sexta-feira, 25 de abril de 2008

Indice la Jornada, viernes 25 de abril de 2008

1- Los internos están en huelga de hambre desde el lunes pasado, pese a su salud precaria
Presos zapatistas, trasladados de Tabasco a penal de Chiapas, denuncian activistas

2-
“Vergonzoso”, que continúen impunes los autores de asesinatos y otros abusos: Miguel Concha
Flavio Sosa: siguen vigentes las causas que provocaron la revuelta de la APPO

3-
El ataque no se debió a su papel como comunicadoras, señala
El fiscal para periodistas, sin facultades para atraer caso de las triquis asesinadas

4-
Demandan cesar represión contra la Policía Comunitaria

5-
Luis Javier Garrido
El peligro

6-
Raúl Zibechi
Paraguay: el fin de la dictadura colorada


Los internos están en huelga de hambre desde el lunes pasado, pese a su salud precaria
Presos zapatistas, trasladados de Tabasco a penal de Chiapas, denuncian activistas


Hermann Bellinghausen

Miembros de la otra campaña en Tabasco, en plantón frente a la cárcel municipal de Tacotalpa, denunciaron que ayer por la tarde los presos zapatistas en huelga de hambre fueron sacados del penal mediante un operativo policiaco. Las autoridades niegan información sobre el paradero de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez. Los denunciantes responsabilizan a los gobiernos federal y estatal “de cualquier acción contra sus personas o sus vidas”. Al cierre de esta edición se supo extraoficialmente que habían sido trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

Horas antes, los presos zapatistas manifestaron que su reclusión es un “secuestro con premeditación, alevosía y ventaja”, y acusaron a las autoridades por la “privación ilegal” de su libertad por 11 años y 10 meses en la cárcel municipal, donde se declararon este lunes en huelga de hambre “por tiempo indefinido” (que en el caso de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez no puede ser mucho, pues su diabetes lleva años mal compensada y sin una dieta adecuada).

“Si es posible, nos sacarán muertos, porque ya basta de esta injusticia”, advirtieron en una carta al alcaide del penal.

“Ya basta de injusticia”

Ángel Concepción ha escrito a mano decenas, tal vez centenares de cartas breves, en hojas de cuaderno o cuartillas, durante años. A la familia que nunca abandonó, al padre y al abuelo. A los organismos de derechos humanos. A las autoridades zapatistas, a la parroquia de Tila, al gobierno de Tabasco, a los medios de comunicación. Su padre, don Panchito, también preso, no escribe.

En lo que ha devenido un estilo de expresarse en castellano, Ángel Concepción, campesino chol, pasa con naturalidad del plural al singular de la primera persona. Su “nosotros” y su “yo” tienden a fundirse. Ahora escribe una vez más a las autoridades carcelarias, siempre sordas e indiferentes: “De la manera más atenta nos dirigimos ante ustedes como representante de la dirección general de prevención y readaptacion social del estado de Tabasco”.

Agrega: “Nuestra inocencia y nuestra injusta condena sin cometer ningún delito, ni participación alguna. Por esa razón declaramos esta huelga de hambre por tiempo indefinido. Si es posible, nos sacarán muertos, porque ya basta de esta injusticia, 11 años de pedir justicia, mas nunca somos escuchados; la respuesta del gobierno es que somos culpables, que no pertenecemos a ningún grupo étnico o indígena. Este encarcelamiento, la privación ilegal de nuestra libertad por un delito que nos acusan en nuestra persona, es un secuestro con premeditación, alevosía y ventaja.”

Abunda: “No reconocieron nuestro derecho como indígena chol de Tila, Chiapas. Seguiremos adelante. Reconocemos a la sociedad civil nacional e internacional, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas y a la opinión pública por la difusión de la privación ilegal de nuestra libertad y la falta de impartición de justicia que existe en nuestra persona. No será levantada la huelga de hambre hasta que nos hagan libertad con justicia, ni tampoco será levantado el plantón de mis hijos y familia que esta enfrente de la cárcel”. (Quien desee ver y escuchar a los hijos y familiares de los presos en su actual plantón frente a la cárcel tacotalpeña, puede ir a www.youtube.com/user/colectivodesalambrar)

La otra campaña en Tabasco y la Asamblea Nacional contra la Represión y por la Lucha Social informaron que este martes, finalmente, se había presentado un médico “para dar seguimiento al estado de salud de los ayunantes”. También reiteraron que el plantón fuera del penal “manifiesta su disposición de permanecer, como es voluntad de los ayunantes”.

