1- Indígenas en huelga de hambre en Tacotalpa mantendrán por tiempo indefinido su protesta
Los presos políticos zapatistas en Tabasco y Chiapas están en riesgo de muerte, alertan
2- Es la segunda ocasión que el gobernador frustra ese tipo de encuentros
Ulises Ruiz impide que familiares de locutoras triquis se reúnan con ONG
3- La ola de violencia contra mujeres es intolerable, sostienen
Exigen a Gobernación que decrete una “alerta de género” en Oaxaca
4- Francisco López Bárcenas
Pueblos triquis: pensar el futuro
5- El juez se negó a escuchar su declaración; venció el plazo para la diligencia, adujo
Dictan formal prisión a cinco indígenas me’phaá acusados de homicidio
6- Acción solidaria
Indígenas en huelga de hambre en Tacotalpa mantendrán por tiempo indefinido su protesta
Los presos políticos zapatistas en Tabasco y Chiapas están en riesgo de muerte, alertan
Hermann Bellinghausen
Ampliar la imagen Integrantes de la Unión de los Pobres, de la comunidad indígena tzotzil Casa del Pueblo, realizaron una caravana hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de los presos políticos en Chiapas Integrantes de la Unión de los Pobres, de la comunidad indígena tzotzil Casa del Pueblo, realizaron una caravana hacia la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para exigir la libertad de los presos políticos en Chiapas Foto: Notimex
Están “en riesgo de muerte los ‘presos políticos’ zapatistas en Tabasco y de La Voz de los Llanos en Chiapas”, alertó este miércoles la otra Jovel, en relación con la situación en la cárcel de Tacotalpa y el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas.
El lunes 21, los indígenas zapatistas Ángel Concepción Pérez Gutiérrez y su padre, Francisco Pérez Vázquez, iniciaron en Tacotalpa una huelga de hambre de 72 horas, demandando su liberación. Anoche, ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales, determinaron la continuación de la misma por tiempo indefinido hasta lograr su libertad.
El mismo día 21, en el Cereso 5, los miembros de la Voz de Los Llanos fueron apaleados por una banda de reclusos no indígenas. Se encuentran “seriamente lesionados y amenazados con ser llevados lejos de sus familias y redes de apoyo”. Unos y otros formaron parte de los “presos políticos” que sostuvieron una huelga de hambre entre el 25 de febrero y el 5 de abril.
El estado de salud de Ángel y Francisco, diabéticos, se reporta “delicado”. Nunca han recibido atención médica adecuada. Ahora solicitan respaldo “contra actos represivos del gobierno” en agravio suyo o del plantón solidario instalado a las afueras del penal de Tacotalpa.
En tanto, los miembros de La Voz de los Llanos están heridos por la golpiza que les propinaron otros internos con la complicidad de los guardias del penal. Los agresores quedaron plenamente identificados: Elías Domínguez Trejo, Damián Gutiérrez García, Eleuterio de la Cruz Martínez, Héctor de Jesús Bautista Hernández, José Luis Urbina Gamboa, Próspero Gonzalo Flores, Darinel Alfaro Gallego, Juan Cristóbal Magdaleno, Iván Estrada, José Capuino, Rigoberto López Alza, Juan Díaz Meléndez, Carlos Rodrigo, Tomás de la Cruz Martínez, Manuel López Pérez, Juan Trejo, el Loco, El Disco y El Zorro. Todos dirigidos por el Preciso general, Bartolo García Suárez.
Los afectados manifestaron a Diego Cadenas, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que “este acto contra su dignidad es por la resistencia política y pacífica en demanda de su liberación, y por sus denuncias sobre la corrupción y la violencia racial en el sistema penitenciario de Chiapas”.
Los miembros de La Voz de los Llanos son: Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez. Ellos, y sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, fueron apaleados y golpeados a puñetazos y patadas. A Mateo Gómez Santiz “lo zambulleron en un contenedor de agua para asfixiarlo”; Tiburcio Gómez Pérez refiere dolor en frente, cuello, espalda, estómago y pecho, dificultad para respirar, dolor en ojos y orejas. Miguel Díaz López presenta una herida en la ceja izquierda y restos de sangre en la ropa.
