segunda-feira, 5 de maio de 2008

Indice la Jornada, domingo 4 de mayo de 2008

1- Han podido concretar un gobierno real y una política colectiva
La autonomía zapatista avanza pese a tenaz contrainsurgencia

2-
Unen fuerzas lugareños, APPO y padres de jóvenes asesinados por el gobierno colombiano
Rememoran en Atenco dos años de los ataques de policías estatales y federales

3-
Los responsables intelectuales y materiales, sin castigo contundente
La impunidad marca el segundo aniversario de la represión al FPDT

4-
Inocentes, la mayoría de los acusados

5-
La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR
En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra

6-
Las compararía con cuerpos hallados en la capital del estado
Aún no solicita la PGR pruebas de ADN a parientes de dos eperristas de Oaxaca

7-
Persiste hostigamiento paramilitar en la Costa Chica

8-
Piden liberación de presos

9-
Marcha por Atenco

10-
Documental

11-
Demandan justicia para comunicadoras triquis

12-
Otorga la ONU premio a Lydia Cacho

Han podido concretar un gobierno real y una política colectiva
La autonomía zapatista avanza pese a tenaz contrainsurgencia


■ Combate a tráfico ilegal de personas y maderas, otros logros

Hermann Bellinghausen (Enviado)

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Municipio autónomo San Pedro de Michoacán, Chis. 3 de mayo. El proceso de autonomía zapatista sigue su marcha, aún negado o minimizado por los medios y los investigadores sociales; pero no por las fuerzas armadas ni la millonaria inversión contrainsurgente, que con su persistente acción y presencia confirman que el movimiento del EZLN, aunque civil y pacífico, es prioridad militar para el gobierno.

Pero tras 14 años en resistencia, y casi tantos en autonomía, lo construido es tangible, y no conoce descanso. Confirma una existencia política colectiva, un gobierno real, una relación con vecinos de otra opción organizativa (incluso antagonistas). Una manera de “buscar acuerdo”, evitando confrontaciones sin ceder en lo que consideran justo. No siempre es fácil, y no siempre hay buena fe en las contrapartes.

Las juntas de buen gobierno, los concejos municipales autónomos, y sobre todo los pueblos son dueños de su destino, aún con tanto en contra, y su modernidad reta cotidianamente a las “modernizadoras” autoridades oficiales.

Entre 2007 y 2008, los pueblos rebeldes en la cañada tojolabal defendieron durante meses a los pobladores de 24 de Diciembre, en un plantón que fue en sí una experiencia formativa, un encuentro de bases de apoyo zapatistas de muy diversas procedencias, para un “trabajo” concreto, que cumplió su cometido.

Simultáneamente, la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad ha establecido nuevos controles contra el tráfico ilegal de personas y maderas preciosas, así como la piratería del transporte y la corrupción en la concesión de obras públicas, como la carretera que se construye a paso redoblado en la cañada. Destino: La Realidad.

“Sabemos que la carretera tiene ventajas y desventajas”, reconoce Roel, de la JBG. “Puede servir al gobierno para meter el Plan Puebla-Panamá. Permitimos que se construya porque también lo quieren las comunidades. Pero sólo si hay respeto”.

Describe cómo esa carretera, procedente de Las Margaritas, ha sido durante muchos kilómetros monopolio de la CTM priísta y la Cioac perredista (gobernante en Las Margaritas). “Ahora van a trabajar distintos concesionarios, por acuerdo de las comunidades”. Hay pues volteos de una pequeña empresa regional: Macoma. “Cada comunidad va a participar en las obras del tramo donde le toca. Si los constructores respetan, bien. Si no, van para afuera”.

Acompañado por otros miembros de la JBG, en el caracol Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, el representante autónomo refiere: “Con nuestra vigilancia han caído polleros que tratan de pasar gente indocumentada. Se obliga al coyote a que regrese el dinero a los migrantes, que le saca mucho, es un robo. A los hermanos guatemaltecos les aconsejamos que se regresen, que es muy peligroso seguir, que en este país los van a tratar muy mal, pero ellos deciden para dónde se van”. A los coyotes se imponen penas de hasta seis meses en la cárcel, participando en trabajos de las comunidades.

