quinta-feira, 29 de maio de 2008

La Jornada 28 de mayo de 2008

  • Revientan huelga de hambre que pretendían realizar reos en Chiapas
  • Desalojan en Montes Azules a posesionarios
  • Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México durante 2007
  • Anuncia el EPR que hará “todo lo necesario” para el retorno con vida de sus miembros
  • De nuevo, profesores realizan marchas, plantones, bloqueos y toma de oficinas
  • Indígenas dejan sin agua refinería y tres municipios
  • Contracara de las misiones humanitarias   Editorial
  • Protocolo de Cartagena: responsabilidad y reparación de daños    Alejandro Nadal

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Revientan huelga de hambre que pretendían realizar reos en Chiapas
Á. Mariscal y E. Henríquez (Corresponsales)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de mayo. Un comando especial del grupo de elite Lobo irrumpió la madrugada de este martes en las celdas del penal de El Amate, para trasladar a los reos que en la jornada llevarían a cabo una huelga de hambre de 24 horas, en demanda de la revisión de sus expedientes y su libertad. De acuerdo con los testimonios de los familiares de los reclusos, al menos siete reos fueron golpeados y sacados del penal, para subirlos a camionetas donde fueron traslados a otras cárceles del estado.

Se trata de Alberto Patishtán Gómez, Julio César Ruiz, José Pérez Pérez, Miguel Gómez Gómez, Miguel Hernández Gómez y otros dos de nombre Miguel y Maximiliano.

“Un guardia nos dijo que una huelga más dentro de la prisión, es algo que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar”, narró desde la prisión Jesús (N), uno de los internos del penal El Amate.

Detalló que el operativo para sacar a los huelguistas se realizó a las dos y media de la mañana, tres horas y media antes de que arrancara la huelga de hambre prevista. “Entraron de forma violenta al área donde comparten espacio los reos de La voz del Amate para despertarlos con golpes y sacarlos fuera del penal donde fueron subidos a empellones a las camionetas de traslados”.

No les permitieron despedirse del resto de sus compañeros, ni les dejaron empacar sus pocas pertenencias, inclusive algunos de ellos no tuvieron tiempos de calzarse ni unos huaraches, dijo Jesús (N) miembro del grupo de La Voz del Amate.

El recluso expuso que dos de los reos trasladados, Miguel y Maximiliano, de los que desconoce su apellido, son reos comunes que no tenían nada que ver con la huelga de hambre ni con la organización política, y que estaban en el área de celdas de los líderes del movimiento de la huelga de hambre, porque ayudaban a hacerles un pedido de hamacas que debían entregar esta semana.

De acuerdo con los familiares de los reclusos, quienes esta tarde llegaron a la capital del estado, sólo saben que José Pérez Pérez fue traslado al penal de Comitán; sin embargo, desconocen el paradero de los demás miembros de la organización.

El pasado lunes los reos había anunciado el inicio de una huelga de hambre que sólo duraría 24 horas, porque argumentaron que seguían siendo “rehenes políticos, una señal de la mala voluntad del gobierno opresor, que en los últimos días ha incrementado la detención de más luchadores sociales tratando de callar la voz del pueblo, mediante una incursión militar a nuestras comunidades indígenas”.

Desalojan en Montes Azules a posesionarios
De la Redacción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y elementos de la Armada de México, logró el desalojo de dos grupos de campesinos que se habían asentado de manera irregular en 35 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, donde éstos habían quemado 29 hectáreas de selva para crear pastizales e introducir ganado.

En un comunicado, destacó que en el coontexto del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina desalojó los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende, donde, al término del operativo, las autoridades “constataron” que los desalojados habían construido graneros y tejabanes con tablas de madera de caoba, “obtenidas del derribo clandestino de este árbol”, declarado especie en riesgo por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

La dependencia de la Semarnat precisó que fueron decomisados 2.1 metros cúbicos de madera motoserrada de caoba, piel disecada de venado temazate rojo y cuatro polluelos de loro de cabeza azul, especie amenazada cuya protección está prevista en la NOM-059-Semarnat-2001.