Apenas concluida la agresión, los “precisos” y el alcaide Sergio Lázaro Vicente hicieron firmar a la población carcelaria para “solicitar” el traslado de los agredidos a otro penal. La Voz de los Llanos los acusa de “falsificar” firmas. El Centro Fray Bartolomé de las Casas señaló la “intervención directa de la autoridad para coaccionar a la población carcelaria y acallar las denuncias de anomalías y corrupción que rigen la vida interna de este centro de reclusión”.
Los “precisos” sostienen una red de complicidad y extorsión e imponen “trabajos forzosos” a quienes no pagan las “tarifas” establecidas por ellos. Y las autoridades del Cereso 5 participan “en actos y prácticas de discriminación hacia los presos indígenas, que son un alto porcentaje de la población penitenciaria”.
Por ahora, los heridos permanecen aislados, sin atención médica y con temor de ser agredidos nuevamente.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/24/index.php?section=politica&article=019n1pol
Es la segunda ocasión que el gobernador frustra ese tipo de encuentros
Ulises Ruiz impide que familiares de locutoras triquis se reúnan con ONG
Blanche Petrich
Ampliar la imagen Indígenas triquis esperan que las autoridades de Oaxaca cumplan su palabra de no permitir que el asesinato de las dos locutoras quede impune Indígenas triquis esperan que las autoridades de Oaxaca cumplan su palabra de no permitir que el asesinato de las dos locutoras quede impune Foto: Marco Peláez
El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, invitó el martes 22 a los familiares de las comunicadoras triquis Felícitas Martínez y Teresa Bautista a una reunión con varios miembros de su gabinete y evitó, por segunda vez, que los padres de las jóvenes asesinadas el 7 de abril se reunieran con una delegación de derechos humanos.
Ayer por la mañana los funcionarios del gobierno oaxaqueño frustraron el encuentro de Tiburcio Martínez, padre de Felícitas, y de los señores Paulo Bautista y Paulina Merino, padres de Teresa, con los representantes de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación.
En ausencia de los padres de las jóvenes asesinadas el 7 de abril en el paraje de Llano Maguey, entre San Juan Copala y Putla, en la sierra mixteca, los delegados de la misión sostuvieron una reunión exclusiva para analizar el caso de las locutoras acribilladas y la radio comunitaria La voz que rompe el silencio con autoridades del municipio autónomo y representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas.
En esta reunión los dirigentes triquis Jorge Albino y Macario García; David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y Omar Esparza, de Cactus, explicaron a la misión internacional el contexto en el que se produjo el asesinato de las periodistas.
El miércoles de la semana pasada un grupo de reporteros de Oaxaca, integrantes de proyectos de radios comunitarias de la zona y dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –Sandra Salinas y Arturo Pech– viajaron a Copala para conocer testimonios de primera mano sobre la emboscada en la que mataron a las locutoras, quienes fueron galardonadas post mortem con el Premio Nacional de Periodismo. Sin embargo, no pudieron hablar con los familiares, ya que, según denunciaron las autoridades del municipio autónomo, fueron amenazados por “gente del gobernador Ulises Ruiz”. Ese mismo día los padres de Felícitas y Teresa fueron llevados a la capital del estado para reunirse con el mandatario estatal por primera vez.
Después del encuentro, el secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, declaró que el atentado homicida no fue preparado para asesinar a las dos locutoras y reporteras, sino para atentar contra el oficial del registro civil Faustino Vásquez Martínez, quien conducía el vehículo y aún permanece hospitalizado por heridas de bala.
A raíz de la segunda reunión, los padres de las víctimas se pronunciaron en favor de la militarización de la zona triqui.
En la misión internacional participa un representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que agrupa a cerca de 3 mil radios asociados en 110 países; el británico Fondo Rory Peck, especializado en la protección de los profesionales independientes; Reporteros sin Fronteras; la Fundación Libertad y Prensa, con sede en Colombia; International Media Support, con sede en Dinamarca (cuyos enviados son Jesper Hoberg y Robert Shaw); el Instituto Internacional de Prensa; el Instituto Internacional de Seguridad en Noticias, de Bélgica, y la organización francesa Artículo 19.
