quarta-feira, 30 de abril de 2008

Indice la Jornada, miércoles 30 de abril de 2008

1- Tras 12 años encarcelados en Tabasco, hace una semana los trasladaron a Chiapas
Incierta, la situación jurídica de dos indígenas zapatistas presos en Yajalón

2-
Pretenden que ese organismo atraiga el caso de las agresiones contra las atenquenses
Víctimas buscan ayuda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

3-
La impunidad, señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano en el caso, asegura
Amnistía Internacional reclama justicia para las mujeres de Atenco violadas

4-
“Nunca más sentiré alegría”

5-
Posibilitaría la distensión de conflictos sociales, considera la legisladora Aleida Alavez
Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía

6-
Pide que los personajes propuestos por el grupo funjan sólo como “testigos sociales”
Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno

7-
Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”
Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores

8-
Fue quien mencionó al comandante Hernández y a El Chicharrón
Oyó funcionario de la procuraduría de Oaxaca del secuestro de los dos eperristas

9-
Se adhieren a carta

10-
Interceden por presos bases de apoyo zapatistas

11-
Si electricidad, 800 mil chiapanecos, por las fuertes lluvias

12-
Herrán Salvatti pide amparos; teme detención



Tras 12 años encarcelados en Tabasco, hace una semana los trasladaron a Chiapas
Incierta, la situación jurídica de dos indígenas zapatistas presos en Yajalón


■ Se teme por sus vidas; están aislados en el penal y su estado de salud es crítico, dicen ONG

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Campesinos de la comunidad tzotzil Casa del Pueblo marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de los presos indígenas en Chiapas Campesinos de la comunidad tzotzil Casa del Pueblo marchan hacia Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de los presos indígenas en Chiapas Foto: Notimex

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de abril. Al cumplir cinco días en el Cereso 12 de Yajalón, sigue siendo incierta la situación jurídica de los presos zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre Francisco Pérez Vázquez. Al ser trasladados a Chiapas el pasado día 24, los campesinos choles, quienes permanecieron casi 12 años presos en Tacotalpa, Tabasco, fueron internados en un hospital privado en Tuxtla Gutiérrrez, y así, forzados a romper la huelga de hambre que sostenían en demanda de su liberación.

Contra lo que se hizo creer en un principio, ni durante su breve estancia en el hospital, ni ahora que se encuentran nuevamente tras las rejas, los indígenas han sido estudiados seriamente por los médicos ni, mucho menos, cambió la situación de nula atención a sus problemas de salud: diabetes de ambos, y una lesión cutánea en el caso de Ángel, que se teme sea grave; además ahora presenta sangrado de vías urinarias, según constataron sus familiares tras visitar en el penal chiapaneco donde se encuentran.

Tanto los familiares como miembros de Sipaz, Pueblos Unidos por la Defensa de la Energía Eléctrica en la zona norte, Pueblo Creyente, la otra Tabasco y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de la Casas (CDHFBC), que los han visitado en su nueva reclusión, confirman que siguen sin practicárseles los estudios clínicos que necesitan. No se ha localizado su expediente clínico, y se teme que vuelvan a quedar “olvidados”. Permanecen aislados en el penal, donde ni siquiera les han proporcionado cobertores.

El gobierno chiapaneco de Juan Sabines estaría cumpliendo su compromiso de atraerlos a su jurisdicción para liberarlos definitivamente, pero no hay nada firme al respecto, salvo la vaga promesa de que su situación jurídica se resolverá ”en cuestión de días”, pues “se hacen trámites con el gobierno tabasqueño”, el cual por su parte no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el caso.

En relación con los “presos políticos” de la Voz de los Llanos, adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona, agredidos por internos del Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas en días pasados, se supo extraoficialmente que los agresores (los “precisos” de dicho penal) fueron trasladados la madrugada de hoy a otro centro carcelario.

No obstante, los miembros de la Voz de los Llanos, quienes se mantuvieron en huelga de hambre durante más de un mes, permanecen aislados en las instalaciones del Cereso 5.

