1- Llevan presos 12 años por un asesinato que autoridades no han podido acreditar
Exige el Centro Fray Bartolomé que se excarcele a dos simpatizantes del EZLN
2- Rechaza que haya negociaciones ocultas con el gobierno federal
Anuncia EPR reanudación de sus acciones militares
3- Demandan justicia para Pável González
4- Teme abusos por operación policiaco-militar
Pide AI juicio justo para 5 detenidos en Guerrero
5- Acusan de asalto a agentes de Chiapas
6- Los monocultivos ocasionan deforestación y carestía de los alimentos, advierten
Los biocombustibles, causa de problemas sociales y ambientales en América Latina
7- Calderón: declaración lamentable
Llevan presos 12 años por un asesinato que autoridades no han podido acreditar
Exige el Centro Fray Bartolomé que se excarcele a dos simpatizantes del EZLN
■ Familiares de los dos indígenas recluidos mantienen huelga de hambre frente a la cárcel
Hermann Bellinghausen
“Queremos que los liberen. Yo tenía 11 años cuando se llevaron a mi papá”, dijo Prisciliano Pérez Gómez, de 23 años, hijo de Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y nieto de Francisco Pérez Vázquez, quienes llevan presos casi 12 años. Los dos campesinos choles de la comunidad Huapacal (municipio autónomo El Campesino, Chiapas) se encuentran en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, condenados a 25 años por un “homicidio calificado” que nunca fue probado.
Esto “en un proceso penal en el que no se respetó la garantía de juicio justo”, señaló ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) en un llamado de acción urgente para demandar la liberación de Ángel y Francisco, quienes se encuentran en huelga de hambre desde el lunes.
Prisciliano confirmó que familiares de los dos indígenas están en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Tacotalpa, y dijo: “Mi papá sigue enfermo”. Al respecto, el CDHFBC exigió, además de “libertad inmediata y reparación de los daños ocasionados por el Estado mexicano a Francisco, Ángel y sus familias”, atención médica urgente “por especialistas externos a la cárcel y realizar los análisis clínicos pertinentes”.
En un boletín, el CDHFBC subrayó: “Son presos políticos, detenidos en 1996 en el contexto de la persecución a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La Junta de Buen Gobierno de Roberto Barrios ‘Nueva semilla que va a producir’ los reconoce como bases de apoyo, los considera presos políticos y exige su liberación inmediata”.
En el segundo día de dicha protesta, la otra campaña en Tabasco y el Frente Nacional Contra la Represión denunciaron que las autoridades no permiten visitas, ni siquiera a los familiares. Ángel y Francisco, diabéticos, padecen disentería. El primero se dice dispuesto a llegar “hasta las ultimas consecuencias”, mientras los plantonistas son intimidados por “porros que van y vienen con miradas asesinas”.
La Voz del Amate, adherente a la otra campaña, y el “Grupo Zapatista” del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 14 de Chiapas manifestaron solidaridad con sus compañeros en Tacotalpa: “una resistencia pacífica es digna de respeto”.
Además, hicieron un “llamado urgente” para denunciar “el artero atropello que pone en riesgo de muerte a nuestros siete compañeros de la Voz de los Llanos en el Cereso cinco de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. Deploran que sus compañeros fueran “brutalmente golpeados y lastimados por toda su anatomía; en este momento desconocemos su estado de salud”, pero saben que, 16 días después de concluir una huelga de hambre por más de un mes, “se encontraban en deterioradas condiciones”.
La Voz del Amate denuncia que el ataque en el Cereso cinco, el 21 de abril, “fue operado por el director Alejandro Galicia Morales, utilizando a la población para fines de represión”. Exige la “inmediata destitución y detención” del funcionario, “para que se haga responsable de este acto de violación a los derechos humanos y las garantías individuales”. La agresión estuvo a cargo de otros internos, quienes en presencia de la policía carcelaria los encerraron en los baños y ahí los torturaron y apalearon. Según los agredidos de la Voz de los Llanos, cada atacante “recibió 100 pesos y un ‘tubo’ de mariguana” en retribución por el “trabajito”.
Los presos de El Amate demandan una investigación exhaustiva y solicitan la intervención de Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal, y de la sociedad civil. Reprueban esa “falta de respeto a los reclamos de las organizaciones que luchan por la libertad”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=politica&article=015n1pol
Rechaza que haya negociaciones ocultas con el gobierno federal
Anuncia EPR reanudación de sus acciones militares
■ Formula severa crítica contra Calderón y legisladores de PAN y PRI
Emir Olivares Alonso
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) advirtió que reiniciará sus acciones político-militares debido a que desde el poder federal continúa la criminalización de la protesta social y las constantes desapariciones forzadas. Asimismo, llamó a defender la soberanía nacional para impedir la privatización del petróleo.
