quarta-feira, 14 de maio de 2008

Indice la Jornada, miércoles 14 de mayo de 2008

1- En caso de que el proceso prospere se beneficiará a mexicanas que
esperan justicia
Redoblan esfuerzos en España para enjuiciar a policías que violaron
mujeres en Atenco

2- Niegan envío de desechos al confinamiento
Activistas cierran paso al basurero de Zimapán

3- Atenco resiste

4- Petróleo: comenzó el debate

En caso de que el proceso prospere se beneficiará a mexicanas que
esperan justicia
Redoblan esfuerzos en España para enjuiciar a policías que violaron
mujeres en Atenco

■ Abogadas europeas desean que se realicen acciones similares a los
juicios contra Pinochet y Cavallo

Blanche Petrich

Ampliar la imagen Viviana Waisman, Bárbara Italia, Paloma Soria y
Jacqueline Sáenz ofrecieron una conferencia de prensa y subrayaron que
la Audiencia Nacional de España lleva dos meses esperando que las
autoridades mexicanas le informen sobre el curso de los procesos
judiciales abiertos por el caso Atenco Viviana Waisman, Bárbara Italia,
Paloma Soria y Jacqueline Sáenz ofrecieron una conferencia de prensa y
subrayaron que la Audiencia Nacional de España lleva dos meses esperando
que las autoridades mexicanas le informen sobre el curso de los procesos
judiciales abiertos por el caso Atenco Foto: Jesús Villaseca

La querella de la catalana Cristina Valls ante la Audiencia Nacional de
España contra policías y autoridades federales y estatales mexicanas que
participaron en mayo de 2006 en la ocupación de San Salvador Atenco "es
importante también para las 11 mexicanas que tenemos un proceso similar
ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; nos da
esperanzas de que, pese a que hasta ahora la justicia mexicana no ha
sido eficaz, podremos romper la impunidad que protege a nuestros
violadores", señaló ayer en conferencia de prensa Italia Méndez, quien
además de víctima es ahora testigo en el juicio que entabló en Madrid
una de sus compañeras de infortunio.

Las representantes legales de Cristina Valls, Viviana Waisman, directora
ejecutiva de Women's Link Worldwide, y Paloma Soria, abogada querellante
en este caso, exigieron por su parte que el gobierno mexicano responda a
la petición hecha hace ya dos meses y medio por el juez de la Audiencia
Nacional Fernando Grande-Marlaska sobre el curso de los procesos
judiciales abiertos por el caso Atenco y sobre la situación procesal y
migratoria de la querellante. La catalana, detenida y torturada junto
con seis extranjeros más el 4 de mayo de 2006, fue expulsada del país
con todo el grupo a pesar de contar con un amparo.

Imposibilitada de demandar a sus agresores en México, por su expulsión,
Valls inició un proceso judicial el 25 de enero contra 140 personas –
funcionarios de todos los niveles, policías, custodios y agentes de
migración– ante el tercer juzgado de la Audiencia española, en la que
está pendiente su aceptación. Antes de resolver si da entrada al caso,
el juez Grande-Marlaska solicitó al gobierno mexicano información sobre
el estado del curso legal del caso Atenco y la expulsión de la
querellante. La petición fue presentada el 3 de marzo. Hasta ahora el
Estado mexicano no ha respondido.

"La información que pueda proporcionar el gobierno mexicano –explicó
Waisman– tiene importancia para el proceso, pero la aceptación del caso
por parte de la Audiencia Nacional no depende de ella."

Paloma Soria, defensora de Cristina Valls, expresó su confianza de que
la Audiencia española ejercerá su jurisdicción bajo el principio de la
justicia universal, que le da facultades de intervenir en casos de
extrema gravedad –como lo es este caso de tortura– con independencia de
dónde se haya cometido la violación al derecho humanitario. Citó los
antecedentes del juicio contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y
el torturador de la Armada argentina Ricardo Miguel Cavallo. Este último
fue detenido y extraditado a España por petición de la misma Audiencia,
"con lo que México reconoció la extraterritorialidad de la justicia
universal."

