sexta-feira, 23 de maio de 2008

La Jornada 21 de mayo de 2008

- El gobierno de Chiapas se niega a liberar a zapatistas

- Denuncian incursión policiaco-militar en la comunidad chiapaneca de Tulijá

- Denuncian lacandones contaminación de río

- La familia Benhumea demanda que no quede impune la represión en Atenco

- Mediadores entre el EPR y el gobierno se abocarán al tema de los desaparecidos

- Liberan a 4 líderes indígenas en Veracruz

- Maestros bloquean carreteras y central de Pemex en Oaxaca; paro en Michoacán

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El gobierno de Chiapas se niega a liberar a zapatistas
Hermann Bellinghausen

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el comité de ex presos políticos y presos injustamente Voces Inocentes, y familiares de los afectados acusaron al gobierno de Juan Sabines de no cumplir “su compromiso de liberar a los compañeros bases de apoyo zapatistas Angel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, que están en la cárcel de Yajalón y se encuentran mal de salud, sin recibir atención médica. Todo lo que les pueda pasar será culpable el mal gobierno y es por eso exigimos su libertad inmediata e incondicional”.

En un mensaje dirigido al EZLN, la otra campaña y organismos civiles, indican que “el gobierno se había comprometido a revisar los expedientes (de los presos políticos) y hasta la fecha no hay ningún resultado; por lo que vemos no hay voluntad de darles la libertad a los compañeros que se encuentran todavía en la cárcel”.

Éstos son, de la Voz de los Llanos: Tiburcio Gómez, Agustín Rodríguez, Antonio Díaz, Juan Díaz y Miguel Díaz. De la Voz del Amate: Alberto Patishtan, Julio César Pérez, José Pérez, Marcelino Díaz, Maria Delia Pérez y Jesús López. Y del “grupo zapatista”: Antonio Gómez y Miguel Gómez.

Los ex presos, liberados recientemente luego de una larga y parcialmente exitosa huelga de hambre, anunciaron su decisión de no firmar cada mes “como nos quiere obligar el gobierno”, siendo que “él mismo dijo que somos inocentes, y si firmamos es como aceptar el delito que nos acusaron”.
 
Denuncian incursión policiaco-militar en la comunidad chiapaneca de Tulijá
Hermann Bellinghausen
Este lunes se registró una incursión del Ejército federal y la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la comunidad San Jerónimo Tulijá (municipio oficial de Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón). El martes, los militares y policías volvieron a posicionarse en las afueras del poblado.

Según reporta el Centro de Drechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), la mañana del lunes los pobladores se percataron del sobrevuelo de un helicóptero militar. Por la tarde ingresó un convoy de 11 vehículos de distintas corporaciones. Sus integrantes descendieron de sus vehículos portando armas de grueso calibre, allanaron tres domicilios sin orden judicial, de los cuáles dos eran de bases de apoyo zapatistas y uno de priístas.

“El día 19, los efectivos militares iban acompañados de un vecino de la comunidad, Narciso Morales Gutiérrez, presuntamente miembro de un batallón de infantería destacamentado en Cancún, a quien vieron señalando a las autoridades del consejo autónomo y sus casas”, añade el CDHFBC.

Los militares y policías “amenazaron a las personas que se encontraban en las casas y las calles”. En una de las viviendas de zapatistas, un agente de la AFI “tomó por el cuello a una muchacha de 21 años (se omite su nombre a solicitud de los denunciantes), quien cargaba a su hijo de dos años, en tanto otros agentes gritaban ‘ya mátala’”. Tras la incursión y el allanamiento, los integrantes del convoy salieron de San Jerónimo Tulijá hacia las 18 horas, sin ningún detenido.

El CDHFBC documentó este martes la presencia de por lo menos 11 vehículos: tres tipo torton, una pickup, un Hummer y una camioneta Suburban, todos pertenecientes al Ejército. Además, tres pickup de la Policía Estatal Preventiva y dos camionetas, al parecer de la AFI. El Hummer bloqueaba el acceso a la población. Eran unos 300 elementos en total.