En un comunicado, la organización guerrillera señaló que Felipe Calderón es el principal personaje que ha sembrado “odio y cizaña” en el país, y aun así el titular del Ejecutivo federal “se lamenta de que exista una resistencia en los revolucionarios y en el pueblo del cual formamos parte”.
Señaló que con la llegada de Calderón al poder –“ilegítimamente”–, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el presidente del PAN, Germán Martínez, las actitudes gubernamentales que se basan en la criminalización de los movimientos sociales y la desaparición forzada “se han agudizado”.
A once meses de la desaparición de dos de sus integrantes, el EPR volvió a exigir su presentación con vida, porque de lo contrario reiniciará acciones de insurgencia. “Comunicamos la determinación de mantenernos en alerta y bajo las condiciones actuales repetimos que nuestra campaña de hostigamiento continuará bajo nuestros tiempos y formas, porque estos criminales no han presentado a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, negando que las fuerzas militares los tienen, cuando sabemos y estamos seguros que así es”.
Ligado con la criminalización de la lucha social, el EPR destacó el caso de los estudiantes mexicanos asesinados por el ejército colombiano durante un ataque contra un campamento de las FARC en Ecuador.
Criticó que exista una investigación judicial contra Lucía Morett –única sobreviviente a esos hechos–, y aplaudió la actitud del rector de la UNAM, José Narro y del director del IPN, Enrique Villa Rivera, al asumir la defensa de los jóvenes. “No se esperaba menos de un rector y de un director con esa sensibilidad humana y académica.”
El EPR insistió en que “el petróleo es absolutamente de los mexicanos”, por lo que se le debe proteger y defender, dando inclusive “la vida por él, y si alguien nos lo quiere arrebatar con eufemismos como el de la modernización, o que no tenemos capacidad técnica ni económica para explotarlo, tendrá el debido rechazo y la resistencia popular.
“Ya basta de mentiras. El petróleo es parte de nuestra soberanía nacional y con el pueblo hemos respondido con la resistencia. Unos por la vía pacífica, que es lo que queremos todos, pero ante la criminalización de la protesta social y las desapariciones constantes de ciudadanos, como pueblo tenemos el legítimo derecho de la autodefensa y cada quien en su trinchera debe continuar desenmascarando la corrupción del solapamiento que hace el Estado de la escoria de la sociedad”.
La organización guerrillera señaló que quienes en realidad secuestran al país son los políticos “que siguen una línea criminal solapando la política calderonista”, entre ellos Emilio Gamboa, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Diódoro Carrasco, Santiago Creel y Héctor Larios, quienes forman parte de “un club de criminales que han intentando por todos los medios vender la soberanía de nuestro país y ellos sí secuestrarlo”.
El EPR rechazó cualquier negociación a escondidas con el gobierno de Calderón y aseguró que las acusaciones de que se dedican al secuestro de personas son mentiras.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=politica&article=009n1pol
Demandan justicia para Pável González
Hace cuatro años, el 19 de abril de 2004, el estudiante de la UNAM y la ENAH Pavel González desapareció. Sus familiares y amigos lo buscamos infructuosamente durante los siguientes días. El día 23 apareció muerto, amarrado en la cruz del Pico del Águila. El día 24 se nos comunicó a sus padres de su localización. Al revisar su cuerpo nos percatamos de que éste tenía lesiones, además de un golpe en el cráneo presumiblemente dado con un bat.
Con base en el dictamen del Semefo (según consta en la necropsia), Pável murió por lesiones múltiples externas e internas, traslado de fluidos y por asfixia a través de una mecánica de ahorcamiento (por un tercero).
Hasta esta fecha la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha realizado una verdadera investigación para dar con los asesinos de Pável; sus líneas de investigación se han dirigido a apuntalar la teoría del suicidio.
Desde este espacio le agradecemos a La Jornada su solidaridad, en especial a Blanche Petrich, y a todos los que se han solidarizado por el esclarecimiento de este crimen, para que no quede impune y haya justicia.
Atentamente.
Mario González González y María de Lourdes González, padres de Pável González
Teme abusos por operación policiaco-militar
Pide AI juicio justo para 5 detenidos en Guerrero
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Ampliar la imagen Soldados y policías de la Agencia Federal de Investigación instalaron retenes en los alrededores del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, e interrogan a los pobladores de la zona en busca de armas, narcotraficantes y células guerrilleras Soldados y policías de la Agencia Federal de Investigación instalaron retenes en los alrededores del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, e interrogan a los pobladores de la zona en busca de armas, narcotraficantes y células guerrilleras Foto: Carlos Betancourt / La Jornada Guerrero
Chilpancingo, Gro., 22 de abril. Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente en la que pide al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo y al procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia, que garanticen un juicio justo y apegado a derecho a los cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) detenidos y encarcelados el 17 de abril acusados de homicidio.