Los autónomos han frenado el tráfico de caoba, que se efectuaba entre la selva y Poza Rica o Maravilla Tenejapa. Uno de los responsables del saqueo es Misael Reyes Escalante, priísta. “Ahora poco, hemos decomisado 41 planchas de caoba y 13 docenas de tablas de caoba”.

Además, cumpliendo el acuerdo de las comunidades y las cooperativas de transporte público (no zapatistas la mayoría), la JBG ha frenado la piratería, cobijada por las autoridades oficiales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=009n1pol

Unen fuerzas lugareños, APPO y padres de jóvenes asesinados por el gobierno colombiano
Rememoran en Atenco dos años de los ataques de policías estatales y federales


■ Ratifican su rechazo a la construcción de un aeropuerto en el antiguo vaso de Texcoco

René Ramón, Elio Henríquez y Julia Leduc (Corresponsales)

Ampliar la imagen Integrantes del FPDT y amigos y familiares de Alexis Benhumea colocaron una ofrenda en la carretera federal Texcoco-Lechería, donde el 4 de mayo de 2006 el joven fue ultimado, por un proyectil policial Integrantes del FPDT y amigos y familiares de Alexis Benhumea colocaron una ofrenda en la carretera federal Texcoco-Lechería, donde el 4 de mayo de 2006 el joven fue ultimado, por un proyectil policial Foto: René Ramón

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los padres de los cuatro estudiantes mexicanos masacrados en Ecuador por el ejército colombiano anunciaron una lucha conjunta para exigir justicia por los asesinatos, presentación de desaparecidos y la liberación de los presos de conciencia en México.

La confluencia se dio durante el acto político y cultural en que el FPDT rememoró el segundo aniversario del ataque de las policías federal y estatal a San Salvador Atenco, estado de México, y reivindicó su oposición a la construcción de un nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en terrenos del antiguo lago de Texcoco.

La jornada, en la que participó Flavio Sosa, dirigente de la APPO, inició en la carretera federal Texcoco-Lechería, en cuyo camellón fue colocada una ofrenda floral en memoria de Alexis Benhumea, el universitario que cayó herido por un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por la policía y que a la postre lo mató.

Los padres de los jóvenes abatidos en el extranjero cerraron la vía federal en ambos sentidos durante 30 minutos; allí acusaron al gobierno de Felipe Calderón de complicidad con su homólogo colombiano, Álvaro Uribe. Revelaron que antes de su partida a Sudamérica, el gobierno de Felipe Calderón seguía de cerca todos los movimientos de los estudiantes mexicanos que participaron en la convención internacional bolivariana.

Flavio Sosa relató las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra los más de mil 500 presos del Altiplano y exigió la liberación de cinco de sus compañeros y la presentación, vivos, de otros tantos integrantes de la APPO desaparecidos.

Los atenquenses pusieron en el audio un mensaje de Ignacio del Valle, grabado el 30 de abril, en el cual llamó a la gente a no perder la esperanza y a cosechar lo que se sembró durante esta lucha.

A dos años de la represión aún está impune el castigo para los policías que violaron a las mujeres durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, sostuvo en su mensaje Héctor Galindo Gochicoa, quien advirtió que “la ilegalidad y la injusticia sigue vigente”.

Del Valle y Galindo Gochicoa son dos de los tres líderes del FPDT que purgan sentencia de 67 años de prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Acciones en Chiapas y Tamaulipas

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, integrantes del Núcleo Estudiantil en Resistencia y Rebeldía iniciaron una jornada de dos días por la libertad y la justicia. Adherentes de la otra campaña, los manifestantes se instalaron temprano en la plaza Catedral, donde colocaron una exposición fotográfica y exhibieron videos para “romper el cerco informativo” y exigir la libertad de todos los presos políticos.

