segunda-feira, 14 de abril de 2008

Indice La Jornada, lunes 14 de abril de 2008

1- Policía de Palenque habría revelado el plan; sería el tercer intento en 19 meses
Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas

2-
El gobierno estatal y el federal planean aprehender a dirigentes y seguir procesos penales
Persecución, táctica oficial para enfrentar conflictos en Chiapas

3-
Terminó el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente
Cintas sobre el conflicto magisterial en Oaxaca triunfaron en festival

4-
Pervive el ejemplo de triquis asesinadas

5-
Víctor M. Quintana S.
Cacería de dirigentes sociales en Chihuahua


Policía de Palenque habría revelado el plan; sería el tercer intento en 19 meses
Ganaderos preparan incursión en Choles de Tumbalá para desalojar a indígenas


■ Denuncian que líder de trabajadores propicia división para facilitar el despojo a los pobladores

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Ampliar la imagen Imagen del municipio autónomo de El Trabajo, donde se asienta Choles de Tumbalá Imagen del municipio autónomo de El Trabajo, donde se asienta Choles de Tumbalá Foto: Moysés Zúñiga Santiago

Ampliar la imagen Escena en el municipio zapatista de El Trabajo, cuando el EZLN declaró alerta roja en junio de 2005 Escena en el municipio zapatista de El Trabajo, cuando el EZLN declaró alerta roja en junio de 2005 Foto: José Carlo González

Choles de Tumbalá, Chis., 13 de abril. Las tierras donde se asienta esta comunidad autónoma son codiciadas por los ganaderos vecinos, que nuevamente amenazan con invadirlas y destruir las casas, como ya lo hicieron el 3 de agosto de 2006 con apoyo de la policía de Palenque, y volvieron a intentarlo el pasado enero.

La versión de que se prepara otra agresión fue transmitida en Palenque por miembros de la policía municipal al indígena Gregorio Álvaro Cruz, antiguo poblador de Choles de Tumbalá, quien pasó casi tres años encarcelado sin haber cometido delito y salió, absuelto, a finales de 2007. “Hay otra orden de desalojo”, advirtieron policías palencanos. Según cuentan hoy los representantes del poblado, un agente dijo que “hace poco se juntaron los ganaderos porque ‘ya tenían la orden’ y llamaron a los comandantes de la judicial, la estatal y la municipal para solicitar su apoyo”.

Los mandos policiacos habrían replicado que actuarán cuando reciban órdenes. Los ganaderos dijeron que si no llegaban esas órdenes, “buscarían otra forma, como paramilitares armados, para expulsar a los zapatistas”. El terrateniente Luis Eduardo Maitré y sus prestanombres de la Asociación Ganadera del Usumacinta disputan las tierras donde se fundó el poblado en 1988, y sobre las cuales los ganaderos no tienen ni han tenido derecho.

Se trata de una “demasía” que los choles habitan desde entonces, y hoy forma parte del municipio autónomo El Trabajo. Vecinos del ejido Chuyipá, que trabajan en la finca 5 de Mayo, propiedad de Maitré, confirman que los ganaderos planean invadir Choles de Tumbalá.

Una nueva amenaza ha llegado a la comunidad. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de Palenque, lidereada por Mario Álvarez Rodríguez, ofrece los predios de Choles de Tumbalá a campesinos sin tierra de Salto de Agua, y también les ofrece defenderlos con gente armada.

“Nosotros respetamos todas nuestras colindancias. Reconocemos nuestro terreno. Como indígenas que somos defenderemos este pedazo de tierra. Exigimos que los ganaderos dejen de molestarnos”, dice la tarde de este domingo uno de los representantes, en un rudimentario cobertizo que se usa como ermita, lugar de reunión o para realizar trabajos colectivos. “No tenemos ningún delito, respetamos la mensura de los ranchos”. La propiedad por aquí es estricta, parece trazada con regla.

Al norte de Palenque, la región está compuesta por grandes y pequeños ranchos ganaderos, o bien rentados a empresas para extensos monocultivos de hule y palma africana. La comunidad indígena “estorba” para los negocios de los ganaderos, promovidos por Felipe Vázquez Pérez y Gilberto Cruz Sánchez. Ahora se suman las pretensiones del dirigente de la CUT de propiciar enfrentamientos entre indígenas para despojar de sus tierras a los zapatistas.

