice la Jornada, jueves 10 de abril de 2008

1- Dos acumulan sentencias por 300 años
Marchan a Tuxtla; exigen liberar a cinco campesinos

2- Crean comisión para resolver pugna Chenalhó-Chalchihuitán

3- Piden en Oaxaca entrega de eperristas

4- Indignación por asesinato de indígenas de San Juan Copala

5- Ecuador: crisis y fragilidad democrática

6- Revela que sólo se denuncia uno de cada 100 delitos que se cometen en la República
Admite el gobierno su fracaso en materia de procuración de justicia

________________________________________________________

Dos acumulan sentencias por 300 años
Marchan a Tuxtla; exigen liberar a cinco campesinos

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Ampliar la imagen Campesinos de Venustiano Carranza marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para pedir la liberación de cinco compañeros acusados de homicidio, como parte de un conflicto de tierras Campesinos de Venustiano Carranza marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para pedir la liberación de cinco compañeros acusados de homicidio, como parte de un conflicto de tierras Foto: Ángeles Mariscal

Venustiano Carranza, Chis., 9 de abril. Cientos de campesinos emprendieron una marcha de 100 kilómetros desde este municipio hasta Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de cinco labriegos detenidos, como parte de una disputa por tierras que data de hace medio siglo y que ha propiciado más de 30 homicidios.

Los agricultores de Venustiano Carranza presentaron pruebas según las cuales cuatro de sus compañeros fueron acusados y sentenciados injustamente a más de 300 años de cárcel por la muerte de campesinos del grupo contrario a su organización, al cual reclaman el predio Multajiltic. Uno más fue encarcelado por realizar movilizaciones en defensa de sus compañeros.

El 7 de abril un contingente de hombres y mujeres de la llamada Casa del Pueblo de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) salieron de sus comunidades hacia Tuxtla Gutiérrez para instalar un plantón en demanda de la libertad de Ángel Hidalgo Espinosa, de los hermanos Mario, Enrique y Alberto Coutiño Morales, así como de José Arnulfo Díaz Vázquez.

Los cuatro primeros fueron aprehendidos en febrero de 2003, acusados de dar muerte a ocho labriegos con quienes disputaban el predio Multajiltic.

De acuerdo con pruebas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un niño mudo de 10 años de edad identificó a los inculpados como los asesinos, a pesar de que los agresores llevaban cubierto el rostro.

“Nosotros demostramos que se cometieron muchas irregularidades en el proceso penal, porque el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía quería parar nuestras movilizaciones”, dijo Natividad Vázquez, comunero de la Casa del Pueblo.

El agricultor, vocero del movimiento, indicó que José Arnulfo Díaz fue detenido meses después que sus cuatro compañeros, cuando encabezaba una marcha de protesta por las detenciones, porque entonces era comisario de bienes comunales. Se le acusó de ataques a las vías generales de comunicación y fue sentenciado a 16 años de prisión.

Ángel Hidalgo recibió una condena de 36 años de cárcel, y los hermanos Coutiño acumulan 300 años entre los dos. Los abogados apelaron de ambas sentencias.

Los marchistas planean llegar a la capital del estado este viernes e instalar un plantón.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=035n1est


Crean comisión para resolver pugna Chenalhó-Chalchihuitán

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, corresponsales

San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de abril. Autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aceptaron que el cadáver del indígena Antonio Jiménez Ruiz, asesinado el lunes por habitantes de Chalchihuitán, fuera trasladado la madrugada de este miércoles a su comunidad, Majomut, donde será sepultado el jueves.

Funcionarios de Chenalhó informaron que el cuerpo de Jiménez Ruiz fue trasladado la madrugada de este miércoles.

Los integrantes del ayuntamiento regresaron la noche del martes una reunión efectuada en Tuxtla Gutiérrez con funcionarios estatales e informaron que lograron varios acuerdos, entre los que destaca la formación de una comisión técnica de especialistas para buscar una solución al conflicto de límites, que ha persistido por 34 años.

Los indígenas de Chalchiuitán y Chenalhó aceptaron que la comisión analice los títulos de propiedad y otros documentos agrarios para determinar a cuál de las dos circunscripciones pertenecen las 887 hectáreas que están en disputa.