Los observadores fueron cuestionados por el capitán Loyola, a bordo del Hummer 0818141. El oficial dijo que la operación policial y militar se debía a “un reconocimiento de rutina”, sin agregar más. Los vehículos se alejaron un kilómetro en un lugar conocido como El Graval.

Pobladores de San Jerónimo Tulijá denunciaron la incursión, “ya que no hay motivo que justifique el allanamiento de las fuerzas armadas; sin embargo, no descartan que cualquier pretexto sirva para agredir a los pobladores del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, perteneciente al caracol de La Garrucha”.

El CDHFBC expresa preocupación, “dado el riesgo latente de nuevas agresiones a la comunidad”, y exige a las autoridades federales y estatales que se proteja la integridad de los pobladores, y el retiro inmediato del Ejército, tanto por la peligrosidad como por la ilegalidad de su participación en asuntos policiacos”.

Denuncian lacandones contaminación de río
Angeles Mariscal, corresponsal

Tuxtla Gutiérrez, Chis. Habitantes de al menos 14 poblados de la selva Lacandona denunciaron que el sistema de tratamiento de aguas residuales del ejido Cintalapa, construido en 2003, contamina el río Lacanjá, que abastece de agua el ecosistema de la zona.

Los pobladores denunciaron que las cisternas ya desbordan aguas negras que van a dar al río Lacantún. La situación priva desde 2005, y las autoridades ambientales no han atendido el problema.

La familia Benhumea demanda que no quede impune la represión en Atenco
Alfredo Méndez
La familia de Alexis Benhumea, el joven que murió a consecuencia de un proyectil de gas lacrimógeno que impactó su cabeza durante el operativo policiaco contra el pueblo de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, solicitó ante un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el máximo tribunal no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.

“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, señaló el pasado lunes Miguel Ángel Benhumea a Genaro David Góngora Pimentel, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos bajas mortales de la acción policiaca.

Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea al ex presidente de la SCJN–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.

Incluso, le advirtió al ministro Góngora, en Europa, específicamente en España y Francia, se formó un colectivo denominado Alexis Benhumea, por lo que si la SCJN llegara a emitir un informe que exonere a los funcionarios responsables de la “acción represiva”, cuando los magistrados mexicanos salgan al extranjero “seguro estoy que serían recriminados por éste y otros colectivos”.

En entrevista con La Jornada, el hermano mayor de Alexis indicó que aunque Góngora los atendió sólo 12 minutos, ha sido el único de los ministros que los ha recibido, pese a que ellos tienen muchos datos y testimonios que aportar a la comisión investigadora de la SCJN.

Mediadores entre el EPR y el gobierno se abocarán al tema de los desaparecidos
Fabiola Martínez
El gobierno federal y la comisión de mediadores propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) acordaron anoche enfocar el diálogo en el análisis sobre al paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, eperristas desaparecidos desde el año pasado.

Al término del primer encuentro formal entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y los siete integrantes de la comisión de mediación, ambas partes calificaron la cita de “positiva y productiva”; los personajes propuestos por el EPR dejaron claro que sólo tratarán el tema de los desaparecidos.

“La comisión de mediación no opera como ‘glosador’ del EPR; tampoco actúa como vocera ni en respuesta a los comunicados del EPR, sino que nos vamos a concentrar en el punto de los desaparecidos”, señaló el escritor Carlos Montemayor, vocero de esa instancia.

Precisó que en las dos horas y media de diálogo con los funcionarios encabezados por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Abraham González, analizaron algunos temas relativos a la problemática de las desapariciones forzadas en el país, con el fin de ampliar la información del contexto histórico de estos casos y también del estado que guardan las investigaciones judiciales acerca del paradero de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El EPR emitió el lunes pasado un comunicado en el que pide al gobierno la liberación de “presos políticos”, y también exige una fecha precisa para la presentación de los desaparecidos, así como pruebas fehacientes de distensión.

