Era previsible que el debate del caso Atenco en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arribara a un exiguo resultado. Las autoridades políticas que autorizaron la planeación y aplicación de la represión de masas en ese 3 de mayo de 2006 aparecían desde el inicio del debate como posibles exonerados. Este objetivo se presentaba como esencial en el contexto de la investigación de la Corte.
Las audiencias de la SCJN deben ser públicas, lo sabemos. Pero en las sesiones de este debate se llenó el salón de plenos con policías disfrazados de civiles, burócratas y personal del gobierno del estado de México. Ese "lleno" de la sala impidió el paso a Bárbara Zamora, Santos García y Humberto Oseguera, por ejemplo, que desde agosto de 2006 fueron los abogados promoventes de la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97 constitucional; tampoco se dejó entrar a la mayoría de los comuneros de San Salvador Atenco, sólo a cinco representantes.
Fue notorio que el edificio de la Corte estuvo rodeado de soldados y policías que portaban armas de alto poder y que se emplazaron francotiradores enmascarados en azoteas de los alrededores. Quizás este despliegue de fuerzas militares y policiacas no era una autodefensa de la SCJN ante los machetes emblemáticos de los campesinos de Atenco, sino una réplica y un recuerdo intencional del operativo infamante del 3 de mayo de 2006. O podríamos considerarlo un aviso simbólico de que las manifestaciones de inconformidad social comenzarán a ser criminalizadas. O incluso deberíamos entenderlo como una forma de sugerir que los campesinos de Atenco, después de dos años ininterrumpidos de lucha social, legal y popular, se atreverían a tomar por asalto el edificio del alto tribunal judicial del país en una acción terrorista que confirmara y justificara la violencia de Estado que se ha ejercido contra ellos: que sus dirigentes merezcan sentencias de más de cien años y sus verdugos sean recompensados con la exoneración. Estos hechos fueron tanto o más elocuentes que los votos de la mayoría; las posiciones correctas y dignas de tres ministros no fueron suficientes para enaltecer la resolución final de la Corte.
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