Denunciaron “provocaciones de parte de individuos con aspecto militar en un Chevy blanco, placas WLZ 8957 de Tabasco, en evidente estado de embrutecimiento etílico, agrediendo verbalmente a los plantonistas y gritando improperios”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=politica&article=013n1pol

“Vergonzoso”, que continúen impunes los autores de asesinatos y otros abusos: Miguel Concha
Flavio Sosa: siguen vigentes las causas que provocaron la revuelta de la APPO


■ El líder excarcelado anuncia nuevas movilizaciones de la organización en la capital de Oaxaca

Emir Olivares Alonso

Ampliar la imagen Flavio Sosa y Rosario Ibarra durante la conferencia de prensa de ayer Flavio Sosa y Rosario Ibarra durante la conferencia de prensa de ayer Foto: Carlos Ramos Mamahua

Flavio Sosa Villavicencio, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), reconoció que el movimiento social oaxaqueño se encuentra disminuido, ya que por la represión gubernamental se logró desmovilizar a la ciudadanía en la entidad. Sin embargo, dijo que las causas que dieron origen al conflicto siguen vigentes, por lo que la asamblea ha comenzado una restructuración.

A cinco días de haber obtenido su libertad tras un año y cinco meses de prisión, y luego de que el gobierno oaxaqueño no aportó pruebas suficientes, el vocero más visible de la APPO durante el conflicto de 2006 en la entidad aseguró que los objetivos del movimiento oaxaqueño son restructurar Oaxaca por medio de la justicia y la democracia, castigar a los responsables de la represión y asesinatos durante el conflicto, y continuar con la agenda appista.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Cencos –último espacio público en el que estuvo antes de ser aprehendido el 4 de diciembre de 2006– Sosa indicó que su captura se presentó debido a un acuerdo entre Juan Camilo Mouriño, Manlio Fabio Beltrones y Ulises Ruiz, con el propósito de que Felipe Calderón no tuviera problemas en su acceso al poder, razón que convierte al Ejecutivo federal –subrayó— en responsable de la represión en la entidad; además de que esa “triada” criminalizó la protesta social en Oaxaca.

Acompañado de la senadora Rosario Ibarra, la diputada Aleida Alavez, integrantes de la APPO y defensores de derechos humanos como Miguel Concha Malo, del Centro Fray Francisco de Vitoria, Sosa indicó que otras de las acciones será exigir la liberación de las personas que aún están presas a raíz del conflicto, que se ponga fin a la represión, que se modifique el sistema penitenciario del país y que se repare el daño a víctimas y familiares de quienes resultaron afectados por las privaciones de libertad y los asesinatos.

Insistió que en Oaxaca hay violaciones a los derechos humanos. Recordó que hubo más de 20 asesinados; que aún están presas cuatro personas: Adán Mejía, Víctor Hugo Martínez, Javier Cruz y Miguel Ángel García; además de que la doctora Berta Muñoz –quien fue la emblemática locutora de Radio Universidad— y la profesora Carmen López están en una especie de “exilio”, pues no pueden regresar a la entidad porque han sido amenazadas.

En contraparte, planteó que no existe castigo para ninguno de los “criminales. Ese es el retrato de la justicia que existe en Oaxaca y en el país”.

Sosa, internado desde su captura en el penal de máxima seguridad Altiplano y trasladado el 16 de agosto de 2007 a una cárcel estatal, afirmó que es inocente de los delitos que se le achacaron, entre ellos secuestro, lesiones y robo calificado. Retó a quienes lo acusan a presentar una sola prueba sólida de su responsabilidad en esos delitos.

