sexta-feira, 30 de maio de 2008

La Jornada 29 de mayo de 2008

  • Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a presos políticos del penal El Amate
  • Priístas aceptan ceder tierras a caracol zapatista
  • Familiares de los reos reubicados tras operativo se instalan en plantón
  • Flavio Sosa entregó a magistrados pruebas de la represión en Oaxaca
  • Ex jefe policiaco oaxaqueño niega acusaciones eperristas
  • El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI
  • Precisa labor de comisión mediadora

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Defensores de derechos humanos reprueban trato cruel a presos políticos del penal El Amate
Hermann Bellinghausen

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) reprobó “los tratos crueles e inhumanos y el traslado forzado contra los presos políticos del penal El Amate, Chiapas”, pues la dispersión “es una forma de castigo que viola los derechos de los detenidos”.

La medida aplicada la madrugada del martes contra los miembros de la Voz del Amate “contraviene los compromisos del gobierno y es un golpe al proceso iniciado de búsqueda de la justicia”.

De acuerdo con el centro, cuyo equipo jurídico sigue el proceso de estos reclusos, “con el desmantelamiento de La Voz del Amate y el ‘grupo de presos zapatistas’, el gobierno del estado deja clara su falta de voluntad para respetar los derechos de las personas privadas de su libertad”, consagrados en diferentes instrumentos internacionales firmados por México.

El golpe asestado por las autoridades de justicia se da en un momento en que de manera súbita arrecia el hostigamiento militar, policiaco, paramilitar y partidista contra las bases de apoyo zapatistas en diversas regiones. También cuando sube de volumen la pugna por el poder en el gobierno estatal, protagonizada por el ministro de Justicia, Amador Rodríguez Lozano, y su antecesor, el ex fiscal Mariano Herrán Salvatti (hoy secretario de Economía, con sede en Tapachula).

Fue la estructura judicial encabezada por Rodríguez Lozano la que instrumentó el “castigo” a la Voz del Amate. Ya había amenazado días atrás el director de las cárceles de Chiapas, Juan Jesús Mora Mora: “una denuncia, un movimiento o una huelga más no lo vamos a permitir; serán trasladados”.

El comité Voces Inocentes, formado por ex presos y familiares, realizó un plantón en la capital chiapaneca y también fue agredido por la policía. De acuerdo con el CDHFBC, “la falta de atención a las legítimas demandas de los presos y excarcelados provoca el uso del derecho de protesta, que al castigarla genera nuevos enconos sociales y responsabilidades por violaciones a derechos humanos”.

La agresión impidió que los internos realizaran una jornada de ayuno, programada para el martes, ante el incumplimiento del gobierno de Juan Sabines, que se comprometió a revisar 14 casos después de la liberación de más de un centenar de presos el 7 de abril, como efecto de una huelga de hambre que duró más de un mes.

El violento operativo del grupo Lobo en la cárcel de Cintalapa significó la dispersión de los reos que han luchado de manera pacífica por su libertad. El ataque se planeó con el aparato de corrupción intrapenitenciario, cuya colaboración con las autoridades se ha demostrado repetidamente. Según testimonio de otros internos, desde la noche del lunes la población carcelaria “fue encerrada en sus celdas con candados, debido a que en otras ocasiones ha protegido a los presos políticos de las agresiones de las autoridades”.

La mañana del martes, apunta el CDHFBC, “los supuestos representantes de módulos, o ‘precisos’, obligaron a la población a firmar hojas en blanco, al parecer con el fin de legitimar el traslado como una petición de los propios internos”. Ello “indicaría la connivencia de las autoridades”.

La redada y el desalojo se realizaron con violencia, “atentando contra la integridad física de los presos; no les permitieron recoger sus pertenencias, les hicieron salir descalzos, y antes de trasladarlos a diversos penales fueron concentrados en un lugar desconocido de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron golpeados”.

Priístas aceptan ceder tierras a caracol zapatista
Elio Henríquez (Corresponsal)

San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de mayo. Indígenas priístas de la comunidad Morelia, municipio de Altamirano, se comprometieron a renunciar a sus derechos sobre las seis hectáreas en las cuales se ubica el caracol zapatista Torbellino de nuestras palabras, y del predio La Codicia.

Según un acuerdo firmado este martes, los priístas aceptaron ceder los predios a cambio de 500 mil pesos, que el gobierno de Chiapas les entregará en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la firma del convenio.

El convenio firmado por autoridades federales agrarias, del gobierno del estado, del ayuntamiento priísta de Altamirano y representantes de Morelia, establece: “la comunidad se compromete a respetar las instalaciones del caracol, que comprende una superficie de seis hectáreas, y renuncia a los derechos que sobre el predio mencionado le corresponden”.

En cuanto a los terrenos de La Codicia, en manos de bases de apoyo zapatista y que también reclaman los priístas de Morelia, se convino que los tricolores “renuncian a la reclamación de dicho predio”.

De igual forma los priístas se comprometierona a “buscar los canales para establecer el diálogo con las autoridades del caracol”.

Familiares de los reos reubicados tras operativo se instalan en plantón
Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 28 de mayo. Familiares de algunos de los siete presos que la madrugada del martes fueron sacados del penal de El Amate para desarticular la huelga de hambre que emprenderían hoy, instalaron un plantón afuera de palacio de gobierno para denunciar que cada uno de sus parientes fueron llevados a distintas cárceles y no se les ha permitido verlos.

Horas después de que iniciaron su protesta, al menos 30 policías estatales arrancaron cuatro mantas que los familiares de los reos habían colgado fuera del palacio de gobierno. Uno de los uniformados, que se identificó como el comandante Óscar López, les pidió que se fueran de ahí “porque dan mal aspecto”.

Los manifestantes respondieron que les asistía el derecho de protestar. Los uniformados dijeron que dan una “mala imagen de un gobierno que atiende puntualmente cada expediente de los presos”.

Sin embargo, los familiares recordaron que el 7 de abril pasado el gobierno se comprometió a analizar la situación jurídica de los reos, pero incumplió.

Los manifestantes pidieron a los integrantes de las organizaciones sociales que vivan cerca de los penales a que trasladon a sus familiares –como los ubicados en penales de los municipios de Villaflores, Tonalá, Acapetahua, Huixtla, Tapachula, Comitán y Copainalá–, que los ayuden a localizar a los reclusos, que les lleven alimento, ropa y medicinas.

Flavio Sosa entregó a magistrados pruebas de la represión en Oaxaca
Alfredo Méndez

La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga si hubo violaciones a los derechos humanos en el conflicto de 2006 en Oaxaca posee información certificada que documenta que autoridades federales, estatales y municipales afectaron las garantías de cientos de personas de esa entidad, informaron ayer integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)

Flavio Sosa y César Mateos, quienes durante dos horas dieron sus testimonios como víctimas de esos hechos ante los magistrados federales Roberto Lara y Manuel Baráibar, indicaron que los juzgadores cuentan con pruebas que supuestamente comprueban actos de tortura, violación a los derechos humanos y al debido proceso de quienes –como le ocurrió a Sosa– pasaron varios meses en prisión sin que se les pudiera comprobar responsabilidad penal alguna.

A su vez, la diputada federal Aleida Alavez, quien acompañó a Sosa y Mateos en su encuentro, reveló que a más tardar en septiembre próximo los magistrados emitirán un informe sobre la investigación del caso.

Al referirse al conflicto magisterial y social que inició en Oaxaca en 2006 por diferencias con el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, y que a la fecha continúa vigente, la legisladora perredista indicó que los magistrados deben abrir su espectro de investigación para que no queden impunes las autoridades que resulten responsables de esos hechos.

“Nosotros pedimos que toda esta información quede bien documentada, certificada, que haya de parte de la SCJN y de los magistrados que llevan la investigación esta solicitud a las autoridades para saber quién habilitó las órdenes para esta represión en Oaxaca; para que llegara la Marina, la Policía Federal Preventiva (PFP); para que se diera el traslado de los compañeros a penales de alta seguridad, cuando sus presuntos delitos son del fuero común, y para dar con los responsables de la violación constante de garantías de los presos, porque no se les hizo valer el debido proceso”, agregó la diputada.

Flavio Sosa reveló que durante la entrevista con los magistrados Roberto Lara y Manuel Baráibar les entregó diversos expedientes “mediante los cuales pruebo que durante más de un año y medio estuve preso injustamente y se violaron mis garantías individuales y constitucionales, así como la de muchos oaxaqueños”.

Añadió que también presentó “una reseña general de cómo se desarrollo el movimiento de 2006 y 2007 en Oaxaca; documenté lo que considero que son las violaciones de casos individuales por tortura de decenas de compañeros y asesinatos de otros más; reseñé también las violaciones de la PFP; la complicidad de la clase política a escala nacional con el poder en Oaxaca, y les dije cómo el gobierno del estado ha usado los dineros para reprimir y contener un movimiento social en el cual se expresaron cerca de millón y medio de personas”.

Finalmente, César Mateos, de la comisión de prensa de la APPO, refirió que él fue reprimido severamente por agentes federales durante el conflicto de 2006, y refirió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le “practicó” el Protocolo de Estambul, en el que “se demostró que fue sometido a actos de tortura”.

La comisión especial para el caso Oaxaca tiene cómo limite el próximo mes de septiembre para ofrecer un resultado de la indagatoria prevista.

Ex jefe policiaco oaxaqueño niega acusaciones eperristas
Mauricio Conde Olivares (Corresponsal)

Cancún, QR, 28 de mayo. El director de tránsito municipal, José Manuel Vera Salinas, negó las acusaciones que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) hizo en su contra, como autor material de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Aseguró que mientras ninguna autoridad lo condene, se mantendrá como funcionario público.

El ex director general de Seguridad Pública en Oaxaca y luego secretario del mismo ramo en esa entidad, negó ser miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como sostuvo el EPR en un comunicado emitido el martes.

Recordó que el documento “menciona el asesinato de un comisariado ejidal de San Blas Atempa; cuando menos deberían decir el nombre, no tengo ni la menor idea, si existiera y dejó de existir (...) y no me ha llamado a declarar la autoridad competente, porque no tengo nada que ver con eso”.