El área jurídica del CDHFBC señaló hoy que, tras la protesta de huelga de hambre y ayuno que protagonizaron tres penales chiapanecos entre febrero y principios de abril, permanecen en prisión 15 personas de la Voz del Amate, la Voz de los Llanos y el “grupo zapatista”, sin que haya cambiado su situación jurídica. Esto, a pesar de que el gobierno estatal se comprometió a seguir revisando estos casos para lograr la liberación de los reclusos, que aseguran ser inocentes y exigen su libertad.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=023n1pol

Pretenden que ese organismo atraiga el caso de las agresiones contra las atenquenses
Víctimas buscan ayuda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Emir Olivares Alonso

Ampliar la imagen Los atenquenses, en espera de justicia Los atenquenses, en espera de justicia Foto: Luis Humberto González

A unos días de que se cumplan dos años en los que no han obtenido justicia tras ser víctimas de “tortura sexual”, 11 de las 26 mujeres agredidas y violadas por elementos policiacos durante los hechos ocurridos en mayo de 2006 en San Salvador Atenco presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de que se haga justicia y se repare el daño.

En compañía de activistas de los centros por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), algunas de las denunciantes acudieron a la sede de la CIDH, en Washington, con el objetivo de que el órgano interamericano atraiga el caso y declare que el Estado mexicano violó, en su perjuicio, sus garantías fundamentales.

Además, demandaron que se recomiende a las autoridades mexicanas integrar una investigación seria, imparcial y eficaz, “donde se sancione a los responsables por tortura”.

El 4 de mayo de 2006, luego de las detenciones de cientos de personas por los hechos en Atenco, las mujeres fueron abusadas sexualmente por policías en el traslado hacia un penal en Toluca, estado de México, abusos acreditados por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hasta ahora, 26 de 47 mujeres aprehendidas han denunciado haber sido víctimas de violencia sexual, incluidas varias extranjeras que fueron extraditadas.

En conferencia de prensa, Jacqueline Sáenz y Diana Martínez, abogadas del Centro Prodh, informaron que la presentación ante la CIDH –a la que acudieron entre otros Bárbara Italia Méndez, una de las agredidas, y Luis Arriaga, director de la organización– se da debido a que el Estado mexicano “no ha cumplido con sus obligaciones de investigar y sancionar a los responsables” de esos abusos.

A casi dos años de los hechos, dijo Sáenz, “es preocupante” que aún no existan resultados y las víctimas continúen a la espera de la atención y apoyo garantizados en la Constitución, por lo que “la impunidad ha prevalecido”.

Agregó que pese a las denuncias, no se han presentado investigaciones imparciales, no hay justicia para las agredidas, ningún policía ni mando superior ha sido consignado por los hechos, por lo que era una necesidad acudir ante la CIDH.

Las denunciantes son: Claudia Hernández, Edith Rosales, Norma Jiménez, Yolanda Muñoz, Ana María Velasco, Mariana Selvas –presentes en la conferencia–, Suhelen Gabriela Cuevas, Patricia Torres, Cristina Sánchez, Bárbara Italia Méndez y María Patricia Romero Hernández (aún presa), quienes en su petición exponen los antecedentes de los hechos y sus testimonios.

Agregan que se han vulnerado sus derechos a la integridad física, a la libertad y seguridad personales, acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación, así como a la dignidad y privacidad.

Sáenz recordó que pese a que se han levantado denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, y en la Procuraduría General de Justicia del estado de México por los abusos, en el primer caso la fiscalía no ha consignado a los probables responsables, pese a que la ex titular, Alicia Elena Pérez Duarte, se comprometió a ello; mientras que la justicia mexiquense consignó a 21 policías, pero no por violación sexual, sino por abuso de autoridad y actos libidinosos.

Contrario a ello, aún siguen presas 16 personas detenidas por los hechos en Atenco, tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano –incluido el líder del movimiento social, Ignacio del Valle– y el resto en el penal de Molino de Flores, Texcoco.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=019n1pol

La impunidad, señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano en el caso, asegura
Amnistía Internacional reclama justicia para las mujeres de Atenco violadas


■ Pide a Eduardo Medina Mora que brinde apoyo pleno al trabajo de la nueva fiscal especial

Emir Olivares Alonso

La impunidad en los “graves casos de tortura” perpetrados en San Salvador Atenco “es señal del insuficiente compromiso del gobierno mexicano de terminar con ese crimen y la violencia contra las mujeres”, aseguró Amnistía Internacional (AI).