Al mismo tiempo, 11 mexicanas, de las 47 mujeres que fueron detenidas en
Atenco, torturadas y agredidas sexualmente, recurrieron a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Jaqueline Sáenz, del
Centro Agustín Pro que representa legalmente a las 11, señaló que se
recurrió al sistema interamericano porque "en México no prosperó la vía
penal. Los recursos internos, tanto a escala federal como estatal, no
fueron efectivos. Hubo negligencia en la investigación, hostigamiento a
las víctimas y se aseguró la protección e impunidad de los agresores.
Sólo uno, de todos los que participaron en la tortura colectiva, fue
sancionado con una pena que no mereció cárcel."

Explicó que la CIDH, al dar entrada al procedimiento de las mujeres
violadas en Atenco, dio por agotada la vía judicial en el país, aunque
el caso todavía esté pendiente de resolución ante la Suprema Corte de
Justicia. Pero aun si la Corte validara las denuncias de las víctimas
sobre uso excesivo de fuerza, brutalidad y tortura sexual, "su fallo
puede ser bueno como memoria histórica, pero nada más. Al no tratarse de
un fallo del cual puedan desprenderse órdenes de aprehensión ni
reparación del daño, este proceso no satisface la necesidad de justicia
de las víctimas".
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=politica&article=020n1pol

Niegan envío de desechos al confinamiento
Activistas cierran paso al basurero de Zimapán

Carlos Camacho y Matilde Pérez (Corresponsal y reportera)

Zimapán, Hgo., 13 de mayo. Integrantes del movimiento cívico Todos Somos
Zimapán, que se oponen a que se instale una planta de confinamiento de
residuos peligrosos en el ejido San Antonio, bloquearon el camino a esas
instalaciones para impedir la entrada de 13 tráileres "cargados con
desechos peligrosos". Además, colocaron cadenas en los principales
caminos de la región e instalaron "aduanas" para impedir el paso de
camiones pesados.

En la planta, donde laboran unos 200 obreros, el biólogo Edgar Ramírez
Hernández, encargado de la obra, informó que la madrugada del lunes
llegaron 13 tráileres, pero "no traían desechos peligrosos, sino equipo
para los laboratorios y para las plantas de confinamiento". Adelantó que
el basurero estará listo "en un par de meses", y un mes después
"comenzará a recibir residuos".

De acuerdo con vecinos de Zimapán, que desde junio pasado se oponen a la
instalación de la planta, promovida por la firma española Befesa, "en la
madrugada del lunes nos avisaron de las comunidades Puerto del Efe y San
Miguel que habían llegado muchos camiones con basura tóxica, y que ya
sería confinada en la planta".

Acto seguido, cerraron los caminos al confinamiento entre las 7 y las 10
de la noche del lunes. Este martes un grupo de inconformes se reunió con
autoridades del ejido Dexani, para acordar que en los dos principales
accesos a la planta se colocaran cadenas y "se pida identificación a
todo vehículo que pase", pero no se dejará entrar a ningún camión
pesado, advirtió la activista Aurelia Rivera.

"Por el futuro de nuestros hijos"

El lunes se celebró en la ciudad de México el foro Zimapán: la lucha de
una comunidad contra el megatiradero tóxico, organizado por La Jornada y
Casa Lamm, en el cual opositores al confinamiento desmintieron
afirmaciones de Befesa acerca de que el confinamiento cumple normas
ambientales. Entre otras irregularidades, mencionaron que el vertedero
está a seis kilómetros del poblado y no a 25, como estipulan las normas
internacionales.

Los miembros de Todos somos Zimapán comentaron que la población no se
opone a la industrialización ni a la inversión extranjera, pero en el
caso del basurero "se ha recurrido al engaño, la amenaza y la represión.
Tenemos miedo al Ejército y a la policía, pero esta lucha es por el
futuro de nuestros hijos".
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=estados&article=037n1est

Atenco resiste

Conferencias Atenco resiste y defiende la tierra a dos años de la
represión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). A
realizarse en el plantel Del Valle el miércoles 14 a las 17 horas con la
presencia de Trini, del FPDT, Cayo Vicente y su música, Luis Arriaga del
Centro Pro y la doctora Alicia Hernández Zamora de la UACM, y en el
plantel Iztapalapa el viernes 16 a la misma hora nos acompañará
nuevamente Trini, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la
maestra Gabriela Barrueta Ruiz, de la UACM.

Plantel Del Valle, San Lorenzo 290, col. Del Valle (cerca Metro Zapata).
Plantel Iztapalapa, Ermita Iztapalapa s/n, col. Lomas de Zaragoza (ex
Cárcel de Mujeres).