Hace año y medio, la comunidad no sólo fue desalojada por los ganaderos y la fuerza pública. Fue arrasada. Quemaron las casas, y trajeron maquinaria para aplanar y cubrir las cenizas. No obstante, semanas después los choleros levantaron otra vez el pueblo, con ayuda de centenares de indígenas de los municipios autónomos de la región. Zapatistas desde 1994, hacen ondear a la entrada del poblado una viejísima y desgarrada bandera nacional y otra del EZLN.

“Nosotros aquí seguimos. No nos vamos a mover”, dice el que habla, rodeado de otros representantes, entre ellos una mujer que se ve de autoridad pero sólo se expresa en chol. A manera de confirmación, describe cómo ya preparan la tierra para la nueva siembra de la milpa, igual que cada año.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=politica&article=014n1pol

El gobierno estatal y el federal planean aprehender a dirigentes y seguir procesos penales
Persecución, táctica oficial para enfrentar conflictos en Chiapas


■ Documento oficial identifica siete disputas agrarias de “alta conflictividad” en varias regiones

■ Propone “revisar” junto con el Cisen las acusaciones acerca de que la OPDDIC está armada

Ángeles Mariscal (Corresponsal)

Ampliar la imagen El jueves pasado fue sepultado Antonio Jiménez Ruiz, habitante de Chenalhó asesinado hace una semana por habitantes de Chalchihuitán a causa de una disputa de límites territoriales entre ambos municipios El jueves pasado fue sepultado Antonio Jiménez Ruiz, habitante de Chenalhó asesinado hace una semana por habitantes de Chalchihuitán a causa de una disputa de límites territoriales entre ambos municipios Foto: Dolores Arias

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 13 de abril. Los gobiernos estatal y federal acordaron aprehender, investigar y procesar a dirigentes e integrantes de diversas organizaciones, como parte de su estrategia para resolver siete asuntos agrarios de “alta conflictividad” en el estado, algunos de los cuales tienen más de 30 años.

De acuerdo con un reporte oficial elaborado en enero (del cual La Jornada posee copia), se trata de conflictos relacionados con grupos considerados paramilitares; otros se ubican en la zona de influencia del Ejército Zapatista de Liberación nacional (EZLN); algunos más tienen que ver con límites y posesión de tierras, como la disputa entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, que dejó un muerto la semana anterior, y otros se relacionan con luchas entre productores y caciques de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El informe, elaborado por la Secretaría de Gobierno del estado, enumera los conflictos agrarios que considera más graves en la entidad, entre ellos el que ha enfrentado a las comunidades de en Rómulo Calzada y El Carrizal, ubicadas en el municipio de Ocosingo, y el que persiste entre los poblados de Mukulum y Agua Azul, en Chilón.

Otros conflictos identificados son los del poblado Nueva Esperanza, en Chicomuselo; Gracias a Dios, en Las Margaritas; la disputa de límites entre Chenalhó y Chalchihuitán, y el problema de los cañeros de Pujiltic.

Sobre el conflicto entre los municipios indígenas de Chenalhó y Chalchihuitán, el informe señala que debe esperarse a que el Tribunal Unitario Agrario emita su dictamen sobre la propiedad de más de 800 hectáreas y propone que el municipio que no resulte favorecido reciba ocho millones de pesos de “compensación”.

Señalan a activista

El documento dice que la reactivación del conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán “podría estar relacionada con la presencia del nuevo asesor jurídico (de Chenalhó), Miguel Ángel de los Santos Cruz”, activista defensor de los derechos humanos que ha participado en la liberación de presos zapatistas y en apoyo a comunidades indígenas.

En este caso plantea como estrategia “continuar con la integración de averiguaciones previas y, en su caso, consignarlas para hacer que prevalezca el estado de derecho”. También propone “fortalecer las medidas disuasivas para resguardar el orden, implementando bases de operaciones mixtas”.

En cuanto a la disputa por la posesión de 547 hectáreas, por parte de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao), del poblado El Carrizal, en Ocosingo, propone brindar asesoría jurídica a las partes, así como “continuar con la integración de las averiguaciones previas” contra los líderes del movimiento.

En referencia al problema que se vive en el poblado de Mukumul-Bachajón, municipio de Chilón, el gobierno de Chiapas reconoce que la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDICC) “tiene como estrategia la recuperación de predios invadidos por el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), creando escenarios de confrontaciones y divisiones en los núcleos o grupos afectados”.