A unos días de que se cumplan dos años de los hechos en ese municipio mexiquense, en el que fueron detenidas 207 personas, la mayoría de las cuales fueron torturadas, y de éstas 26 mujeres denunciaron abusos y violaciones sexuales, la organización civil más importante de defensa de los derechos humanos aseguró que las autoridades mexicanas deberían “asumir con urgencia” el reclamo de justicia y reparar el daño, debido a la gravedad de la tortura que sufrieron las víctimas.

AI denunció que Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de asuntos de violencia contra las mujeres, pese a realizar una investigación de oficio del caso, no ejerció acción penal contra los responsables, por lo que la organización demandó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, “demostrar su compromiso en este sentido, garantizando el apoyo pleno a la nueva fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas para que concluya su investigación y proceda contra los responsables”.

Indicó que ese órgano debe tomar pasos decisivos para terminar con la impunidad en estos casos, garantizar que todos los responsables rindan cuentas y que las mujeres afectadas reciban reparaciones adecuadas.

El organismo internacional recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas “han recomendado al gobienro mexicano garantizar una investigación eficaz en la fiscalía especial federal, para que los responsables sean procesados debidamente”, lo cual, remarcó AI, “aún no ha sido implementado”.

Insistió en que la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso “no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos, para esclarecer los hechos”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=018n1pol


“Nunca más sentiré alegría”

Emir Olivares

Mariana Selvas, violada sexualmente por policías el 4 de mayo de 2006 luego de ser detenida en San Salvador Atenco, estuvo presa por un año y 10 meses. La joven aseguró: “sabemos que aquí (en el país) la justicia no se va a dar, pero no nos vamos a callar, la exigiremos. Así como demandamos la libertad para nuestros compañeros que aún están en prisión”.

Claudia Hernández, otra de las agredidas, se mostró indignada y aseguró que después de los hechos del 3 y 4 de mayo hubo un “cambio radical” en su vida. “Nunca más sentiré alegría y estabilidad. Queremos libertad, porque al estar aquí no la tenemos ya que seguimos bajo proceso judicial”.

“Es una burla”, calificó Edith Rosales, recientemente liberada y también agredida sexualmente en esos hechos, sin que hayan sido sancionados los responsables de los delitos perpetrados en Atenco.

“Estuve secuestrada un año y 10 meses en la cárcel. No es justo, nos quitaron casi dos años de nuestras vidas”. Dijo que en México se sigue “satanizando” a las luchas sociales y “eso no lo podemos permitir, porque no debemos dejar que se repita un caso similar”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=018n2pol

Posibilitaría la distensión de conflictos sociales, considera la legisladora Aleida Alavez
Presentó el FAP en la Cámara de Diputados iniciativa de ley de amnistía


■ Persiste persecución por el movimiento de 1968, el halconazo de 1971, Atenco y Oaxaca

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para aprobar una ley de amnistía en beneficio de ciudadanos en contra de quienes el Estado mexicano haya ejercido o ejerza acción penal por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o por su vinculación, real o supuesta, con movimientos armados.

La diputada perredista Aleida Alavez explicó que, de aprobarse la iniciativa, ello posibilitaría la distensión de los conflictos sociales y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad del país, y constituiría un punto de partida para continuar la transformación de México en un régimen en el que impere un verdadero estado de derecho.

En la exposición de motivos señaló que hasta el momento la persecución, encarcelamiento y asesinato de mexicanos que participaron en los movimientos de 1968 y 1971, así como quienes fueron reprimidos por el gobierno de Vicente Fox, y de Enrique Peña Nieto, en San Salvador Atenco, así como en Oaxaca por las administraciones de Felipe Calderón y Ulises Ruiz, no han recibido justicia y en cambio se mantienen el silencio y la impunidad.

“La guerra (sucia) que padecimos en las décadas de los 60, 70 y 80 en México simplemente han merecido olvido y simulación. De la matanza de la noche de Tlatelolco de 1968, y del halconazo de 1971, ni un culpable, pero sí centenares de desaparecidos, como el caso de Jesús Piedra Ibarra, quien el pasado 18 de abril cumplió 33 años de haber sido secuestrado por las brigadas de Luis Echeverría.”

