Trece años atrás el interés de amplios sectores sociales nacionales e internacionales estaba centrado en acompañar el proceso de diálogo y negociación entre el EZLN y el gobierno federal. Tras el sabotaje del diálogo por parte del Estado mexicano y la cadena de decisiones tomadas para "derogar", en los hechos, la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, nos encontramos con las vías de la contrainsurgencia claramente delineadas. Por una parte, se consolidó la presencia militar en la región, cuyas actividades y retenes no merecen informe oficial alguno; su presencia ya no sólo busca cercar e intimidar a las bases zapatistas, sino que se despliega hacia otros objetivos, conectando con la "justificación" que el Ejecutivo federal ha definido para todo el país. ¿De dónde y con qué fines se alimentó la campaña de rumores sobre la supuesta inminencia de un "estallido" en Chiapas cerca del 20 de noviembre?
La estrategia se dirigió también al corazón del proyecto zapatista representado en las juntas de buen gobierno, emblemáticas dentro de las experiencias de autonomía en nuestro país y en América Latina, y cuya base jurídica está plenamente respaldada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT.
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http://www.jornada.unam.mx/2009/12/08/index.php?section=opinion&article=018a1pol
terça-feira, 12 de janeiro de 2010
¿Estado o comunidad? - Enrique Dussel*
Pareciera que las comunidades de los pueblos originarios actuales en América Latina pudieran desarrollar un modelo democrático político más adecuado que la forma de Estado burgués moderno. Tal posición es defendida por aquellos que piensan que la disolución del Estado es condición de posibilidad de un ejercicio justo de la política.
En su última obra, Commonwealth, Antonio Negri considera nuevamente la forma Estado como una institución propia de la modernidad burguesa (lo mismo que J. Holloway y otros intelectuales) que hay que superar para iniciar lo que pudiera llamarse propiamente la política.
Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el anarquismo (como el de Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido de que desde el campo social, por la lucha de clases en el nivel económico, había que superar a) el trabajo asalariado y b) el capital como condición de posibilidad de c) la disolución del Estado, y no por una lucha política directa (como los anarquistas) contra el Estado.
Esta triple negación es el tema que expone con gran solvencia el antiguo asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría, István Mészáros, en su obra reciente Más allá del capital (2006). La diferencia de Mészáros, con respecto de los otros pensadores nombrados, es que expone a partir de esa triple negación la manera como Marx llega a una importante conclusión: "De aquí que él [Marx] mantuviera su definición preponderantemente negativa de la política hasta en sus últimos escritos, a pesar de su claro reconocimiento de que es necesario involucrarse en la política" (Mészáros, p. 532), y por esto mismo "no resulta en modo alguna sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar aunque fuese los perfiles desnudos de su teoría del Estado" (p. 564). Esto no niega que "la elaboración de una teoría marxista del Estado es tanto posible como necesaria hoy en día" (Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión del Estado se origina en este "hueco teórico" del mismo Marx que debemos llenar urgentemente. Pero el "hueco teórico" no es sólo sobre el Estado, sino en una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo político; es decir, desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa (crítica que realizó en el campo económico).
Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro Social Mundial de Porto Alegre me decía: "El Estado egipcio fue el primer Estado en sentido estricto de la historia mundial, hace 5 mil años". De la misma manera el incario en el Perú antes de la conquista, la organización política de las ciudades mayas o el altépetl azteca (como muestra) son estados tributarios (como los clasificaría Darcy Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio). De manera que el Estado liberal moderno, manejado por la burguesía desde la revolución inglesa, es una forma de Estado particular, pero de ninguna manera la única. La superación de esta forma estatal no significa la disolución empírica del Estado como tal –que en sentido estricto es un postulado–. Y éste es el debate actual.
Algunos, como hemos dicho, en nombre de la organización política (o meramente social) de las comunidades originarias, tal como se encuentran hoy, las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se inclinan por el modelo de democracia directa de las comunidades indígenas actuales, sin Estado por lo tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales comunidades son el resto de las naciones originarias que antes de la conquista (en las civilizaciones urbanas) tuvieron Estado, que comprendía a veces millones de miembros (como entre los incas). Allí había una organización estatal, no burguesa ni liberal, pero había Estado. En segundo lugar, pueden ser tomadas como un modelo ejemplar para ser aplicado a situaciones analógicas como las asambleas de barrios, pequeñas aldeas, fábricas, etcétera, donde la participación de democracia directa es esencial.