Vera Salinas destacó: “Me deslindo de cualquier situación de que se me responsabilice; ellos están en su derecho de escribir lo que quieran, yo los respeto por supuesto a estos hombres y mujeres, pero no tengo nada qué ver con esto”.

El director de tránsito de Cancún citó su historial profesional, su carrera de ingeniero, sus maestrías y actual cargo público, en el cual “el gobernador Félix González Canto no tuvo nada que ver; yo me presenté ante el vicealmirante Miguel Ángel Ramos Real, comisionado de Seguridad Pública; yo busqué el trabajo como cualquier otra persona, porque tengo la capacidad para el puesto”.

Ombudsman local busca datos
A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Armando García Torres, anunció que se reunirá este jueves con representantes de homólogos suyos provenientes de diversas entidades, entre ellas Oaxaca. “Pediré información de las recomendaciónes de la Comisión de Derechos Humanos oaxaqueña que tengan que ver con la actuación pública de Vera Salinas”, indicó.

A su vez, miembros del cabildo de Benito Juárez –cuya cabecera es Cancún– exigieron que Vera Salinas aclare su pasado, por las acusaciones del EPR, que le imputó pertenecer a un grupo paramilitar que desapareció a Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

El regidor perredista Ricardo Velasco pidió que los órganos policiacos internos revisen el expediente del director de tránsito y emitan su opinión ante las acusaciones del EPR.

El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI
Emir Olivares Alonso. Con información de Fabiola Martínez

Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”.

Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.

En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.

“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.

Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.

El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.

En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.

“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.

Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.

Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.

En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.

Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.

Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Precisa labor de comisión mediadora

A título personal, y fuera del país, disiento de la opinión de mi amigo Marco Rascón sobre la comisión mediadora entre el EPR y el gobierno federal expresada en su reciente artículo “El violín”.

Aparte de la dificultad práctica de que el gobierno federal, el EPR y la comisión mediadora pudieran asistir juntos a ver la película El violín, considero que en la comisión referida no existe ingenuidad ni propósito alguno de ser útiles a la contrainsurgencia y a la represión del Estado mexicano, ni tampoco pretensiones de servir como cortina de los graves acontecimientos que ocurren en el país.

Como se ha expresado en nuestros comunicados, nuestra tarea es modesta y tiene un propósito: la aparición con vida de los dos militantes del EPR. Esa es la materia puntual de nuestra aceptación para servir como mediadores y así lo hemos expresado a las partes. Combatir la desaparición forzada, una de las manifestaciones más crueles de la guerra sucia de los estados contra la oposición de izquierda, considerada delito de lesa humanidad e imprescriptible, es la motivación que nos llevó a la aceptación del trabajo mediador.

Fuera de ello, y a pesar de la represión gubernamental y el desastre neoliberal, sostengo que los pueblos que conviven en el territorio nacional están dando una lucha de resistencia (más allá de las omisiones, traiciones e inconsistencias de la clase política) que debiera estimular un optimismo realista.

Gilberto López y Rivas

quinta-feira, 29 de maio de 2008

La Jornada 28 de mayo de 2008

  • Revientan huelga de hambre que pretendían realizar reos en Chiapas
  • Desalojan en Montes Azules a posesionarios
  • Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México durante 2007
  • Anuncia el EPR que hará “todo lo necesario” para el retorno con vida de sus miembros
  • De nuevo, profesores realizan marchas, plantones, bloqueos y toma de oficinas
  • Indígenas dejan sin agua refinería y tres municipios
  • Contracara de las misiones humanitarias   Editorial
  • Protocolo de Cartagena: responsabilidad y reparación de daños    Alejandro Nadal

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Revientan huelga de hambre que pretendían realizar reos en Chiapas
Á. Mariscal y E. Henríquez (Corresponsales)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 27 de mayo. Un comando especial del grupo de elite Lobo irrumpió la madrugada de este martes en las celdas del penal de El Amate, para trasladar a los reos que en la jornada llevarían a cabo una huelga de hambre de 24 horas, en demanda de la revisión de sus expedientes y su libertad. De acuerdo con los testimonios de los familiares de los reclusos, al menos siete reos fueron golpeados y sacados del penal, para subirlos a camionetas donde fueron traslados a otras cárceles del estado.

Se trata de Alberto Patishtán Gómez, Julio César Ruiz, José Pérez Pérez, Miguel Gómez Gómez, Miguel Hernández Gómez y otros dos de nombre Miguel y Maximiliano.

“Un guardia nos dijo que una huelga más dentro de la prisión, es algo que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar”, narró desde la prisión Jesús (N), uno de los internos del penal El Amate.

Detalló que el operativo para sacar a los huelguistas se realizó a las dos y media de la mañana, tres horas y media antes de que arrancara la huelga de hambre prevista. “Entraron de forma violenta al área donde comparten espacio los reos de La voz del Amate para despertarlos con golpes y sacarlos fuera del penal donde fueron subidos a empellones a las camionetas de traslados”.

No les permitieron despedirse del resto de sus compañeros, ni les dejaron empacar sus pocas pertenencias, inclusive algunos de ellos no tuvieron tiempos de calzarse ni unos huaraches, dijo Jesús (N) miembro del grupo de La Voz del Amate.

El recluso expuso que dos de los reos trasladados, Miguel y Maximiliano, de los que desconoce su apellido, son reos comunes que no tenían nada que ver con la huelga de hambre ni con la organización política, y que estaban en el área de celdas de los líderes del movimiento de la huelga de hambre, porque ayudaban a hacerles un pedido de hamacas que debían entregar esta semana.

De acuerdo con los familiares de los reclusos, quienes esta tarde llegaron a la capital del estado, sólo saben que José Pérez Pérez fue traslado al penal de Comitán; sin embargo, desconocen el paradero de los demás miembros de la organización.

El pasado lunes los reos había anunciado el inicio de una huelga de hambre que sólo duraría 24 horas, porque argumentaron que seguían siendo “rehenes políticos, una señal de la mala voluntad del gobierno opresor, que en los últimos días ha incrementado la detención de más luchadores sociales tratando de callar la voz del pueblo, mediante una incursión militar a nuestras comunidades indígenas”.

Desalojan en Montes Azules a posesionarios
De la Redacción

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, apoyada por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y elementos de la Armada de México, logró el desalojo de dos grupos de campesinos que se habían asentado de manera irregular en 35 hectáreas de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, Chiapas, donde éstos habían quemado 29 hectáreas de selva para crear pastizales e introducir ganado.

En un comunicado, destacó que en el coontexto del programa Cero Tolerancia a la Tala Clandestina desalojó los poblados El Semental y Nuevo Salvador Allende, donde, al término del operativo, las autoridades “constataron” que los desalojados habían construido graneros y tejabanes con tablas de madera de caoba, “obtenidas del derribo clandestino de este árbol”, declarado especie en riesgo por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre.

La dependencia de la Semarnat precisó que fueron decomisados 2.1 metros cúbicos de madera motoserrada de caoba, piel disecada de venado temazate rojo y cuatro polluelos de loro de cabeza azul, especie amenazada cuya protección está prevista en la NOM-059-Semarnat-2001.

Según la Profepa, estos asentamientos se caracterizan por su alto impacto al medio ambiente, ya que al destruir grandes masas arboladas afectan el hábitat de la fauna silvestre, la captación de agua, la conservación del suelo y la captura de carbono.

Denuncia AI la generalizada impunidad que persistió en México durante 2007
Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) consideró que en México las violaciones a los derechos humanos “continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas”. Aseguró que al cierre del año pasado la mayor parte de los responsables de violar las garantías fundamentales de la ciudadanía continuaba eludiendo a la justicia, por lo que la impunidad durante 2007 fue “generalizada”.

En el capítulo sobre México de su Informe 2008 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional encontró que en ocasiones la policía hace “un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes”, llega a herir a muchos de ellos e incurre en prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza.

“Las investigaciones sobre las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos por parte de agentes de la policía eran muchas veces deficientes, y la impunidad de las violaciones de derechos humanos es generalizada”, subrayó el organismo.

Alertó que en el marco de los operativos en contra de la delincuencia organizada ordenados por Felipe Calderón, muchos de los militares “detuvieron arbitrariamente, torturaron y mataron de modo ilegítimo a no menos de cinco personas durante estas operaciones”.

Mostró su preocupación por la aprobación de reformas constitucionales en materia judicial, que otorga a la policía facultades para entrar a domicilios de particulares sin mandamiento judicial y establecen el arraigo.

En el informe anual, que será presentado esta mañana, la organización no gubernamental más grande y reconocida a escala mundial en la defensa de los derechos humanos reiteró que durante 2007, en Oaxaca continuaron reportándose abusos contra las garantías de la ciudadanía.

Encontró que autoridades de diversas entidades del país “hicieron uso indebido del sistema judicial”, para que activistas políticos y luchadores sociales “fueran objeto de procesos injustos”, tal es el caso –enmarca– de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, condenados a más de 67 años de prisión. “Hubo honda preocupación con relación a la imparcialidad del juicio y la condena”.

Otra omisión que AI encontró a lo largo de 2007 en México es que no hubo avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones a las garantías fundamentales cometidas en el pasado.

“A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia”, subrayó. Resaltó que el año pasado fueron asesinadas 25 mujeres en Ciudad Juárez, y que en el estado de México se reportaban cifras superiores; además de que al cierre del año no se había sentenciado a los responsables de crímenes contra mujeres.

El capítulo sobre México del informe de AI señala también que el año pasado los periodistas que informaron sobre narcotráfico y corrupción fueron objeto de violaciones a sus garantías, ya que en ese periodo seis comunicadores fueron asesinados, tres secuestrados y otros tantos amenazados, lo que consideró como “ataques a la libertad de expresión”.

AI remarcó que pese a las denuncias nacionales e internacionales “las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas en el pasado avanzaron muy poco o estaban estancadas”.

El informe incluye la preocupación por la desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario, además de que las comunidades indígenas y los migrantes siguen siendo objeto de abusos de la autoridad.