Agregó que siente preocupación por su seguridad, aunque no vive con temor. Denunció que durante su reclusión en el penal de Cuicatlán enviados gubernamentales le ofrecieron 10 mil dólares mensuales y su libertad a cambio de que estuviera tres años fuera del país.

En su turno, Miguel Concha Malo indicó que “es vergonzoso” que a casi dos años de que se inició el conflicto oaxaqueño no haya un solo funcionario federal y estatal preso por las violaciones a los derechos humanos.

Durante la conferencia se anunció que la APPO se sumará a las acciones del Frente Nacional contra la Represión, además de que realizará movilizaciones el primero y el 22 de mayo, así como el 14 de junio, esta última para conmemorar el intento de desalojo de los maestros en el zócalo de Oaxaca por el gobierno de Ulises Ruiz.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=politica&article=012n1pol

El ataque no se debió a su papel como comunicadoras, señala
El fiscal para periodistas, sin facultades para atraer caso de las triquis asesinadas


Ángeles Mariscal y Octavio Vélez

El fiscal de la Procuraduría General de la República para la atención de delitos cometidos contra periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, reconoció que la dependencia a su cargo se encuentra limitada para la investigación de algunos casos graves, como el de las dos comunicadoras triquis de Oaxaca, debido a que éstos caen en el ámbito de competencia estatal.

Durante un seminario en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el fiscal pidió al Congreso de la Unión aprobar la propuesta para federalizar cualquier delito cometido contra trabajadores de los medios de comunicación, iniciativa que desde hace un mes se encuentra en su poder.

Orellana Wiarco reconoció que hoy, como hace un año, cuando fue creada la fiscalía a su cargo, dirige un organismo “acotado en sus atribuciones y competencias. Hablando con toda propiedad, sí está acotado en el sentido de que no podemos conocer más que asuntos que sean del fuero federal, o que existan delitos de ambos fueros (común y federal). Sería el caso en el que el agresor fuera un servidor público federal, o que en la agresión se disparara un arma de alto poder”.

Tal sería el caso de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, comunicadoras indígenas, locutoras de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio, del ayuntamiento popular de San Juan Copala, Oaxaca, que murieron acribilladas el pasado 7 de abril.

Mientras, en la capital de Oaxaca, el actor Gael García Bernal lamentó el asesinato de Teresa Bautista y Felícitas Martínez, y se sumó al reclamo de organizaciones civiles y de periodistas para que el crimen sea aclarado.

“Comparto la situación de enclaustramiento y de enojo que sienten como comunicadores por la muerte de Teresa y Felícitas; los apoyo y estoy con ustedes”, declaró en conferencia de prensa.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=politica&article=012n2pol

Demandan cesar represión contra la Policía Comunitaria

Asistimos a una escalada represiva contra la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC), de los pueblos indígenas y mestizos de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. En 12 años de existencia se ha consolidado como institución autónoma que a escala regional mantiene la seguridad, imparte justicia y promueve valores de colectividad, gratuidad del servicio y reintegración de los detenidos a la sociedad.

No obstante su legitimidad, el gobierno del estado hostiga a las autoridades regionales con innumerables órdenes de aprehensión, y no reconoce su función jurídica como ejercicio del derecho a la autodeterminación. La represión ha llegado a las comunidades integradas a la CRAC, que denuncian la masiva presencia de Ejército, AFI, policías del estado y ministerial. Patrullajes, retenes. Sacan fotografías, aterrorizan a la población.

A la vez, la CRAC adquirió inexplicable relevancia para Tv Azteca y Televisa, que se han sumado a la campaña de difamación con reportajes que acusan a los indígenas organizados de ilegales y delincuentes.

Hace años estudiamos y apoyamos a la Policía Comunitaria, excepcional experiencia con la cual los pueblos hacen realidad sus derechos colectivos y enseñan a la sociedad que hay formas de justicia más justa, sin corrupción ni inequidad. Afirmamos la legitimidad de la CRAC y exigimos alto a la represión contra autoridades regionales y comunidades.