Luego de enumerar 15 lugares con el mismo conflicto, propone “revisar con Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) las acusaciones de que esta organización (la OPDICC) está armada”.

Sobre la disputa en Pujiltic, señala que un grupo de cañeros se independizó y decidió formar una asociación llamada Cañeros Unidos de la Región de Pujiltic AC (CURPAC) para enfrentar el monopolio del ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional Jesús Orantes, líder la CNC.

Al respecto, el documento sostiene: “Se tiene conocimiento de que José Rodríguez, asesor político de la CURPAC, fue fundador del Partido Comunista en Chiapas y que en las décadas de los 80 y 90 su principal función fue romper la paz social y provocar desórdenes sociales que originaron la pérdida de vidas de civiles en los municipios de Socoltenango, Villa las Rosas, Simojovel y Sitalá. Además, se le vincula con la delincuencia organizada”, por lo que propone “investigar antecedentes penales, intentar acercamiento político para lograr acuerdos, en caso de ser negativo aplicar la ley”.

Al menos cuatro de los conflictos señalados están en el programa de asuntos a resolver este año, elaborada por la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno estatal.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=estados&article=036n1est

Terminó el Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente
Cintas sobre el conflicto magisterial en Oaxaca triunfaron en festival

■ Compromiso cumplido, de Mal de Ojo TV, ganó en la categoría derechos humanos

■ Las dictaduras en AL, otro de los temas destacados; Cavallo entre rejas obtuvo el Premio Amnistía Internacional

Tania Molina Ramírez

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Ampliar la imagen Fotogramas que muestran a las protagonistas de la brasileña O filme da Rainha y de la mexicana Tierra de mujeres, reconocidas con el Premio Internacional Mujer y Trabajo Fotogramas que muestran a las protagonistas de la brasileña O filme da Rainha y de la mexicana Tierra de mujeres, reconocidas con el Premio Internacional Mujer y Trabajo

México destacó en la entrega de premios del quinto Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente: Contra el Silencio Todas las Voces, llevado a cabo en un repleto Lunario. Y, dentro de la producción nacional, la mayoría de las ganadoras cuentan historias relacionadas con la frontera norte y con el sur, en particular el movimiento popular y magisterial oaxaqueño (con la destacada participación del colectivo Mal de Ojo TV: dos premios y una mención) y las mujeres chiapanecas.

En lo que respecta a las cintas ganadoras con historias relacionadas con el sur del continente, varias se enfocan en rescatar la memoria sobre lo ocurrido durante las dictaduras, denuncian la impunidad y relatan las luchas por obtener justicia, como Cavallo entre rejas (Shula Erenberg, Laura Imperiale y María Inés Roqué, México), ganadora del premio Amnistía Internacional Sección México.

En total, el encuentro recibió y exhibió 447 trabajos de 23 países. El festival “permite visibilizar, en un medio muy cercano a los jóvenes, problemáticas muy profundas y permite recuperar la memoria”, dijo a La Jornada Clara Jusidman, integrante del jurado en la categoría derechos humanos. Destacó el hecho de que en varias cintas de esta sección sean los jóvenes quienes rescatan la historia de los crímenes cometidos durante dictaduras latinoamericanas. También alertó sobre la impunidad: “Nuestras democracias no pueden sustentarse en la violencia de un Estado que fue brutal”.

Asesinatos durante el movimiento

En derechos humanos ganó Compromiso cumplido (Roberto Olivares), del colectivo Mal de Ojo TV, en colaboración con el Comité de Liberación 25 de Noviembre. La cinta documenta casos de los asesinados durante el movimiento oaxaqueño en 2006.

Un poquito de tanta verdad (Jill Irene Freidberg), acerca del movimiento popular oaxaqueño y el papel esencial que jugaron los medios, ganó el premio en la categoría movimientos sociales y organización ciudadana. Esta cinta es una producción de Corrugated Films con la colaboración de Mal de Ojo TV.

Un poquito... compartió el premio con Colegiales, asamblea popular (Gustavo Laskier, Argentina), acerca de lo ocurrido en Argentina en 2001 y 2002.

Mal de Ojo TV también obtuvo una mención en la categoría mujeres, por la cinta La rebelión de las oaxaqueñas.

Por su parte, Mi vida dentro (Lucía Gajá, México) obtuvo dos menciones honoríficas, en las categorías de premio AI y derechos humanos.