Anuncia el EPR que hará “todo lo necesario” para el retorno con vida de sus miembros
Emir Olivares Alonso

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) aseguró que, desde su trinchera, continuará haciendo “todo lo necesario para lograr la presentación con vida” de sus compañeros desaparecidos hace un año, así como por el retorno de todos los desaparecidos del país, por la liberación de los “presos políticos” y por la defensa de la soberanía nacional, al luchar contra la privatización de Pemex.

Manifestó además su “luto” por la muerte de Manuel Marulanda Tirofijo, cabeza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En un comunicado, la organización guerrillera afirmó que ha esperado “pacientemente que este gobierno presente con vida y en libertad” a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –integrantes del EPR desaparecidos el 25 de mayo de 2007–, y sostuvo que a un año de esos hechos persiste la “impunidad”.

Señaló que el gobierno de Felipe Calderón no ha tomado en cuenta los llamados de intelectuales, defensores de derechos humanos, académicos, investigadores, artistas, algunos diputados del PRD y de la sociedad para atender la demanda de presentar con vida a los dos eperristas desaparecidos, delito del que acusó directamente a Felipe Calderón y al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.

“En lugar de presentar (con vida) a nuestros compañeros, nuevas desapariciones se ejecutaron al tiempo que se orquestó una campaña mediática en contra nuestra apuntalando la calumnia de que nuestros compañeros habían sido víctimas de pugnas entre revolucionarios, lo cual es totalmente falso”, expresó el EPR.

Agregó que debido a que las autoridades federales y estatales mostraron “oídos sordos” ante esas desapariciones ejecutadas por “cuerpos represivos, nos vimos en la necesidad de recurrir a pequeñas acciones de autodefensa como un derecho legítimo ante esos crímenes de lesa humanidad, la impunidad y la brutal represión que se ejerce contra nuestro pueblo”.

Advirtió que sus compañeros “no son moneda de cambio” para que el EPR claudique en su lucha “por la transformación profunda de la sociedad ni para abandonar la estrategia, táctica y metodología de la lucha revolucionaria”.

La organización insurgente censuró que el gobierno calderonista investigue la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez bajo los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad, ya que “dada la gravedad de la desaparición forzada, que es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, nuestra demanda de presentación con vida de nuestros compañeros incluye también la exigencia del esclarecimiento y justicia para todas las desapariciones forzadas de luchadores sociales, porque este delito de Estado trastoca la convivencia social no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo”.

Por otro lado manifestó su pesar por la muerte del líder de las FARC. “Hoy estamos de luto y nuestras banderas a media hasta por la muerte del histórico comandante Manuel Marulanda Vélez, líder de las FARC-EP, que seguramente su último aliento lo dio diciendo que ‘¡la lucha continuará!’, hasta no ser resueltos todos los problemas que se dan en nuestra hermana República de Colombia, dirigida por un narcoparamilitar, que hoy quiere endosar al comandante Marulanda lo que Uribe ha sido siempre por generaciones”.

Asimismo, advirtió al “imperialismo” que la lucha de los grupos guerrilleros “no terminará” con deserciones y traiciones.

De nuevo, profesores realizan marchas, plantones, bloqueos y toma de oficinas
Octavio Vélez, Ángeles Mariscal y Ernesto Martínez (Corresponsales)

Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pertenecientes a la región de la costa de Oaxaca, bloquearon nuevamente la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, y dieron paso libre a los automovilistas. Los docentes exigen la liberación de “presos políticos”, la cancelación de procesos penales contra sus compañeros y castigo a los autores de la represión. Solicitan también que se convoque a elecciones internas.

Los maestros también bloquearon el paso hacia Ciudad Administrativa y los accesos a plazas comerciales del Valle y Oaxaca, como medida de presión. La protesta, en la que participaron miembros de diferentes organizaciones pertenecientes a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), provocó que se interrumpiera parcialmente la comunicación hacia municipios de las regiones Valles Centrales, sierra Sur y Costa. Además originó retrasos a quienes iban a viajar en avión, principalmente con destino a la ciudad de México, mientras el cerco a plazas afectó unos 100 establecimientos.

Cayetano Arzate Benítez, integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca (CETEO), advirtió que la sección 22 radicalizará sus protestas si el gobierno estatal no atiende sus reclamos educativos, económicos, políticos y sociales, y en tanto el comité ejecutivo nacional del SNTE no expida la convocatoria para la elección interna. “Por el momento nuestro plantón y las acciones son de carácter rotativo, por región, pero si no dan respuesta efectuaremos acciones más contundentes, con la participación masiva de compañeros”, advirtió.

El consejo estatal de la APPO reiteró su disposición a dialogar con el gobierno federal, y solicitó “formal y públicamente” una mesa de diálogo para resolver sus demandas políticas. Entre éstas, liberar a “presos políticos” y de conciencia, y la cancelación de órdenes de aprehensión. De igual forma, que se reparen perjuicios a deudos de asesinados durante el conflicto, y el compromiso de que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea imparcial y apegada a derecho.

Por otra parte, la activista de la APPO Estela Ríos González murió víctima de cáncer en el hígado. La indígena chatina, de 44 años, participó activamente en la ocupación del Canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, propiedad del gobierno estatal, el primero de agosto del 2006. “Quiero seguir luchando por mi vida, por mí, porque quiero vivir más, porque siempre he dicho que tengo una misión que cumplir todavía, porque merezco vivir más, porque tengo el sueño de que la justicia llegue a nuestras manos. Quiero ver esa justicia. Estoy en lucha continua, peleando contra la injusticia que se vive en esta sociedad, y estoy luchando contra el cáncer”, declaró de manera reciente a La Jornada.

En tanto, maestros de la sección siete en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación como parte de su jornada de movilizaciones en demanda de un nuevo proceso de elección de su líder seccional y protestaron contra la política económica del presidente Felipe Calderón.

En su segundo día de paro laboral, los mentores continuaron en la plaza principal de esta ciudad, mientras otros grupos realizaron marchas y un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Educación.

Sobre la suspensión de labores, Javier Álvarez Ramos, secretario de Educación en la entidad, expresó: “se presentaron a trabajar la mayoría de los 45 mil de la sección. Acudieron a cumplir sus actividades de manera responsable”. Advirtió que realizarán descuentos a los faltistas.

También integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Morelia, Michoacán, como parte de las protestas contra la Ley del ISSSTE.

Un grupo de al menos 30 mentores arribaron al centro histórico de Morelia y bloquearon el acceso a la delegación de la dependencia federal. Mientras, decenas de maestros continúan en el plantón permanente en la plaza Juárez. En la tarde, centenares marcharon por la avenida principal de esta ciudad en demanda de que el gobierno cumpla sus compromisos. Los profesores de la llamada expresión democrática mantienen su paro, que según cálculos de las autoridades ha afectado a menos de 20 por ciento de las 12 mil escuelas de enseñanza básica.

Indígenas dejan sin agua refinería y tres municipios
Andrés T. Morales (Corresponsales) Con información de Jesús Lastra, corresponsal

Jalapa, Ver., 27 de mayo. Unos 200 popolucas y nahuas del municipio de Pajapan –en la sierra de Santa Marta, al sur de la entidad– cerraron el lunes las válvulas de la unidad de bombeo de agua conocida como Bocatoma, que abastece la refinería Lázaro Cárdenas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Minatitlán.

La tarde del martes populucas y zoques del municipio de Soteapan, aledaño a Pajapan, anunciaron que se sumaban a la movilización y cerraron las válvulas de la estación de bombeo El Platanillo, con lo cual cortaron el suministro de agua potable a los municipios de Acayucan, Soconusco y Oluta, también para reclamar obras prometidas por el gobierno de Veracruz.

Pemex dio a conocer que, para no interrumpir la producción en la refinería Lázaro Cárdenas, desde el lunes toma 40 mil metros cúbicos diarios de agua de la presa Uxpanapa-La Cangrejera, lo cual incrementa sus costos de operación. La paraestatal agregó que ya interpuso una demanda ante el Ministerio Público Federal.

Los campesinos de Pajapan, encabezados por el alcalde, Vidal Hernández Martínez, realizaron esta protesta para exigir a las secretarías estatales de Comunicaciones (Secomver) y Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedesma) obras de caminos y servicios públicos.

Ante la llegada de elementos del Ejército Mexicano, los manifestantes acusaron a los gobiernos federal y estatal de intentar responder con represión militar sus demandas de obra pública. Además reprocharon a Pemex no apoyar a las comunidades indígenas, pese a que explota sus mantos freáticos.

A las 11 horas del lunes, tras una asamblea comunitaria con agentes municipales y comisarios ejidales, los agricultores se trasladaron a la unidad de bombeo Bocatoma –administrada por la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz– para cerrar las válvulas de los ductos que abastecen la refinería Lázaro Cárdenas.

Al menos nueve vehículos con soldados y otras tantas patrullas de la Policía Federal Preventiva llegaron la tarde del lunes. Los inconformes advirtieron a los uniformados que los agrederían si intentaban dispersarlos.

El teniente Jorge Galindo González, quien iba al frente del contingente militar, intervino luego que los campesinos impidieron el avance de uno de los vehículos militares.

También llegaron representantes del gobierno del estado y del ayuntamiento de Minatitlán, así como el diputado federal perredista Darío Lemarroy Martínez y el legislador local panista Federico Salomón Molina para tratar de mediar.

El presidente municipal de Pajapan, el panista Vidal Hernández, explicó que la decisión de cerrar las válvulas de Bocatoma se tomó en una asamblea, en respuesta al incumplimiento de varios proyectos de obra pública prometidos por el gobierno estatal y Pemex.

Indicó que, a más de 30 meses de que se anunció la rehabilitación y el asfaltado de la carretera, los pobladores aún utilizan un camino en malas condiciones, que se dañó aún más con las lluvias de 2007.

El edil reclamó que tampoco se han construido los puentes Temoloapan, Piedra, Chacalapa, Huazuntlán, Agachapan y Embarcadero, que ofrecieron Pemex, la Secomver y la Sedesma.

Los indígenas también esperan la reparación y el asfaltado de casi 20 kilómetros de las carreteras Minzapan-Pescador y Benito Juárez-Coscapan, al igual que tanques de almacenamiento de agua, drenaje, electrificación y alcantarillado.