El Tribunal Unitario Agrario ha evitado emitir un dictamen, ante el temor que el grupo que no resulte beneficiado emprenda acciones que provoquen más enfrentamientos y muertes, confió un funcionario de gobierno.

Andrés Ruiz Arias, secretario de bienes comunales de San Pedro Chenalhó, dijo que, como muestra de buena voluntad, el pleno de la asamblea del municipio decidió “enterrar a nuestro muerto y analizar nuevamente los títulos primordiales que otorgan a este municipio las tierras desde finales del siglo XIX”.

En la reunión, en la que participaron autoridades de los dos municipios, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Cesáreo Hernández, y el secretario de Gobierno estatal, Antonio Morales Messner, las partes también acordaron realizar un nuevo deslinde del terreno.

Mientras, autoridades municipales y de bienes comunales de Chenalhó aclararon que el acuerdo de sepultar el cadáver de Jiménez Ruiz, quien deja cinco niños huérfanos y una viuda, está condicionado a que se castigue cuanto antes a los responsables materiales e intelectuales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=035n2est


Piden en Oaxaca entrega de eperristas

Octavio Vélez Ascencio, corresponsal

Oaxaca, Oax. El dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario –organización afiliada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)–, Florentino López Martínez, y tres compañeros suyos, realizaron un ayuno de 12 horas como parte de un plantón instalado en el zócalo de esta capital, para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros del Ejército Popular Revolucionario; así como la liberación del consejero estatal de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio; y del indígena de Santa María Temaxcaltepec Lauro Juárez. A la abstinencia se sumaron el adolescente Jaciel Cruz Cruz, internado en el Consejo Tutelar de Menores, y Facundo Cruz Olivera, preso en el reclusorio regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=estados&article=033n4est

Indignación por asesinato de indígenas de San Juan Copala

Queremos expresar nuestro dolor, nuestra rabia y el sentir de nuestro corazón por los hechos que vive el municipio autónomo de San Juan Copala, al estar de luto por dos compañeras cobardemente asesinadas: Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino.

Para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlas será siempre enternecedor recordar cuando juntos caminamos en la creación de su radio comunitaria, Radio Triqui la voz que rompe el silencio. Su risa y nerviosismo al ver que su voz daba voz a los que siempre se les ha negado, a quienes hacían vivos los acuerdos de San Andrés al ejercer su derecho a la autonomía de la forma más viva, en el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de decir lo que pensaban como mujeres, como indígenas, como triquis.

Queremos compartir nuestra indignación. No olvidamos sus palabras de gratitud y de agradecimiento el 21 de enero, cuando nos retirábamos de su comunidad, cuando las escuchábamos en el 94.9 de FM diciéndonos “gracias”. Nos emocionamos juntos porque juntos rompimos el silencio.

Omar Esparza (CACTUS)

Ecuador: crisis y fragilidad democrática

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, arriba hoy a nuestro país para tratar con Felipe Calderón Hinojosa “todos los temas bilaterales y multilaterales”, según la representación diplomática de esa nación andina. La visita tiene como telón de fondo la más grave crisis diplomática de los últimos años en Latinoamérica, desatada por el ataque del ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, durante el cual resultaron muertas una veintena de personas, entre ellas el líder guerrillero Raúl Reyes, cuatro estudiantes universitarios mexicanos y un ciudadano ecuatoriano.

Ante esos hechos, que llevaron a Ecuador y Venezuela a romper relaciones con Colombia, el gobierno mexicano ha asumido una actitud tibia y ambigua: en vez de expresar una protesta diplomática formal ante Bogotá por el asesinato de los mexicanos y manifestar solidaridad con el país agredido, lamentó con “emoción y tristeza” la disputa entre pueblos que comparten una “histórica hermandad”; posteriormente el gobierno calderonista se dedicó a gestionar, sin éxito, que el régimen de Álvaro Uribe indemnizara a las familias de los connacionales muertos en el ataque al campamento de las FARC, pero sin presentar una queja diplomática ante Bogotá, como ha sido la principal demanda de los deudos de las víctimas.

