1- Por una disputa de tierras detuvieron a tres indígenas; los liberaron horas después
Al menos 500 policías ingresaron de forma violenta a la comunidad zapatista Cruztón
2- Avanza plan para desaparecer la coordinación para el diálogo en Chiapas
Gobernación utilizó a bases de apoyo para intentar ubicar a líderes del EZLN
3- Tres detenidos por desaparición de eperristas
4- Condenan traslado de presos zapatistas
5- Foro sobre la represión en Atenco
6- A tod@s los que reprueben la tortura y el abuso sexual:
Por una disputa de tierras detuvieron a tres indígenas; los liberaron horas después
Al menos 500 policías ingresaron de forma violenta a la comunidad zapatista Cruztón
■ Miembros de la otra campaña acusan al gobierno de propiciar enfrentamientos entre campesinos
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de abril. A las 5 de la mañana de hoy ingresaron, “de manera violenta”, 12 camiones con 500 elementos de la Policía Estatal Preventiva a la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza. “Entraron armados, pateando puertas y allanando las casas”, denunció la otra campaña en Jovel, a la cual pertenece la comunidad agredida.
Detuvieron a José Lázaro López López, Roberto López López y Manuel Gómez, sin decir a dónde los llevaban. En las siguientes horas estuvieron “desaparecidos”, hasta que los organismos de derechos humanos los ubicaron y supieron que habían sido liberados, sin cargos, hacia las 14 horas.
Los policías, según la denuncia, “eran dirigidos por civiles pertenecientes al grupo (presunto integrante de la OCEZ-CNPA) que dice ser propietario de un predio de 308 hectáreas que los compañeros recuperaron el 5 de mayo de 2007, ya que esas tierras les pertenecen de manera legítima”.
El “brutal operativo policiaco” fue inesperado. “Se da en el contexto de una mesa de diálogo con el gobierno del estado, iniciada hace meses con la condición de que no hubiera ninguna acción contra los compañeros: ni ejecución de las órdenes de aprehensión existentes, ni desalojo. Como siempre el gobierno sigue incumpliendo su palabra.”
La persecución judicial va dirigida contra los miembros del Comité Contra la Represión de Cruztón, adherente de la otra campaña, que recobraron un pedazo de su tierra. “Hace muchos años trabajamos como mozos en la finca Mispia, o Nazaret, cuyo propietario fue José Villafuerte Mijangos. Nuestro padres fueron acasillados. Nacimos en esa finca. Se explotaba a los mozos, trabajamos con sueldos muy bajos y el finquero nos esclavizaba”, relata el comité en un documento reciente.
El finquero, “en lugar de pagar nuestros derechos laborales que nos correspondían en 1988, optó por donarnos 308 hectáreas mediante escritura ante la licenciada Sofía Rabasa Esquinca, juez mixto de primera instancia del distrito judicial de Libertad”. Allí “nos las donaba de manera pura, simple y a titulo gratuito en copropiedad y partes iguales a 20 personas, ahora habitantes de Cruztón. Él mismo nos entregó físicamente la tierra. Juntos recorrimos los mojones, brecheamos y desde entonces hemos poseído y trabajado las tierras en calidad de propietarios”.
En 1994, personas de Teopisca y el ejido Nuevo León, haciéndose pasar por “zapatistas”, invadieron el predio. La junta de buen gobierno de Oventic ha confirmado que los invasores “nunca han sido zapatistas”. Ni siquiera viven allí, pero tienen de su parte a las autoridades estatales. Por ello, en asamblea, los campesinos de Cruztón decidieron el 5 de mayo pasado “recuperar” las tierras. Y “por la vía pacíficas”, han “buscado solución”. Los invasores ya metieron los predios al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.
“Según los ingenieros del gobierno, esa tierra no corresponde a las escrituras y que según, lo que nos corresponde se encuentra sobre el cerro Mispia, donde no se puede cultivar y es de difícil acceso. ¿Cómo es que todos estos años hemos estando pagando el predial?”