Aunque se instalaron mesas de negociación con los manifestantes, al cierre de esta edición las válvulas seguían cerradas. Los titulares de la Secomver, Marcos Tehurel Cotero, y de la Sedesma, Silvia Domínguez, no se presentaron.

Contracara de las misiones humanitarias  
Editorial

Según un informe presentado ayer por la organización no gubernamental británica Save the Children, que se basó en investigaciones de campo realizadas en Haití, Sudán y Costa de Marfil, tanto elementos de las Fuerzas de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), los llamados cascos azules, como integrantes de organismos humanitarios, han incurrido impunemente en severos casos de abuso y explotación sexual contra niñas y niños de diversas regiones del mundo en conflicto.

Estos señalamientos no son nuevos; desde hace muchos años la opinión pública internacional ha sabido de estremecedores testimonios sobre los graves atropellos cometidos por las fuerzas de paz contra individuos de poblaciones a las que supuestamente habrían de defender. Al respecto, destaca el informe Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños, elaborado en 1996 por Graça Machel, a raíz del cual la ONU se vio obligada a reconocer algunos de los crímenes cometidos por las tropas a su cargo. Es pertinente recordar, asimismo, los abusos contra menores perpetrados por elementos de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití en 2006, y las violaciones de una veintena de niñas por efectivos multinacionales desplegados en Yuba, Sudán, que se divulgaron a principios del año siguiente.

No obstante estos antecedentes, las medidas emprendidas por el organismo que hoy dirige Ban Ki-Moon han resultado insuficientes para evitar la redición de vejaciones cometidas en contra de un sector demográfico de suyo vulnerable, que, en las circunstancias en que suelen intervenir las fuerzas de paz, padece un desamparo particularmente agudo: conflictos bélicos siempre propicios para la comisión impune de grandes crímenes, porque en ellos impera la ley del más fuerte.

Por lo demás, la vinculación –señalada también en el estudio de Save the Children– de un total de 23 agencias humanitarias en delitos cometidos contra menores en los tres países estudiados hace recordar el escándalo suscitado en octubre del año pasado, cuando las autoridades de Chad detuvieron a la tripulación de una aeronave catalana contratada por la ONG francesa El Arca de Zoé, que pretendía trasladar a Francia a una centena de niños africanos presuntamente huérfanos, como parte de una “misión humanitaria”. Sin embargo, según declaraciones posteriores del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ninguno de los menores había perdido a sus padres, y su traslado obedecía a que iban a ser vendidos a familias europeas, que habían pagado ya “cierta cantidad de dinero para quedarse con ellos”.

En suma, los casos mencionados dan cuenta de que, bajo la bandera de los organismos caritativos y las misiones humanitarias, pueden cometerse grandes atrocidades cuyos autores permanecen impunes, en la mayoría de los casos, debido a las lagunas y contradicciones de los marcos legales en los que se realizan los despliegues militares o civiles.

Sin duda la intervención de las fuerzas de paz y las agencias humanitarias es en muchos casos deseable y hasta necesaria. Precisamente por ello, es urgente que tanto la ONU como los gobiernos que la integran ejerzan un control efectivo sobre esas tropas, a fin de impedir la comisión de estos delitos. Es necesario, asimismo, garantizar que quienes los han cometido sean sancionados. Al mismo tiempo, se requiere que el organismo internacional reflexione en qué casos resulta conveniente la intervención de los cascos azules en situaciones conflictivas, y en qué otros representa, más que un remedio, un mal mayor para poblaciones inermes y de por sí hundidas en el temor, el sufrimiento y la zozobra.

Protocolo de Cartagena: responsabilidad y reparación de daños 
  Alejandro Nadal

En 2003 entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el principal tratado sobre los riesgos que presentan los organismos genéticamente modificados (OGM). Este instrumento sólo regula una parte de la difusión de esta tecnología: el movimiento transfronterizo de OGM que van a ser liberados al ambiente. Pero por la importancia de esta fase del ciclo de vida de los OGM, muchos analistas consideran que el Protocolo de Cartagena es el embrión de un régimen regulatorio más completo sobre organismos transgénicos. Eso está por verse. Acaba de concluir la última reunión de las partes (MOP4) en Bonn, Alemania, y los pronósticos no son buenos.

Si usted quiere saber cómo van las negociaciones en el Protocolo de Cartagena lo primero que tiene que hacer es irse a su componente medular: el régimen de responsabilidad y reparación de daños. En ese capítulo, las cosas no andan bien.

El artículo 27 del Protocolo de Cartagena establece que las partes deberán elaborar reglas a nivel internacional para determinar el ámbito de responsabilidad y reparación de daños que resulten del movimiento transfronterizo de OGM. Estas reglas deberían estar definidas en 2008.

Durante las duras negociaciones que dieron origen al Protocolo de Cartagena se evitó tratar de definir lo más importante: la responsabilidad debería ser ¿objetiva o subjetiva? En el primer sistema, la responsabilidad es estricta porque depende de la simple posesión o manipulación de los objetos que están siendo regulados: por el solo hecho de manipular OGM, si hay daños, uno es responsable. En cambio, la responsabilidad subjetiva (también llamada civil por algunos juristas) civil depende de que se presente un acto ilícito por parte de los agentes involucrados. Un agente es responsable y debe reparar los daños sólo cuando comete un ilícito (por ejemplo, manejar un auto en estado de ebriedad o sembrar un tipo de transgénicos cuando todavía no está permitido hacerlo). Si no hay un acto ilícito, aún cuando los OGM causen daños, nadie es responsable.

Es claro que definir el régimen de responsabilidad es el pivote central del que depende el Protocolo de Cartagena. Y las compañías de biotecnología van a luchar hasta el final en este terreno porque no están dispuestas a ceder y a verse sometidas a un régimen de responsabilidad objetiva. Por eso el plazo de cuatro años no fue suficiente. El “logro” en Bonn es que las partes acordaron abrir el plazo otros dos años y celebrar otras dos reuniones internacionales para poder cumplir con el mandato del artículo 27 del Protocolo de Cartagena. Además se alcanzó otro acuerdo: las partes definirán lo que se va a entender por daño y van a aclarar las reglas para evaluar los daños y, en su caso, la compensación. Es decir, se acordó que ahora sí van a hacer la tarea.

El lobby de la biotecnología se opone terminantemente a la responsabilidad objetiva, pero es evidente que el segundo sistema es irrisorio y deja sin protección a cualquiera que sea afectado por los OGM. Incluso eso contradice el principio rector del Protocolo de Cartagena. Lo que está en juego aquí es el alma del tratado pues para este instrumento los OGM representan un riesgo y por eso ha consagrado el principio de precaución. Pero a la hora de la verdad, no ha sido posible ser consistentes y definir un régimen de responsabilidad que corresponda a esa premisa.

Hace poco seis empresas de biotecnología propusieron un acuerdo de compensación contractual supuestamente destinado a destrabar el proceso. Las compañías se obligarían a reparar los daños provocados por sus productos siempre y cuando quedara demostrado el vínculo de causalidad. Las condiciones y manejo del acuerdo serían definidos por las seis compañías. Esta propuesta era simple y llanamente un intento por reemplazar la ley con un alevoso acuerdo privado.

Afortunadamente esa propuesta fue rechazada. Pero en Bonn vimos que la mafia de la biotecnología no está dispuesta a la coexistencia pacífica con el Protocolo de Cartagena. Por todos los medios buscará reemplazarlo con un tramposo sistema de “manejo” de responsabilidad y daños.

La Jornada 27 de mayo de 2008

  • Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte de joven en Atenco
  • Disputa por tierras en Chiapas deja 8 heridos
  • Suspenden labores profesores de Chiapas y Guerrero; en Oaxaca, siguen protestas
  • Luchador social desaparecido
  • El nuevo incendio oaxaqueño   Luis Hernández Navarro
  • El violín    Marco Rascón

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Rechaza magistrado de la Corte que se haya desdeñado muerte de joven en Atenco
Alfredo Méndez

El magistrado federal Alejandro Sosa Ortiz, uno de los tres integrantes de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar los hechos violentos contra el pueblo de Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, aseguró que el caso de la muerte de Alexis Benhumea, el joven que falleció a consecuencia de que un proyectil de gas lacrimógeno impactó su cabeza durante el operativo policiaco de esos días, fue “parte importante” de la indagatoria que realizaron los juzgadores durante más de un año.

En entrevista con La Jornada, el impartidor de justicia no quiso responder el motivo por el cual la comisión no buscó a los familiares de Alexis con el propósito de tomar sus testimonios, y se limitó a decir que “se tomaron las declaraciones únicamente de las personas que fueron testigos de los hechos que estábamos investigando”.

La semana pasada, Miguel Ángel Benhumea, hermano de Alexis, denunció a este diario que la comisión de la Corte no los llamó como testigos durante los meses que tres magistrados federales estuvieron en Atenco realizando las pesquisas.

El mayor de los hermanos Benhumea agregó que el lunes de la semana pasada fue recibido por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, a quien solicitó que el máximo tribunal del país no permita la impunidad ni solape a los responsables de la represión.

“Que la Suprema Corte no sea un medio de impunidad para lavar las manos del gobernador (Enrique) Peña Nieto, de Eduardo Medina Mora y de Wilfrido Robledo, quienes son los principales responsables de la muerte de mi hermano”, dijo Miguel Ángel Benhumea a Genaro Góngora, el único de los 11 ministros que ha recibido a familiares de una de las dos víctimas mortales de la acción policiaca.

Diversas instancias internacionales –indicó Miguel Benhumea hace unos días al ex presidente de la Corte–, como el Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Observación de Derechos Humanos ya se han pronunciado respecto de las múltiples violaciones a las garantías individuales y derechos humanos de las más de 200 personas detenidas y heridas durante los operativos.

Ante esta denuncia de que la comisión investigadora en ningún momento los buscó en Atenco, el magistrado Alejandro Sosa se sostuvo durante la entrevista en su dicho de que él y sus compañeros platicaron “con todas las personas que fueron testigos” de los hechos violentos, y por ahora “no podemos hacer nada más en ese trabajo de investigación, porque el informe ya lo entregamos a la Corte”.