En tanto, fuentes consultadas señalaron que los funcionarios de Gobernación mostraron preocupación respecto del contenido del comunicado en referencia y exhibieron algunos datos sobre el estado que guarda la investigación federal sobre los desaparecidos.

En la reunión se abordó también la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte acerca del carácter no prescriptible de las desapariciones forzadas y, aunque no se habló específicamente de la labor de las fuerzas armadas, sí se trató la responsabilidad y tarea de las diversas instancias del gobierno federal involucradas.

Para los mediadores resulta un avance que las diversas aristas que debe incluir la investigación para dar con el paradero de los eperristas sean motivo de intercambio de información. En este último punto, los mediadores convocaron a la sociedad civil para que aporte elementos que contribuyan a alcanzar los objetivos de su tarea.

La reunión ocurrió en la biblioteca Manuel Gómez Morín de Gobernación, donde hubo, dijo Montemayor, una atmósfera de cordialidad y de reflexión, y se acordó que el próximo encuentro será en las oficinas de Serapaz en una fecha aún no definida, con el fin de seguirse allegando de información de “los aspectos históricos y políticos que permitan entender el caso de las desapariciones forzadas”.

En el encuentro, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, integrante del Frente Nacional contra la Represión, indicó a los funcionarios que no los están acusando (de las desapariciones de los eperristas), pero les dejó claro que cuando los casos no encuentran respuesta por la vía legal y el Ministerio Público no arroja resultados, entonces es necesario mirar hacia la voluntad política del gobierno.

Antes, Ibarra de Piedra, quien no ha había pisado las instalaciones de Gobernación desde 1982, comentó a la prensa: “nosotros estamos seguros de lo que queremos; vamos a ver si los señores del otro lado también están seguros de lo que quieren”.

A su vez, Enrique González Ruiz, también integrante de la comisión, dijo que en el encuentro hubo un acercamiento al tema de la presentación con vida de los eperristas, pero comentó que serán muy cuidadosos en su papel de mediadores: “Tenemos que movernos como hipopótamos, con cuidado extremo, para pisar y no romper el piso, porque está muy reciente el (último) comunicado del EPR”.

Mediadores y funcionarios, estos últimos encabezados también por el comisionado para el Desarrollo Político de Gobernación, Alejandro Poiré, estuvieron acompañados por sus respectivos asesores jurídicos.

“En esta productiva reunión fue posible avanzar en temas sustantivos de interés del diálogo”, señaló Gobernación en un comunicado difundido al término del encuentro.

Liberan a 4 líderes indígenas en Veracruz
A. Morales y M. Pérez (Corresponsal y reportera)
Puente Nacional, Ver., 20 de mayo. La Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) reportó que fueron liberados los cuatro dirigentes de esa organización, detenidos el lunes por elementos de seguridad pública cuando encabezaban una marcha para exigir al gobernador Fidel Herrera cumplir su promesa de entregar 10 mil hectáreas en el norte del estado.

Sin embargo, denunció que desde la represión policiaca siguen desaparecidos diez campesinos, mientras mil 200 permanecen retenidos en el edificio Agrocentro, en el municipio de Puente Nacional cerca de Jalapa

José Jacobo Femat, presidente de la organización, solicitó la intervención de las comisiones Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para localizar a los diez desaparecidos y pedir que se abra un expediente donde se investigue el ataque contra los labriegos, quienes fueron golpeados por policías y atacados con gases lacrimógenos y perros entrenados.

Detalló que desde la noche del lunes se pidió una brigada médica para atender a 250 golpeados y detalló que se encuentran delicadas una bebé de cinco meses y una embarazada, quien tiene amenaza de aborto.