La amenaza de desalojo es constante. “Sentimos que el finquero nos engañó y engañó al gobierno vendiendo dos veces nuestra tierra, o quizá el gobierno lo pensó bien y como en otras ocasiones, hace todo esto para que nos enfrentemos entre hermanos campesinos. Estamos dispuestos a defender lo que nos corresponde”, concluyen en reciente relación escrita.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/28/index.php?section=politica&article=018n1pol
Avanza plan para desaparecer la coordinación para el diálogo en Chiapas
Gobernación utilizó a bases de apoyo para intentar ubicar a líderes del EZLN
Fabiola Martínez
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación pretendieron –al inicio de este año– utilizar a integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para ubicar a los líderes de este movimiento.
“Se les ha pedido llevarnos con los comandantes del EZLN, pero (integrantes de las bases zapatistas) han manifestado que tienen tiempo que no saben del subcomandante Marcos ni de los comandantes zapatistas, que creen que están fuera del país”, señala un reporte oficial de Gobernación.
De enero a marzo, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas realizó 19 recorridos por la zona zapatista, especialmente donde se ubican los caracoles y juntas de buen gobierno. Sin embargo, esa instancia (incorporada a la estructura de Gobernación desde hace una década) no ha podido cumplir con los objetivos sustanciales que le dieron origen: “alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación que logre la solución del conflicto armado”.
En cambio, con base en argumentos de tipo administrativo (ahorro de recursos, fundamentalmente) el gobierno calderonista pretende relegar el conflicto en Chiapas a un asunto de tipo social relacionado con la pobreza que padecen los indígenas de la región.
Lo anterior, con el posible traslado de las funciones de la coordinación a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, según información recabada en Gobernación y el contenido de un anteproyecto difundido al inicio de este mes en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Pese a la existencia del documento anterior, el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró a este diario que “hasta la fecha no hay un cambio administrativo” en las instancias gubernamentales que buscan –al menos formalmente– solucionar el conflicto en Chiapas.
Tras el levantamiento zapatista, hace 14 años, fue creada una comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo es atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado.
En 1998 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se integraba esa comisión a la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es “propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, mediante un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en Chiapas”.
Además, “atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho, por medio de las vías institucionales, a fin de alcanzar una paz justa, digna y duradera a través del diálogo y la negociación”.
A su vez, el coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas debe hacer los esfuerzos necesarios “para atender las causas que dieron origen al conflicto y promover una solución pacífica”.
Es decir, sin haber cumplido con sus objetivos para los que fue creada, la coordinación en referencia sería absorbida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual no tiene en sus atribuciones solucionar, de manera específica, el conflicto armado.
Hugo García, director general adjunto de enlace político de la coordinación citada, precisó que esa instancia ha buscado alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación y atender, a través de las vías institucionales, las causas que dieron origen al conflicto.
Para ello, precisó el funcionario, se realizan recorridos de trabajo por comunidades indígenas asentadas en la “zona de influencia zapatista”, principalmente en los municipios de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y San Andrés Larráinzar.
No obstante, de acuerdo con una respuesta oficial, solicitada a través de la Ley de Transparencia, en lo que va de la gestión de Juan Camilo Mouriño como titular de Gobernación, personal de la coordinación ha intentado en tres ocasiones hablar con las autoridades zapatistas de las juntas de buen gobierno de Oventic y La Realidad, “pero éstas han reiterado su rechazo al diálogo con las autoridades gubernamentales”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/28/index.php?section=politica&article=018n1pol
Avanza plan para desaparecer la coordinación para el diálogo en Chiapas
Gobernación utilizó a bases de apoyo para intentar ubicar a líderes del EZLN
Fabiola Martínez
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación pretendieron –al inicio de este año– utilizar a integrantes de las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para ubicar a los líderes de este movimiento.
“Se les ha pedido llevarnos con los comandantes del EZLN, pero (integrantes de las bases zapatistas) han manifestado que tienen tiempo que no saben del subcomandante Marcos ni de los comandantes zapatistas, que creen que están fuera del país”, señala un reporte oficial de Gobernación.
De enero a marzo, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas realizó 19 recorridos por la zona zapatista, especialmente donde se ubican los caracoles y juntas de buen gobierno. Sin embargo, esa instancia (incorporada a la estructura de Gobernación desde hace una década) no ha podido cumplir con los objetivos sustanciales que le dieron origen: “alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación que logre la solución del conflicto armado”.