En Fronteras, migraciones y exilios compartieron premio Bajo Juárez (Alejandra Sánchez y José Cordero), una de las denuncias más contundentes sobre las mujeres asesinadas en aquella ciudad fronteriza, y Al norte (Stephanie Rauer, Suiza).

Ambiente, mujeres e indígenas

En medio ambiente y desarrollo sustentable compartieron el premio Selva de esperanza (Iris Disse, Ecuador) e Historia de dos orillas (Emilio Cartoy y Cristian Jure, Argentina). En la categoría indígenas compartieron premio Saúde e alimentação do Povo Xavante-Dahozéôdure Uwé u Bomro Sazé (Jony Xavante y Leandro Parinari’á, Brasil) y Puchka Kururay (Pelayo Carrillo, Primito Jaulas, Marcelo Núñez, Rodrigo Otero y Maja Tillman, Perú).

En mujeres, Polvo de mujeres (Lucie Thierry, Burkina Faso y Francia), y en infancia, juventud y tercera edad, Los ladrones viejos (Everardo González).

Por otro lado, el Premio de la Asociación Católica Mundial para la Comunicación (SIGNIS) a la categoría fronteras, migraciones y exilios, fue obtenido por Made in LA (Almudena Carracedo), y el Premio Greenpeace México a Selva de esperanza.

El Premio Internacional Mujer y Trabajo fue compartido por Tierra de mujeres (Adriana Estrada, México) y O filme da Rainha (Sergio Mercurio, Brasil). Este galardón, en el que fungieron como jurado María Novaro, Bertha Navarro y Rafael Bonilla, fue convocado por única vez por el encuentro, el quinto Congreso Internacional Mujer, Trabajo y Salud y este diario.

Bonilla explicó que O filme da Rainha, acerca de una mujer de 74 años que hace de los envoltorios de caramelos obras de arte, obtuvo el premio por “la belleza de su lenguaje cinematográfico y el retrato luminoso que hace de una mujer insólita”.

Respecto a Tierra de mujeres, dijo que el jurado había decidido premiarlo “por la manera en que da voz a mujeres indígenas, quienes están transformando de modo contundente su propia realidad”.

La directora le dio las gracias al festival “por abrir estos espacios a las personas que salen en los documentales. Los premios son más para las historias que para los realizadores”.

La socióloga de 34 años explicó a La Jornada lo que la llevó a hacer el documental: “En 1994, me sorprendió el levantamiento indígena; me permitió conocer mi país”. A partir de 1997 se fue a Chiapas a hacer una maestría y su asombro ante las mujeres que fue conociendo la llevó también por el camino del documental, el cual culminó en 2003. Descubrió que “lo que desde afuera veíamos como las mujeres encapuchadas estaba sustentado en un movimiento civil que se desarrollaba en muchos ámbitos: artesanas, madres solteras, educadoras...”, a quienes retrata en la cinta.

Antes de la premiación, la blusera Betsy Pecanins puso en ambiente a los presentes con un ecléctico abanico, que incluyó Get Back y La Chancla. Tras las entregas, tocó el grupo Los Atemperados.

El encuentro es apoyado por las universidades Autónoma Metropolitana y Nacional Autónoma de México, así como la Secretaría de Cultura de la ciudad de México y el Centro Nacional para la Cultura y las Artes.

El primer lugar de cada categoría fue premiado con 3 mil dólares. El Premio Internacional Mujer y Trabajo consistió en 5 mil dólares otorgados por este diario. AI-México, Greenpeace México y la ACMC ofrecieron galardones especiales.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=espectaculos&article=a18n1esp

Pervive el ejemplo de triquis asesinadas

En este país vemos cómo la impunidad sigue siendo uno de los temas pendientes, puesto que vemos pasar, sin que se haga justicia, agresiones, amenazas, encarcelamientos, torturas y ahora asesinatos contra nuestras compañeras triquis de San Juan Copala, en Oaxaca, Tere y Felícitas, quienes legítimamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión por un mundo mejor, distinto, con el que much@s soñamos, como nosotras, desde la otra campaña.

Callaron sus voces, cuando su Voz había Roto el Silencio, y estaban dispuestas a participar con much@s más en el Encuentro Estatal por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca.