AI dijo temer “un juicio injusto y actos de tortura o maltratos” contra Orlando Manzanares Lorenzo, dirigente de la OPIM en El Camalote; del ex comisario Manuel Cruz Victoriano, así como de Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina (sobrinos de la indígena Inés Fernández Ortega, quien fue violada por soldados en 2002) y de Raúl Hernández Abundio.
Asimismo, demandó que no haya maltrato para los otros 10 integrantes de la OPIM, entre ellos su presidente, Cuaúhtemoc Ramírez, quienes tienen órdenes de aprehensión por el mismo caso, según denunció la misma organización.
Amnistía Internacional llamó a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a que documente los actos de hostigamiento y las irregularidades que se detecten durante el proceso.
Juan Alarcón Hernández, presidente de la Coddehum, afirmó que las operaciones y los retenes militares instalados en las comunidades indígenas tlapanecas ubicadas en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, son ilegales y anticonstitucionales porque “detienen a las personas, les piden identificación y causan molestias, pero la sociedad los acepta por la inseguridad que se vive”.
Pidió al Ejército Mexicano cumplir su misión en esa región de la Costa Chica, pero respetando las garantías de los ciudadanos, la mayoría indígenas. “Ningún argumento es válido para que se violen los derechos humanos”, insistió.
En cambio, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo avaló la presencia del Ejército en Ayutla de los Libres y advirtió: “Quien transgreda el estado de derecho se hará acreedor a lo que éste establece, sean defensores de lo que sean”.
Mientras, integrantes de la OPIM y de la Organización de Pueblos Indígenas Na’savi (mixtecos) anunciaron que este miércoles protestarán fuera del penal de Ayutla, donde están recluidos los cinco indígenas.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=estados&article=031n3est
Acusan de asalto a agentes de Chiapas
Rodolfo Villalba, corresponsal
Tapachula, Chis. Elementos de la policía municipal, entre ellos su director, Juan Fernando Hernández Villalobos, fueron demandados penalmente y ante la Comisión de Derechos Humanos estatal por asalto, robo, lesiones y privación ilegal de la libertad contra Amílcar García Cruz, reportero del periódico local Diario del Sur, a quien habrían agredido el domingo pasado en la colonia El Relicario. El alcalde, Porfirio Lugardo López, destituyó a Juan Fernando Hernández.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=estados&article=031n6est
Los monocultivos ocasionan deforestación y carestía de los alimentos, advierten
Los biocombustibles, causa de problemas sociales y ambientales en América Latina
■ Brasil y Argentina han cambiado su producción agrícola para satisfacer la demanda de soya y caña de azúcar
Angélica Enciso L.
Ampliar la imagen El uso de soya, caña de azúcar y maíz para producir biocombustibles afecta los precios de los alimentos y aumenta la pobreza. Los niños de los países en desarrollo son algunos de los afectados, denuncian organizaciones no gubernamentales El uso de soya, caña de azúcar y maíz para producir biocombustibles afecta los precios de los alimentos y aumenta la pobreza. Los niños de los países en desarrollo son algunos de los afectados, denuncian organizaciones no gubernamentales Foto: Reuters
El gran crecimiento de los monocultivos de caña de azúcar y de soya para satisfacer la demanda de biocombustibles causa serios problemas ambientales y sociales en América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina, ya que provoca mayor presión sobre la tierra y se agravará la deforestación, advirtió la organización Amigos de la Tierra Internacional.
En el contexto del Día Mundial de la Tierra, la organización indicó que la expansión de los monocultivos a gran escala lleva a la destrucción de bosques, sabanas y vida silvestre; eleva el precio del suelo y de los alimentos. Además, impacta negativamente en las comunidades rurales que son expulsadas de sus tierras para dar lugar a estas plantaciones.
En el estudio Pantalla de humo sostenible, la organización señala que como respuesta a las críticas, los promotores de los biocombustibles impulsan los sistemas de certificación como solución para gestionar y reducir estos efectos, pero no consideran efectos secundarios, tales como el aumento de los precios de los alimentos. Sostiene que la realidad es que se ha incrementado la producción de soya y caña de azúcar para satisfacer la creciente demanda de los biocombustibles, no para uso alimentario.