En el cuerpo de la iniciativa se señala que la amnistía se extendería a todos los indiciados, procesados y sentenciados, cualquiera que haya sido su grado de participación en los delitos de carácter político o de su presunta participación en grupos armados; se argumenta que la ley tiene como objetivo obligar a la presentación de desaparecidos a causa de su participación en movilizaciones políticas, así como garantizar la integridad física y la libertad de todas aquellas personas detenidas por esas actividades.

También detalla que la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se imputen, incluyendo la responsabilidad civil derivada de éstos, así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

El proyecto incluye un capítulo específico sobre la presentación de desaparecidos políticos, en el cual se considera que el gobierno federal ordenaría al Ejercito, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y corporaciones de seguridad del país, así como a los elementos bajo sus órdenes, la inmediata libertad de desaparecidos que se encuentran en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

La responsable de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos sería una comisión especial permanente, integrada por ocho miembros del Frente Nacional contra la Represión, así como un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uno más por el ombudsman capitalino, así como por los presidentes de las comisiones de derechos humanos de las dos cámaras del Congreso y un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La iniciativa fue suscrita por los coordinadores del FAP, Javier González Garza, del PRD; Alejandro Chanona, de Convergencia, y Ricardo Cantú Garza, del PT, así como por los perredistas José Antonio Almazán, Juan Guerra y Aleida Alavez.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=006n1pol

Pide que los personajes propuestos por el grupo funjan sólo como “testigos sociales”
Diálogo con el EPR, pero sin intermediarios, dice el gobierno


■ Le demanda suspender “acciones radicales” de sabotaje y violencia, y que las pláticas no se limiten a la desaparición de “dos de sus militantes”

■ Vigentes, indagatorias de PGR, advierte

Fabiola Martínez

Ampliar la imagen Juan Camilo Mouriño, ayer en Bucareli Juan Camilo Mouriño, ayer en Bucareli Foto: Carlos Ramos Mamahua

El gobierno federal aceptó dialogar con el Ejército Popular Revolucionario, mediante las siguientes condiciones: encuentro directo (donde los personajes propuestos por el grupo armado funjan sólo como “testigos sociales” y no como intermediarios); que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva “acciones radicales” de sabotaje y de violencia; que el diálogo no sea exclusivamente acerca de la desaparición de “dos de sus militantes” (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez), sino sobre la forma de abandonar la lucha armada: “abordar la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.

Sin embargo, el gobierno aclara que aun con la aceptación al diálogo directo, no suspenderá las investigaciones en curso por las explosiones en “instalaciones estratégicas” de Petróleos Mexicanos (Pemex), ocurridas el año pasado, cuya autoría se adjudica al EPR, y tampoco cancelará las indagatorias de “otros actos delictivos que han sido denunciados”.

El titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, informó lo anterior en un mensaje leído ante los reporteros al término de una reunión de casi cinco horas, a puerta cerrada, con el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna.

De acuerdo con fuentes consultadas, el viraje en la postura gubernamental (primero llamar delincuentes e incluso “terroristas” a los integrantes del EPR, y ahora aceptar el diálogo como vía “para evitar acciones de sabotaje y violencia”) fue decidido desde la tarde-noche del pasado lunes, con la respectiva autorización del presidente Felipe Calderón.

La estrategia oficial, delineada entre funcionarios de alto nivel, no fue unánime; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván, opuso resistencia a dialogar con los eperristas.

El militar advirtió al resto de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional acerca de los riesgos de negociar con un grupo armado dividido, en el cual persiste la confrontación.

El general secretario les habría presentado un diagnóstico documental acerca de los lugares en los que se ubican las principales células eperristas –y las escisiones de las mismas–, así como la estrategia que han utilizado en meses recientes, lo que restaría confiabilidad al cumplimiento de acuerdos que emanaran del eventual diálogo, según comentaron fuentes de información.

Finalmente, después de varios días de deliberación entre los responsables de la seguridad nacional, la tarde de ayer fue anunciada la oferta de diálogo del gobierno federal, con el argumento que “cualquier diferencia o conflicto debe encontrar los canales institucionales para su discusión y eventual solución en apego a la ley”. Por la noche, los integrantes del llamado gabinete de seguridad ratificaron la estrategia de oferta de diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, en los términos autorizados por el presidente Calderón.