En Matamoros, Tamaulipas, activistas se movilizaron en repudio a la violencia ocurrida en mayo de 2006 en Atenco. Con un plantón en la Plaza de Armas y la entrega de 2 mil volantes, los manifestantes encabezados por María González Armenta lamentaron que el gobierno federal continúe reprimiendo las organizaciones sociales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n1pol

Los responsables intelectuales y materiales, sin castigo contundente
La impunidad marca el segundo aniversario de la represión al FPDT

Emir Olivares Alonso

A dos años de las violaciones de los derechos humanos en San Salvador Atenco (3 y 4 de mayo de 2006) por policías, “la constante ha sido la impunidad”, pues a la fecha no han sido castigados “de manera contundente” los responsables materiales e intelectuales de las agresiones, coincidieron víctimas, líderes del movimiento, organizaciones civiles y abogados de los detenidos.

Los saldos de esos hechos son: las muertes de Francisco Cortés Santiago, de 14 años, tras recibir un balazo calibre 38, usado por los uniformados, y de Alexis Benhumea, universitario herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno de la PFP, lo que lo tuvo más de un mes hospitalizado, falleciendo el 7 de junio de 2006.

También decenas de torturados y al menos 26 mujeres violadas y agredidas sexualmente –de las 47 detenidas– como acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 207 detenidos, entre ellos cinco extranjeros que fueron expulsados del país.

En tanto que Ignacio del Valle –líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT)–, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, están recluidos en el penal de máxima seguridad Altiplano y se les sentenció hace un año a 67 años de prisión por el delito de secuestro por hechos ocurridos en febrero y abril de 2006, aún está pendiente la resolución por los acontecimientos de mayo.

Juan de Dios Hernández, defensor de la mayoría de los detenidos e integrante del Colectivo de Abogados Zapatistas, señaló que otra irregularidad es que decenas de personas fueron privadas “ilegalmente de la libertad”, pues todos los que han salido libres, a excepción de Alfonso Martínez –en libertad condicional y a quien se le sigue proceso por ataque a las vías de comunicación– fueron recientemente absueltos gracias a varios amparos.

Además varias personas viven una especie de exilio, porque existen órdenes de aprehensión en su contra. Leonel Rivero, abogado del FPDT, informó que es el caso de Adán Espinoza, Bernardino Cruz y Jorge Flores, acusados de secuestro, robo y privación de la libertad, quienes están a la espera de que se resuelva un amparo para evitar su detención. En tanto que para América del Valle, hija del líder del FPDT, el panorama no es alentador pues se agotaron los recursos legales para evitar su aprehensión al negársele un amparo y la revisión de éste.

Trinidad Ramírez, esposa de Del Valle, y quien ha asumido el liderazgo del FPDT, aseguró que “las agresiones y torturas contra los compañeros y la violencia sexual contra las mujeres continúan impunes”. Indicó que su lucha continuará “hasta obtener la libertad de todos los compañeros y justicia ”.

Mientras, señala, quienes perpetraron los abusos y “torturas”, delito considerado de lesa humanidad por organismos internacionales , no han sido sancionados.

La justicia mexiquense inició proceso penal sólo contra 21 policías –de más de 2 mil que participaron en el operativo– por delitos no graves; 15 ya fueron exonerados, a cinco se les procesa por abuso de autoridad y están en libertad bajo fianza; mientras el pasado viernes fue sentenciado a tres años y dos meses de prisión por actos libidinosos el agente Doroteo Blas Marcelo; sin embargo, al no ser delito grave se le fijó una fianza de 8 mil 427 pesos para obtener su libertad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n2pol


Inocentes, la mayoría de los acusados

Emir Olivares Alonso

Toluca, Méx. 3 de mayo. Las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) contra los 29 detenidos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, se han diluido en los dos años transcurridos, pues la mayoría de los consignados ha demostrado su inocencia.

Permanecen presos 16 y de ellos 12 esperan sentencia por secuestro equiparado y uno por ataques a las vías de comunicación.

Los otros tres –Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del movimiento– fueron sentenciados a 67 años y medio de prisión por hechos distintos a los ocurridos el 3 y 4 de mayo en Texcoco y Atenco.

Otros 12 permanecen en el penal de Molino de Flores, Texcoco, quienes son enjuiciados por secuestro una vez que se cerró la instrucción del juicio, y otro por ataques a las vías de comunicación.