Según la Profepa, estos asentamientos se caracterizan por su alto impacto al medio ambiente, ya que al destruir grandes masas arboladas afectan el hábitat de la fauna silvestre, la captación de agua, la conservación del suelo y la captura de carbono.

Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México durante 2007
Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) consideró que en México las violaciones a los derechos humanos “continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas”. Aseguró que al cierre del año pasado la mayor parte de los responsables de violar las garantías fundamentales de la ciudadanía continuaba eludiendo a la justicia, por lo que la impunidad durante 2007 fue “generalizada”.

En el capítulo sobre México de su Informe 2008 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional encontró que en ocasiones la policía hace “un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes”, llega a herir a muchos de ellos e incurre en prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza.

“Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de la policía eran muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos es generalizada”, subrayó el organismo.

Alertó que en el marco de los operativos en contra de la delincuencia organizada ordenados por Felipe Calderón, muchos de los militares “detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones”.

Mostró su preocupación por la aprobación de reformas constitucionales en materia judicial, que otorga a la policía facultades para entrar a domicilios de particulares sin mandamiento judicial y establecen el arraigo.

En el informe anual, que será presentado esta mañana, la organización no gubernamental más grande y reconocida a escala mundial en la defensa de los derechos humanos reiteró que durante 2007, en Oaxaca continuaron reportándose abusos contra las garantías de la ciudadanía.

Encontró que autoridades de diversas entidades del país “hicieron uso indebido del sistema judicial”, para que activistas políticos y luchadores sociales “fueran objeto de procesos injustos”, tal es el caso –enmarca– de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, condenados a más de 67 años de prisión. “Hubo honda preocupación con relación a la imparcialidad del juicio y la condena”.

Otra omisión que AI encontró a lo largo de 2007 en México es que no hubo avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el pasado.

“A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia”, subrayó. Resaltó que el año pasado fueron asesinadas 25 mujeres en Ciudad Juárez, y que en el estado de México se reportaban cifras superiores; además de que al cierre del año no se había sentenciado a los responsables de crímenes contra mujeres.

El capítulo sobre México del informe de AI señala también que el año pasado los periodistas que informaron sobre narcotráfico y corrupción fueron objeto de violaciones a sus garantías, ya que en ese periodo seis comunicadores fueron asesinados, tres secuestrados y otros tantos amenazados, lo que consideró como “ataques a la libertad de expresión”.

AI remarcó que pese a las denuncias nacionales e internacionales “las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas en el pasado avanzaron muy poco o estaban estancadas”.

El informe incluye la preocupación por la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, además de que las comunidades indígenas y los migrantes siguen siendo objeto de abusos de la autoridad.

Anuncia el EPR que hará “todo lo necesario” para el retorno con vida de sus miembros
Emir Olivares Alonso

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aseguró que, desde su trinchera, continuará haciendo “todo lo necesario para lograr la presentación con vida” de sus compañeros desaparecidos hace un año, así como por el retorno de todos los desaparecidos del país, por la liberación de los “presos políticos” y por la defensa de la soberanía nacional, al luchar contra la privatización de Pemex.

Manifestó además su “luto” por la muerte de Manuel Marulanda Tirofijo, cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En un comunicado, la organización guerrillera afirmó que ha esperado “pacientemente que este gobierno presente con vida y en libertad” a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –integrantes del EPR desaparecidos el 25 de mayo de 2007–, y sostuvo que a un año de esos hechos persiste la “impunidad”.

Señaló que el gobierno de Felipe Calderón no ha tomado en cuenta los llamados de intelectuales, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, artistas, algunos diputados del PRD y de la sociedad para atender la demanda de presentar con vida a los dos eperristas desaparecidos, delito del que acusó directamente a Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

“En lugar de presentar (con vida) a nuestros compañeros, nuevas desapariciones se ejecutaron al tiempo que se orquestó una campaña mediática en contra nuestra apuntalando la calumnia de que nuestros compañeros habían sido víctimas de pugnas entre revolucionarios, lo cual es totalmente falso”, expresó el EPR.

