quinta-feira, 17 de abril de 2008

Indice la Jornada, jueves 17 de abril de 2008

1- Por diversos medios intentan “construir un nuevo Cancún en el norte” del estado
Empuje interesado del ecoturismo en Chiapas

2-
Interceden por reclusos

3-
Dignidad de la UNAM, descaro de Uribe

4-
Anticipa juicios sin basarse en el derecho internacional, señalan
Condenan ONG a Álvaro Uribe

5-
El delito que se imputa al llamado Rey de la mezclilla es tráfico de influencias
A más tardar en una semana se sabrá si otorgan orden de aprehensión contra Nacif



Por diversos medios intentan “construir un nuevo Cancún en el norte” del estado
Empuje interesado del ecoturismo en Chiapas


■ Habitantes del ejido Roberto Barrios advierten contra efectos negativos del proyecto oficial

Hermann Bellinghausen (Enviado)

Roberto Barrios, Chis. 16 de abril. Que la resistencia de las bases de apoyo del EZLN en esta y otras comunidades del municipio autónomo El Trabajo proteje los intereses colectivos de los indígenas, zapatistas o no, es sabido por los ejidatarios. Como expresan los representantes del PRD en Roberto Barrios, las amenazas y actos violentos contra los zapatistas son “porque el gobierno y los prístas saben que sí van a defender el territorio”.

Arnulfo Gómez, perredista, advierte: “Los turistas van a afectar el río. Se va a ensuciar, ya no va a servir”. Esta semana encontraron un paquete de condones en las cascadas; eso ilustra el cambio de “usos” y delata que ya visitan el hermoso paraje turistas “enganchados” por los guías en el balneario de Agua Azul y las ruinas de Palenque.

A estas cascadas todavía bajan zorros y zaraguatos que cuando cagan ahuyentan a las mujeres. Para cuando la materia fecal sea de turistas, estas mujeres ya no estarán en el río sino barriendo y cocinando para las “manadas de gerontes” (citando a Tom Wolfe) y ecoturistas que abrumarán el poblado desde la comodidad del dólar y el euro.

La perversión que significa una caseta de peaje para ingresar al pueblo necesita, para ser legal, de la consumación de otras perversiones, como entregar el ejido de Roberto Barrios al Procede, o más aún, convertirlo en “turístico”, para lo cual deberá antes transformar su régimen ejidal por asamblea mayoritaria. Esto no ha ocurrido, pese a esfuerzos federales y estatales, que aquí han tenido su “adelantado” en la persona de Luis H. Álvarez, primero como coordinador del diálogo, gestor de láminas y puentes y financiador de profundas divisiones intracomunitarias, y luego como titular de la CDI.

Eso no es todo. En 2006, siendo candidato del PRD, el actual gobernador Juan Sabines Guerrero firmó ante notario y se comprometió a llevar adelante un “plan de desarrollo”, la Declaración de Comitán, elaborado por el ex gobernador Roberto Albores Guillén y su hijo del mismo nombre. Allí se lee una intención trascendente: “Construir un nuevo Cancún en el norte de Chiapas. Se hizo en Quintana Roo y es posible en Chiapas. El gobierno federal debe comprometerse a desarrollar en los próximos años un programa turístico integral que comprenda Palenque, Agua Azul, Misol-ha, Toniná, Yaxchilán, Bonampak y Playas de Catazajá”.

Hoy, Roberto Albores Gleason es secretario estatal de Turismo y Proyectos Estratégicos (sic), y los efectos del megaproyecto empiezan a sentirse en las comunidades. Las intenciones no son nuevas, simplemente se han acelerado. Si Quintana Roo pudo, ¿por qué Chiapas no?, faltaba más. Sin entrar en detalles sobre el fenómeno de la mal llamada “Riviera maya”, cabe destacar que allá se trataba de costas semidespobladas, y acá ese “desarrollo” involucra (y en realidad ignora) las regiones ancestrales tzeltales y choles, así como sus modernas colonizaciones de la selva Lacandona.