Entrevistado en las instalaciones del edificio Agrocentro Siglo XXI –donde unos mil 200 totonacos y huastecos permanecen retenidos y rodeados por decenas de patrullas de seguridad pública del estado–, Jacobo Femat informó que la noche del lunes fue liberado junto con Rafael Jacobo García, José Juárez Ambrosio y Mariano Hernández, dirigentes regionales de la Cocyp, detenidos con violencia cuando encabezaban la protesta a Jalapa.

El líder detalló: “Durante cuatro horas nos sometieron en una patrulla del poblado de Rinconada y más tarde en las oficinas de seguridad pública (en Jalapa) nos tuvieron incomunicados y amenazados, nos llevaron a las oficinas del gobernador Fidel Herrera por la noche”.

Relató que al reunirse con el gobernador, éste justificó la intercepción de la caravana de campesinos a petición del Ejército y la PFP, que preparaban la llegada del presidente Felipe Calderón para este martes en la región, por lo que “las autoridades estatales se vieron obligadas a actuar contra nosotros; es lo que nos dijo”.

Operativo “fascistoide”
El operativo realizado por policías federales preventivos y de Seguridad Pública de Veracruz fue “fascistoide. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación similar”, dijo José Jacobo Femat, al narrar como les lanzaron prácticamente los perros a hombres y mujeres sin importar edad,.

El único delito que cometieron los indígenas fue exigir al gobernador cumplir con su compromiso, señaló el dirigente vía telefónica.

Maestros bloquean carreteras y central de Pemex en Oaxaca; paro en Michoacán
Octavio Vélez, Ernesto Martínez y Elio Henríquez (Corresponsales)
Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon las carreteras Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al acceso del aeropuerto Benito Juárez, y la internacional Cristóbal Colón, frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, además de la terminal de almacenamiento de Petróleos Mexicanos y la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, donde dieron paso libre a los automovilistas.

Ezequiel Rosales Carreño, secretario de organización de la sección 22 del SNTE, dijo que estas acciones se desarrollaron para “arrancar respuestas satisfactorias” a sus demandas de carácter educativo, económico, político y social contenidas en su pliego petitorio, además de la libertad de los “presos políticos y de conciencia”, la cancelación de los procesos penales y las órdenes de aprehensión contra integrantes del movimiento magisterial y popular, así como la expedición de la convocatoria de su elección interna y la entrega de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE.

Destacó que la 22 aún espera la comunicación de la Secretaría de Gobernación (SG), que actúa como mediadora, para definir la reinstalación de la mesa del diálogo con la administración estatal. Dijo que el magisterio, junto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, se mantendrá en plantón y realizando acciones de protesta.

El secretario de Gobierno, Teófilo Manuel García Corpus, informó que el próximo jueves la administración de Ulises Ruiz presentará una nueva oferta al magisterio en las oficinas de Gobernación, en la ciudad de México, y confió en que va a satisfacer sus demandas.

Aclaró que la segunda etapa de la rezonificación salarial compete exclusivamente a la Federación, que deberá destinar 166.7 millones de pesos. El gobierno estatal está ofreciendo respuestas a los reclamos en la medida de sus posibilidades salariales, dijo.

En tanto, en Michoacán, la Secretaría de Educación informó que sólo 10 por ciento de las 12 mil escuelas de enseñanza básica del estado empezaron ayer el paro convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

No obstante, Artemio Ortiz Hurtado, dirigente de los profesores disidentes michoacanos, aseguró que la suspensión de clases se dio en 30 por ciento de las escuelas y que en los próximos días se sumará al movimiento el resto de los planteles.

El paro tiene como fin exigir que se cumpla el pliego petitorio que en días pasados entregaron a las autoridades federales, el rechazo a la privatización de Petróleos Mexicanos y a las reformas a la Ley del ISSSTE, además del repudio a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo.

En el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, autoridades municipales, agentes rurales e integrantes de los comités de educación de las 23 comunidades pidieron a los maestros de la sección 7 del SNTE que no participen en el paro de labores programado para los próximos días.

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