En cambio, con base en argumentos de tipo administrativo (ahorro de recursos, fundamentalmente) el gobierno calderonista pretende relegar el conflicto en Chiapas a un asunto de tipo social relacionado con la pobreza que padecen los indígenas de la región.
Lo anterior, con el posible traslado de las funciones de la coordinación a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, según información recabada en Gobernación y el contenido de un anteproyecto difundido al inicio de este mes en la página electrónica de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Pese a la existencia del documento anterior, el titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró a este diario que “hasta la fecha no hay un cambio administrativo” en las instancias gubernamentales que buscan –al menos formalmente– solucionar el conflicto en Chiapas.
Tras el levantamiento zapatista, hace 14 años, fue creada una comisión para el diálogo en Chiapas, cuyo objetivo es atender las causas que dieron origen al levantamiento y, en este sentido, dar solución al conflicto armado.
En 1998 se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se integraba esa comisión a la Secretaría de Gobernación, cuyo objetivo es “propiciar el diálogo y la conciliación para alcanzar, mediante un acuerdo de concordia y pacificación, la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el primero de enero de 1994 en Chiapas”.
Además, “atender las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico, dentro del estado de derecho, por medio de las vías institucionales, a fin de alcanzar una paz justa, digna y duradera a través del diálogo y la negociación”.
A su vez, el coordinador para el diálogo y la negociación en Chiapas debe hacer los esfuerzos necesarios “para atender las causas que dieron origen al conflicto y promover una solución pacífica”.
Es decir, sin haber cumplido con sus objetivos para los que fue creada, la coordinación en referencia sería absorbida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual no tiene en sus atribuciones solucionar, de manera específica, el conflicto armado.
Hugo García, director general adjunto de enlace político de la coordinación citada, precisó que esa instancia ha buscado alcanzar un acuerdo de concordia y pacificación y atender, a través de las vías institucionales, las causas que dieron origen al conflicto.
Para ello, precisó el funcionario, se realizan recorridos de trabajo por comunidades indígenas asentadas en la “zona de influencia zapatista”, principalmente en los municipios de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y San Andrés Larráinzar.
No obstante, de acuerdo con una respuesta oficial, solicitada a través de la Ley de Transparencia, en lo que va de la gestión de Juan Camilo Mouriño como titular de Gobernación, personal de la coordinación ha intentado en tres ocasiones hablar con las autoridades zapatistas de las juntas de buen gobierno de Oventic y La Realidad, “pero éstas han reiterado su rechazo al diálogo con las autoridades gubernamentales”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/28/index.php?section=politica&article=018n2pol
Tres detenidos por desaparición de eperristas
Octavio Vélez Ascencio, Con información de Alfredo Méndez (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 27 de abril. Un testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR) fue quien acusó al subdirector operativo de la Policía Ministerial del Estado (PME), Pedro Hernández Hernández, así como a su ex chofer Ángel Reyes Cruz, de haber detenido y desaparecido a los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Sánchez Cruz, en mayo de 2007.
“Eso averigüé”, informó por teléfono desde la ciudad de México Gerardo Francisco López Thomas, el abogado del jefe policial, detenido el viernes pasado por elementos federales.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/047-08 del Ministerio Público Federal, el jefe policiaco y Reyes Cruz están acusados de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.
En la indagatoria declararon el director de Servicios Periciales y el subdirector técnico administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Romeo Ruiz García y Ricardo Canseco, respectivamente, así como los peritos médicos Rosendo Avendaño López, Gerardo Trujillo Sánchez, Jaime Jiménez Díaz, Javier Matías Ruiz y José Luis Carmona Castillo, “por resultarles cita”.
Por la noche, el procurador general de Justicia del estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, rechazó que los funcionarios y los peritos hayan sido detenidos, pues se presentaron a declarar para desahogar una diligencia “en colaboración” con la PGR. Ruiz García –primo del gobernador Ulises Ruiz Ortiz–, Canseco y los peritos médicos ya regresaron Oaxaca.
Presunto vínculo
Sólo se quedó el agente de la PME, Luis Édgar Toledo Herrera, en calidad de presentado, por presunto nexo con lo sucedido.