Pero, como hemos indicado en una colaboración anterior, esta participación en la base (y a través de mediaciones de la participación hasta el poder ciudadano en el nivel del Estado federal) no se opone, sino que debe fiscalizar las instituciones de la representación del Estado (transcapitalista, transliberal, transmoderno).
De manera que si oponer “representación versus participación” es una falsa contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus funciones distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad democrática directa” es también una falsa contradicción, porque hay que saber articular ambas dimensiones en diversos niveles.
En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y burgués, que se iría acercando a la disolución del Estado por la disminución de la burocracia, la participación de las mayorías democráticamente en las decisiones, la transparencia de la representación, etcétera) la participación debe arrancar en la base de todas las instituciones (estatales) a partir de comunidades (cuya vida puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal como se encuentran en la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que haya que inventar instituciones de participación a escala municipal, del Estado local o provincia, hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado poder ciudadano de la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque sería un idealismo voluntarista, la necesidad de la representación en los indicados niveles (municipal, del estado local o provincia, etcétera), que serían fiscalizado, mucho más estrictamente por las instituciones de participación.
Si alguien expresa: "La comunidad es socialismo-comunismo", habría que tomarlo con cuidado. En el nivel de la base popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el "socialismo-comunismo" en el nivel de las comunidades políticas de millones de ciudadanos como pueden ser las de Brasil, Ecuador o la India.
Intentar poner como modelo a) la organización de la comunidad en la base poco numerosa (con la participación del ciudadano por medio de una democracia directa, lo que debería implementarse) con b) la organización de millones de ciudadanos es idealismo político, moralismo anarquizante; es comprometerse sólo en el nivel social, y optar por una posición negativa ante la política (puerta que dejó abierta el mismo Marx en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace cometer decisiones estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún políticamente más relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, Venezuela o Chiapas, y por ello son posiciones que deben ser debatidas explícitamente, para no caer en dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el sentido negativo de este último término).
En su última obra, Commonwealth, Antonio Negri considera nuevamente la forma Estado como una institución propia de la modernidad burguesa (lo mismo que J. Holloway y otros intelectuales) que hay que superar para iniciar lo que pudiera llamarse propiamente la política.
Esta tesis, como es sabido, fue defendida por el anarquismo (como el de Bakunin). K. Marx se opuso a este último en el sentido de que desde el campo social, por la lucha de clases en el nivel económico, había que superar a) el trabajo asalariado y b) el capital como condición de posibilidad de c) la disolución del Estado, y no por una lucha política directa (como los anarquistas) contra el Estado.
Esta triple negación es el tema que expone con gran solvencia el antiguo asistente de G. Lukacs, expulsado muy joven de Hungría, István Mészáros, en su obra reciente Más allá del capital (2006). La diferencia de Mészáros, con respecto de los otros pensadores nombrados, es que expone a partir de esa triple negación la manera como Marx llega a una importante conclusión: "De aquí que él [Marx] mantuviera su definición preponderantemente negativa de la política hasta en sus últimos escritos, a pesar de su claro reconocimiento de que es necesario involucrarse en la política" (Mészáros, p. 532), y por esto mismo "no resulta en modo alguna sorprendente que Marx jamás haya logrado trazar aunque fuese los perfiles desnudos de su teoría del Estado" (p. 564). Esto no niega que "la elaboración de una teoría marxista del Estado es tanto posible como necesaria hoy en día" (Ibid.). Es decir, la deficiencia del marxismo posterior a Marx en torno a la cuestión del Estado se origina en este "hueco teórico" del mismo Marx que debemos llenar urgentemente. Pero el "hueco teórico" no es sólo sobre el Estado, sino en una labor que Marx nunca pudo cumplir en el campo político; es decir, desarrollar una crítica de todo el sistema de las categorías de la filosofía política burguesa (crítica que realizó en el campo económico).