Disputa por tierras en Chiapas deja 8 heridos
Elio Henríquez, corresponsal

San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de mayo. Un enfrentamiento entre ejidatarios y miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que se disputan un predio de 12 hectáreas en el municipio de La Trinitaria, dejó ocho lesionados.

Fuentes gubernamentales informaron que el domingo unos 12 integrantes de la OCEZ llegaron armados al terreno, propiedad de Luis Ramos García, “con la intención de ahorcarlo”, pero compañeros del ejidatario lo impidieron. Los miembros de la OCEZ reclaman el terreno porque lo tuvieron durante dos años, pero una resolución del Tribunal Unitario Agrario lo devolvió a Ramos el 23 de noviembre pasado.

Suspenden labores profesores de Chiapas y Guerrero; en Oaxaca, siguen protestas
Á. Mariscal, R. Villalba, O. Vélez y S. Ocampo (Corresponsales)

Más de 30 mil de los 45 mil afiliados a la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con sede en Chiapas, comenzaron un paro de labores indefinido en protesta por la imposición, por Elba Esther Gordillo, de Rosendo Galíndez Martínez como líder seccional.

Este fin de semana se dio a conocer que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje legalizó el proceso de elección –celebrado en marzo pasado– y desechó la impugnación de los mentores pertenecientes al denominado Bloque Democrático Magisterial, quienes demandan una elección democrática.

Por su parte, el secretario de Educación del estado, Javier Álvarez Ramos, advirtió que se aplicarán descuentos a los profesores que no impartan clases por participar en actividades ajenas a las aulas, como marchas y plantones, en horarios laborales.

Desde las nueve de la mañana de este lunes los maestros, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron marchas e instalaron plantones en plazas de los municipios de Tuxtla, Tapachula y Mapastepec, a poco más de un mes de que concluya el ciclo escolar 2007-2008.

Advirtieron que no se irán de la plaza de Tuxtla hasta que se celebre el vigésimo cuarto consejo seccional para elegir al nuevo líder de la sección siete, pues el que se efectuó en marzo pasado, en el que “salió electo” Galíndez Martínez, para ellos es “espurio”.

Siguen movilizaciones en Oaxaca
Mientras tanto, en el comienzo de la segunda semana de plantones y movilizaciones, profesores de la sección 22 del SNTE, pertenecientes a la región de la costa de Oaxaca, bloquearon por casi seis horas la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel, frente al acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

También cerraron la caseta de cobro Huitzo, de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, donde permitieron a los automovilistas el paso libre. De igual forma, bloquearon los accesos a la Ciudad Administrativa y al centro comercial Plaza del Valle, uno de los principales de la ciudad.

“Levantar el plantón depende de las respuestas del gobierno estatal a nuestro pliego petitorio y del Comité Ejecutivo Nacional a nuestra legítima demanda de que se expida la convocatoria a nuestra elección interna”, afirmó el secretario de organización del organismo, Ezequiel Rosales.

A su vez, profesores del sector Tlacolula y padres de familia tomaron el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Mientras tanto, trabajadores de enseñanza media superior bloquearon la carretera Ciudad Alemán-Puerto Ángel para exigir la devolución de escuelas ocupadas por priístas y miembros de la sección 59 del SNTE, así como la salida del representante para dicho nivel de la Secretaría de Educación Pública, Genaro Santana Colmenares.

Sin clases, 20 mil alumnos en Guerrero
Este lunes más de 20 mil alumnos de prescolar, primaria y secundaria de las ocho regiones de Guerrero se quedaron sin clases, por el paro indefinido de labores convocado por la disidente Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación, que demanda la derogación de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y rechaza las reformas energética y educativa que impulsa el presidente Felipe Calderón.

Luchador social desaparecido

A Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación:

El día 26 de septiembre fue desaparecido el compañero Francisco Paredes, quien es un luchador social de larga trayectoria. Seis meses después de cometido este delito no se ha obtenido ninguna respuesta.

México es firmante de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Firmó en febrero de 2007 y ratificó en noviembre de ese mismo año ante la Organización de Naciones Unidas. Este instrumento jurídico debería ser recibido con beneplácito para poder transitar de una época en que el terrorismo de Estado abatió infinidad de hogares mexicanos, a otra más respetuosa de los derechos humanos, pero pareciera un compromiso diplomático que no tiene que ver con la perversa realidad, por lo que se acrecienta nuestra indignación al comprobar que el luchador social Francisco Paredes Ruiz no ha sido presentado.

El Estado y sus instituciones tienen que garantizar los derechos de los mexicanos.

Se han realizado todo tipo de trámites, tal vez hasta de más; sin embargo, se padece la indiferencia y negligencia de las autoridades.

Sus tres hijos han tenido que dejar la escuela porque ya no llega el sustento a su casa; además, su familia tiene que enfrentar los gastos que implica la búsqueda. Con esta situación crece el delito, al convertir a parientes y a la sociedad en víctimas.

A los medios de comunicación y a la sociedad entera les pedimos que se unan a este reclamo porque no es posible que el Estado continúe participando en delitos de lesa humanidad.

Exigimos la presentación de Francisco. A las autoridades responsables les pedimos que hagan su trabajo.

Comité por la presentación de Francisco Paredes, ciudad de México, Morelia, Chihuahua y Bruselas. Responsable de la publicación: Lourdes Uranga López

El nuevo incendio oaxaqueño 
Luis Hernández Navarro

No da la cara, pero su mano está metida hasta el fondo. No aparece públicamente, pero hace sentir su presencia. En silencio, Elba Esther Gordillo mueve sus piezas y apuesta por incendiar Oaxaca.

Decenas de miles de educadores oaxaqueños suspendieron labores desde el 19 de marzo, e instalaron un plantón rotativo en el zócalo de la capital del estado y las calles aledañas. Han programado un plantón de 21 días, con la participación rotativa de profesores de cada una de las siete regiones en las que se divide el estado.

Desde esa fecha han efectuado marchas masivas, tomado casetas de pago de autopistas federales, dejando pasar libremente a los automovilistas, y bloqueado la entrada a edificios públicos. Amenazan impedir la celebración de la Guelaguetza.

Sergio Bello Guerra, directivo de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, asegura que la hostelería ha tenido pérdidas de un millón de pesos diarios. La asistencia a los restaurantes del centro de la capital ha disminuido 40 por ciento.

Los profesores demandan centralmente que se emita la convocatoria para el relevo de su sección gremial, la 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Exigen que las escuelas en poder de la sección 59 sean liberadas. Piden que cuatro de sus compañeros que son presos políticos salgan de la cárcel, y que se cancelen las órdenes de aprehensión contra muchos otros colegas suyos. Reivindican que se amplíen y mejoren los planteles educativos y que se eche a andar la segunda etapa de rezonificación salarial, acordada el 28 de octubre de 2006.

Las protestas forman parte de la Jornada Nacional de Lucha de la CNTE. Michoacán se encuentra en paro indefinido desde el 19 de mayo. El 29 se efectuará en la ciudad de México una marcha para consolidar un frente común contra el charrismo sindical.

El actual comité ejecutivo en funciones de la sección 22 fue elegido en mayo de 2004. Su duración estatutaria es de tres años. Esto significa que debió ser cambiado hace un año. Desde hace 12 meses se encuentra acéfalo, porque Enrique Rueda Pacheco, su secretario general, renunció ante las críticas y presiones de la base.

Para poder cambiar a sus representantes sindicales, los maestros necesitan hacer un congreso. Pero su convocatoria sólo puede ser autorizada por la dirección nacional del sindicato. Y Elba Esther Gordillo se niega a hacerlo, a pesar de que no tiene argumento legal alguno. Simple y llanamente apuesta a que los mentores oaxaqueños se desesperen y dividan para imponerles una dirección sindical a modo.

Simultáneamente, y de manera ilegal, ha cobijado la formación de una sección sindical alterna, la número 59. A ella pertenece un pequeño número de maestros disidentes.

La sección 59 surgió en oposición al comité ejecutivo dirigido por Enrique Rueda Pacheco y un bloque de siete corrientes sindicales que lo apoyaron. Las tendencias agrupadas en el Frente Sindical Primero de Mayo, la Coordinadora Magisterial Oaxaqueña y el Colectivo por la Educación y la Democracia, en las que participaron dos ex secretarios generales (Alejandro Leal y Humberto Alcalá Betanzos), acusaron a Rueda Pacheco de corrupción y formaron el Consejo Central de Lucha y, más tarde la sección 59 del SNTE.

En un primer momento, en la organización de la disidencia desempeñó un papel central Jorge Franco Vargas, en aquel momento secretario de Gobierno de Ulises Ruiz. Franco ha sido señalado, también, como responsable de los paramilitares que asesinaron a varios integrantes de la APPO, y de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Ulises Ruiz quiso de esta manera dividir y debilitar al sindicato magisterial, a tal punto, que no le importó aliarse en esta empresa con su archirrival: Elba Esther Gordillo. La maestra no tuvo empacho alguno en apapachar a la disidencia y atraerla a su seno, al punto de tomar el control sobre ella.

La situación es anómala. No hay ningún estado de la República en el que el SNTE tenga dos secciones nacidas de la escisión de una. Hay, sí, entidades donde coexisten dos secciones, pero ello proviene de que una de ellas agrupa a los maestros provenientes del sistema educativo federal y la otra a los profesores al servicio del sistema educativo estatal. Las otras dos excepciones son La Laguna y el Distrito Federal, donde, en el segundo caso, las secciones sindicales representan a los trabajadores de la educación dependiendo del nivel educativo en el que se desempeñan.

Pasada la parte más álgida del conflicto entre la APPO y el gobierno estatal, Ulises Ruiz dejó de requerir los servicios de la sección 59. Más aún, vio en ella, con toda razón, un instrumento de Elba Esther dentro de Oaxaca. Pero la maestra no está dispuesta a deshacerse de la pequeña cabeza de playa que tiene en el estado y, lejos de desaparecerla, la infló. Los conflictos entre los pequeños núcleos de afiliados a la sección 59 y los maestros de la sección 22 se hicieron frecuentes.