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La ola de violencia contra mujeres es intolerable, sostienen
Exigen a Gobernación que decrete una “alerta de género” en Oaxaca
Emir Olivares Alonso
Diversas organizaciones de derechos humanos de Oaxaca exigieron a la Secretaría de Gobernación decretar una “alerta de género” en la región triqui de Oaxaca, debido a la ola de violencia contra las mujeres indígenas que se ha presentado en ese lugar, y que recientemente salió nuevamente a la luz con el asesinato de dos locutoras de una radio comunitaria.
Las organizaciones civiles, encabezadas por el Colectivo Huaxyacac, resaltaron que el pasado 23 de enero el Congreso de la Unión solicitó a los gobiernos federal y estatal decretar dicha alerta y sin embargo ambas administraciones “hicieron caso omiso y no tomaron las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres en la región, detener y castigar a los responsables de la violencia”.
Destacaron que el asesinato de las locutoras triquis se pudo evitar si las autoridades federales hubiesen decretado oportunamente la alerta de género solicitada por el Legislativo.
Agregan que el gobierno de Ulises Ruiz, “lejos de establecer las condiciones que tanto el pueblo triqui como la sociedad en general requieren para gozar del derecho a la seguridad personal y jurídica, disfraza su ineptitud y misoginia en actos y comunicados, mientras tolera y permite estos ilícitos, que constituyen delitos de lesa humanidad”.
Las organizaciones no gubernamentales condenaron el uso de la violencia en todas sus formas, en particular la de género, puestas en marcha como “un instrumento de venganza política entre grupos, sea cual sea su orientación política u origen”.
Recordaron que de 2007 a la fecha se han denunciado al menos seis casos de mujeres indígenas lesionadas, vejadas, desaparecidas o asesinadas en distintas regiones del estado, sobre todo la triqui, sin que exista castigo a los culpables.
Debido a esta situación, exigieron a la Secretaría de Gobernación que a la brevedad inicie una alerta de género en la región triqui, “toda vez que la situación amerita urgentemente la creación y ejecución de un conjunto de medidas que garanticen su derecho como humanas”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/24/index.php?section=politica&article=016n2pol
Francisco López Bárcenas
Pueblos triquis: pensar el futuro
Felícitas López y Teresa Bautista, las jóvenes locutoras de La voz que rompe el silencio lograron su propósito después ser asesinadas el 7 de abril pasado en Llano Juárez, territorio controlado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT): romper el silencio sobre la violencia y la impunidad que se vive en la región. El revuelo que causó que hayan sido asesinadas por difundir a través de la radio indígena, impulsada por el municipio autónomo de San Juan Copala, la situación que vive su pueblo, obliga a realizar un análisis de la problemática triqui. No son las únicas ni las primeras mujeres muertas a lo largo de 35 años de disputas políticas entre grupos rivales, inclusive ha habido niños asesinados; vale recordar, entre los casos más terribles, el del 7 de agosto de 1996, cuando en los límites con San Pedro Chayuco fueron violadas siete mujeres, así como el de las hermanas Virginia y Daniela Ortiz, hijas de un dirigente del MULT, quienes fueron desaparecidas el 5 de julio de 2007.
La primera pregunta que nos abofetea la cara es: ¿sabrán los dirigentes de esas organizaciones cuánta sangre inocente ha corrido en estos años, cuántas vidas se han perdido? El MULT afirma que ha perdido unos 300 militantes, lo que arroja 10 muertos por año, cifra igual a la que reclaman otras organizaciones. ¿Quiénes son y dónde están los responsables de tanta infamia? ¿Cuántas familias ha desarticulado la violencia? ¿Dónde están los migrantes involuntarios que han huido de su tierra de origen para sobrevivir? Y, sobre todo, ¿los dirigentes de esas organizaciones serán conscientes de que por esa vía no se va a ningún lado?
Es un hecho que atrás de estas cuestiones existen otras mucho más profundas: ¿cuáles son, pues, las causas que llevaron a los triquis a tomar este camino? La respuesta fácil sostiene que son violentos por naturaleza porque conservan la cultura de la muerte, que es parte de su cosmovisión, pero esto es una afirmación falsa y discriminatoria que en nada abona a la pacificación ni al desarrollo de la región. Una respuesta acorde con la realidad habría que buscarla en el modelo de dominio de la región, impulsado por la clase política después de la Revolución Mexicana: por un lado, los ricos y sus políticos alimentaron para su beneficio las facciones en la región, comprándoles las cosechas de café y plátano a precios bajos y vendiéndoles armas para que disputaran el poder a sus rivales, lo que se conjugaba con la apropiación de sus productos y hacía depender su seguridad de sus explotadores. Por el otro, la burocracia política, el Poder Judicial y los militares crearon un entramado para someterlos políticamente, dislocando la estructura del gobierno indígena al tiempo que se imponía el mestizo.