Hablando personalmente con Samir Amin en un Foro Social Mundial de Porto Alegre me decía: "El Estado egipcio fue el primer Estado en sentido estricto de la historia mundial, hace 5 mil años". De la misma manera el incario en el Perú antes de la conquista, la organización política de las ciudades mayas o el altépetl azteca (como muestra) son estados tributarios (como los clasificaría Darcy Ribeiro en su obra El proceso civilizatorio). De manera que el Estado liberal moderno, manejado por la burguesía desde la revolución inglesa, es una forma de Estado particular, pero de ninguna manera la única. La superación de esta forma estatal no significa la disolución empírica del Estado como tal –que en sentido estricto es un postulado–. Y éste es el debate actual.
Algunos, como hemos dicho, en nombre de la organización política (o meramente social) de las comunidades originarias, tal como se encuentran hoy, las oponen a una forma de Estado liberal burgués, y se inclinan por el modelo de democracia directa de las comunidades indígenas actuales, sin Estado por lo tanto. En primer lugar, olvidan que las actuales comunidades son el resto de las naciones originarias que antes de la conquista (en las civilizaciones urbanas) tuvieron Estado, que comprendía a veces millones de miembros (como entre los incas). Allí había una organización estatal, no burguesa ni liberal, pero había Estado. En segundo lugar, pueden ser tomadas como un modelo ejemplar para ser aplicado a situaciones analógicas como las asambleas de barrios, pequeñas aldeas, fábricas, etcétera, donde la participación de democracia directa es esencial.
Pero, como hemos indicado en una colaboración anterior, esta participación en la base (y a través de mediaciones de la participación hasta el poder ciudadano en el nivel del Estado federal) no se opone, sino que debe fiscalizar las instituciones de la representación del Estado (transcapitalista, transliberal, transmoderno).
De manera que si oponer “representación versus participación” es una falsa contradicción (ya que hay que articularlas y definirlas en sus funciones distintas), de la misma manera “Estado versus comunidad democrática directa” es también una falsa contradicción, porque hay que saber articular ambas dimensiones en diversos niveles.
En un nuevo Estado (más allá del Estado moderno y burgués, que se iría acercando a la disolución del Estado por la disminución de la burocracia, la participación de las mayorías democráticamente en las decisiones, la transparencia de la representación, etcétera) la participación debe arrancar en la base de todas las instituciones (estatales) a partir de comunidades (cuya vida puede aprender muchísimo de los pueblos originarios tal como se encuentran en la actualidad en América Latina). Esto no se opone a que haya que inventar instituciones de participación a escala municipal, del Estado local o provincia, hasta llegar al Estado federal (por ejemplo, con el indicado poder ciudadano de la Constitución bolivariana). Pero esto no elimina, porque sería un idealismo voluntarista, la necesidad de la representación en los indicados niveles (municipal, del estado local o provincia, etcétera), que serían fiscalizado, mucho más estrictamente por las instituciones de participación.
Si alguien expresa: "La comunidad es socialismo-comunismo", habría que tomarlo con cuidado. En el nivel de la base popular: sí. Pero esto no es lo mismo que el "socialismo-comunismo" en el nivel de las comunidades políticas de millones de ciudadanos como pueden ser las de Brasil, Ecuador o la India.
Intentar poner como modelo a) la organización de la comunidad en la base poco numerosa (con la participación del ciudadano por medio de una democracia directa, lo que debería implementarse) con b) la organización de millones de ciudadanos es idealismo político, moralismo anarquizante; es comprometerse sólo en el nivel social, y optar por una posición negativa ante la política (puerta que dejó abierta el mismo Marx en la interpretación de I. Mészáros), lo que hace cometer decisiones estratégico-políticas discutibles. Y la cuestión es aún políticamente más relevante en situaciones como las que se dan en Bolivia, Venezuela o Chiapas, y por ello son posiciones que deben ser debatidas explícitamente, para no caer en dogmatismos vanguardistas o utópicos (en el sentido negativo de este último término).
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