Agregó que debido a que las autoridades federales y estatales mostraron “oídos sordos” ante esas desapariciones ejecutadas por “cuerpos represivos, nos vimos en la necesidad de recurrir a pequeñas acciones de autodefensa como un derecho legítimo ante esos crímenes de lesa humanidad, la impunidad y la brutal represión que se ejerce contra nuestro pueblo”.

Advirtió que sus compañeros “no son moneda de cambio” para que el EPR claudique en su lucha “por la transformación profunda de la sociedad ni para abandonar la estrategia, táctica y metodología de la lucha revolucionaria”.

La organización insurgente censuró que el gobierno calderonista investigue la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez bajo los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad, ya que “dada la gravedad de la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, nuestra demanda de presentación con vida de nuestros compañeros incluye también la exigencia del esclarecimiento y justicia para todas las desapariciones forzadas de luchadores sociales, porque este delito de Estado trastoca la convivencia social no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo”.

Por otro lado manifestó su pesar por la muerte del líder de las FARC. “Hoy estamos de luto y nuestras banderas a media hasta por la muerte del histórico comandante Manuel Marulanda Vélez, líder de las FARC-EP, que seguramente su último aliento lo dio diciendo que ‘¡la lucha continuará!’, hasta no ser resueltos todos los problemas que se dan en nuestra hermana República de Colombia, dirigida por un narcoparamilitar, que hoy quiere endosar al comandante Marulanda lo que Uribe ha sido siempre por generaciones”.

Asimismo, advirtió al “imperialismo” que la lucha de los grupos guerrilleros “no terminará” con deserciones y traiciones.

De nuevo, profesores realizan marchas, plantones, bloqueos y toma de oficinas
Octavio Vélez, Ángeles Mariscal y Ernesto Martínez (Corresponsales)

Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la región de la costa de Oaxaca, bloquearon nuevamente la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, y dieron paso libre a los automovilistas. Los docentes exigen la liberación de “presos políticos”, la cancelación de procesos penales contra sus compañeros y castigo a los autores de la represión. Solicitan también que se convoque a elecciones internas.

Los maestros también bloquearon el paso hacia Ciudad Administrativa y los accesos a plazas comerciales del Valle y Oaxaca, como medida de presión. La protesta, en la que participaron miembros de diferentes organizaciones pertenecientes a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), provocó que se interrumpiera parcialmente la comunicación hacia municipios de las regiones Valles Centrales, sierra Sur y Costa. Además originó retrasos a quienes iban a viajar en avión, principalmente con destino a la ciudad de México, mientras el cerco a plazas afectó unos 100 establecimientos.

Cayetano Arzate Benítez, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (CETEO), advirtió que la sección 22 radicalizará sus protestas si el gobierno estatal no atiende sus reclamos educativos, económicos, políticos y sociales, y en tanto el comité ejecutivo nacional del SNTE no expida la convocatoria para la elección interna. “Por el momento nuestro plantón y las acciones son de carácter rotativo, por región, pero si no dan respuesta efectuaremos acciones más contundentes, con la participación masiva de compañeros”, advirtió.

El consejo estatal de la APPO reiteró su disposición a dialogar con el gobierno federal, y solicitó “formal y públicamente” una mesa de diálogo para resolver sus demandas políticas. Entre éstas, liberar a “presos políticos” y de conciencia, y la cancelación de órdenes de aprehensión. De igual forma, que se reparen perjuicios a deudos de asesinados durante el conflicto, y el compromiso de que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea imparcial y apegada a derecho.

Por otra parte, la activista de la APPO Estela Ríos González murió víctima de cáncer en el hígado. La indígena chatina, de 44 años, participó activamente en la ocupación del Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, propiedad del gobierno estatal, el primero de agosto del 2006. “Quiero seguir luchando por mi vida, por mí, porque quiero vivir más, porque siempre he dicho que tengo una misión que cumplir todavía, porque merezco vivir más, porque tengo el sueño de que la justicia llegue a nuestras manos. Quiero ver esa justicia. Estoy en lucha continua, peleando contra la injusticia que se vive en esta sociedad, y estoy luchando contra el cáncer”, declaró de manera reciente a La Jornada.