Sitio destacado en este plan lo ocupan las cascadas de Roberto Barrios (municipio oficial de Palenque), por lo cual los afanes transexenales de Álvarez no son sino una pieza más del plan conjunto. Aquí, como en el área de Agua Azul (y pronto se verá en otras codiciables riberas de los ríos Bascán, Tulijá, Agua Azul, Lacanjá y Lacantún), la presencia de comunidades autónomas zapatistas representa un “problema” que sólo se podría “resolver” con medidas de contrainsurgencia económica, mediática y, llegado el caso, militar y policiaca.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/17/index.php?section=politica&article=020n1pol

Interceden por reclusos

Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México; Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco:

En Chiapas los presos políticos iniciaron en febrero huelgas de hambre y ayunos en tres cárceles del estado y en Tacotalpa, Tabasco. Llama nuestra atención que las desviaciones de la justicia y las violaciones a los derechos humanos sean comunes para los pobres e indígenas de Chiapas: detenciones sin orden de aprehensión, cargos fabricados, encarcelamiento por delitos no cometidos y confesiones obtenidas bajo tortura.

La huelga de hambre ha llamado nuestra atención, pues quienes la realizaron pertenecen a organizaciones sociales. Nos preocupa que la justicia sea utilizada para acallar la libertad y la protesta social.

Fueron liberados más de 30 reclusos. Exigimos que el gobierno libere a todos presos políticos de los Ceresos 5 y 14, y dos más en Tacotalpa. Exigimos seguridad y respeto para todos, en especial para los compañeros ex presos de la comunidad Busiljá y sus familiares. Pedimos al gobierno de Chiapas que retire los grupos policiacos de sus tierras en Busiljá.

Julie Webb, Kathy Dudding y 30 firmas más. Wellington, Nueva Zelanda

Dignidad de la UNAM, descaro de Uribe

Ante las ofensivas y repudiables declaraciones formuladas ayer, en territorio nacional, por Álvaro Uribe, en el sentido de que los cuatro estudiantes mexicanos asesinados por tropas colombianas en territorio de Ecuador eran “terroristas, narcotraficantes y secuestradores”, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado desusadamente enérgico, en el que rechazó “las afirmaciones superficiales del mandatario, que atentan contra la dignidad de los mexicanos y lastiman a la Universidad Nacional y a la sociedad en su conjunto”, y faltan el respeto “a la memoria de los estudiantes fallecidos y a la estudiante herida”. Lo dicho por el presidente colombiano, señala la máxima casa de estudios, carece de fundamentos, es imprudente, irresponsable, falaz, rencoroso e impúdico, y violatorio de los principios fundamentales del derecho.

Es reconfortante que la UNAM llame a las cosas por su nombre y reivindique una dignidad nacional vapuleada no sólo por Uribe, sino por las autoridades mexicanas, las cuales, ante los homicidios de cuatro connacionales y las graves heridas a una mexicana más, se han refugiado en actitudes ambiguas y hasta encubridoras de los delitos perpetrados por el régimen uribista en su ataque armado contra el territorio ecuatoriano.

Es preciso reiterarlo: la agresión colombiana del pasado primero de marzo no fue una legítima acción de guerra de un gobierno democrático acosado por el terrorismo, sino una masacre injustificable y criminal y, esa sí, terrorista. Algunos de los guerrilleros y de los civiles que se encontraban en el campamento cercano a Lago Agrio, Ecuador, fueron asesinados mientras dormían, en tanto que otros, heridos, fueron ejecutados por los soldados colombianos que, en la acción, violaron la integridad territorial y la soberanía ecuatorianas.