También están presos dos floristas de Texcoco detenidos el 3 de mayo de 2006, a quienes se imputaron portación de arma prohibida (machetes) y ultrajes, delitos no graves que alcanzan fianza. La PGJEM y el juez consideraron que ambos son “un peligro social”, por lo que enfrentan su proceso encarcelados.

La PGJEM consignó los expedientes de los 29 detenidos al juez segundo penal de Toluca, quien días más tarde decretó la libertad para todos por delincuencia organizada, pero resolvió enjuiciar a 23 por secuestro y a 17 por ataques a las vías de comunicación.

Cuatro más recuperaron su libertad de inmediato por no estar implicados. Cinco fueron deportadas por ser extranjeros y 11 remitidos a la Escuela de Rehabilitación para Menores Quinta del Bosque, donde permanecieron menos de dos meses.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=007n3pol

La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR
En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra


■ Ofrece retirarse del grupo de mediación para no dificultar el proceso

Blanche Petrich

Ampliar la imagen Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Integrantes del Ejército Popular Revolucionario durante un acto de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, para recordar la matanza de 17 campesinos Foto: Francisco Olvera

Ante el veto del gobierno federal a la presencia de la senadora Rosario Ibarra en el grupo de mediación que propuso el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta el momento manifestado en forma extraoficial, la legisladora expresó: “no quiero, de ninguna manera, ser un estorbo. Si mi participación implica dificultar el diálogo, me hago a un lado”.

No obstante, dijo que “antes debo tomar en cuenta la opinión de mis compañeros del grupo, por respeto. Ellos, todos gente muy seria y comprometida (Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas), fueron muy claros en considerar inaceptable el veto” en la reunión sostenida el jueves pasado.

La también presidenta de Eureka, organización que ha encabezado históricamente la lucha por la aparición con vida de los secuestrados-desaparecidos, respondió al argumento que esgrimieron fuentes de la Secretaría de Gobernación consultadas por la reportera Fabiola Martínez (2 mayo 2008), en el sentido de que la participación de la senadora del PRD podría representar un conflicto entre las fuerzas políticas.

“En primer lugar –dijo a La Jornada–, nunca he pertenecido a ningún partido; ni al Partido Revolucionario del Trabajo, al que representé como candidata a la Presidencia, ni al PRD. Reconozco también que, ante el asunto de los desaparecidos, yo no puedo ser imparcial. Este es, sin matices, un crimen de Estado. Y el gobierno sabe muy bien que mientras me quede un hálito de vida no dejaré de luchar por ellos. Porque yo sé lo que es que te arranquen de esa manera a un ser querido. Lo que creo es que el gobierno no me quiere en el grupo porque en el fondo no quiere discutir del tema de las desapariciones.”

La defensora de derechos humanos recordó que, aunque Gobernación no lo reconoce, lo que motivó la propuesta de una mesa de negociación con una instancia mediadora fue determinar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los dos líderes del EPR. El primer paso del grupo armado en este sentido fue su comunicado del 24 de abril, fechado en Querétaro. La propuesta incluía al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), pero no consideraba a la senadora Ibarra de Piedra.

También en entrevista, Enrique González Ruiz explicó que el FNCR decidió nombrarlo a él, a Juan de Dios Hernández y a Rosario Ibarra como representantes del frente. “Fue un debate a fondo. Hubo reservas, por considerar que la posición de Felipe Calderón es poco confiable y por temor de ser utilizados para legitimarlo. Pero decidimos correr el riesgo, si con nuestra participación logramos avanzar en la solución del problema de los desaparecidos. También consideramos la advertencia del EPR del 22 de abril, respecto a que estaba en alerta y que continuaría su campaña de acciones armadas para lograr la aparición con vida de sus compañeros. Pensamos que había que buscar todos los caminos para que no se dieran acciones violentas”. Expresó que si su presencia es un obstáculo para que la negociación llegue a buen puerto, “me hago a un lado”.

De todas maneras, el papel del grupo mediador aún es muy incierto, ya que en un comunicado del 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se pronunció por un rol de “testigos sociales”, mismo que fue rechazado por los mediadores.