Incidentalmente, la agresión colombiana derivó en un severo problema político interno para el gobierno de Correa, luego de que las autoridades de Bogotá aludieron a informes de la inteligencia de Ecuador –hasta entonces desconocidos por el mandatario –que comprobaban el vínculo de Franklin Aisalla, el ciudadano ecuatoriano muerto durante el ataque del primero de marzo, con las FARC. A raíz de esta circunstancia, Correa denunció el control ejercido desde Estados Unidos sobre los organismos de espionaje de su país y aseguró que éstos ponen en riesgo la estabilidad nacional, por lo cual decidió separar de su cargo al ministro de Defensa, Wellington Sandoval, con lo que se generó el descontento de las cúpulas militares de ese país.

La democracia en América Latina ha acusado siempre una fragilidad, por la persistente injerencia de los intereses hegemónicos de Estados Unidos en la región. Ello se agrava cuando en las naciones hay divisiones y confrontación de los gobiernos con grupos oligárquicos. No sería la primera vez que Estados Unidos alentara la desestabilización política en un país de la región y apoyara a grupos opositores para deponer a un gobierno legalmente constituido: así ocurrió en muchas ocasiones a lo largo de casi todo el siglo pasado y, más recientemente, en Venezuela, donde la intentona golpista de 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez contó con el respaldo de la embajada estadunidense en Caracas.

Significativamente, el propio Correa ha denunciado en más de una ocasión que su administración es objeto de una campaña de desestabilización en la que participan los medios de comunicación de la derecha para quitarlo del cargo al que fue democráticamente electo, y poner en su lugar un “títere de Wa-shington”. Con tales antecedentes, el conflicto que actualmente enfrenta con las cúpulas militares ecuatorianas es un factor de riesgo adicional para la democracia y la soberanía de la nación andina.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Revela que sólo se denuncia uno de cada 100 delitos que se cometen en la República
Admite el gobierno su fracaso en materia de procuración de justicia

■ Asume que la sociedad percibe que las leyes están al servicio de los poderosos

Gustavo Castillo García

Ampliar la imagen Agentes de Culiacán, Sinaloa, localizaron el cadáver de Eliborio Beltrán, quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes. El cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado Agentes de Culiacán, Sinaloa, localizaron el cadáver de Eliborio Beltrán, quien fue reportado como desaparecido el pasado lunes. El cuerpo tenía evidencias de haber sido torturado Foto: Notimex

Sólo uno de cada 100 delitos se denuncia y apenas tres de cada 100 averiguaciones previas que inicia el Ministerio Público se convierten en sentencias para los responsables (aunque ello no significa que sean condenatorias), reveló José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, al participar en el foro La reforma constitucional en materia penal, que organizó el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El funcionario reveló parte de los diagnósticos que el gobierno federal elaboró para lograr que el Congreso de la Unión aprobara en marzo pasado la también llamada reforma de seguridad y justicia penal, y aseguró que “el objetivo de esta reforma es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente dónde se encuentren o de su situación jurídica, con el propósito de minar sus estructuras financieras, lo que permitirá una mayor eficacia en el combate al crimen organizado”.

Lo anterior, tras mencionar que durante la discusión entre legisladores antes de aprobar las reformas en materia penal, detectaron que “existe una crisis en la seguridad pública que amenaza al Estado mexicano en su conjunto, en particular aquella generada por la delincuencia orga- nizada, ya que se carece de una indispensable coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno para enfrentar el problema de la seguridad pública y para mejorar el funcionamiento de la justicia penal”.

Santiago Vasconcelos explicó ante abogados y estudiosos del derecho que “existe una enorme ineficiencia en el sistema”, y que la llamada Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana documenta que apenas uno de cada 100 delitos se denuncia a las autoridades, debido a la percepción que tiene la ciudadanía en cuanto a la ineficacia de las autoridades.

Expuso que existe una gran desconfianza de los ciudadanos, por ello es que únicamente “10 por ciento cree que cada día se vive más seguro en México”, mientras que 59 por ciento de la población considera que en nuestro país “las leyes se utilizan para defender a gente poderosa”, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura.

En ese contexto, refirió que 70 por ciento de la población “se encuentra preocupada todo el tiempo de poder ser víctima de un delito con violencia, y que 39 por ciento ha sido víctima de un delito en los pasados 12 meses”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/10/index.php?section=politica&article=015n1pol