Algo ha cambiado al paso de los años, pero el sistema de dominio regional se mantiene. Por eso las organizaciones políticas que actúan en San Juan Copala han levantado como bandera de lucha la defensa del territorio, el autogobierno y, más recientemente, la autonomía. Así lo hizo en los años 70 el CLUB, primera organización independiente triqui. Cuando ésta fue aniquilada, su bandera la levantó el MULT durante casi una década de lucha heroica que comenzó a cambiar cuando los fundadores fueron asesinados o emigraron para evitar la represión. Quienes los sucedieron modificaron sus demandas, primero por proyectos productivos, y después entrando a la disputa por el poder estatal mediante la formación del Partido Unidad Popular, que los acercó a los funcionarios estatales al tiempo que los alejaba de sus bases, en medio de acusaciones de corrupción. El PRI mantuvo dos frentes: uno por conducto de la Confederación Nacional Campesina y otro con una organización que el gobierno impulsó como forma de intervenir en la región: Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort). Paradojas de la política, el gobierno tuvo muchos problemas con ésta, porque sus dirigentes sentían que favorecía más al MULT, lo cual no era de su agrado, porque los priístas eran ellos.
Entrado el siglo XXI, la región parecía apaciguada: el gobierno mantenía el control mediante tres organizaciones que en apariencia controlaban a sus bases, pero cuando los recursos dejaron de fluir y los dirigentes se eternizaron en la dirección, las comunidades comenzaron a protestar, y ante la falta de respuesta o de franca represión interna, el MULT y Ubisort se escindieron: los primeros formaron el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) y los segundos abandonaron el PRI. Las dos nuevas expresiones políticas se juntaron y crearon el municipio autónomo de San Juan Copala, reivindicando las demandas de autogobierno, pero sobre todo el cese a la violencia, haciendo esfuerzos por construir un sistema educativo que forme nuevas generaciones de jóvenes y promoviendo programas de salud.
Hoy, ante la presión nacional e internacional tras el asesinato de Felícitas y Teresa, el gobierno de Oaxaca ha llamado a las partes a un diálogo; al mismo tiempo, la Cámara de Diputados ha exhortado a la Procuraduría General de Justicia de la entidad y a la Secretaría de Gobernación a buscar una solución al conflicto. Las partes también se han expresado en ese sentido y, salvo la Ubisort, todas han coincidido en que el Ejército no debe intervenir, ya que la solución debe ser política. Estas posturas abren caminos de diálogo, pero no es fácil recorrerlos. Bastaría decir que eso ya se hizo durante los gobiernos de Heladio Ramírez y Diódoro Carrasco sin resultados positivos para las comunidades. Por eso, si las partes quieren encontrar soluciones deberían analizar quiénes deben dialogar: los dirigentes de las organizaciones o las autoridades de los barrios, o ambas; sobre qué temas se va a dialogar, y si será en torno a causas coyunturales o profundas; de qué manera se va a dialogar, en público o en privado; si habrá o no mediadores y, en su caso, quiénes podrían ser. Y, finalmente, cómo se garantizará el cumplimiento de los compromisos
Comenzar a andar ese camino puede ser una forma de honrar la memoria de las muertas y los muertos. Y comenzar a imaginar que San Juan Copala puede vivir en paz en un futuro no muy lejano.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/24/index.php?section=opinion&article=024a2pol
El juez se negó a escuchar su declaración; venció el plazo para la diligencia, adujo
Dictan formal prisión a cinco indígenas me’phaá acusados de homicidio
■ Denuncian que se trata de una venganza política del gobernador de Guerrero
Sergio Ocampo y Misael Habana (Corresponsales)
Ampliar la imagen Mujeres me’phaá exigen la liberación de sus compañeros, que fueron declarados presos en Ayutla de los Libres Mujeres me’phaá exigen la liberación de sus compañeros, que fueron declarados presos en Ayutla de los Libres Foto: Lenín Campo
El juez mixto de primera instancia del municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, Alfredo Sánchez Sánchez, dictó este miércoles auto de formal prisión a cinco integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM-tlapanecos), acusados de participar en el asesinato de Alejandro Feliciano García, perpetrado a principios de enero pasado. “Dos testigos los señalan como responsables”, afirmó el togado, quien se negó a recibir la declaración de los presuntos implicados, con el argumento de que venció el plazo para ello.