Gilberto López y Rivas, Rachel Sieder, José Enrique González Ruiz, Rosalva Aída Hernández Castillo, Zózimo Hernández Ramírez, Beatriz Canabal Cristiani, Alicia Castellanos Guerrero, María Teresa Sierra, Arturo Miranda Ramírez, Ana Esther Ceceña, Adán Aguirre Benítez, Luis Hernández Navarro, Evangelina Sánchez Serrano, Luz Paula Parra-Rosales y Emilie E. Joly



Luis Javier Garrido
El peligro

La iniciativa de contrarreforma energética de Felipe Calderón, que está concitando creciente repudio nacional, no sólo conduce a la entrega de la industria petrolera a las trasnacionales, sino representa además otro peligro para México, pues vuelve a nuestro país un objetivo miltar del Pentágono en función de los intereses de seguridad de Estados Unidos.

1. La contrarreforma petrolera que el gobierno de facto busca imponerle a México fue el móvil fundamental del apoyo de múltiples trasnacionales al fraude electoral de 2006. Las corporaciones petroleras que brindaron un financiamiento ilegal y un respaldo político a Calderón para imponerlo en la silla presidencial lo hicieron sobre la base de que la nueva administración se comprometía a entregarles plenamente lo que habían querido lograr sin obtenerlo en las anteriores administraciones: el control de una nueva industria petrolera construida en territorio mexicano sobre las ruinas de Pemex, bajo el resguardo del poderío militar de Washington, que, sobre bases supuestamente “legales”, la consideraría un bien propio.

2. Quienes toman las decisiones en el gobierno espurio, con la miopía fanática y la avidez por el enriquecimiento que los ha caracterizado, buscan, por su parte, dar un paso decisivo en el proceso de regresión iniciado por los priístas De la Madrid, Salinas y Zedillo y proseguido por el panista Fox con el aval del PRI, para reconvertir al Estado nacional más fuerte de América Latina, surgido del vigoroso movimiento histórico de la Revolución Mexicana, en lo que sería un remedo de los estados bananeros latinoamericanos de los años 50: en protectorado. México transitaría no a la democracia, como se ha pretendido en el discurso mistificador del poder, sino a convertirse, como Colombia, en una mera colonia, con los panistas de perros guardianes de ese “proyecto histórico”.

3. El Plan México pasa por el fortalecimiento del TLC y la institucionalización de la doctrina Bush, aceptada ya por el gobierno de facto con la Iniciativa Mérida de 2007, y avalada de nuevo por Calderón y el primer ministro canadiense Stephen Harper en la Cumbre de la ASPAN de Nueva Orléans los días 21 y 22, donde el gobierno espurio calderonista reconoció que el territorio mexicano va a ser un objetivo militar de Estados Unidos de aprobarse la contrarreforma, y que lo que se busca es dar a las trasnacionales petroleras enclaves estratégicos, tanto en el Golfo de México como en el territorio nacional, sin importarle a los panistas volver a nuestro país un espacio privilegiado del poderío militar estadunidense.

4. El proyecto de los grupos de interés asociados a Carlos Salinas de Gortari, que utilizan a Felipe Calderón como su pelele, culminaría así entregando el pleno control del país a Washington y con ellos asociados a las trasnacionales que lo saquearían arbitrariamente, llevándose por su traición una tajada del descomunal negocio, que los expertos en corrupción calculan en 15 por ciento. Durante los gobiernos de Fox y Calderón, el abandono panista ha conducido a que Washington tenga ya importante injerencia en el control del aparato estatal mexicano, y en especial de la frontera, las aduanas, los litorales y el espacio aéreo de México, así como de la seguridad interna, a lo que se agregaría ahora el hecho aberrante de que los recursos básicos mexicanos, que deberían ser de importancia estratégica para México, lo serían en el futuro para Estados Unidos.