En tanto, maestros de la sección siete en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación como parte de su jornada de movilizaciones en demanda de un nuevo proceso de elección de su líder seccional y protestaron contra la política económica del presidente Felipe Calderón.

En su segundo día de paro laboral, los mentores continuaron en la plaza principal de esta ciudad, mientras otros grupos realizaron marchas y un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Sobre la suspensión de labores, Javier Álvarez Ramos, secretario de Educación en la entidad, expresó: “se presentaron a trabajar la mayoría de los 45 mil de la sección. Acudieron a cumplir sus actividades de manera responsable”. Advirtió que realizarán descuentos a los faltistas.

También integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Morelia, Michoacán, como parte de las protestas contra la Ley del ISSSTE.

Un grupo de al menos 30 mentores arribaron al centro histórico de Morelia y bloquearon el acceso a la delegación de la dependencia federal. Mientras, decenas de maestros continúan en el plantón permanente en la plaza Juárez. En la tarde, centenares marcharon por la avenida principal de esta ciudad en demanda de que el gobierno cumpla sus compromisos. Los profesores de la llamada expresión democrática mantienen su paro, que según cálculos de las autoridades ha afectado a menos de 20 por ciento de las 12 mil escuelas de enseñanza básica.

Indígenas dejan sin agua refinería y tres municipios
Andrés T. Morales (Corresponsales) Con información de Jesús Lastra, corresponsal

Jalapa, Ver., 27 de mayo. Unos 200 popolucas y nahuas del municipio de Pajapan –en la sierra de Santa Marta, al sur de la entidad– cerraron el lunes las válvulas de la unidad de bombeo de agua conocida como Bocatoma, que abastece la refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Minatitlán.

La tarde del martes populucas y zoques del municipio de Soteapan, aledaño a Pajapan, anunciaron que se sumaban a la movilización y cerraron las válvulas de la estación de bombeo El Platanillo, con lo cual cortaron el suministro de agua potable a los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta, también para reclamar obras prometidas por el gobierno de Veracruz.

Pemex dio a conocer que, para no interrumpir la producción en la refinería Lázaro Cárdenas, desde el lunes toma 40 mil metros cúbicos diarios de agua de la presa Uxpanapa-La Cangrejera, lo cual incrementa sus costos de operación. La paraestatal agregó que ya interpuso una demanda ante el Ministerio Público Federal.

Los campesinos de Pajapan, encabezados por el alcalde, Vidal Hernández Martínez, realizaron esta protesta para exigir a las secretarías estatales de Comunicaciones (Secomver) y Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedesma) obras de caminos y servicios públicos.

Ante la llegada de elementos del Ejército Mexicano, los manifestantes acusaron a los gobiernos federal y estatal de intentar responder con represión militar sus demandas de obra pública. Además reprocharon a Pemex no apoyar a las comunidades indígenas, pese a que explota sus mantos freáticos.

A las 11 horas del lunes, tras una asamblea comunitaria con agentes municipales y comisarios ejidales, los agricultores se trasladaron a la unidad de bombeo Bocatoma –administrada por la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz– para cerrar las válvulas de los ductos que abastecen la refinería Lázaro Cárdenas.

Al menos nueve vehículos con soldados y otras tantas patrullas de la Policía Federal Preventiva llegaron la tarde del lunes. Los inconformes advirtieron a los uniformados que los agrederían si intentaban dispersarlos.

El teniente Jorge Galindo González, quien iba al frente del contingente militar, intervino luego que los campesinos impidieron el avance de uno de los vehículos militares.

También llegaron representantes del gobierno del estado y del ayuntamiento de Minatitlán, así como el diputado federal perredista Darío Lemarroy Martínez y el legislador local panista Federico Salomón Molina para tratar de mediar.

El presidente municipal de Pajapan, el panista Vidal Hernández, explicó que la decisión de cerrar las válvulas de Bocatoma se tomó en una asamblea, en respuesta al incumplimiento de varios proyectos de obra pública prometidos por el gobierno estatal y Pemex.