Cabe recordar que desde el pasado sábado, Mouriño argumentó que estaban analizando la autenticidad de los comunicados. Las fuentes agregaron que, para lograr el objetivo, confrontaron la información de diversas dependencias. Ahora será el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) el encargado de establecer contacto con los eperristas para conocer su respuesta acerca del planteamiento gubernamental hecho público la tarde de ayer. También se nombró al subsecretario de Gobierno, Abraham González, para que dé seguimiento a la propuesta al grupo armado.

El 18 de enero pasado, Juan Camilo Mouriño declaró en una entrevista radiofónica: “El EPR es un grupo terrorista (…) nosotros no podemos actuar más que conforme a la ley, y que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la que trate de encontrar a los responsables de cometer actos terroristas”.

En aquella ocasión, a tres días de haber asumido la titularidad de Gobernación, el también secretario ejecutivo del citado Consejo Nacional de Seguridad, pidió no olvidar que el EPR es un grupo guerrillero que desafía al Estado mexicano, “que trata de infundir temor y terror entre los ciudadanos para sus propios objetivos; que sabotea instalaciones, que pone bombas y, por tanto, es un grupo armado que tiene que ser tratado como lo marca la propia ley”. Por ello, agregó aquel viernes, los actos cometidos por el Ejército Popular Revolucionario “merecen la condena unánime de toda la sociedad mexicana, más allá de ideologías y partidos políticos”.

A poco más de tres meses de distancia de esa posición, el secretario Mouriño dijo que el Estado mexicano tiene canales institucionales para resolver las diferencias y conflictos.

Sobre recientes comunicados emitidos por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, al cual el funcionario se refirió sólo por sus siglas PDPR-EPR, manifestó el rechazo a toda forma de violencia y aseveró que ha dado “pruebas constantes” de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales.

La respuesta ofrecida ayer por el gobierno federal se deriva de al menos dos comunicados del EPR. El 24 de abril pasado se manifestaron dispuestos a dialogar con el gobierno, con la intermediación de un grupo integrado por Samuel Ruiz, obispo emérito; Carlos Montemayor, escritor; Miguel Angel Granados Chapa, periodista y abogado; Gilberto López y Rivas, antropólogo, y el Frente Nacional contra la Represión (FNCR).

Al día siguiente, los convocados –salvo el FNCR– informaron que aceptaban la encomienda con el propósito de avanzar hacia la presentación con vida de los desaparecidos, pero pidieron al grupo que no ejecutara ninguna acción armada en el lapso de la labor de intermediación.

Tres días después, el EPR emitió un nuevo comunicado para saludar la decisión de los convocados (incluyen a Rosario Ibarra) y se comprometieron a no emprender acciones armadas. Dijeron que tocaba al gobierno emitir su posición y dejar de hostigar a las familias de sus compañeros y a organizaciones que se han solidarizado con ellos, y suspenda la búsqueda de miembros del partido vinculado con el grupo.

Pese a lo anterior, el gobierno emitió una propuesta de diálogo “amplio, pacífico y civilizado para avanzar en una agenda común”, pero rechazó la intermediación propuesta y coloca al grupo (sin mencionar a Ibarra) en calidad de testigos; pide a los eperristas dejar las armas y advierte que siguenn las investigaciones de PGR.

El gobierno reiteró que no ha participado “en la supuesta retención-desaparición” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, y que la PGR continúa en la investigación acerca de su paradero. Aseguró que no ha desarrollado ni desarrollará acción alguna para hostigar o intimidar a individuos u organizaciones sociales, especialmente a familiares y amistades de los desaparecidos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=003n1pol

Preocupa a Montemayor y López y Rivas la figura de “testigos sociales”
Limitan el diálogo las condiciones que el gobierno plantea al EPR, dicen mediadores


■ “Cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación no está proponiendo capitulación”

Blanche Petrich

El escritor Carlos Montemayor y el antropólogo Gilberto López y Rivas, propuestos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como parte de un grupo mediador en un eventual proceso de negociación con el gobierno federal, señalaron que para que esta iniciativa prospere es indispensable que la Secretaría de Gobernación entienda “que cuando una fuerza guerrillera se abre a una negociación política, no está proponiendo su propia capitulación”.

Extrañados por la formulación que se hizo en Bucareli en respuesta al segundo comunicado del EPR, proponiendo un “diálogo directo”, sin intermediarios y relegando a los mediadores propuestos por el grupo armado al papel de “testigos sociales”, Montemayor y López y Rivas consideraron, en entrevistas por separado, que el tema “será analizado”.