No siempre fue así. Recién nombrada secretaria general del SNTE, el 12 de mayo de 1989, la maestra asistió a una asamblea de los profesores oaxaqueños. Allí les dijo: “Mi respeto, mi reconocimiento a la combatividad del magisterio de Oaxaca... Como ustedes pienso que ¡duro contra la injusticia!, ¡duro contra la antidemocracia!” Muy pronto se le olvidaron sus palabras.

El conflicto oaxaqueño sería fácil de resolver si se convocara a celebrar el congreso de la sección 22 y se hiciera a un lado a la ilegal sección 59. Pero Elba Esther Gordillo no quiere hacerlo. Fortalecida a raíz de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, y con un canal de interlocución directo con Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, que le evita el trato con Josefina Vázquez Mota, la amiga de Felipe Calderón va a apostar todo para tratar de recuperar el control sobre el magisterio estatal. Si en su aventura Oaxaca arde, pues peor para el estado.

El violín   
Marco Rascón

Bien harían el gobierno federal, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y la comisión mediadora entre ellos asistir juntos a ver la película El violín, que el año pasado se exhibió durante semanas en las salas comerciales de cine y tuvo importantes premios y reconocimientos en México y el extranjero. Verla juntos, pero sobre todo verla, les sería muy útil, pues hoy la ficción se adelanta muchas veces a la realidad y la anécdota de la película no está alejada de la realidad, y el desenvolvimiento de los protagonistas reales y ficticios.

En ese espejo, las tres partes podrían reconocerse y dar una señal sobre ese proceso que han asumido, donde el gobierno se vería retratado en su posición contrainsurgente; el EPR, como una guerrilla sin perspectiva programática, y una comisión mediadora, que se vería reflejada como ingenua y representada en el viejo violinista que, sin proponérselo, termina siendo utilizado por la contrainsurgencia y la represión.

Pero ese microcosmos de El violín, tanto en la ficción como en la realidad, tiene un contexto más amplio de una realidad y un país que se mueve de manera confusa y contradictoria. Es el contexto de una realidad llena de cortinas, donde desde un proceso no se ve el otro y la visión de conjunto sólo la tiene el poder gubernamental que dirige desde la Presidencia Felipe Calderón.

Desde la oposición la visión es muy limitada y fragmentada, pues mientras el gobierno anuncia su “disposición” a dialogar con el EPR y éste a su vez pone condiciones, en otras partes del país pareciera que estaría en curso una decisión de Estado oscura, de profundas consecuencias, que ha sido caracterizada como una guerra contra organizaciones criminales, los que a su vez se dice que están en guerra entre sí por territorios y el control de la frontera norte.

Esta guerra se anuncia y es inventada, porque de antemano está ganada y tras de ella vendrá una calma chicha, porque en el fondo fue aplicada una especie de rifle sanitario, como el aplicado al final de los años 50 en Chihuahua para exterminar la fiebre aftosa en el ganado.

Esta guerra, que ha militarizado a una parte del país, tendrá consecuencias, pues puede ser la existencia de una política por vías no constitucionales, pero que, en el contexto de los acuerdos internacionales, lucha por los recursos del exterior a partir del Plan Mérida a través de presentar cifras del exterminio que va con más de mil 800 muertos de enero a la fecha y sólo en Chihuahua supera 400.

En ese contexto, las llamadas y el proceso de comunicación con el EPR y la comisión mediadora es una cortina y otras más el debate en el Congreso sobre el petróleo y la energía; otra más la crisis del PRD, que sólo expresa la debilidad del sistema de partidos y sus intereses mínimos y coyunturales. Agreguemos ahora el debate sobre los alimentos.

En el entorno y la visión parcializada unos ven en el gobierno de Calderón su caída inminente y lo perciben débil y fracasado, mientras en otra parte se anuncia, según la encuesta de María de las Heras, que Felipe Calderón tiene en este momento 75 por ciento de aceptación entre el electorado, por lo cual se dice, es el momento para lanzar grandes decisiones.

El resultado de estas visiones contradictorias es, sin lugar a dudas, un saldo de confusión, donde la ausencia de perspectivas nacionales de largo plazo se arrinconan y pierden fuerza, pues no existe ningún otro problema, ni un oído atento en la ciudadanía para atender propuestas de solución estratégica o de largo plazo.

Si agregamos a esto la tesis de Carlos Salinas sobre la “década perdida” y sus innumerables mensajes cifrados, México se convierte en una carta del tarot llena de presagios, símbolos y misterios difíciles de explicar, donde se hace uso de prácticas metaconstitucionales que rayan en el terror de Estado con la complicidad de los partidos, instituciones, diputados y senadores. Preocupación escénica sobre el estado de derecho y la detención y desaparición en un contexto de ajuste entre el poder central y gobiernos en profunda descomposición, como el de Oaxaca.

La falta de información veraz y la confusión han hecho que los actos de los protagonistas individuales, colectivos e institucionales tengan, a su vez, distintas interpretaciones y que en el trasfondo quede la percepción de un gran vacío, donde desde lo militar y el crimen organizado; desde la polarización y crisis de los partidos; desde la guerrilla en negociación con el gobierno directa o indirectamente a través de una comisión mediadora; desde el debate energético; desde el parto de los montes, donde Carlos Salinas construye su neosalinismo, todos se usan unos a otros, bajo la divisa reyesheroliana de que “todo lo que resiste, apoya” y se gana inventando sus propias guerras.

Por eso es importante ver El violín, porque, según su tesis, la vocación del Estado es aplastar a los que no tienen perspectiva, haciendo uso de la ingenuidad y la falta de caracterización correcta.

Anuncian huelga de hambre_voz del amate

 denunciapublica@frayba.org.mx   Saludos cordiales.  A la opinión pública A las organizaciones civiles Ongs A los medios alternativos A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional A la Otra campaña y a la Sexta Internacional del EZLN A los sindicatos Y a Radio Insurgente  Nosotros los presos políticos de La Voz del Amate adherentes a la Otra Campaña del EZLN y Grupo Zapatista una vez más damos de conocer que nos declaramos en huelga de hambre por 24 horas, iniciando este día martes 27 a las 6 de la mañana para recordar al mal gobierno que aún   existen presas y presos políticos y que cumpla por la libertad inmediata e incondicional. A pesar de que hay compañeros que tienen gran problema de salud, también se sumarán a este sacrificio. Habiendo una compañera que estará en ayuno y oración. Nuestra situación real   que actualmente vivimos ante este sistema injusto y decadente de procuración de justicia que obedece a una inclinación de política globalizadora que nos condena al exterminio de nuestras culturas.  Hermanos, hermanas, todos y todas. Reciban de nosotros un fuerte y fraternal saludo, abrazo y nuestra palabra. Aún seguimos aquí como rehenes políticos, una señal de la mala voluntad del gobierno opresor, que en los últimos días ha incrementado la detención de más luchadores   sociales tratando de callar la voz del pueblo, mediante una incursión militar a nuestras comunidades indígenas. Señalamos y demandamos los actos de represión ya que en vez de cumplir por las demandas de liberación de presos y presas políticas, reclamos por la sociedad   civil local,  nacional e internacional, hace caso omiso, por lo que nuestras familias también se sumarán en manifestarse este 27 del presente, con un acto de protesta frente al palacio de gobierno para recordarle que no omita su responsabilidad en los casos que el pueblo   demanda ya que estamos injustamente presos por delitos prefabricados por lo que le pedimos a los organismos internacionales en derechos humanos su expedita intervención en los casos de corrupción de verdaderos y tiranos y funcionarios públicos que han asesinado,   desaparecido y robado del erario público, que utilizan el poder como botín de lucro, protegidos por una cúpula de poder.  Esperamos de su solidaridad de todos por nuestras demandas de justicia y libertad.  Atentamente  La Voz del Amate y Grupo Zapatista  Cereso  número 14, El Amate, Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 

La Jornada 25 de mayo de 2008

  • Crecen agresiones contra bases de apoyo del EZLN
  • Zapatistas reinstalan luz que habían cortado priístas
  • Denuncian indígenas incursión militar en al menos tres regiones de Chiapas
  • Desaparecidos, dos funcionarios de Chiapas luego de que fueron baleados
  • Marcha motorizada del FAP en Chiapas contra la privatización de Pemex
  • ONG: protege el gobierno a Arturo Acosta
  • Rechaza la SG que eperristas sean desaparecidos políticos
  • PSOE 2004-2008: una política exterior hacia América Latina /III     Marcos Roitman Rosenmann
  • Importancia del Foro de Sao Paulo    Editorial

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Crecen agresiones contra bases de apoyo del EZLN
Gabriel León Zaragoza

Las acciones de violencia contra comunidades zapatistas de Chiapas han ido en aumento, al grado de que en lo que va de 2008, en las regiones de los municipios autónomos han denunciado por lo menos 20 agresiones, amenazas y hostigamientos de autoridades estatales y municipales y de fuerzas militares y policiacas, alertó la otra campaña en la zona metropolitana de la ciudad de México.

Durante la jornada de actividades políticas, culturales y artísticas que realizaron ayer en el zócalo del Distrito Federal, organizaciones y colectivos adherentes a la otra campaña precisaron que tres de las acciones de acoso que han padecido las comunidades zapatistas han tenido lugar en lo que va del mes, y en las precedentes hubo intento de despojo, amenazas de incendios y agresiones físicas contra bases de apoyo, principalmente mujeres.

Zapatistas reinstalan luz que habían cortado priístas
Elio Henríquez (Corresponsal)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 24 de marzo. Militantes priístas del ejido Morelia, sede de uno de los cinco caracoles zapatistas, afirmaron que la tensión en ese lugar creció este sábado, luego de que cientos de indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reinstalaron el servicio de energía eléctrica en 15 viviendas.

Explicaron que alrededor de las 14 horas, unos 600 hombres, encapuchados y armados con palos y piedras, llegaron al centro de la comunidad para reanudar el servicio de energía, que en días pasados cortaron los priístas, quienes exigen la devolución de seis hectáreas donde se ubica el caracol.