Indicó que, a más de 30 meses de que se anunció la rehabilitación y el asfaltado de la carretera, los pobladores aún utilizan un camino en malas condiciones, que se dañó aún más con las lluvias de 2007.

El edil reclamó que tampoco se han construido los puentes Temoloapan, Piedra, Chacalapa, Huazuntlán, Agachapan y Embarcadero, que ofrecieron Pemex, la Secomver y la Sedesma.

Los indígenas también esperan la reparación y el asfaltado de casi 20 kilómetros de las carreteras Minzapan-Pescador y Benito Juárez-Coscapan, al igual que tanques de almacenamiento de agua, drenaje, electrificación y alcantarillado.

Aunque se instalaron mesas de negociación con los manifestantes, al cierre de esta edición las válvulas seguían cerradas. Los titulares de la Secomver, Marcos Tehurel Cotero, y de la Sedesma, Silvia Domínguez, no se presentaron.

Contracara de las misiones humanitarias  
Editorial

Según un informe presentado ayer por la organización no gubernamental británica Save the Children, que se basó en investigaciones de campo realizadas en Haití, Sudán y Costa de Marfil, tanto elementos de las Fuerzas de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los llamados cascos azules, como integrantes de organismos humanitarios, han incurrido impunemente en severos casos de abuso y explotación sexual contra niñas y niños de diversas regiones del mundo en conflicto.

Estos señalamientos no son nuevos; desde hace muchos años la opinión pública internacional ha sabido de estremecedores testimonios sobre los graves atropellos cometidos por las fuerzas de paz contra individuos de poblaciones a las que supuestamente habrían de defender. Al respecto, destaca el informe Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, elaborado en 1996 por Graça Machel, a raíz del cual la ONU se vio obligada a reconocer algunos de los crímenes cometidos por las tropas a su cargo. Es pertinente recordar, asimismo, los abusos contra menores perpetrados por elementos de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití en 2006, y las violaciones de una veintena de niñas por efectivos multinacionales desplegados en Yuba, Sudán, que se divulgaron a principios del año siguiente.

No obstante estos antecedentes, las medidas emprendidas por el organismo que hoy dirige Ban Ki-Moon han resultado insuficientes para evitar la redición de vejaciones cometidas en contra de un sector demográfico de suyo vulnerable, que, en las circunstancias en que suelen intervenir las fuerzas de paz, padece un desamparo particularmente agudo: conflictos bélicos siempre propicios para la comisión impune de grandes crímenes, porque en ellos impera la ley del más fuerte.

Por lo demás, la vinculación –señalada también en el estudio de Save the Children– de un total de 23 agencias humanitarias en delitos cometidos contra menores en los tres países estudiados hace recordar el escándalo suscitado en octubre del año pasado, cuando las autoridades de Chad detuvieron a la tripulación de una aeronave catalana contratada por la ONG francesa El Arca de Zoé, que pretendía trasladar a Francia a una centena de niños africanos presuntamente huérfanos, como parte de una “misión humanitaria”. Sin embargo, según declaraciones posteriores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ninguno de los menores había perdido a sus padres, y su traslado obedecía a que iban a ser vendidos a familias europeas, que habían pagado ya “cierta cantidad de dinero para quedarse con ellos”.

En suma, los casos mencionados dan cuenta de que, bajo la bandera de los organismos caritativos y las misiones humanitarias, pueden cometerse grandes atrocidades cuyos autores permanecen impunes, en la mayoría de los casos, debido a las lagunas y contradicciones de los marcos legales en los que se realizan los despliegues militares o civiles.

Sin duda la intervención de las fuerzas de paz y las agencias humanitarias es en muchos casos deseable y hasta necesaria. Precisamente por ello, es urgente que tanto la ONU como los gobiernos que la integran ejerzan un control efectivo sobre esas tropas, a fin de impedir la comisión de estos delitos. Es necesario, asimismo, garantizar que quienes los han cometido sean sancionados. Al mismo tiempo, se requiere que el organismo internacional reflexione en qué casos resulta conveniente la intervención de los cascos azules en situaciones conflictivas, y en qué otros representa, más que un remedio, un mal mayor para poblaciones inermes y de por sí hundidas en el temor, el sufrimiento y la zozobra.