5. La doctrina de seguridad nacional de Bush establece que Washington se arroga el derecho de intervenir militarmente ahí donde tiene intereses petroleros, es decir, lo mismo en Irak y en Afganistán que en algunos países de América Latina, por lo que, de ceder el Congreso mexicano a esta aberración seudolegal, se cometería un atentado no sólo contra nuestro país, sino contra todo el continente, precisamente en un momento histórico en el que desde Nicaragua hasta Bolivia y Ecuador, y ahora Paraguay, se delinean políticas que anteponen los intereses nacionales de nuestros pueblos a las pretensiones de las multinacionales.

6. La aprobación de la contrarreforma por las cámaras federales constituiría además una convalidación de las pretensiones hegemónicas de las potencias occidentales. El presidente galo Nicolas Sarkozy no se ha cansado de repetir en las últimas semanas que Francia tiene un supuesto derecho a intervenir en los países generadores de energía con los que tiene acuerdos cuando sus políticas pudiesen afectar los intereses franceses.

7. Las políticas neoliberales tienen, empero, dos caras, y Estados Unidos sostiene abiertamente la tesis contraria tratándose de su petróleo, pues para Bush, siendo la energía de importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos, la Casa Blanca se opone a las inversiones extranjeras en materia petrolera en su territorio, y así ha vetado diversos intentos de penetración del capital asiático.

8. Las pretensiones de los halcones del Pentágono no deberían ser, por lo mismo, motivo para la sumisión del Congreso mexicano, sobre todo cuando países más pequeños que el nuestro, desde Cuba hasta Bolivia, han resistido con éxito amenazas mucho más serias, sin olvidar que México lo hizo en materia petrolera hace tres cuartos de siglo. Y sobre todo ahora, en un contexto en el que América Latina está cambiando y en el que el imperio estadunidense se halla en una larga crisis terminal.

9. La campaña de difamación de caracter totalitario que ha implementado Mouriño desde Bucareli en contra del movimiento ciudadano de resistencia pacífica en defensa del petróleo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, busca, por eso, distraer la atención nacional del fondo del problema, con una estrategia y una retórica que ésas sí son de caracter nazifascista, como fue el comportamiento de Calderón en sus conferencias de prensa en Nueva Orleáns.

10. La contrarreforma petrolera, tal como está planteada, entrañaría graves consecuencias para México, pero la principal es en el aspecto político, y el México profundo ya lo está comprendiendo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=opinion&article=023a1pol



Raúl Zibechi
Paraguay: el fin de la dictadura colorada


El resonante triunfo de Fernando Lugo y la derrota del Partido Colorado luego de 61 años en el poder llenan de satisfacción a toda la izquierda y a los movimientos sociales del continente. El partido de la dictadura de Alfredo Stroessner, de las desapariciones, la corrupción y la tortura, el partido del Plan Cóndor, sufrió una aplastante derrota, aunque controla resortes importantes del poder, como la administración pública y el parlamento.

En la derrota del Partido Colorado jugaron papel destacado los movimientos campesinos. Desde el fin de la dictadura, en 1989, han sido factor clave en la resistencia al monocultivo de soya, que expulsa a miles de campesinos del campo y del país. La respuesta del colorismo ante el desborde del aparato clientelar y de control por la movilización campesina fue militarizar las áreas rurales institucionalizando las guardias armadas de los terratenientes. Más de 2 mil campesinos procesados y decenas de asesinados es el saldo de estos casi 20 años de lucha campesina, en los que se han recuperado cientos de miles de hectáreas del latifundio.

Al candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio –un frente que va de los liberales a los movimientos sociales– le tocará lidiar con una herencia maldita. En minoría en el parlamento, está forzado a tejer alianzas con los colorados o con el golpista Lino Oviedo. Una administración pública corrupta e ineficiente, donde los funcionarios han sido nombrados siempre a dedo por los caudillos colorados, estará dispuesta a boicotear cualquier intento de cambio. El Partido Colorado en la oposición, dirigido por el hasta ahora presidente Nicanor Duarte, buscará bloquear aun las más tímidas reformas y las medidas que busquen frenar la corrupción.