“La gente de la comunidad se espantó cuando llegaron, porque eran como 600, pero sólo reinstalaron la luz y se regresaron al caracol”, situado a las afueras de Morelia, municipio de Altamirano, comentó un representante de las autoridades ejidales, quien pidió el anonimato.

Agregó que los priístas pidieron a sus compañeros que se encerraran en sus casas para evitar provocaciones y un enfrentamiento como el del pasado jueves, que dejó un saldo de más de 30 personas lesionadas, de ambos grupos.

“Afortunadamente, nadie salió de sus casas. Los zapatistas se regresaron después de que conectaron la luz, porque, además, en esos momentos sobrevoló un helicóptero”, manifestó.

Denuncian indígenas incursión militar en al menos tres regiones de Chiapas
Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de mayo. Durante esta semana, elementos del Ejército Mexicano incursionaron en al menos tres regiones de Chiapas, en la zona de la selva de Tulijá, en el municipio de Venustiano Carranza, de la región centro, y en diversos poblados del municipio de Tila, ubicado en el norte de la entidad.

Los pobladores expresaron temor de que se recrudezcan la militarización y las repercusiones que vivieron luego del conflicto armado de 1994.

El lunes, los habitantes de la comunidad San Jerónimo Tulijá, del municipio de Chilón, denunciaron la entrada de decenas de elementos del Ejército y de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

En esa incursión participó un helicóptero militar, que allanó el caminó a 11 vehículos donde eran trasladados policías y militares, quienes catearon tres domicilios.

Tres días después, en las comunidad Guadalupe La Cuchilla, 28 de Junio, San José y otras nueve, del municipio Venustiano Carranza, un convoy militar realizó incursiones; en dos de ellas instalaron retenes.

José Manuel Hernández Hernández, dirigente de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), a la que pertenecen los poblados mencionados, explicó que el patrullaje ha sido permanente desde hace varios años, pero se intensificó este jueves, cuando soldados irrumpieron en las comunidades para intimidar a los lugareños.

El viernes, por medio del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Cassa, indígenas de la etnia chol denunciaron la incursión militar en los poblados Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán, Jolacó y Nuevo Limar, del municipio de Tila.

Aunque dijeron desconocer la razón del operativo, explicaron que los elementos del Ejército tomaron posiciones de puntos que habían abandonado hace pocos años, donde estuvieron instalados luego de 1994, cuando participaron con el grupo paramilitar Paz y Justicia, originario de este lugar.

Los habitantes de las tres regiones donde se registraron las incursiones manifestaron temor de que otra vez se militarice el estado, debido a que los soldados reiteradamente han violado sus derechos humanos, abusaron sexualmente de las mujeres y fomentaron la propagación de grupos paramilitares.

El Centro Fray Bartolomé exigió al gobierno federal el retiro inmediato del Ejército de dichas comunidades, tanto por el riesgo de confrontación como por la ilegalidad de su presencia en la zona.

Desaparecidos, dos funcionarios de Chiapas luego de que fueron baleados
Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 24 de mayo. Un grupo baleó a cinco funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Vivienda cuando viajaban en una camioneta cerca de la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez, en la frontera con Guatemala. Tres de los empleados resultaron heridos y dos están “desaparecidos”, informó el gobierno del estado.

La policía sectorial reportó que la tarde del pasado viernes, los funcionarios circulaban con dirección Motozintla-Tuxtla Gutiérrez, cerca del municipio de Frontera Comalapa, cuando fueron alcanzados por una camioneta gris de donde descendieron varios hombres que abrieron fuego con fusiles R-15 hacia la camioneta.

Los trabajadores Pedro Altamirano Santos, Francisco Javier Vázquez Archila y Uvel Simuta Méndez resultaron heridos, mientras que Raúl Bautista Jiménez y Miguel Ángel Martínez Vázquez aún no han sido localizados, a pesar de que agentes de las policías Estatal Preventiva, Fronteriza, Ministerial y Federal Preventiva, además del Ejército Mexicano, se desplegaron en la zona en su busca.

Extraoficialmente se supo que los cinco trabajadores del gobierno podrían haber sido confundidos por la banda de delincuentes.

Por otra parte, la misma tarde del viernes, cerca de la zona, en la ciudad de Comitán, dos mecánicos fueron levantados presuntamente por un grupo armado cuando laboraban en un taller.

Según testigos, los trabajadores estaban en el taller de rectificación y reconstrucción de motores cuando tres hombres armados con fusiles llegaron en una camioneta roja y se llevaron a José Luis Aguilar Hernández y al mecánico Jorge Luis Villatoro, quienes hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.

Marcha motorizada del FAP en Chiapas contra la privatización de Pemex
Elio Henríquez (Corresponsal)

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 24 de mayo. Cientos de integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) realizaron este sábado una marcha motorizada por las calles de San Cristóbal para expresar su rechazo a que se privatice el petróleo.

El coordinador estatal del Movimiento en Defensa del Petróleo, Pío López Obrador, informó que con esa marcha se inician una serie de movilizaciones en las principales ciudades de Chiapas para impedir que se apruebe la propuesta de reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) enviada al Congreso de la Unión por el presidente Felipe Calderón.

“Esta lucha no la vamos a dejar hasta que el gobierno usurpador retire del Congreso de la Unión el conjunto de inciativas de ley que el 8 de abril presentó en el Senado y hasta que se haga una consulta al pueblo de México para preguntarle si está de acuerdo con la privatización de la industria petrolera nacional”, dijo en conferencia de prensa.

Aseguró que en el gobierno de Calderón “hay desesperación porque apenas se cumplió el cuarto foro de consulta y las cosas en el debate no le favorecen; la verdad se está abriendo paso y están cayendo los falsos argumentos” acerca de la propuesta de reforma.

La marcha, de unos 200 vehículos, partió de la sede del Colegio de la Frontera Sur, llegó al parque central y finalizó en una plaza comercial ubicada en el poniente de la ciudad.

ONG: protege el gobierno a Arturo Acosta
Misael Habana de los Santos (Corresponsal)

Acapulco, Gro., 24 de mayo. Tras repudiar al gobierno de Felipe Calderón por condecorar al general Mario Arturo Acosta Chaparro, uno de los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la guerra sucia, organismos de derechos humanos señalaron que éste se opone a que se realicen excavaciones en el ex cuartel militar de Atoyac para no evidenciar la responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición de centenas de guerrerenses.

Expresaron lo anterior la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) y la Fundación Diego Lucero (FDL), con motivo de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido-desaparecido, que se realizará en otros países y empieza este domingo con una exposición fotográfica en el zócalo de Atoyac y concluye con una marcha, con picos y palas, para exigir que se realicen excavaciones en el ex cuartel militar donde se presume hay un cementerio clandestino.

Los convocantes recordaron que 450 ciudadanos de Atoyac de Álvarez y 650 de todo Guerrero son detenidos-desaparecidos por militares, entre 1967 a 1978.

Aseguraron que Acosta Chaparro “se niega a que se realicen excavaciones, cuando ya se tienen resultados de que sí hay irregularidades en el ex cuartel militar en Atoyac y que hay restos humanos; no le importa la angustia de los familiares al crear incertidumbre y prometer que en 15 días se estarían realizando las excavaciones”.

Paradójicamente, dicen que mientras en varios países de América del Sur ya existen procesos avanzados, y muchos detenidos desaparecidos fueron entregados a sus familiares y algunos de los responsables ya son enjuiciados, en México Luis Echeverría Álvarez, Mario Arturo Acosta Chaparro, Eliseo Jiménez Ruiz, Wilfredo Castro Contreras, Miguel Nazar Haro “y otros genocidas son protegidos por el gobierno”.

Premia Calderón al general
Repudiamos las acciones del gobierno de Calderón, pues en lugar de resolver los actos reclamados por los familiares de las víctimas de la guerra sucia, condecora a uno de los responsables de haber cometido los crímenes más atroces de que se tenga memoria”.

Las organizaciones exigieron que se dé paso a la etapa subsecuente en la diligencia hasta que empiecen las excavaciones, notificar oportunamente a familias de las víctimas y sus representantes legales, abrir el procedimiento al público y testigos de calidad y, en caso de detectar la presencia de restos humanos, dar facilidades para su inmediata recuperación.

Rechaza la SG que eperristas sean desaparecidos políticos
Fabiola Martínez

El gobierno federal se resiste a aceptar que la ausencia de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –señalados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como integrantes de este grupo armado– constituyen desapariciones forzadas, crimen de lesa humanidad.

Ante el comité de mediación propuesto por el EPR, los representantes de la Secretaría de Gobernación (SG) manifestaron, el martes pasado, su disposición a continuar con las investigaciones judiciales que permitan dar con el paradero de ambas personas, a quienes consideran “sólo secuestrados”.

En la primera reunión con funcionarios federales, sin precedentes y realizada en la biblioteca Manuel Gómez Morín, de la SG, los mediadores afirmaron que la base de un diálogo fructífero debe ser, precisamente, estar de acuerdo en el marco histórico y político de lo que representa la existencia en México de las desapariciónes forzadas.

Aunque hasta ayer no estaba definido el día para el segundo encuentro, ambas instancias se comprometieron a regresar a la mesa de diálogo con un análisis más elaborado sobre el particular.

Al respecto, la senadora Rosario Ibarra, integrante de este grupo de mediación, dijo que los enviados del gobierno deben entender, en principio, la importancia de lograr la presentación con vida de los eperristas.

“Nos dijeron que van a seguir investigando el paradero de Edmundo y Gabriel Alberto; ellos no quieren entender que aquí estamos ante el delito de desaparición forzada”, dijo en entrevista la también presidenta del Comité Eureka.

El martes pasado, ante funcionarios, la legisladora comentó: “no estamos acusando a nadie en particular (de la desaparición) pero cuando se agotan las instancias jurídicas esto se vuelve un asunto político, una desaparición política y, por ello, debe haber un mandato por arriba, a partir de una decisión política”.