Protocolo de Cartagena: responsabilidad y reparación de daños 
  Alejandro Nadal

En 2003 entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el principal tratado sobre los riesgos que presentan los organismos genéticamente modificados (OGM). Este instrumento sólo regula una parte de la difusión de esta tecnología: el movimiento transfronterizo de OGM que van a ser liberados al ambiente. Pero por la importancia de esta fase del ciclo de vida de los OGM, muchos analistas consideran que el Protocolo de Cartagena es el embrión de un régimen regulatorio más completo sobre organismos transgénicos. Eso está por verse. Acaba de concluir la última reunión de las partes (MOP4) en Bonn, Alemania, y los pronósticos no son buenos.

Si usted quiere saber cómo van las negociaciones en el Protocolo de Cartagena lo primero que tiene que hacer es irse a su componente medular: el régimen de responsabilidad y reparación de daños. En ese capítulo, las cosas no andan bien.

El artículo 27 del Protocolo de Cartagena establece que las partes deberán elaborar reglas a nivel internacional para determinar el ámbito de responsabilidad y reparación de daños que resulten del movimiento transfronterizo de OGM. Estas reglas deberían estar definidas en 2008.

Durante las duras negociaciones que dieron origen al Protocolo de Cartagena se evitó tratar de definir lo más importante: la responsabilidad debería ser ¿objetiva o subjetiva? En el primer sistema, la responsabilidad es estricta porque depende de la simple posesión o manipulación de los objetos que están siendo regulados: por el solo hecho de manipular OGM, si hay daños, uno es responsable. En cambio, la responsabilidad subjetiva (también llamada civil por algunos juristas) civil depende de que se presente un acto ilícito por parte de los agentes involucrados. Un agente es responsable y debe reparar los daños sólo cuando comete un ilícito (por ejemplo, manejar un auto en estado de ebriedad o sembrar un tipo de transgénicos cuando todavía no está permitido hacerlo). Si no hay un acto ilícito, aún cuando los OGM causen daños, nadie es responsable.

Es claro que definir el régimen de responsabilidad es el pivote central del que depende el Protocolo de Cartagena. Y las compañías de biotecnología van a luchar hasta el final en este terreno porque no están dispuestas a ceder y a verse sometidas a un régimen de responsabilidad objetiva. Por eso el plazo de cuatro años no fue suficiente. El “logro” en Bonn es que las partes acordaron abrir el plazo otros dos años y celebrar otras dos reuniones internacionales para poder cumplir con el mandato del artículo 27 del Protocolo de Cartagena. Además se alcanzó otro acuerdo: las partes definirán lo que se va a entender por daño y van a aclarar las reglas para evaluar los daños y, en su caso, la compensación. Es decir, se acordó que ahora sí van a hacer la tarea.

El lobby de la biotecnología se opone terminantemente a la responsabilidad objetiva, pero es evidente que el segundo sistema es irrisorio y deja sin protección a cualquiera que sea afectado por los OGM. Incluso eso contradice el principio rector del Protocolo de Cartagena. Lo que está en juego aquí es el alma del tratado pues para este instrumento los OGM representan un riesgo y por eso ha consagrado el principio de precaución. Pero a la hora de la verdad, no ha sido posible ser consistentes y definir un régimen de responsabilidad que corresponda a esa premisa.

Hace poco seis empresas de biotecnología propusieron un acuerdo de compensación contractual supuestamente destinado a destrabar el proceso. Las compañías se obligarían a reparar los daños provocados por sus productos siempre y cuando quedara demostrado el vínculo de causalidad. Las condiciones y manejo del acuerdo serían definidos por las seis compañías. Esta propuesta era simple y llanamente un intento por reemplazar la ley con un alevoso acuerdo privado.

Afortunadamente esa propuesta fue rechazada. Pero en Bonn vimos que la mafia de la biotecnología no está dispuesta a la coexistencia pacífica con el Protocolo de Cartagena. Por todos los medios buscará reemplazarlo con un tramposo sistema de “manejo” de responsabilidad y daños.

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