Lo que cabía exigir al gobierno mexicano desde el primer momento era una enérgica nota de protesta ante las autoridades de Bogotá por la agresión homicida y una condena inequívoca por el afán de Uribe de atropellar el derecho internacional. En cambio, el Ejecutivo federal ha tenido reacciones balbuceantes, equívocas, ambiguas y tardías. El pasado 30 de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llegó al colmo de redactar, en un comunicado, que “el gobierno de México reprueba el fallecimiento de cuatro nacionales mexicanos y el hecho de que una connacional haya resultado herida” en la incursión militar y policial colombiana en Ecuador, como si las muertes y las lesiones fueran sujetos posibles de reprobación. Luego, esa dependencia anunció que pediría al Palacio de Nariño “compensaciones económicas” para los deudos de las víctimas, en un intento por crear expectativas monetarias entre los familiares de los asesinados a fin de que depusieran sus acciones legales y de protesta. Asimismo, la administración calderonista ha venido insistiendo en pedir a los gobiernos de los dos países sudamericanos –el agresor y el agredido– que “investiguen” los hechos del primero de marzo, como si fuera procedente poner al asesino a investigar sus propios crímenes. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) ha llegado a un extremo grotesco: en obediencia a las autoridades uribistas, y cediendo a las presiones de membretes de la ultraderecha mexicana, ha hostigado a la sobreviviente mexicana de la masacre, Lucía Morett, mediante interrogatorios intimidantes, realizados a distancia, y plagados de amenazas penales. Mientras el titular de esa dependencia, Eduardo Medina Mora, especula en público con la posibilidad de iniciar un proceso penal contra la víctima del delito, la SRE le extiende garantías poco verosímiles y asegura que sus “garantías constitucionales se encuentran cabalmente salvaguardadas”.

El propio titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, alimenta las inconsecuencias al eludir la inequívoca condena que procede contra el que ha reclamado la responsabilidad de la agresión y de los homicidios y pedirle, en cambio, que “no prejuzgue” y que “espere a que terminen las investigaciones”. Uribe, por su parte, quien se hizo presente ayer en el Foro Económico Mundial, que se realizó en Cancún, dijo que visitaba nuestro país “por pudor personal” cuando, en realidad, sus declaraciones dejaron entrever la característica opuesta: la impudicia. Y es que, en efecto, se requiere de una gran dosis de descaro y de cinismo para que el delincuente –Uribe sí que merece el calificativo, no sólo por haber ordenado la agresión armada a territorio ecuatoriano, sino también por sus viejos y documentados vínculos con el narcotráfico y los paramilitares– acuda al país de sus víctimas a formular nuevos denuestos contra ellas.

En la ocasión, la UNAM ha rescatado el decoro, la capacidad de indignación y el elemental sentido de solidaridad que merece cualquier mexicano agredido en el extranjero, y cabe felicitarla por ello. Pero resulta desolador, al mismo tiempo, que nadie en el gobierno sea capaz de hacer otro tanto.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/17/index.php?section=opinion&article=002a1edi

Anticipa juicios sin basarse en el derecho internacional, señalan
Condenan ONG a Álvaro Uribe


■ El mandatario colombiano debe responder por violar garantías, afirman

Ángeles Cruz Martínez

Organizaciones de derechos humanos descalificaron las declaraciones del presidente colombiano, Álvaro Uribe, respecto de las muertes de mexicanos en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y resaltaron el desconocimiento del mandatario sobre los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Colombia.

Subrayaron la importancia de que antes de emitir cualquier juicio se efectúe el debido proceso jurídico. Con la información disponible no es posible anticipar juicios, como hizo Uribe, aseguraron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

De esta última agrupación, Alejandro Juárez destacó que todas las personas son sujetos de derechos, por lo que nadie puede ser condenado sin un juicio previo, mientras el director del Centro Pro, Luis Arriaga, señaló que con los datos disponibles no existen elementos que permitan determinar qué hacían los mexicanos en el campamento de las FARC –ubicado en terroitorio ecuatoriano– cuando ocurrió la incursión militar del gobierno colombiano.

Por ello no es válido hacer un juicio previo, como tampoco lo es el homicidio cometido por el gobierno de Álvaro Uribe, afirmó.

Ayer, el mandatario colombiano dijo que los mexicanos asesinados, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), eran tan guerrilleros como los integrantes de las FARC, que nada tenían que hacer en el campamento donde también se encontraba el dirigente Raúl Reyes.