Al término del primer encuentro con el equipo de la SG, encabezado por Abraham González, subsecretario de Gobierno, el escritor Carlos Montemayor –vocero de la comisión de mediadores– dijo que en ese diálogo es necesario establecer una base acerca de la forma de abordar los casos de desaparición forzada, más allá de la información acerca de los aspectos procesales que desarrolla la Procuraduría General de la República.

Como se ha difundido, el EPR aceptó un diálogo indirecto con el gobierno federal (a través de una comisión de mediadores) con el fin de avanzar hacia la presentación con vida de sus compañeros, a quienes supuestamente se les vio por última vez exactamente hace un año.

En sus comunicados, este grupo armado dijo que sus compañeros fueron secuestrados y torturados a manos de policías federales, situación que la PGR y la SG han rechazado.

Los mediadores propuestos por el EPR son Montemayor e Ibarra, así como Miguel Ángel Granados Chapa, periodista; Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, del Frente Nacional Contra la Represión; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas.

Montemayor dijo que en esta primera etapa, si bien el objetivo es analizar los asuntos procesales, también “hay aspectos históricos, políticos y sociales que son de importancia capital para poder entender las dimensiones totales de este proceso”.

Y precisamente para esa tarea, la comisión mediadora hizo una convocatoria a la sociedad civil para que colabore en la sistematización de información que pueda ayudar a la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos, sobre la base de que el país, incluido su gobierno, tiene muy corta experiencia en el tratamiento del tema de desapariciones forzadas.

“En el diálogo se pretende definir cómo abordar estos casos de desaparición forzada; es parte del trabajo que tenemos en la agenda”, agregó Montemayor.

No hace más de tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el carácter no prescriptible de la desaparición forzada.

“Apenas hace poco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada a una acción legal por la desaparición forzada de Rosendo Redilla Pacheco –ocurrido desde 1974– y esto es novedoso en la propia historia de México”, comentó el escritor.

El tema de la desaparición forzada, señaló la comisión, es álgido, preocupante y su discusión es relevante para el desarrollo democrático y social de México. Se trata de procesos graves, cuya solución significa la dignificación de la vida política y social del país.

La comisión de mediación ha aclarado que su función no es negociar aspectos adicionales a la desaparición de los eperristas y mucho menos fungir como vocera de este grupo armado, de tal modo que la comunicación con el EPR no será directa sino a través de la prensa.

PSOE 2004-2008: una política exterior hacia América Latina /III     Marcos Roitman Rosenmann

El ministro de Asuntos Exteriores Moratinos, en rueda de prensa celebrada en Luxemburgo, declaró una vez concluido su viaje a dicha isla entre los días 2 y 3 de abril de 2007, el primero desde 1988, que “el gobierno español ha mantenido contactos con Estados Unidos antes, durante y después de mi visita a Cuba”. Y será Trinidad Jiménez quien da explicaciones a Thomas Shannon, secretario adjunto para América Latina, a petición de Washington, un mes más tarde. De esta manera satisface los deseos de la subsecretaria de Estado adjunta de Estados Unidos, Colleen Graffy, para explicar las causas de la incomparecencia de Miguel Ángel Moratinos con la disidencia cubana durante su estancia en la isla. Toda una maniobra mediática. En el fondo no había problemas. Si bien Moratinos no lo hizo, el director general para Iberoamérica, Javier Sandomingo, se reuniría con la llamada disidencia el 4 de abril. Este ejemplo muestra como ambos partidos encuadran su discurso bajo un mismo patrón cuando se trata de Estados Unidos y América Latina. Sólo hay matices. Ciertamente importantes, pero matices. Así, cuando el PSOE presenta su balance de las relaciones con América Latina en la legislatura 2004-2008, une dicha relación con Estados Unidos. “Con Estados Unidos compartimos una larga tradición de cooperación, confianza y entendimiento mutuo bilateral en áreas como el comercio, la cultura, la educación, el terrorismo, la educación, la investigación o la lucha contra el terrorismo, que los y las socialistas queremos mantener y potenciar. Estados Unidos y España son socios y aliados, y su desacuerdo puntual no puede ocultar el tejido de sus estrechas relaciones a todos los niveles... Superado el desencuentro en torno a Irak, el gobierno socialista ha intensificado las relaciones”. De esta manera, es necesario para el periodo 2008-2012 “la creación de un área trasatlántica de integración entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y debido al triangulo de relaciones entre España, Estados Unidos y América Latina, nos proponemos desarrollar una cooperación con Estados Unidos en sintonía con los estados latinoamericanos”.

Igualmente, resulta jocoso que el subsecretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, Jorge Moragas, vierta elogios a la secretaria de Estado para Iberoamérica. “Su partido concede un margen de confianza a Jiménez a la espera de que sus labores se traduzcan en una mejora de las relaciones entre España y esa región del mundo... La dirigente socialista en más de una ocasión ha defendido posiciones distintas a las de Moratinos... La posición de Jiménez sobre Cuba se ha mostrado más abierta a la necesidad de reformar el régimen de Castro”. Son viejos conocidos. Mientras fungió como encargada de relaciones internacionales del PSOE, el 5 de diciembre de 2005, emitió un comunicado condenando la “persecución política a la oposición socialdemócrata cubana. Manifestando su apoyo a la coalición progresista y deplorando los actos del régimen cubano”. No hay que olvidar que Jiménez es miembro de la Trilateral desde 2001 y anteriormente ejerció cargos dentro del organigrama de la cooperación estadunidense.

Será el talante progresista del PSOE o neoconservador de la derecha el arco en el cual se dirima la política exterior. Si el PSOE criticó en 2003 la pérdida de liderazgo de la política exterior en la región, en 2007 el Partido Popular hará lo mismo. Sus argumentos, apoyar a gobiernos definidos populistas y defensores del socialismo del siglo XXI. Un peligro para Occidente, la libertad individual, la gobernabilidad, la economía de mercado y un riesgo donde anida el terrorismo internacional. España no puede aliarse con tales regímenes. Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua caen en este saco. Tras el viaje de Moratinos a Cuba, la crítica incluye la traición. Se rompió la política de aislamiento internacional del régimen “castrista”. Los argumentos van y vienen. Son maleables, chovinistas y emergen en tiempos electorales.

Sin embargo la verdadera política exterior se mueve bajo la razón de Estado. Subsume a la corona, las inversiones del capital privado y estatal, la política migratoria, la cooperación, la venta de armas y la ayuda al desarrollo. Su práctica presupone un pacto. Entre sus actos destacamos que el gobierno español del PSOE fue el primero en reconocer a Felipe Calderón, presidente ilegítimo de México en 2006, en apoyar la relección de Uribe en Colombia, en seguir expulsando a cientos y miles de latinoamericanos durante su legislatura, en amparar las acciones desestabilizadoras e ilegales de las empresas multinacionales Repsol, Endesa, Telefónica, BBVA, Santander, bajo el criterio de razón de Estado. En este sentido, el Partido Popular asiente y aplaude. Bajo esta óptica, el consenso nunca se ha roto. Lejos quedan los años en que el PSOE apoyaba las luchas antioligárquicas y democráticas de los pueblos latinoamericanos por la autodeterminación, la liberación nacional, anticapitalistas y antimperialistas.

Importancia del Foro de Sao Paulo    Editorial
Hoy concluye la decimocuarta edición del Foro de Sao Paulo, fundado en 1990 por el Partido de los Trabajadores de Brasil, y que ha perseguido, desde su origen, articular los esfuerzos de los movimientos de izquierda en América Latina. En su presente versión, el foro ha sido marcado por la crítica unívoca de los participantes al “imperialismo” y a la injerencia que Estados Unidos ejerce en la región, en particular por su presunta participación en el ataque del ejército colombiano al campamento de las FARC en Ecuador, así como por un llamado de los organizadores para que “las fuerzas políticas progresistas” asuman y enfrenten los “desafíos y tareas pendientes”.

De unos años a la fecha, América Latina ha dado un notable giro político con la llegada al poder de gobiernos progresistas en distintos países, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, y más recientemente Paraguay, que se despegan, en mayor o menor medida, de la política económica dictada por el llamado Consenso de Washington, y que buscan impulsar cambios institucionales relevantes y virajes en las políticas oficiales que permitan componer los rezagos sociales y ayudar a los sectores de la población más desfavorecidos.

En más de un caso, el desempeño de esos gobiernos ha sido sistemáticamente amenazado por las embestidas de los grupos oligárquicos nacionales, tradicionalmente privilegiados –como ocurre actualmente en Bolivia–, e incluso atacado con abiertas acciones golpistas, como la lanzada en 2002 contra Hugo Chávez, en Venezuela. Detrás de esos sucesos, por lo general, se ha dejado entrever la mano de Estados Unidos, país que se presenta ante el mundo como defensor de la democracia, pero que no ha dudado en alentar e incluso impulsar medidas antidemócraticas contra gobiernos opuestos a sus intereses.

Con tal telón de fondo, la realización del encuentro referido constituye un esfuerzo conjunto de suma importancia por consolidar un bloque regional que reivindique y haga valer el principio de las soberanías nacionales, frene en la medida de lo posible los efectos devastadores del neoliberalismo, contribuya a la reducción de la enorme brecha de desigualdad que atraviesa las sociedades latinoamericanas, e impulse el desarrollo de las naciones más pobres con base en proyectos en los que quepan la defensa de los recursos naturales, la promoción de los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables y discriminados.

Del mismo modo, la realización de este tipo de encuentros cobra mayor relevancia por cuanto resulta urgente humanizar las reglas implacables y depredadoras que rigen la globalización en curso, un fenómeno que en el caso de América Latina, como alguna vez afirmó el filósofo catalán Eduardo Subirats, ha representado un proceso de recolonización, “tan brutal en sus consecuencias culturales destructivas como la conquista española, e infinitamente más devastador”.

En suma, cabe saludar el desarrollo de encuentros como el del Foro de Sao Paulo. Asimismo, es de esperar que los señalamientos vertidos durante estos tres días planteen alternativas de acción ante un modelo económico inviable, que promueve la apropiación privada de la riqueza pública, el saqueo de los recursos humanos y naturales, la sobrexplotación de la fuerza laboral y la depauperación de los sectores mayoritarios.