Históricamente, la relación de las organizaciones precursoras del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario con Rosario Ibarra y Eureka han sido distantes y tensas. En los 70, el Procup –una de las organizaciones troncales de lo que hoy es el EPR– formó un frente de defensa de las víctimas de la represión en la época alterna al primer FNCR que formó la dirigente de Eureka. Ayer, sin embargo, Rosario Ibarra recibió un aval del grupo Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo (una vieja escisión del PDRP-EPR).
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=006n1pol

Las compararía con cuerpos hallados en la capital del estado
Aún no solicita la PGR pruebas de ADN a parientes de dos eperristas de Oaxaca


Gustavo Castillo García

La Procuraduría General de la República (PGR) pretende comparar el ADN de los familiares de los eperristas desaparecidos en mayo de 2007 en la capital de Oaxaca con los registros genéticos de al menos 10 cadáveres que han sido localizados en dicha ciudad en el transcurso del último año, revelaron funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Sin embargo, según las fuentes consultadas, apenas empezaron los acercamientos con familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, para que acepten someterse a las pruebas, que podrían consistir en una toma de saliva o sangre.

Funcionarios de la PGR indicaron que la SIEDO no ha solicitado a Servicios Periciales la realización de las pruebas, pero en esta dirección se han recabado muestras genéticas de los cadáveres localizados en el estado de Oaxaca en los últimos 12 meses.

Al momento, la PGR cuenta con un banco de alrededor de 2 mil 500 muestras de ADN, de cadáveres que han sido localizados en el país luego de algún enfrentamiento o de haber sufrido los llamados levantones.

Cabe recordar que en diciembre del año pasado, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo ante corresponsales extranjeros que en julio de ese año “se abrió una averiguación previa y se han realizado numerosas diligencias y acreditado que los hechos no ocurrieron en los términos planteados en la primera denuncia por la hija de una de las personas desaparecidas”. Y aunque señaló que tenían “avances importantes”, fue hasta la detención de un grupo de sicarios del cártel del Golfo que la dependencia federal obtuvo indicios que señalan la participación de policías oaxaqueños en la desaparición de los eperristas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=006n2pol


Persiste hostigamiento paramilitar en la Costa Chica

Sergio Ocampo, corresponsal

Chilpancingo, Gro., 3 de mayo. Obtilia Eugenio Manuel, secretaria general de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), denunció que persiste el hostigamiento de grupos paramilitares contra ciudadanos de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, e “incluso nos han amenazado de muerte”.

Entrevistada por teléfono, la dirigente de los indígenas tlapanecos (o me’phaá, como se hacen llamar) acusó al comisario de esa comunidad, Isidro Remigio Cantú, de hostigar a los habitantes de esa zona de Ayutla: el 25 de abril “le dijeron a la gente que iba a venir el Ejército a matar a la gente”.

Destacó que en cada reunión que convoca acusa a la OPIM de estar formada por delincuentes y rebeldes; “eso es falso, están enojados por que nos hemos organizado para defender nuestros derechos y denuncian los abusos y atropellos que comete el gobierno”.

Apenas el 26 de abril, 73 ciudadanos levantaron una acta en la que pidieron a la Procuraduría de Justicia del estado justicia por el asesinato el 9 de febrero de Lorenzo Fernández Ortega, uno de los dirigentes indígenas me’phaá responsable de la defensa de los 14 indígenas esterilizados en 1998.

Recordó que “el 24 de abril, miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos subieron a El Camalote a visitar y ofrecer apoyo a las familias de los cinco detenidos que se encuentran en el reclusorio de Ayutla de los Libres, pero el comisario denunció que los visitantes entraron a la casa del hermano del comisario Romualdo Remigio Cantú y se robaron pertenencias de valor y dinero, y otros recursos que estaban en la camioneta del comisario Isidro Remigio Cantú”.