Este jueves el grupo de mediadores –que incluye al obispo emérito Samuel Ruiz, a la senadora Rosario Ibarra, al periodista Miguel Ángel Granados Chapa y al Frente Nacional contra la Represión (FNCR)– sostendrá su primera reunión formal para analizar el escenario planteado.

“Entonces veremos cuál puede ser el segundo paso”, indicó López y Rivas, quien participó en el proceso de negociación entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Pese a que el proceso es incipiente y está cargado de dificultades, para Montemayor –uno de los investigadores más acuciosos de los movimientos armados– el momento representa “una oportunidad de poder vivir la experiencia de un diálogo entre un sector inconforme y el Estado”. En principio, “celebra” los comunicados del EPR y de Gobernación, porque revelan que, en los dos frentes, “los más duros fueron convencidos de la necesidad de una salida política”.

En el caso del EPR, que con los sucesivos alzamientos de sus organizaciones de origen (Partido de los Pobres, Procup y otras fuerzas) suma una historia de más de 40 años de lucha armada, es la primera vez que habla de una negociación con el Estado.

Pero no deja de apuntar que esta oportunidad está preñada de riesgos. “En la historia moderna hay dos ejemplos de negociación entre fuerzas insurgentes y el Estado. La primera, entre el gobierno de Adolfo López Mateos y el morelense Rubén Jaramillo, que culminó, después de la capitulación de los jaramillistas, con la traición y el asesinato del líder, su esposa embarazada y sus tres hijos, en Xochicalco, en 1962. La segunda fue la del EZLN con el gobierno de Ernesto Zedillo. Los zapatistas fueron reconocidos como fuerza beligerante y luego perseguidos. Se formó la Cocopa como un acuerdo parlamentario ejemplar, pero que no llevó los acuerdos de San Andrés Larráinzar a su materialización.

“Esta es la tercera oportunidad. No sabemos si el Estado mexicano quiera continuar en la tradición de las dos experiencias anteriores o abrir un capítulo nuevo. Habrá que esperar para saber si en el gobierno de Felipe Calderón hay una contrapartida que no confunda el diálogo con la capitulación ni la mediación con un invitado de piedra. Este paso que ha dado el EPR es la demostración contundente de que el recurrir de manera extrema a medidas policiales no soluciona ni erradica la inconformidad social que se alza en armas.”

Para López y Rivas, la respuesta de Gobernación a la iniciativa del EPR es contradictoria. “Percibo que se pudo resolver la oposición de los sectores más duros del calderonismo, contrarios a cualquier acercamiento; el presidente del PAN, Germán Martínez, por ejemplo. Pero también observo que ha impuesto condiciones que complican el acercamiento”.

Sin querer adelantar vísperas, expresa su preocupación por varias de las condiciones planteadas por Bucareli. Entre otras, la propuesta gubernamental de un “diálogo directo”, sin la mediación que propuso el EPR –a la que Segob adjudica un papel de testigos sociales. “No digo que no se pueda negociar sin intermediación. Lo hizo Estados Unidos con el vietcong, y el Ejército Republicano Irlandés con Londres. Pero es un esquema que puede fracasar, como ocurrió en el caso vasco-español. ETA y Madrid realizaron diálogos directos que concluyeron con el arresto de los interlocutores. Una negociación directa no ofrece ninguna garantía”.

López y Rivas consideró que el tema propuesto por el Ejército Popular Revolucionario como punto único de la negociación –la aparición con vida de sus dos compañeros desaparecidos, Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz– es sustancial.

“Creo que lo es para todos los que aceptamos participar. No existe una razón de Estado suficiente que justifique una desaparición forzada. Es preocupante que, de inicio, la Secretaría de Gobernación diga que no tienen nada que ver con el caso” referido, concluyó.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=005n1pol

Fue quien mencionó al comandante Hernández y a El Chicharrón
Oyó funcionario de la procuraduría de Oaxaca del secuestro de los dos eperristas


Alfredo Méndez y Gustavo Castillo

Un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca fue quien aseguró a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República (PGR) que Pedro Hernández Hernández, comandante de la Policía Ministerial del Grupo Fuerza Policial de Alto Rendimiento de esa entidad, y el agente de la misma corporación Ángel Reyes Cruz, El Chicharrón, detuvieron el año pasado sin orden judicial a los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, presuntamente con la intención de extorsionarlos.