Petróleo: comenzó el debate

La primera jornada de debates en torno a la iniciativa de reforma
petrolera, celebrada ayer en el Senado de la República, constituye el
inicio de un ejercicio democrático y plural sin precedente, en el que
distintos actores de la vida política y académica del país discuten la
viabilidad, legalidad y pertinencia de la iniciativa para privatizar
parcialmente la industria petrolera, enviada por el Ejecutivo federal a
Xicoténcatl el pasado 8 de abril.

Entre las críticas planteadas ayer a la propuesta calderonista destacan
las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien subrayó el carácter
inconstitucional de los llamados "contratos de desarrollo", parte
integral del paquete de propuestas, "que no son otra cosa que contratos
de riesgo, cuyo pago se vincula con resultados obtenidos, prohibidos
expresamente por nuestras leyes". En el mismo sentido, José Agustín
Ortiz Pinchetti, quien asistió en representación del ex aspirante
presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que "las propuestas de
Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a intereses
creados que han estado al acecho para consumar el gran atraco de la
privatización" y que, de ser aprobadas, cancelarían la posibilidad de
que Petróleos Mexicanos (Pemex) funja "como palanca de desarrollo"
nacional, y se reduciría a la paraestatal a "simple administradora de
contratos de petróleo crudo".

De su lado, la presidenta nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dijo que su partido rechaza "la
privatización abierta o encubierta" y que "no apoyará contratos de
riesgo", ni forma alguna de participación de intereses privados "que
pueda implicar la entrega de Pemex a particulares". Así, en esta primera
jornada de debates ha quedado de manifiesto un punto en común entre
Cárdenas y López Obrador, ambos perredistas, y la priísta Paredes. En el
caso de ésta, además, se pone nuevamente en evidencia el
resquebrajamiento de lo que hasta hace unas semanas parecía un frente
sólido entre el gobierno y las cúpulas tricolores para respaldar la
reforma presentada por el Ejecutivo.

Del mismo modo, durante la sesión de ayer en el Senado se pusieron sobre
la mesa asuntos de primera importancia, hasta ahora soslayados en el
discurso oficial. En particular, destacan las observaciones del
historiador Lorenzo Meyer, quien apuntó la gran dependencia del gobierno
con relación a la industria petrolera, por su falta de eficiencia en la
recaudación fiscal. Con ello, el académico apuntó hacia uno de los
puntos nodales de la discusión en torno a Pemex: la urgencia de una
reforma fiscal que permita al gobierno allegarse los recursos necesarios
para desempeñar sus funciones sin necesidad de saquear a la paraestatal
por la vía impositiva, a fin de que ésta pueda reinvertir sus ganancias
en el mejoramiento de su infraestructura y en el desarrollo de
tecnología y se convierta en la empresa fuerte, próspera y competitiva
que el país requiere.

Por lo demás, a la par de las incoherencias exhibidas en la propuesta de
reforma petrolera del grupo gobernante, quedó al descubierto su orfandad
de argumentos y su falta de capacidad para sostener un debate que, cabe
recordar, intentó eludir por todos los medios. En su ponencia, el
dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien
supuestamente había asistido a defender la iniciativa, se limitó a
repetir las consignas del gobierno federal y a denostar a los
opositores, a quienes se refirió como "nacionalistas falsarios" y
"teólogos del petróleo".

No puede dejar de señalarse que, como expresó el propio Ortiz Pinchetti,
el debate que se inició ayer no habría sido posible sin las acciones de
resistencia cívica que emprendieron diversos sectores de la sociedad y
que secundaron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP)
mediante la toma de las tribunas legislativas. Hoy es inevitable
reconocer que tales medidas, que fueron objeto de una virulenta condena
y de una descalificación orquestada en la mayoría de los medios
informativos, lograron frenar un albazo que hubiese aprobado sin debate
la iniciativa privatizadora, y sentaron las bases para una discusión
sana, plural y necesaria en la que, cabe esperar, imperen el sentido de
país y los intereses nacionales.

Por último, si la discusión sigue en los próximos días el curso que tomó
hoy, se volverá inevitable la completa bancarrota argumental de la
iniciativa privatizadora presentada el 8 de abril, y sumamente difícil
su aprobación legislativa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/14/index.php?section=opinion&article=002a1edi

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