Refiere que la producción de caña de azúcar y de soya ha crecido drásticamente en la década reciente. El mayor aumento ha ocurrido en Brasil, con caña de azúcar y soya, y en Argentina, con este último. La producción de ésta también ha aumentado en Paraguay.
El crecimiento de la producción de caña de azúcar se debe a la producción de etanol, mientras que la de soya se utiliza para satisfacer la creciente demanda de comida para animales con alto contenido de proteínas y para producir aceite de soya, un derivado de este alimento, que se utiliza para producir agrodiesel.
Agrega que cumplir con los ambiciosos objetivos políticos para extender el uso de los agrocombustibles, junto con la creciente demanda de comida para animales, “nos llevará a una mayor demanda de los cultivos de productos básicos como el de caña de azúcar y soya”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=sociedad&article=037n1soc
Calderón: declaración lamentable
En momentos en que la confrontación nacional generada por la propuesta presidencial de privatizar parcialmente la industria petrolera pareciera ganar fluidez con la posibilidad de un acuerdo entre las fracciones parlamentarias para emprender un debate amplio, plural y en un tiempo razonable en torno al tema, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, introdujo ayer, en una conferencia de prensa ofrecida en Estados Unidos, una complicación adicional en el conflicto. En una toma de posición tardía, equívoca tanto en la forma como en el fondo, y poco respetuosa de su propia investidura, el político michoacano afirmó que deplora la toma de las tribunas parlamentarias, iniciada hace casi dos semanas, porque “empobrecen la imagen de quienes las realizan y debilitan la imagen de partidos tan importantes como el PRD, que sumados a su propia crisis interna, hoy viven un empobrecimiento de su imagen pública por comportamientos que simple y sencillamente los ponen en ridículo”.
La declaración, destemplada en el tono e inapropiada en el contexto –porque no es correcto que un jefe de Estado aproveche sus giras por el extranjero para exhibir problemas de la política interna ni para descalificar a sus adversarios nacionales–, omite además un dato fundamental: que la acción de protesta no la emprendió el PRD en solitario, sino el Frente Amplio Progresista (FAP), que incluye además a los partidos del Trabajo y Convergencia, institutos políticos que cuentan con representación en el Congreso y con registro legal vigente, y que, sin embargo, son ninguneados por el discurso presidencial, el cual sugiere, además, que la crisis perredista se extiende a las filas de esos otros partidos. Más allá del exceso verbal, de las imprecisiones y omisiones, la apreciación presidencial constituye una intromisión indebida en los asuntos internos del partido del sol azteca.
Pero lo más preocupante es que el gobernante induce a la confusión sobre el fondo del conflicto al pretender reducirlo a la acción de un puñado de legisladores que “hacen el ridículo”, e ignorar que las medidas adoptadas por el FAP en Xicoténcatl y en San Lázaro son consecuencia, y no causa, de un desencuentro nacional provocado por el propio gobierno calderonista en su afán de entregar segmentos fundamentales de la industria petrolera a empresas privadas. Como agravante adicional, las expresiones del jefe del Ejecutivo federal ignoran el vasto descontento creado por su iniciativa privatizadora y el hecho de que la toma de las tribunas no es un hecho aislado, sino parte y expresión de un movimiento social extenso, y creciente, al parecer, en defensa del estatuto constitucional de los hidrocarburos.
Por lo demás, antes de afirmar que la toma de las tribunas “empobrecen la imagen de quienes las realizan”, Calderón debiera tener en cuenta que fueron precisamente las acciones del FAP en ambas cámaras, y las movilizaciones populares fuera de ellas, las que impidieron lo que habría sido una irresponsabilidad política mayúscula y antidemocrática: la aprobación sin más trámite ni discusión de la pretendida reforma enviada por Los Pinos al Senado, como si se tratara de un asunto rutinario y hasta secundario, y como si en él no estuviesen en juego la soberanía, la fortaleza del Estado y las perspectivas de desarrollo futuro del país.
La tarea de un jefe de Estado es distender las confrontaciones y propiciar la construcción de consensos nacionales, no contribuir a la crispación, a la polarización y a las fracturas en la sociedad. Con las intempestivas declaraciones de ayer, Calderón se alinea, al menos en la percepción de la opinión pública, con la campaña mediática de linchamiento a la oposición emprendida la semana pasada por grupos ultraconservadores, en la que se equipara en forma desproporcionada y aberrante las acciones del FAP con las realizadas por dictadores como Hitler, Mussolini, Pinochet y Victoriano Huerta; una campaña que incluso en los sectores cercanos al poder ha sido objeto de condena y toma de distancia, y que es considerada por la opinión pública en general como infame, delirante, ilegal e impresentable.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/23/index.php?section=opinion&article=002a1edi