Durante su estancia en México para participar en el Foro Económico Mundial en Cancún, Quintana Roo, Uribe aseguró que si los mexicanos, a quienes calificó de terroristas, hubieran tenido intenciones de realizar una investigación académica, lo habrían podido hacer por Internet y, todavía más, dijo que no se arrepiente de haber ordenado la incursión de militares en territorio ecuatoriano.

Al respecto, Brisa Maya, directora de Cencos, opinó que los señalamientos de Uribe se dieron sin tomar en cuenta el ámbito internacional de los derechos humanos y resaltó que el mismo presidente de Colombia debe responder ante la comunidad internacional por la violación a las garantías fundamentales de los ciudadanos muertos y la falta de respeto cometida en contra de la soberanía de Ecuador.

Respecto a la actitud que ha tenido el gobierno mexicano, los activistas destacaron su obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos dentro y fuera del país.

Por lo mismo, concidieron, debería haber expresado una condena pública por los homicidios de los connacionales, así como plantear una posición fuerte frente a Colombia.

Además, Juárez consideró que la reunión entre el presidentre Felipe Calderón y Uribe es una evidencia de que la política exterior mexicana sigue siendo errática. Arriaga mencionó que el gobierno calderonista tendría que haber fijado su postura acorde con las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos

En tanto, Brisa Maya recordó que aún se carece de información clara sobre las garantías de las que dispone Lucía Morett para poder regresar a México, lo que también da muestra de la falta de capacidad de las autoridades para proteger los derechos de los mexicanos.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/17/index.php?section=politica&article=017n1pol

El delito que se imputa al llamado Rey de la mezclilla es tráfico de influencias
A más tardar en una semana se sabrá si otorgan orden de aprehensión contra Nacif


■ Los abogados del empresario ya tuvieron “acercamientos” con el juzgado que atiende el caso

Alfredo Méndez

El juzgado primero de lo penal con sede en Cancún, Quintana Roo, resolverá a más tardar la próxima semana si libra o niega la orden de aprehensión en contra del empresario textilero Kamel Nacif y cinco policías de Puebla que detuvieron y torturaron sicológicamente a la periodista Lydia Cacho, desde su detención en Cancún, en diciembre de 2005, y durante el traslado de la también escritora a un penal poblano.

Fuentes oficiales cercanas al caso revelaron que el delito que se imputa al llamado Rey de la mezclilla es tráfico de influencias, el cual no es grave y le permitiría obtener la libertad provisional bajo fianza, además de que el inculpado puede tramitar un amparo para evitar la eventual detención.

Los abogados del despacho Farell –que defienden a Kamel Nacif– han tenido “acercamientos” con funcionarios del juzgado primero de lo penal y confían en que se negará la orden de captura, según las fuentes consultadas.

Originalmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez federal de Cancún a los policías y a Kamel Nacif como coparticipe de los actos en perjuicio de Lydia Cacho.

Sin embargo, el juzgador federal determinó que no era competente y turnó el caso al juzgado primero de lo penal, el cual tampoco quiso entender en el tema.

Fue un tribunal colegiado federal el que resolvió la semana pasada que el caso debía ser conocido por los juzgados del fuero común en Cancún, ya que el delito de tráfico de influencias se habría dado por el hecho de que Kamel Nacif y los policías obtuvieron el apoyo de autoridades estatales.

La resolución del tribunal colegiado le fue notificada al juzgado primero la semana pasada, pero como el delito imputado a Kamel Nacif no es grave, el órgano jurisdiccional cuenta con 15 días hábiles para pronunciarse respecto a librar la orden de aprehensión.

En el pliego de consignación que presentó la Procuraduría General de la República no se incluyó al gobernador de Puebla, Mario Marín, ni a la ex procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda, quienes también fueron denunciados penalmente por Lydia Cacho.

La periodista oriunda de Cancún realizó una investigación y publicó el libro Los demonios del Edén, en el que puso al descubierto una red internacional de pederastas que opera desde ese destino turístico gracias a la protección de políticos y empresarios.
http://www.jornada.unam.mx/2008/04/17/index.php?section=politica&article=019n1pol

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