La capacidad de presión del agronegocio y de los ganaderos será otra dificultad mayor para el gobierno de Lugo. En pocos años Paraguay se ha convertido en gran exportador mundial de soya, cultivo que ya cubre más de 2 millones de hectáreas. Estos sectores, aliados a menudo con el contrabando y en ocasiones el narcotráfico, serán los grandes desestabilizadores, a juzgar por lo que viene sucediendo en Bolivia. El nombre del futuro ministro de Agricultura es una de las claves del nuevo gobierno, que todos esperan conocer en Asunción.

La heterogénea alianza que llevó a Lugo al gobierno tiene como socio mayoritario al Partido Liberal, que colocó en la vicepresidencia a Federico Franco. Aunque lleva décadas en la oposición, y muchos de sus militantes fueron perseguidos por la dictadura de Stroessner, los liberales son parte del sistema hegemónico en Paraguay. Difícilmente serán un aliado a la hora de introducir cambios de fondo, ligados como están a las tramas clientelares y a prácticas de corrupción similares a las de los colorados. Los medios anuncian que el futuro canciller será el liberal Marco Balmelli, un hombre con buenas relaciones con Washington, crítico del Mercosur y distante de Bolivia y Venezuela.

Además de las dificultades internas, el futuro gobierno de Lugo deberá renegociar los tratados de las represas de Itaipú (con Brasil) y Yacyretá (con Argentina), uno de los ejes de su campaña electoral. Una frase que suele escucharse a menudo en Asunción dice que “Brasil explota a Paraguay en Itaipú”. Ése fue uno de los grandes titulares del diario ABC Color el día del triunfo de Lugo. Para la derecha, es útil desviar la atención hacia el exterior como forma de dejar intactos los privilegios locales. Sin embargo, no les falta razón a los paraguayos, ni al propio Lugo, cuando demandan una urgente revisión de esos tratados.

La represa binacional de Itaipú tiene una potencia instalada de 8 mil 250 megavatios, de los cuales Paraguay consume 5 por ciento y debe exportar 95 por ciento a su vecino a precio de costo, según el tratado firmado por la dictadura de Stroessner en 1973. Itaipú abastece 20 por ciento de la energía que consume el industrializado Brasil. Paraguay recibe apenas 300 millones de dólares al año, muy por debajo del precio internacional y del costo de reposición de la energía vendida. Ricardo Canese, ingeniero especializado en energía, estima que los 53 mil GW que se venden anualmente a Brasil tienen un precio de mercado no inferior a 4 mil millones de dólares, algo así como dos tercios del producto interno bruto de Paraguay. Lugo no pretende llegar tan lejos, pero sostiene que su país debe recibir entre uno y medio y dos mil millones de dólares, o sea, entre cinco y siete veces el valor actual.

En un principio, Lula dijo que hay un acuerdo firmado y que no está dispuesto a revisarlo. Los paraguayos sostienen que el tratado fue firmado en la dictadura de Stroessner, envuelto en casos de corrupción, y que es hora de sentarse a discutir. Afortunadamente, el canciller brasileño Ceslo Amorim dijo: “vamos a continuar discutiendo con Paraguay cómo puede obtener una remuneración adecuada por su energía”. Y reconoció que un aumento del precio “sería lo justo” y que “Brasil no quiere ser visto como un país imperialista”. En la última reunión de gabinete, Lula admitió flexibilizar la posición de Brasil para aumentar el precio de la energía que compra a Paraguay.

La revisión de estos acuerdos no es tema menor. Recuperar la soberanía energética es, para Paraguay, lo mismo que la nacionalización de los hidrocarburos para Bolivia. Un sustancial aumento de los ingresos del paupérrimo Estado paraguayo sería un balón de oxígeno para afrontar reformas urgentes en la salud y la educación, además de la necesaria reforma agraria. Todo indica que superar tantas dificultades hace necesario que los movimientos sigan presionando para evitar que el gobierno de Lugo, quien tendrá la enorme responsabilidad de desmontar el sólido aparato clientelar colorado, quede atrapado por las alianzas que debió tejer para llegar al gobierno.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/25/index.php?section=opinion&article=024a1pol

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