López Thomas destacó que su cliente, el subdirector operativo de la PME, Hernández Hernández, está señalado por el testigo protegido de haber detenido y desaparecido a los dos eperristas.
Mencionó que el testigo imputa la responsabilidad a otros elementos de la PME y, eventualmente, podrían ser detenidos.
Subrayó que el subdirector operativo refutó las acusaciones y alegó inocencia.
Sin embargo, dijo que Hernández Hernández difícilmente podrá salir libre, por la gravedad de las imputaciones.
Autoridades de la PGR indicaron que las pesquisas continuarán en los próximos días y que Hernández Hernández se encuentra en calidad de indiciado. No descartaron que el primo del gobernador de Oaxaca vuelva a ser requerido.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/28/index.php?section=politica&article=012n2pol
Condenan traslado de presos zapatistas
El operativo policiaco con el que el gobierno de Tabasco sacó del penal de Tacotalpa a los presos zapatistas en huelga de hambre ha llevado a un grado extremo la injusticia contra Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vázquez, quienes han desnudado el proceder criminal de quienes deberían hacer justicia. Como los presos zapatistas lo han calificado, se trata de un verdadero secuestro, que padecen desde 1996.
Condenamos el uso de la policía para sacarlos del penal sin informar a dónde los trasladaban, a pesar de que se encuentran en delicado estado de salud. La arbitrariedad de sus carceleros pone en evidencia la denegación de la justicia para los pobres. Exigimos que los detenidos reciban la atención médica debida.
Demandamos la libertad de Ángel y Francisco, así como la de los 15 presos políticos en Chiapas que estuvieron en huelga de hambre y no han sido liberados, al contrario, algunos fueron golpeados dentro del penal. Exigimos castigo a los autores de estas injusticias en Tabasco y Chiapas.
Jalapa, Veracruz: Ángeles Ortega Córdova, Pavel Ortega, Javier Hernández Alpízar, Comité Pro-Liberación Hermanos Cerezo Contreras-Puebla, Marta de los Ríos Merino, del Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; Verónica Munier, del Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Nuntaj+yi del Sur de Veracruz; Colectivo Anarquista de Acción Libertaria; Josefina Mena-Abraham, del Grupo de Tecnología Alternativa; Carlota Botey; Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón CIPO-RFM, y 70 firmas más
Foro sobre la represión en Atenco
Hace dos años el pueblo de Atenco fue reprimido brutalmente por las policías estatal y federal bajo las órdenes de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. A la fecha, la injusticia perdura, ya que aún quedan 16 compañeros presos, varios perseguidos políticos y permanecen impunes las violaciones a nuestras compañeras y los asesinatos de Javier Cortés y Alexis Benhumea. Por ello, invitamos al pueblo en general a asistir al foro Atenco: por la libertad, en contra de la represión y en defensa de la tierra, que se efectuará el martes 29 de abril, a las 17 horas, en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ponentes: Trinidad Ramírez, Rosario Ibarra de Piedra y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
A tod@s los que reprueben la tortura y el abuso sexual:
A 2 años de los hechos brutales en San Salvador Atenco, sigue impune y pendiente de consignar a los responsables de la tortura y abuso sexual contra las mujeres detenidas en Atenco, por lo que se pide su asistencia al acto de protesta frente a la Fiscalía Especial Para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), el martes 29 de abril, a las 13 horas, en Río Elba 17, colonia Cuauhtémoc. Cerca del Metro Chapultepec.
Ana Maria, Italia, Yolanda, Mariana, Edith, Norma, Suhelen, Claudia, María Patricia, Patricia y más compañeras denunciantes. Niñas y Niños de la otra campaña en el DF, Espacio de Coordinación de la otra campaña en el valle de México, UNÍOS, REDMyC Zapatista, Frente del Pueblo, FPFVI-UNOPI, Brújula Roja, Coordinadora Valle de Chalco, Mujeres y la Sexta, La Otra Tuxtla, Colectivo Zapatista Neza Norte y Neza Centro, Regional Sur Poniente-DF de la otra campaña, Comisión Chiapas CGT, Colectivo Salud y Conciencia, Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad, y adherentes en lo individual de la otra campaña en el DF