Desde nuestros corazones una flor, un agradecimiento por ellas, por su trabajo, por su valor, y para tod@s quienes siguen sus pasos porque este mundo sea uno muy otro, y un llamado a la conciencia de tod@s para no permitir más estos atropellos. La mejor manera de honrarlas es continuar nuestra lucha por la democracia, por la justicia y por la libertad.

Compañeras de colectivos, grupos y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y de la otra campaña, Gloria Rico



Víctor M. Quintana S.
Cacería de dirigentes sociales en Chihuahua


Parecía que trasladaban a la reina de la frontera o a alguien de su nivel y calaña: a la mujer la llevaban adentro de una camioneta con camper, de las que llaman perreras, a ella sola, con una patrulla por delante y otra por atrás; la escoltaban un camión con un pelotón de soldados y hasta una tanqueta. Quienes vieron el convoy, digno de Bagdad o Basora, se dijeron: “ahora sí está rindiendo resultados la Operativa Conjunta Chihuahua, ahí llevan a una de las grandes jefas del cártel”.

Nada más lejano a la realidad: quien era trasladada de la delegación de la PGR en Ciudad Juárez al Cereso de esa ciudad era Cipriana Jurado Herrera, activista social, asesora de familias víctimas de los feminicidios. Al regresar de acompañar a una madre a reconocer los restos de su hija en el Servicio Médico Forense, fue detenida con lujo de violencia y sin orden de aprehensión el jueves 3, por elementos de la AFI en aquella frontera. La acusación en su contra: ataque a las vías generales de comunicación. El motivo: una manifestación en el Puente Internacional el 12 de octubre… pero de 2005.

Al día siguiente, en Nuevo Casas Grandes, es aprehendido de la misma forma y trasladado a Ciudad Juárez el dirigente campesino Carlos Chávez Quevedo, cofundador con Armando Villarreal Martha de Agrodinámica Nacional. La acusación es la misma por el mismo hecho. Sólo gracias a la intensa denuncia y protesta de las organizaciones sociales, sobre todo de mujeres, Cipriana es puesta en libertad bajo caución el viernes 4 a las cuatro de la tarde, y Carlos Chávez a las 11 de la noche del mismo día. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de la PGR en Ciudad Juárez, existen órdenes de aprehensión por ejecutarse contra otros 40 dirigentes sociales de Chihuahua que han participado en tomas de puentes o bloqueos de carreteras.

Una semana antes que Cipriano y Chávez, habían sido aprehendidos, también por elementos de la AFI, cuatro ejidatarios de Villa Aldama, miembros de Agrodinámica Nacional, acusados por el delito de “robo de energía eléctrica”, liberados bajo caución un día después luego que su organización tomó con gente y maquinaria las oficinas de la CFE en la capital del estado.

En este contexto, la hipótesis de que el asesinato del fundador de esta organización, Armando Villlarreal Martha, el 14 de marzo en Nuevo Casas Grandes, fue un crimen de Estado, se refuerza. Porque desde hace un mes, al amparo del Operativo Chihuahua supuestamente contra la delincuencia organizada, las fuerzas federales han desatado toda una ofensiva contra líderes sociales de la entidad, como demuestran las detenciones reseñadas líneas arriba.

La intención del gobierno federal detrás de esta oleada de criminalización de los movimientos y luchas sociales que han emprendido las y los chihuahuenses no puede leerse más que de dos maneras: primero, se trata de amedrentar a las y los dirigentes de tres movimientos que han sido vanguardia a escala nacional: el movimiento de los productores del campo porque se les proporcione energía eléctrica a precios competitivos y se renegocie el TLCAN en materia agropecuaria; el movimiento de mujeres en contra de los feminicidios, y el movimiento de los deudores contra los bancos y las hipotecarias.

La segunda intención del calderonismo detrás de esta ofensiva de criminalización de la protesta social es lanzar una advertencia a las brigadas que se aprestan a realizar acciones de resistencia civil ante cualquier iniciativa de ley que contemple la privatización parcial o total, inmediata o progresiva de Petróleos Mexicanos. El régimen no tolerará manifestaciones, así sean pacíficas, así las encabecen las mujeres.

Feminicidas libres, presas las mujeres que luchan contra el feminicidio. Libres los grandes capos y los lavadores de dinero; detenidos los líderes campesinos que demandan la soberanía alimentaria y energética de este país. Ahí se resumen las verdaderas opciones, la verdadera moral del calderonismo.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/14/index.php?section=opinion&article=013a1pol
 

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