Según consta en la orden de arraigo 12/2008, que concedió por 90 días el juzgado sexto de distrito de procesos penales federales en contra de Hernández y Reyes Cruz, el funcionario estatal y testigo de la PGR –cuyo nombre se omite para proteger su identidad–, también declaró que oyó decir al comandante Hernández que a Reyes Amaya y Alberto Cruz se los había “cargado la chingada”.

Añade que Hernández “se ha dedicado en reiteradas ocasiones a extorsionar a indiciados para obtener provecho económico; se tiene registro de al menos cinco secuestros en los que lo han denunciado algunos inculpados”.

De acuerdo con las pesquisas que lleva a cabo la PGR en torno a la desaparición de los dos eperristas ocurrida el 25 de mayo de 2007, también hay información que involucra a Romeo Ruiz, primo del gobernador Ulises Ruiz, el comandante Hernández y el agente Reyes Cruz en delincuencia organizada y secuestro.

Esta información fue obtenida a partir de la detención, el pasado 21 de abril en Oaxaca, de 18 integrantes de Los Zetas en esa entidad, ya que algunos de los sicarios del cártel del Golfo aseguraron tener nexos delictivos con Romeo Ruiz, quien les habría comentado del secuestro de los dos eperristas.

Romeo Ruiz sólo compareció ante el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) para “aclarar” algunos señalamientos. En tanto, Hernández y el agente Reyes Cruz quedaron bajo custodia de la PGR durante 90 días, tiempo en el que se buscará acreditar su responsabilidad en la desaparición de los dos eperristas.

En el expediente de este caso, la PGR sostiene la hipótesis de que Reyes Amaya y Alberto Cruz fueron levantados –al menos– por dos policías ministeriales que iban al mando de Hernández Hernández. Sin embargo, nunca fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de Oaxaca.

Romeo Ruiz y sus presuntos cómplices fueron detenidos el pasado 26 de abril por elementos militares y agentes federales en las oficinas de la Policía Ministerial, en el municipio de San Antonio de la Cal, y luego trasladados a la UEITA para rendir su declaración.

La indagatoria de la Procuraduría General de la República, que consta en la averiguación previa SIEDO/UEITA/047-08, revela que hace 13 meses se dio inicio a una indagatoria en la Procuraduría de Justicia de Oaxaca contra Reyes Amaya y Alberto Cruz por presuntos vínculos con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), la cual estaba involucrada en el conflicto magisterial y social iniciado en esa entidad desde 2006.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=politica&article=005n2pol

Se adhieren a carta

Por este medio queremos adherirnos a la carta publicada el pasado 26 de abril firmada, entre otros, por John Berger, Howard Zinn, Jesusa Rodríguez y Francisco López Bárcenas, en la que se solicita a los gobernadores de Chiapas y Tabasco la inmediata liberación de Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez, indígenas chiapanecos y bases de apoyo del EZLN recluidos desde 1996 en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, sin ser culpables del delito por el cual fueron condenados a 25 años de prisión.

Actualmente están en huelga de hambre, y nos preocupa que sus vidas están en riesgo.

También se exige al gobierno de Chiapas investigar los hechos delincuenciales en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, donde los presos políticos de La Voz de los Llanos fueron golpeados por internos a sueldo del preciso general Bartolo García Suárez y sus secuaces plenamente identificados. Y que se finquen responsabilidades por la corrupción en el recinto.

Finalmente, la carta se pronuncia por la liberación de los presos de La Voz de los Llanos, encarcelados sin un proceso justo.

Eugenia León, Víctor Quintana

Interceden por presos bases de apoyo zapatistas

El 24 de abril fueron trasladados arbitrariamente los compañeros que se encontraban en el penal de Tacotalpa, Tabasco, ahora recluidos en el estado de Chiapas. Responsabilizamos al gobierno por la vida de nuestros compañeros Ángel Concepción y Francisco, bases de apoyo del EZLN. Por tantas irregularidades y arbitrariedades, tienen que quedar en libertad.