La dirigente la OPIM llamó al gobernador Zeferino Torreblanza a no criminalizar la lucha de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=estados&article=026n2est

Piden liberación de presos

Queremos denunciar el clima de hostigamiento y represión que impera en Chiapas. La escalada represiva se ha manifestado contra los compañeros injustamente presos en los penales de El Amate y Los Llanos, de los dos bases de apoyo zapatistas que se encontraban presos en Tabasco y recientemente fueron trasladados a Chiapas, y de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, a la que entraron el 27 de abril 500 policías con lujo de violencia para desalojarlos de sus tierras, que la organización OCEZ-CMPA intenta robar con el apoyo del gobierno de Chiapas.

Estos indignantes hechos ocurren tras las muy publicitadas liberaciones otorgadas a regañadientes después de una huelga de hambre de 45 días, maniobra mediática con la que el gobierno de Juan Sabines busca ocultar las condiciones de sus penales, la represión que ejerce su gobierno en contra de compañeros injustamente presos y en contra de las comunidades zapatistas.

Exigimos la libertad inmediata de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, de los integrantes de La Voz del Amate y de los zapatistas injustamente presos en el Cereso 14. Además, garantías y seguridad a todos en penales chiapanecos, y que sean investigados y castigados los culpables de la agresión contra los integrantes de La Voz de los Llanos. Y la retirada de la policía estatal de la comunidad de Cruztón.

Adherentes a la otra campaña Jalisco, de la UOT Guanatos. Asamblea contra la Represión y por la Lucha Social

Marcha por Atenco

Hace dos años, nuestro pueblo de Atenco fue reprimido brutalmente por la policía estatal y federal bajo las órdenes de Fox y Peña Nieto. A la fecha, la injusticia perdura, ya que aún quedan 16 compañeros presos, varios perseguidos políticos y permanecen impunes las violaciones a nuestras compañeras y los asesinatos de Javier Cortés y Alexis Benhumea. Por ello, invitamos al pueblo de México y a las organizaciones sociales a participar en la marcha A dos años, vamos por la libertad de todos nuestros compañeros, que partirá el domingo 4 de mayo de Atenco a la caseta de la autopista Vía Lago a las 7 horas y del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte a las 13 horas.

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Alberto Alonso Sarmiento.

Documental

A dos años de la brutal represión a campesinos y organizaciones en San Salvador Atenco, invitamos a la proyección del documental Atenco, un crimen de Estado, realizado por el colectivo AMV, que da cuenta de que hubo una negociación para que no se diera la represión policiaca el 3 de mayo y fue ignorada por las autoridades municipales, estatales y federales. La cita es este domingo 4 de mayo a las 17 horas en la Casa de la Cultura Azcapotzalco, avenida Azcapotzalco 605, a tres cuadras del Metro Camarones. Informes: redzapatista@gmail.com, http://unionrebelde.blogspot.com, cel. (044-55) 1653-5146. Entrada libre.

Ricardo Nicasio.

Demandan justicia para comunicadoras triquis

Los asesinatos cometidos el 7 de abril de las dos jóvenes comunicadoras triquis de la radioemisora comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, Teresa Bautista Merino, de 24 años, y Felicitas Martínez Sánchez, de 20, siguen sin ser esclarecidos. No es la primera vez que grupos al servicio del poder en Oaxaca actúan de manera impune acallando las voces de comunicadores sociales; nos solidarizamos de forma fraterna con estas justas luchas y nos pronunciamos por el esclarecimiento de estos actos criminales.

Red Democrática de Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz


Otorga la ONU premio a Lydia Cacho

De la Redacción

La Organización de las Naciones Unidas entregó ayer a la periodista mexicana Lydia Cacho el premio Mundial de la Libertad de Prensa-UNESCO Guillermo Cano 2008, por su contribución a la promoción y defensa de la libertad de expresión. El galardón adjudicado a Cacho por sus investigaciones sobre redes de prostitución, pederastia y violencia contra las mujeres, fue entregado por el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, tras la aprobación de un jurado integrado por 14 periodistas destacados a escala internacional. El premio fue creado por el consejo ejecutivo de la UNESCO en 1997, en honor a Guillermo Cano Isaza, periodista colombiano asesinado en 1986.
http://www.jornada.unam.mx/2008/05/04/index.php?section=politica&article=010n3pol

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