Alfredo Sánchez acudió al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los Libres, donde están recluidos Orlando Manzanarez Lorenzo, el ex comisario Manuel Cruz Victoriano, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Enedina y Raúl Hernández Abundio –originarios de la comunidad El Camalote–, para darles a conocer el dictamen.
Afuera del penal, hombres y mujeres indígenas me’phaá –nombre con el que los tlapanecos se designan a sí mismos– exigieron a gritos la libertad de sus compañeros. Llamaron “traidor” al juez y lo acusaron de estar al servicio del alcalde perredista Homero Lorenzo Ríos.
Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, anunció que interpondrá amparos contra los autos de formal prisión, por las “serias irregularidades” en el proceso de los indígenas. “Vamos a interponer otro amparo, porque sabemos que existen órdenes de aprehensión contra otros diez indígenas tlapanecos, entre ellos Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la OPIM.”
Antes, a mediodía, los cinco reos ofrecieron una conferencia de prensa en el interior del penal. Orlando Manzanarez rechazó estar implicado en el asesinato de Alejandro Feliciano, y narró: “el 16 de abril bajamos a Ayutla para exigir al alcalde Homero Lorenzo mejores precios al fertilizante, y como se nos hizo tarde ya no pudimos regresar, por lo que nos fuimos al pueblo (El Camalote) hasta el otro día, 17 de abril”.
Añadió que él y los otros cuatro acusados abordaron una camioneta de pasajeros, “cuando vimos que arriba del pueblo de La Hacienda iba un camión de militares, y al llegar al crucero conocido como Te Cruz, empezaron a rodear el vehículo unos 15 transportes en los que había militares, los de la AFI (Agencia Federal de Investigación), y de la policía investigadora ministerial, que estaban enmascarados y cortando cartucho en sus rifles, y nos empezaron a bajar.
“Luego, a una distancia de 30 metros, estaba una persona con una lista y fue cuando nos separaron a los cinco, y nos empezaron a decir que éramos delincuentes y gente mala, y también les pedimos que se identificaran, y fue cuando se molestaron y nos empezaron a tomar fotos, a encadenar y a exigirnos que no habláramos en nuestro idioma me’phaá, porque entonces nos iban a chingar.”
Recordó que “nos trajeron a Ayutla, y nos dimos cuenta de que revisaron y bajaron a los pasajeros de tres camionetas de pasajeros, les preguntaron sus nombres y les tomaron fotos; al llegar a un lugar que no conozco, no nos quisieron dar agua, y nos decían que nos iban a cortar la cabeza; ahí me acusaron de que yo había matado a Alejandro (Feliciano) y decían que otro compañero me había acusado”.
Orlando Manzanarez consideró que su encarcelamiento “es una venganza del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, ya que lo único que hicimos fue reclamar que se les pagara la indemnización a los 14 indígenas que fueron esterilizados en 1998, cuando yo era comisario; por eso el gobierno me quiere acusar de asesino y asaltante, pero el verdadero fondo es que yo encabecé esa lucha con mis compañeros y que participamos con el Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan”.
Aparte, el comandante de la novena Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero, Sergio Magaña Mier, rechazó que con la presencia castrense en la zona de Ayutla se pretenda perseguir a grupos armados.
“Nosotros nada más estamos en el apoyo a la policía (ministerial de Guerrero)”, añadió.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/24/index.php?section=estados&article=037n1est
Acción solidaria
Llamamos a acompañar a Patricia Romero Hernández, Arturo Sánchez Romero y Raúl Romero Macías, presos políticos por los hechos de Atenco en mayo de 2006, en la audiencia que se llevará a cabo el 25 de abril a las 10 horas en los juzgados del penal Molino de Flores.
Plantón Molino de Flores. Miguel A. Flores.