De acuerdo con su situación legal al ser trasladados, el gobierno chiapaneco asume la responsabilidad de dejarlos en libertad, no por dádiva, sino por la presión política que demuestra la inocencia de nuestros compañeros.

Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)


Si electricidad, 800 mil chiapanecos, por las fuertes lluvias

Elio Henríquez y Ángeles Mariscal, corresponsales

Los fuertes vientos y las lluvias en Chiapas ocasionadas por el frente frío 42 ocasionaron derrumbes en el municipio de Solosuchiapa y dejaron incomunicados varios municipios; además unos 800 mil habitantes de 11 localidades de la regiones Fronteriza, Selva y Altos no tienen energía eléctrica.

El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la entidad, Joaquín Sumano Leyva, reportó que la falla en el suministro eléctrico se debió a que los vientos de más de 55 kilómetros por hora ocasionaron ruptura de una línea que sostiene cables, y a la caída de otra línea “conocida como Spoiná-Comitán, de 115 mil voltios, por lo que miles de habitantes quedaron sin el servicio”.

Los municipios afectados son Comitán, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Tzimol, La Independencia, Villa Las Rosas, una parte de Ocosingo y Maravilla Tenejapa.

Además, el subsecretario de Protección Civil en la entidad, Luis Manuel García Moreno, reportó que varios municipios del norte se encuentran incomunicados vía terrestre por dos derrumbes que ocurrieron ayer martes.

Precisó que la afectación ocurrió en la carretera federal que comunica Bochil con Pichucalco, a la altura del municipio Solosuchiapa, luego de las primeras lluvias que provocó el reciente frente frío.

Detalló que un derrumbe ocurrió en el kilómetro 105+150 y el otro varios metros adelante, donde personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza los trabajos de reconstrucción, con la supervisión de su director en la entidad, Ernesto Jáuregui, quien reportó que resultaron afectadas 35 viviendas y 115 personas en albergues.

CFE deja sin servicio a deudores del sureste

Decenas de comunidades que están en resistencia de pago denunciaron que la CFE suspendió la reparación y mantenimiento de líneas de conducción y transformadores en las comunidades indígenas. Los afectados aseguraron que con esa actitud la paraestatal “viola nuestros derechos humanos”.

Agrupados en el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, los inconformes añadieron que con esa postura la empresa busca “presionar ilegalmente a quienes están en resistencia de pago en protesta por las altas tarifas”

Manifestaron que “ante el otundo fracaso por imponer sus cobros injustamente elevados y arbitrarios, la empresa optó por abandonar completamente su obligación de reparar y dar mantenimiento a las líneas públicas de electricidad”, por lo que “zonas enteras han quedado sin el servicio, principalmente debido a transformadores que se queman o descomponen por el uso, la caída de rayos y, sobre todo, por la falta de mantenimiento”.

Los integrantes de la asociación aseguraron que ante las exigencias de los usuarios de que haga las reparaciones correspondientes, la paraestatal “responde que las realizará hasta que las familias deudoras paguen sus recibos, lo que afecta no sólo a quienes se encuentran en resistencia de pagos, sino a la población en general”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=estados&article=037n2est


Herrán Salvatti pide amparos; teme detención

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 29 de abril. El secretario de Fomento Económico, Mariano Herrán Salvatti, solicitó un amparo y la protección de la justicia federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra, debido a que él y al menos tres de sus ex colaboradores son investigados por abuso de autoridad y encarcelamientos injustos.

El ex procurador y ex fiscal general estatal solicitó amparos en los cuatros juzgados de la zona centro contra posibles órdenes de aprehensión, arraigo, búsqueda, localización y presentación.

En el dictamen los jueces aclaran que no se puede pedir a las autoridades suspender la investigación, por ser de orden público y de interés social.

El 25 de abril Herrán Salvatti compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso local para responder a las acusaciones.

También fueron llamados a comparecer José Feliciano Espinosa Nolasco, ex encargado de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Relevantes; Arturo Salgado Cordero, ex coordinador de la Agencia Estatal de Investigación, y Óscar Moreno Villatoro, ex titular de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Por otra parte, este martes fue detenido Oscar Porfirio Ocampo Pascacio, ex fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Homicidios de la extinta Fiscalía General del Estado, por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura en agravio de Luis Ignacio Lara Vidal.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/30/index.php?section=estados&article=039n2est

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